Justicia social y ambiental: imperativos de la paz en Colombia

Movimiento Rios Vivos

12 de Marzo de 2013

El Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas ¡Ríos Vivos! saluda los diálogos de paz entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC- que se llevan a cabo en la cubana ciudad de La Habana. También, y principalmente, resalta los espacios autoconvocados por los pueblos para la búsqueda de acuerdos y propuestas hacia la construcción de un país con justicia social y ambiental que persiguen el mismo objetivo: la paz para Colombia.

Desde nuestras vivencias entendemos que la paz no se logra únicamente con la firma de un acuerdo bilateral entre actores en disputa del poder y que aplican el uso de las armas, ese es uno de los primeros pasos. La paz es un proceso permanente que debe llegar a cada uno de los territorios de Colombia, el cual implica transformaciones profundas de las formas en que se relacionan las diversas culturas del país, del modelo de desarrollo que condiciona esas relaciones y que al tiempo genera conflicto y relaciones de dominación entre los seres humanos y de estos con la naturaleza; es decir, implica la transformación del modelo económico neoliberal y del modelo de sociedad basado en el individualismo y el antropocentrismo.

Para ello es necesario reconocer el carácter pluricultural y biodiverso de Colombia dentro de los planes y políticas gubernamentales, pues generalmente se desestima que existen prácticas ancestrales arraigadas en territorios en los que la apropiación y explotación de los bienes naturales ('recursos' para los economistas neoclásicos) no es una condición natural ni aceptada por la población. Este reconocimiento de las diversidades y del control y manejo territorial basado en relaciones de reciprocidad, respeto y complementariedad pueden convertirse en una vía eficaz para aliviar la desigualdad y pobreza en el país.

Nosotr@s, afectad@s por represas, entendemos que el vocablo paz debe ser alimentado desde el respeto por las culturas y cosmovisiones, con participación real y efectiva de los pueblos en la toma de decisiones que afectan los territorios que han construido y proyectado; por tanto, la paz, desde nuestra concepción, implica, necesariamente, el desmantelamiento de las estrategias y mecanismos para la imposición de hidroeléctricas, trasvases, explotaciones mineras y petroleras.

Construir caminos para la paz entonces implica garantizar los derechos humanos fundamentales de todos los pueblos afectados por megaproyectos bajo la concepción social de derecho que dicta la constitución política de Colombia dado que la construcción de grandes represas en las condiciones actuales conlleva a que se violen sistemáticamente las garantías y el derecho a la vida de los pueblos. Por ejemplo, las herramientas de participación, como la consulta previa que demanda el convenio 169 de la OIT no se adelantan de acuerdo a las realidades socioculturales; y el grueso del sector rural, el campesinado, no cuenta con ninguna herramienta vinculante u obligatoria que le permita decidir sobre el uso de sus tierras, sobre el futuro de sus territorios y sobre la afectación de sus planes de vida.

En este sentido, la búsqueda de la paz requiere la detención del avance de proyectos mineroenergéticos pues a medida que estos avanzan se agudiza el conflicto armado en las regiones, aumentan los señalamientos, las estigmatizaciones, las criminalizaciones, las desapariciones y los asesinatos de las personas y comunidades que además sufren las afectaciones directas de estos proyectos y, que por tanto, rechazan estas obras de infraestructura.

En el caso de Hidroituango la agudización del conflicto armado mina las posibilidades de ejercer el derecho a la participación ciudadana y a la satisfacción de los derechos fundamentales; afectados directos por esta represa han tenido que salir de sus tierras en las últimas semanas por el temor a caer dentro de campos minados o resultar afectados por operaciones militares; en el caso de Hidrosogamoso varios los líderes que públicamente manifestaron su rechazo a la hidroeléctrica han sido asesinados desde 2009, o desaparecidos como Miguel Ángel Pabón Pabón quien fue visto por última vez el 31 de octubre de 2012.

Paz es tranquilidad, progreso, buen vivir y bienestar para todos y todas. Sin embargo, las comunidades afectadas de proyectos como El Quimbo, Hidroituango, Anchicayá, Urrá I, Hidrosogamoso, Salvajina, El Cercado, Desviación Río Guarinó, entre otros, han demostrado que son mayores los impactos y conflictos de estas obras que los beneficios que generan; se pierde más por el rompimiento de cadenas productivas y del tejido social, inundación de tierras fértiles, contaminación de aguas, pérdida de biodiversidad, desestabilización de taludes y riberas, empleos permanentes, exenciones tributarias, aumento de la conflictividad social, entre otros, que lo que se 'gana' por concepto de transferencias del sector eléctrico, empleos, etc.

