Hambre y extranjerización de alimentos en el ‘granero del mundo’

En un país que alcanzó los 11 millones de pobres, según el INDEC, el Estado no tiene una política de protección alimenticia y está a punto de resignar toda esperanza de soberanía alimentaria a las multinacionales que ya infectan nuestros alimentos (y nuestra salud) con agrotóxicos, ¿existe relación entre el aumento del hambre, la miseria y la inseguridad alimenticia?

 El proyecto

“Las compañías pueden tener control sobre estos organismos vivos, someter a productores a controles de policía, y obligarlos a pagar regalías permanentemente”, son cuestiones que el escritor y periodista, Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados’, comentó a Colibrí Revista. Y agregó que la reglamentación que las transnacionales esperan tener antes de fin de año “puede limitar y erradicar las posibilidades de los campesinos de guardar semillas para las próximas cosechas. Todo el tiempo se tendrá que estar comprando y las empresas se quedarían con los derechos del insumo básico de la alimentación”.

En Argentina hay una variedad de semillas transgénicas cuya supuesta inocuidad está solventada en los estudios de las propias empresas que las producen como Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Basf, y Corteva (DowDuPont), que son favorecidas económicamente, y quienes desarrollan esta tecnología. Esta intromisión es perjudicial para la diversidad silvestre y los cultivos más viejos. Las semillas tradicionales extinguen y caen ante los cultivos que reciben esta contaminación y, las plantas resultantes que surgen de la cruza ya constituyen un transgénico, lo que nos hace caer en las garras de estas compañías que tienen propiedad intelectual.

Sobre la propiedad intelectual, el Colectivo para la soberanía alimentaria de la Comarca Andina “Paralelo 42” -miembro de la Multisectorial No a la ley Monsanto-Bayer- denuncia en un comunicado que en la nueva ley se incluirá este ítem, tanto sea de un evento transgénico como de una variedad no transgénica desarrollada por métodos tradicionales de fitomejoramiento. “Si un productor agropecuario no cumple con la ley sembrando semilla guardada del año anterior, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) -con poder de policía según el proyecto de ley- exigirá los derechos de uso de ese material genético, denominándose a las regalías de estos como ‘propiedad intelectual’”.

“La agricultura responsable debería tener como foco la producción de alimentos de manera saludable, y excluir la posibilidad de seguir sembrando y lanzando al mercado nuevas variedades de semillas transgénicas que en definitiva no tienen ninguna certificación de seguridad a largo plazo”, argumenta Eleisegui, y concluye: “esto implica avanzar con un modelo que excluya la utilización de agroquímicos, pesticidas, un cambio radical de lo que hoy ocurre. Argentina es uno de los mayores consumidores de herbicidas y glifosato a nivel mundial, por un promedio por habitantes que supera a Estados Unidos, que es la meca del uso de agrotóxicos en el mundo.”

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) afirma con la crudeza que la situación amerita que “se trata de una ley que pretende profundizar un modelo productivo de agronegocios que nada nos deja, más que ‘alimentos’ llenos de agrotóxicos, que en su mayoría no son alimentos, sino comodities, pueblos fumigados, desmonte, éxodo rural, niñxs con malformaciones, cáncer, abortos espontáneos, entre otras enfermedades. Nos deja el amargor de ver a nuestrxs parientes morir, a nuestrxs amigxs, nos deja el campo despoblado y las villas llenas”, en referencia al éxodo que ya experimentaron miles de campesinos para seguir superpoblando barrios de emergencia -donde se profundizan aún más las carencias-, por el avance de las corporaciones de agronegocios en los campos.

Extranjerización de alimentos, nacionalización del hambre

Mientras las corporaciones negocian con el gobierno, se conoció un dato en relación a la alimentación en la región: “por tercer año consecutivo tenemos que darles malas noticias, han aumentado las cifras del hambre en América Latina y el Caribe” dijo el director regional de FAO para Latinoamérica y Caribe, Julio Berdegue, mientras presentaba ‘Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018’ en Chile. El documento fue publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Y este no es un hecho aislado. Nuestro país es uno de los tres países de la región donde aumentó en mayor proporción la “subalimentación” y la obesidad.

