La Agenda Agropecuaria en el ALCA: muchos temas en poco tiempo

En la capital argentina, tal como se indicó en un SIREL anterior, se llegaron a acuerdos sobre la agenda y tiempos de la negociación. Esos acuerdos incluyeron un capítulo completo dedicado al comercio agropecuario, así como otros referidos a temas como subsidios, inversiones, etc., y que tienen fuertes implicancias para el desarrollo rural.
El temario agrícola
Como parte de las negociaciones dentro del ALCA existe un grupo específico para temas agrícolas. Este, conocido como Grupo de Negociaciones en Agricultura, recibió una agenda ambiciosa y un calendario muy corto. Deberán abordar una enorme lista de temas, acordar recomendaciones y el 1 de abril del 2002, con el propósito de ser evaluadas un mes más tarde por el ámbito inmediatamente superior, donde convergen los resultados de cada uno de los grupos temáticos. Esto quiere decir que en más o menos un año se deberán acordar los puntos de partida, los temas y prioridades, así como buena parte de las metodologías de la subsiguiente negociación comercial.
Los temas que se deben acordar en agricultura son los siguientes:
- recomendaciones sobre métodos y modalidades para la negociación arancelaria; el alcance y metodología para la eliminación de los subsidios a las exportaciones que afectan el comercio de productos agrícolas; tipos de medida y metodologías para el desarrollo de las disciplinas a adoptar para el tratamiento de todas las prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas, incluyendo aquellas que tienen efecto equivalente a los subsidios a las exportaciones agrícolas (estas recomendaciones no tendrán limitación, y podrán abordar todos los elementos y temas que los gobiernos consideren necesarios);
- identificación de las medidas no arancelarias, incluyendo un primer inventario de ellas a fin de establecer una metodología, incluyendo un cronograma, cuando fuera apropiado, para la eliminación, reducción, definición, redefinición, reordenamiento y / o prevención de las barreras no arancelarias; establecer un proceso de notificación y contranotificación de medidas sanitarias y fitosanitarias;
- y las formas de evitar que estas medidas se constituyan en obstáculos injustificados al comercio. Como es obvio, el contenido temático es enorme y afecta prácticamente todos los campos del comercio exterior agrícola.
A esto se suma que en otros grupos de negociación también abordarán cuestiones directamente relacionadas con el sector agrícola, y entre ellos se destaca el de Accesos a Mercados. Finalmente, las propias resoluciones de Buenos Aires indican que se podrán sumar otros temas.
Muchos temas en poco tiempo
Frente a estas tareas se pueden adelantar algunas reflexiones sobre sus implicancias y consecuencias para los trabajadores rurales y sus familias. En primer lugar, se debe tener en claro que los temas en negociación poseen la potencialidad de afectar drásticamente toda la producción agropecuaria Latinoamericana. Recordemos que una parte importante de esa producción está orientada a la exportación, así es que cualquier medida en ese campo afectará a los campesinos, las empresas del sector, y sus trabajadores. De la misma manera, en América Latina también se vive un aumento constante de la importación de agroalimentos, de donde las medidas de comercio exterior también afectarán ese flujo, con consecuencias especialmente en el sector alimentos.
En segundo lugar, el tiempo que se dispone para las recomendaciones es muy limitado. Son justificadas las dudas que se elevan sobre la capacidad de los ministerios de agricultura como de las cancillerías para abordar esta enorme agenda con sus recursos humanos y financieros acotados. Se corre el riesgo que muchos temas claves pasen desapercibidos, que se pierdan las chances de conseguir mejores condiciones de negociación, e incluso que se acepten medidas que después resulten negativas.
En ese sentido, y en tercer lugar, cobran enorme prioridad la forma en que se negociarán los balances entre protección y liberalización comercial en el sector agropecuario. No olvidemos que los gobiernos Latinoamericanos critican ácidamente las prácticas proteccionistas de Estados Unidos y Canadá, reclamando la liberalización comercial inmediata. Sin embargo, esas medidas no necesariamente auguran bonanzas económicas, ni reducir los problemas económicos en el medio rural, como lo atestiguan la crisis que viven los pequeños granjeros de Estados Unidos. En realidad, en las negociaciones se deberían contemplar medidas de salvaguarda social, laboral y ambiental para remontar la pobreza rural en todo el continente, pero los gobiernos de la región se oponen tenazmente a considerarlas.
La experiencia de México dentro del Tratado de Libre Comercio de Norte América (conocido como NAFTA o TLCAN), ofrece ejemplos de lo que podría suceder en el resto del continente. Ese país sufrió una verdadera invasión de productos agroalimentarios desde EE.UU., especialmente maíz, sin cumplir las propias cuotas de salvaguardas que se había establecido en el acuerdo para proteger a los campesinos mexicanos. El resultado fue un drástico impacto sobre los pequeños y medianos productores rurales, diezmando la generación alimentaria local de México, y limitando todavía más su soberanía alimentaria. Esa experiencia deja en claro que se deberán establecer muy claras medidas de salvaguardia y protección del sector agropecuario, y que su cumplimiento no puede estar únicamente en manos de los gobiernos, sino que deben tomar parte las propias organizaciones de productores y trabajadores rurales.
