"Ganancias para unos cuántos o alimentos para todos"

Replanteamiento cinco años después

La soberanía alimentaría, el derecho a la alimentación y los modelos agrícolas alternativos son elementos fundamentales para cualquier estrategia con objeto de erradicar el hambre y la malnutrición

Al final de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) de 1996, las ONG/OSC presentes adoptaron una declaración titulada "Ganancias para unos cuantos o alimentos para todos". En esta declaración se indicaba que las medidas y actividades previstas en el Plan de Acción no serían suficientes para realizar progresos significativos hacia la reducción del número de personas que padecen hambre en todo el mundo. Lamentablemente, el análisis de la sociedad civil era correcto. Hasta la fecha, sólo se ha conseguido una reducción menor del número de personas que padecen hambre. La FAO y los Estados Miembros tienen que reconocer que el proceso de aplicación del Plan de Acción es lento y que se está lejos de conseguir el objetivo de la CMA de 1996, que era ya poco ambicioso, consistente en reducir en la mitad el número de pobres en todo el mundo para 2015. En el análisis reciente presentado al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, la FAO ha indicado los dos principales obstáculos para mejorar la aplicación del Plan: 1) falta de voluntad política y 2) falta de medios financieros suficientes. Aunque ambas observaciones son descripciones correctas de los elementos necesarios para una aplicación satisfactoria, no creemos que mediante una mayor inversión de recursos en el mismo modelo de desarrollo agrícola se pueda conseguir el objetivo de la CMA y opinamos que la idea de que un (moderado) aumento de los recursos será suficiente para acelerar el proceso es equivocada.

En su análisis de 1996, las ONG y las OSC declararon que aumentando la dosis de la misma medicina no se conseguiría la cura necesaria para acometer de manera adecuada el problema del hambre y la malnutrición. Proponemos "un nuevo modelo de acción para lograr la seguridad alimentaria, que pone en tela de juicio muchas de las hipótesis, las políticas y las prácticas actuales". Este modelo, basado en la descentralización, desafía al modelo actual, basado en una concentración de riqueza y poder, que amenaza "la seguridad alimentaria mundial, la diversidad cultural y los propios ecosistemas que sustentan la vida en nuestro planeta". Ni se han utilizado recursos suficientes (no sólo financieros, sino tampoco políticos), ni se han cotejado la Declaración y el Plan de Acción de Roma para asegurar su coherencia, ya que el texto contiene recomendaciones contradictorias. Un estudio completo de los motivos por los que no se alcanza el principal objetivo de 1996, esto es, reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre para 2015, debe también evaluar y poner en cuestión el modelo actual de desarrollo agrícola.

Las ONG y las OSC han determinado tres temas centrales en la preparación de la CMA: cda, los cuales deben estudiarse con mayor atención y convertirse en elementos centrales del proceso de seguimiento, a fin de conseguir el objetivo propuesto.
(1) Se necesita un enfoque de las cuestiones relacionadas con el hambre y la malnutrición basado en los derechos. El objetivo es hacer del derecho a una alimentación adecuada el centro de todas las actividades destinadas a la aplicación de la CMA, haciendo a los Estados responsables ante las personas que viven dentro de sus fronteras y abordando la responsabilidad de entidades distintas de los Estados, como las organizaciones intergubernamentales o las empresas transnacionales.
(2) El modelo actual de agricultura industrializada, la cría intensiva de ganado y la sobrepesca están destruyendo los sistemas agrícolas tradicionales y la variedad de ecosistemas que ofrece el planeta. Se necesitan urgentemente modelos agrícolas alternativos para proteger la diversidad cultural y biológica de nuestro planeta y para fomentar una utilización sostenible de los ecosistemas.
(3) Las exportaciones subvencionadas, los precios artificialmente bajos, y el dumping legalizado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) son elementos característicos del modelo actual de comercio agrícola. Este comercio tiene unos efectos negativos dramáticos en la mayoría de los habitantes de las zonas rurales: las explotaciones agrícolas familiares tradicionales o las comunidades indígenas. Hay que reconocer la necesidad de garantizar una soberanía alimentaria dirigida por los agricultores, que dé a éstos la posibilidad de obtener unos ingresos dignos limitando al mismo tiempo la monopolización del sistema alimentario que llevan a cabo las empresas comerciales.
Estos tres temas centrales se describen con mayor detalle en 10 elementos con sus respectivas reivindicaciones políticas de las ONG y las OSC.