La Argentina es -junto a Venezuela y Bolivia- el país donde más creció la cantidad de personas subalimentadas. Entre 2013 y 2015 se había registrado una reducción de esta tasa a un 3,4% (1,5 millones de personas), pero entre 2015 y 2017 esa cifra se incrementó a 1,7 millones de personas, y como el informe abarca solo hasta el año pasado, no se verifica aun el impacto de la fuerte crisis, la caída económica, y la reducción drástica del consumo de los alimentos de la canasta básica que se experimenta este año: “el nefasto 2018 donde la inflación, la devaluación, la recesión se profundizó mucho más, aumentó el desempleo y el ajuste que el estado asumió con la idea del ‘Deficit Cero’ y endeudamiento, retira la última contención, y lo hace un coctel explosivo”, pronostica Nicolas Kreplak, ex Viceministro de Salud de la Nación, y titular de la organización ‘Soberanía Alimentaria’.

Además, la situación de “inseguridad alimentaria grave”, que en el trienio 2014-2016 aquejaba a 2,5 millones de personas en la Argentina; del 2015 al 2017 ya la padecían 3,8 millones (del 5,8% al 8,7% de la población total), mientras que, en otros países de la región como México, El Salvador o Ecuador, con porcentajes más altos de inseguridad alimentaria, se experimentó una reducción.

Según el informe, una de las principales causas del alza de la malnutrición en los grupos de población -especialmente vulnerables- son los cambios que sufrieron los sistemas alimentarios de la región, y el ciclo de los alimentos desde su producción hasta su consumo. Estas modificaciones afectaron a toda la población, por ello se recomienda a los países aplicar políticas públicas que combatan la desigualdad y promuevan sistemas alimentarios saludables y sostenibles.

Visibilizar el hambre

Los números registrados por la FAO encuentran su reflejo en la realidad, en la creciente asistencia de personas a los comedores y merenderos comunitarios: “estamos viviendo una etapa negra en América Latina y en Argentina en particular. Durante el gobierno de Macri no sólo creció el hambre y la pobreza, sino que hay políticas deliberadas para que el poder adquisitivo de los y las trabajadoras se achique. La brutal transferencia de los sectores populares hacia los sectores dominantes está generando un nivel de desigualdad que llega a niveles alarmantes” describe Carina López Monja, periodista y militante del Frente Popular Darío Santillán y, desde su perspectiva y trabajo en barrios populares, comenta que “la realidad en los barrios populares es cada vez más desesperante porque la espiral inflacionaria en los alimentos y en el transporte, la falta de trabajo y changas hacen que realmente haya cada vez más familias que quedan en situación de calle o no pueden garantizar dos platos de comida al día”.

Humanizar la pobreza

“La deshumanización de la pobreza es una política de Estado”, sostiene López Monja y agrega que, si no se hiciera, “sería imposible sostener el escenario de desigualdad y de deterioro económico que se está viviendo”. En este eje concluye que, “el gobierno, con su blindaje mediático, busca que la discusión se de en porcentajes, en números y que el conjunto de la población no relacione las situaciones cotidianas de sufrimiento que vive cualquier familia trabajadora con las políticas que profundizan estas penurias”.

La idea tan mentada de la “meritocracia”, no es más que una prueba de que se busca que concibamos la pobreza como algo natural o resultante de la acción individual de cada persona, y no como parte de un sistema y de definiciones políticas y económicas que dan como resultado cada vez mayor cantidad de pobres en la Argentina. “Si el gobierno siente que es una responsabilidad del Estado detener el hambre y la inseguridad alimentaria, hará todas las medidas necesarias para lograrlo, y no solamente repartiendo bolsones de comida o de planes sociales, sino también con la generación de trabajo, y control de la inflación en los alimentos esenciales” acota Kreplak. Sin embargo, no es optimista con los métodos que emplea el macrismo, y sentencia que “si evalúa que se trata de un problema individual, de que no hay esfuerzo y meritocracia suficiente entonces es muy difícil que lo logre”.