Asimismo, se deberá analizar cuáles medidas de apoyo al sector agropecuario pueden ser consideradas legítimas (en el sentido de reducir las distorsiones de precios, asegurar la calidad de los productos, proteger a los consumidores y el ambiente) y cuáles son espúreas (incluyendo prácticas como alterar los precios o reducir la calidad de los productos). No es un tema menor que Estados Unidos y Canadá vienen modificando sus prácticas de apoyo agrícola, abandonando medidas proteccionistas evidentes, como los subsidios a las exportaciones, hacia formas de asistencia diversificadas. Muchas de esas medidas entran en la categoría de la "caja verde" y son autorizadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC). Varios de esos instrumentos seguramente son legítimos (como el apoyo en caso de desastres naturales o en reconversión tecnológica), pero muchos otros no lo son, y antes que apoyar a los propios productores de esos países terminan beneficiando a las grandes corporaciones.
Plataforma rural latinoamericana ante la integración
Una de las respuestas ante el programa gubernamental de liberalización agropecuaria, fue discutida en un encuentro paralelo a la reunión ministerial de Buenos Aires. En efecto, convocados por la Secretaría Regional Latinoamericana de la UITA, junto a UATRE de Argentina, y ONGs del área agropecuaria y ambiental (como el Grupo de Reflexión Rural -GRR- y el Centro Latino Americano de Ecología Social -CLAES-), tuvo lugar un taller para analizar ante los efectos del ALCA sobre la agropecuaria, la familia rural y los trabajadores rurales. En esa reunión se lanzaron una serie de apuntes para una Plataforma Rural Latinoamericana frente a la Integración, que viene siendo analizada por diferentes instituciones del continente.
La finalidad de la Plataforma es ofrecer guías para construir respuestas alternativas a los actuales acuerdos comerciales regionales. Es una declaración de principios pero especialmente un marco para respuestas y acciones. La plataforma da cabida a propuestas diversas, su construcción continuará en el tiempo, y ofrece variadas posibilidades de acción.
La plataforma parte de la necesidad de recuperar la autonomía como una reacción a la imposición de estilos de desarrollo, sea directamente por medio del Estado y empresas, o por medios indirectos, como las condicionantes y ajustes económicos. La autonomía implica la capacidad de las naciones de decidir por sus propios medios democráticos los estilos de desarrollo. Se busca generar un nuevo desarrollo agropecuario donde se pone en primer lugar la calidad de vida de la familia rural, la conservación de la base ecológica de la producción agropecuaria, nuevos usos productivos que permitan obtener productos agroalimentarios de alta calidad.
A diferencia de otros programas que postulan una "reducción" de la pobreza, consideramos que se la debe "erradicar" completamente. En especial los componentes de insuficiencia alimentaria no tienen sentido en un continente que genera enormes excedentes de producción. La calidad de vida de la familia rural también es un objetivo básico, asegurando adecuados niveles de alimentación, cobertura de salud, calidad de la vivienda y acceso a la educación.
La producción agropecuaria también debe generar empleo rural y condiciones para la permanencia de la familia rural en el campo. La calidad de ese empleo es parte de la calidad de vida, y debe ser asegurada, tanto por el Estado como por los empleadores; no es una variable de ajuste para lograr metas económicas. Esta meta incluye además erradicar los empleos precarios, y mantener los derechos y beneficios logrados por las organizaciones de asalariados rurales.
La Plataforma Rural incluye además aspectos sobre la calidad ambiental, un alerta sobre el uso de agrotóxicos, la defensa de la soberanía alimentaria, y un nuevo papel estatal en la defensa del desarrollo agropecuario. Otros temas incluyen la democratización de las políticas agropecuarias, asegurar un acceso equitativo a la tierra y los recursos, promover productos que sean sanos y socialmente justos, enfrentar la globalización, promover una nueva integración política y la articulación productiva, apelar al comercio justo y contar con un apoyo comprometido de la ciencia y la tecnología.
La Plataforma se encuentra en proceso de discusión y análisis por las organizaciones sociales del continente, recibiéndose adhesiones y apoyos. A los convocantes iniciales se han sumado CEUTA (Centro Uruguayo Tecnologías Apropiadas de Uruguay), ICEPH (Instituto Cordillerano de Promoción Humana de Argentina) y la AOPEB (Asociación de Productores Orgánicos de Bolivia). Por las adhesiones o comentarios dirigirse directamente a UITA (uita@rel-uita.org).
Autor: Eduardo Gudynas
Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES)
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