I. Enfoque del hambre y la malnutrición basado en los derechos

1. Derecho a una alimentación adecuada

La Declaración de Roma comienza con una reafirmación del derecho básico a una alimentación suficiente. Este derecho implica la obligación de los Estados de respetar, proteger y realizar el derecho de todos los habitantes de sus territorios respectivos a disponer de una alimentación adecuada. Un enfoque del hambre y la malnutrición basado en los derechos hace posible que los individuos y la sociedad civil exijan responsabilidades a los Estados. Desde el punto de vista de la comunidad de las ONG/OSC, la falta de voluntad o la incapacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones es parcialmente la causa de la prevalencia del hambre y la malnutrición. El derecho a una alimentación adecuada forma parte de los derechos humanos generales, lo que permite a la población pedir responsabilidades a sus gobiernos y demandar los cambios políticos necesarios. Cuando los Estados han perdido el poder soberano para cumplir con sus responsabilidades jurídicas debido a la intervención de reglamentaciones internacionales, como las consecuencias normativas y presupuestarias de las normas comerciales internacionales o los planes de ajuste estructural, también hay que pedir responsabilidades a las organizaciones intergubernamentales. El derecho a una alimentación suficiente exige que cada hombre, mujer y niño, por separado y como miembro de una comunidad, tenga en todo momento acceso físico y económico a una alimentación adecuada mediante el uso de una base de recursos apropiada para su obtención de un modo coherente con la dignidad humana. La realización del derecho a una alimentación adecuada exige la disponibilidad de unos alimentos libres de sustancias nocivas y aceptables desde un punto de vista cultural. Estos alimentos deben estar disponibles en una cantidad y una calidad que satisfagan las necesidades nutricionales y dietéticas de los individuos. Además, el acceso a los alimentos no debe interferir con el goce de otros derechos humanos y debe ser sostenible.

* Recomendaciones: las ONG y las OSC que colaboran en el proceso de preparación de la CMA:cad alientan a los Estados a decidir la elaboración de un Código internacional de conducta sobre el derecho a una alimentación adecuada, teniendo en cuenta el primer borrador preparado por las ONG internacionales tras la Cumbre de Roma. Dicho Código regirá las actividades de los Estados y otros agentes para realizar el derecho a una alimentación adecuada en los niveles nacional e internacional. En él deberán incluirse normas, recomendaciones, propuestas y reglamentos para su aplicación nacional por conducto de los gobiernos, así como descripciones precisas de las responsabilidades de otras entidades para el cumplimiento cabal de los derechos humanos.

2. Acceso a los recursos productivos

El hambre y la malnutrición suelen ser resultado de la falta de acceso a los recursos productivos o de la exclusión de la población de estos recursos, entre los que se encuentran las tierras, los bosques, los mares, el agua, las semillas, la tecnología, los créditos, etc. No hay que subestimar la exclusión social, que, especialmente en las zonas rurales, es quizás la principal causa de la persistencia del hambre y la malnutrición. Si estos problemas fundamentales no se acometen de manera adecuada y en el programa político no se concede la máxima prioridad al acceso a los recursos de producción, no podrá conseguirse el objetivo de la CMA. A menudo, las normas y los reglamentos nacionales discriminan a determinados grupos sociales impidiéndoles el acceso a uno o varios de estos recursos productivos. Por ejemplo, las personas que no poseen tierras están excluidas de la formulación y la ejecución de una política de reforma agraria significativa. Las mujeres no tienen acceso a créditos o están excluidas de la ley de sucesión. El acceso a variedades tradicionales de semillas se está complicando cada vez más debido a que los mercados son crecientemente monopolizados y el acceso a las semillas por parte de los agricultores y de los mejoradores de semillas indígenas, y sus posibilidades de desarrollar semillas, se ven socavados por las semillas patentadas. Cada vez son más numerosas las sociedades en las que el acceso al agua constituye un elemento clave de la capacidad para producir bienes agrícolas.

* Recomendaciones: para que la población pueda alimentarse, se necesita un proceso de reforma agraria global adaptado a las condiciones de cada país y región. Esta reforma proporcionará a los campesinos y a los agricultores indígenas -con iguales oportunidades para las mujeres- un acceso equitativo a los recursos productivos (principalmente tierra, agua y bosques), así como a medios de producción tales como la financiación, la capacitación y la creación de capacidad. La reforma agraria debe reconocerse como una obligación de los gobiernos nacionales en el ámbito de los derechos humanos y como una política pública eficaz para combatir la pobreza.