Feminización de la pobreza

En otra parte relevante del informe, se documenta que el 8,4% (19,2 millones) de las mujeres en América Latina vive en inseguridad alimentaria severa, en comparación con el 6,9% (15,1 millones) de los hombres, lo cual se traduce como “feminización de la pobreza”, refiriéndose “al conjunto de disparidades y condiciones desfavorables para las mujeres”. El índice de feminidad de la pobreza ha aumentado en los últimos años y se agudiza en el caso de la pobreza extrema, lo que sugiere que a medida que aumentan las condiciones de precariedad, las mujeres se ven más afectadas.

A partir de la feminización de las tareas cotidianas no remuneradas se produce un reparto desigual y desequilibrado de los trabajos del hogar, lo que limita el acceso a las mujeres al mercado de trabajo y, en consecuencia, al acceso a los recursos, limitando sus posibilidades de desarrollo. Con respecto a esta cuestión, Carina afirma que “en los barrios se vuelve a ver a las compañeras, a las mujeres, en la primera línea de organización y de sostén de su hogar. Madres solteras, madres de familia que hacen malabares para garantizar cuestiones básicas, como poder mandar a les niñes a la escuela y su alimentación diaria. La realidad es que hay una doble situación de explotación y de ajuste hacia las mujeres. Perciben salarios más bajos que los varones y muchos trabajos temporarios hoy dejan de existir. A esto se suma en la gran mayoría de las veces, las tareas de cuidado no remuneradas que recaen sobre las mujeres”.

Las inequidades de género que afectan a las mujeres se expresan a lo largo de los sistemas alimentarios, comenzando con la cadena de suministro, con el trabajo agrícola femenino invisibilizado, mayores dificultades a la hora de participar en las cadenas de valor al contar con menores acceso a los recursos productivos, a los créditos, a los mercados y a la asistencia técnica. Según el informe, son quienes afrontan mayores limitaciones a la hora de acceder a alimentos de mejor calidad nutricional.

El funcionamiento de los sistemas alimentarios se traduce en que las distintas formas de malnutrición se expresan en mayor medida en las mujeres en comparación con los hombres, desde la carencia de micronutrientes hasta el exceso de peso, como lo describe Marina Joski, militante de la Corriente La Dignidad y coordinadora de la Central de Emergencias Villeras de la CTEP, desde la realidad que se vive en las barriadas populares: “las mujeres siempre viven en una inseguridad alimentaria mayor porque por lo general su trabajo explotado tiene que ver con el sostenimiento de la familia y priorizar la alimentación de niños y niñas. Entonces no solo es la desnutrición de las mujeres, la falta de calcio, la diabetes, la hipertensión que vivimos permanentemente, sino la obesidad producto de la mala alimentación, el abuso de las grasas, de las harinas porque es lo más económico para comer”.

Combatir el hambre desde la organización colectiva

“Desde los movimientos populares -afirma Carina- llevamos años organizándonos desde el territorio para dar soluciones colectivas a la realidad que vivimos en los barrios. El crecimiento de los comedores comunitarios y los merenderos, pero también de los espacios educativos, de las escuelas populares, los jardines, tienen que ver con la construcción cotidiana de formas distintas de pensar la sociedad y combatir la desigualdad y la pobreza”.

Sin embargo, es consciente de que no hay ninguna respuesta que sea suficiente, “cuando hay una política de estado que le quita a los desposeídos y agrava la ya existente desigualdad”, y con pesimismo asevera que “el Presupuesto de ajuste que se discute en el Congreso Nacional, los condicionamientos del FMI y las políticas que definió Macri no muestran rectificación de las políticas sino todo lo contrario”.

Ley de Emergencia Alimentaria

La Ley de Emergencia Social, impulsada por les trabajadores de la economía popular y los movimientos sociales, fue el fruto de una lucha que se dio en las calles, y que derivó en el reconocimiento del gobierno de una situación de crisis social, y constituye un ejemplo de presión para que las políticas hacia los sectores populares tengan una orientación distinta.