En este contexto, consideramos que para alcanzar la paz deben generarse condiciones objetivas, necesarias y suficientes en las que el diálogo supere la relación bilateral y cerrada entre los agentes en disputa, y se dé un proceso incluyente, con incidencia y diálogo entre los pueblos y de éstos con las fuerzas armadas que afectan al cuerpo social en su conjunto. Así, creemos necesario avanzar en:

- Entender a profundidad los conflictos en los territorios para atender sus causas y no sus consecuencias. Por ejemplo, la agudización del conflicto armado en las regiones puede obedecer a los intereses que se cruzan en la construcción de megaproyectos, narcotráfico, zonas de consolidación militar, control territorial de actores armados ilegales, etc, con una víctima en común: los pueblos.

- Decretar una moratoria de proyectos mineroenergéticos hasta tanto se evalúen los conflictos actuales, la destrucción territorial futura, y la viabilidad de dichos emprendimientos no en términos económicos, sino respecto a las licencias sociales y las afectaciones a la soberanía territorial y comunitaria.

- Abrir un espacio de diálogo con la participación de los afectados por megaproyectos para buscar definiciones conjuntas y comunes hacia la transformación de la política mineroenergética de acorde con las relaciones de reciprocidad y respeto antes enunciadas.

- Repensar de manera crítica, constructiva y ética, los actuales mecanismos de participación que se violan sistemáticamente cuando se impone un megaproyecto.

- Reconocer, por parte del gobierno y empresarios, que el modelo económico adoptado ha incrementado la desigualdad social; esto ha conllevado a que minorías mejoren sus condiciones de vida por medio del despojo y privatización de los bienes comunes y que las mayorías vean cercenado su futuro y sus posibilidades de buen vivir y sobrevivencia.

- En un reconocimiento tal, escuchar y atender las demandas de los afectados por megaproyectos es una condición necesaria. Pedimos Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de los megaproyectos

- En los diálogos que actualmente se adelantan también debe discutirse el conflicto urbano, donde las expresiones del paramilitarismo cobran vigencia con la consolidación de Bandas Criminales en la mayoría de los municipios del país, pues personas que han sido desplazados forzadamente de sus territorios por la construcción de un megaproyecto han tenido que soportar los señalamientos, estigmatizaciones o nuevos desplazamientos por el conflicto en la ciudades.

También reiteramos las propuestas surgidas del Foro Política de Desarrollo Agrario Integral, adelantado entre el 17 y 19 de diciembre de 2012, contenidas en el documento Unidad en la Lucha por el Territorio y la reforma agraria integral; entre las que resaltamos:

- Reordenamiento territorial que respete la autonomía de las comunidades rurales y étnicas con base en usos potenciales, cambiando una parte de los usos actuales en ganadería hacia la agricultura y conservación ambiental.

- No aceptar las políticas actuales de cambiar los usos del suelo de vocación agropecuaria hacia la gran minería, megaproyectos hidroeléctricos, hidrocarburos y agrocombustibles.

- Declaratoria de la producción indígena, campesina y afrodescendiente, de la soberanía y autonomía alimentaria, y la conservación, libertad circulación y manejo de semillas ancestrales y nativas como de utilidad pública e interés social de la Nación.

- Limitar la inversión extranjera en tierras en el país evitando el acaparamiento y los procesos legislativos que no respetan los derechos a la consulta y el consentimiento previo.

- Generar la figura jurídica de “territorios interétnicos e interculturales” que permita la convivencia en la diversidad y el desarrollo territorial conjunto, de manera concertada y autónoma, entre indígenas, campesinos y/o afrodescendientes, allí donde tengan un común ámbito territorial.

Por último, reivindicamos la declaración y el llamado de la Ruta social por la Paz2 en torno a que: persistimos e insistimos en la necesidad de abrir espacios de participación directa de la sociedad en los escenarios de diálogo y construcción de paz, considerando que el actual y los futuros procesos entre el Estado y las insurgencias, estarán siempre incompletos sin el aporte de las organizaciones sociales y populares.

¡RÍOS LIBRES, PUEBLOS VIVOS!
¡Aguas para la vida, no para la muerte!

http://defensaterritorios.wordpress.com // moc.liamg@aibmolocsovivsoir