En ese sentido, Carina destaca que “la Ley que venimos impulsando va en esa misma dirección. Necesitamos, en un contexto tan adverso, que los legisladores y legisladoras discutan leyes que permitan dar respuesta a la crítica situación que se vive en los barrios populares y que frene las políticas del macrismo que no hacen más que agravar la situación”. Sin embargo, Joski agrega que la ley es una herramienta de contención, pero no de construcción: “es urgente pero no tiene que ver con el largo plazo, tenemos claro que la reforma agraria, nacionalización de los servicios y de la banca, y un urgente cambio de gobierno con condicionamiento de los sectores populares, son la única respuesta a esta situación”.

Dentro de la Ley de Emergencia Alimentaria se prevé la calidad y cantidad de alimento, registro permanente de la salud de quienes asisten y de quienes sostienen los comedores y merenderos comunitarios, aumento en la cantidad de mercaderías, subsidios para las familias y para su alimentación, subsidios a comedores comunitarios que hoy tienen grandes problemas para afrontar el costo de los servicios básicos que hoy son fruto de autogestión, el reconocimiento del trabajo que realizan les trabajadores de la economía popular sosteniendo esos comedores como parte de la creación de herramientas laborales poscapitalistas.

Lucha contra el hambre y soberanía alimentaria, ¿qué hacer?

No hay soluciones disociadas de un acompañamiento de políticas publicas que permitan garantizar una cadena de producción de alimentos saludable, y que estos lleguen a todas las personas para que nadie pase hambre, ni desarrolle otro tipo de desórdenes y patologías vinculadas con la mala alimentación. Como se dijo antes, una iniciativa como la ley de Emergencia Alimentaria seria un paso importante para dimensionar la problemática de la alimentación y el hambre, pero debe ser la transición a otras políticas de largo plazo.

En este sentido, la posibilidad de observar y diagnosticar es un factor clave para atacar esta problemática integral, pero Nicolas Kreplak sostiene que debe existir voluntad política para esto: “Con la degradación del Ministerio de Salud, Argentina ya no produce la información que debe producir el Estado respecto de la situación sanitaria del país, no se hacen encuestas nutricionales, ni de factores de riesgo que nos permitan ver el impacto de la inseguridad alimentaria”.

Carina y Marina, desde su trabajo en los barrios populares, observan que esa voluntad política no va a llegar con este gobierno, y coinciden en que combatir el hambre que sufren les que menos tienen es una tarea urgente, y plantean que ”hay que dar la pelea en unidad en los barrios, en la calle, en el parlamento, en todos lados, para salir de este abismo”. Son tantas las promesas incumplidas que Marina va mas allá, y plantea que “urge un cambio de gobierno con condicionamiento de los sectores populares, que revisen y orienten las acciones políticas del gobierno”.

La Licenciada en Nutrición, Mercedes Paiva, recomienda que “como consumidores, nuestro rol es asumir el consumo como un acto político: comer sano, seguro y soberano” y lo grafica en acciones: “participar en huertas comunitarias, cultivar los propios alimentos, regalar e intercambiar semillas son acciones con las cuales los consumidores podemos hacer valer nuestro derecho a una alimentación responsable”.

Paiva, quien además es docente en la Catedra Libre de Seguridad Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA y Secretaria General de la Federación de Graduados de Nutrición, sostiene que les profesionales de la alimentación deben mantenerse apartados de todo conflicto de intereses, para conservar la ética profesional y defender el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria.

Finalmente, Eleisegui centra como otro punto de acción del Estado, el desarrollo de una agricultura responsable: “el rol del estado es velar por una producción que garantice la calidad y seguridad alimenticia, ponerles coto a las compañías, promover el trabajo de campesinos, proteger las semillas, y reducir y erradicar la utilización de agrotóxicos y venenos que hoy contaminan nuestros campos”. 

Agradecimientos a Laura Cedeira, Maria de Michelis (periodista y responsable de la revista gastronómica “Solo por Gusto”), Alejandra Mourin, Matías Carnevale, Catedra Libre de Soberanía Alimentaria FAUBA, Corriente La Dignidad (Facultad de Ciencias Sociales UBA).

14 de noviembre, 2018

Por Pablo Hernán Velázquez

Fuente: Revista Colibrí