3. Derechos de los trabajadores agrícolas

Gran parte de la población rural vive del trabajo agrícola, frecuentemente sin empleo regular, sino como trabajadores estacionales o jornaleros. Estos grupos suelen enfrentarse a problemas de hambre y malnutrición. Los trabajadores agrícolas y los pequeños agricultores, que producen gran parte de los alimentos y productos básicos del mundo, se encuentran entre los grupos más vulnerables por lo que hace a su propia seguridad alimentaria, ya que ellos y sus familias constituyen el núcleo del campesinado pobre del mundo. Su vulnerabilidad está vinculada a sus problemas para organizarse como trabajadores en sindicatos o asociaciones de pequeños agricultores a fin de mejorar sus propias condiciones de trabajo y de vida. El derecho de los trabajadores agrícolas y de los pequeños agricultores a una alimentación adecuada sólo puede conseguirse como parte de un conjunto de medidas tendentes a lograr la ampliación de los derechos sociales y políticos. Estos trabajadores agrícolas son las mujeres y los hombres que faenan en los campos, huertos, invernaderos, unidades de producción pecuaria, instalaciones de elaboración primaria y actividades asociadas tales como la elaboración y el empaquetado de productos agrícolas, la elaboración de alimentos de origen animal, la irrigación, la lucha contra las plagas y el almacenamiento de cereales, a fin de producir los alimentos y los productos básicos del mundo. Son trabajadores asalariados porque no disponen ni en propiedad ni en arriendo de las tierras en las que trabajan, ni de los aperos ni del equipo que utilizan. En estos respectos constituyen un grupo distinto de los agricultores. Suelen trabajar en condiciones de explotación con salarios muy bajos, sin prestaciones sociales y expuestos a peligros para la salud, como los plaguicidas. La mejora de la situación de estos grupos debe ser un elemento central de todas las estrategias para combatir el hambre y la malnutrición.

* Recomendaciones: es necesario que se reconozca plenamente el derecho de todos los trabajadores agrícolas asalariados, incluidos los trabajadores estacionales y migratorios, a trabajar en condiciones seguras, sostenibles y productivas. Ello incluye el derecho a organizarse y el derecho a prestaciones sociales, los derechos en el trabajo y el derecho a negarse a trabajar en condiciones peligrosas. En el caso de los trabajadores agrícolas, estos derechos deben basarse en los derechos humanos fundamentales consagrados en las Normas Internacionales del Trabajo previstas en la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998, tal y como se expresan en los siguientes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): 87, Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948; 98, Convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, de1949; 29, Convenio sobre el trabajo forzoso, de 1930; 105, Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1957; 100, Convenio sobre igualdad de remuneración, de 1951; 111, Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), de 1958; y 138, Convenio sobre la edad mínima, de 1973. Pedimos a todos los gobiernos que ratifiquen y apliquen los convenios vigentes de la OIT que salvaguardan estos derechos. El derecho a una alimentación adecuada implica la necesidad de unos ingresos o un salario y unas condiciones de trabajo dignos para los trabajadores agrícolas y los pequeños agricultores, y especialmente de niveles altos de salud, seguridad y protección ambiental. En el caso de los trabajadores que viven en granjas o plantaciones, deben ofrecérseles condiciones de vida dignas.

4. Derechos indígenas

En muchas partes del mundo, las comunidades indígenas afrontan enormes problemas para lograr que se reconozcan sus derechos a los territorios, debido a conflictos relacionados con la tierra, como las enajenaciones o los desahucios forzosos, así como a la diversidad de políticas que afectan a la gestión autónoma de sus territorios tradicionales. Las comunidades indígenas necesitan que la sociedad reconozca plenamente su identidad y estatus cultural, económico, político y social.

* Recomendaciones: consideramos que el reconocimiento de los derechos, la autonomía y la cultura de las poblaciones indígenas de todos los países constituye un requisito previo indispensable para combatir el hambre y la malnutrición, así como para garantizar el derecho de la población a una alimentación adecuada. El reconocimiento de los derechos de estos grupos entraña la autodeterminación y el control de sus territorios, recursos naturales, sistemas de producción y gestión en zonas rurales, semillas, conocimientos y formas de organización.

5. Supervisión de los derechos humanos y enfoque de la FAO fundado en los derechos humanos

Durante los preparativos de la CMA:cad, la FAO ha comenzado a trabajar en el tema del derecho humano a una alimentación adecuada, aunque aún no dispone de un enfoque sustantivo sobre el mencionado asunto. La supervisión del seguimiento del Plan de Acción se lleva a cabo mediante documentos generales relativos a su aplicación, en los que se resumen los documentos nacionales que la Organización recibe de los gobiernos. Un mecanismo interno de la FAO que permitiera debatir los avances o problemas de los gobiernos nacionales respecto a sus políticas de aplicación y sus resultados constituiría un primer paso para que todo el proceso de aplicación tuviera sentido. La creación de una oficina de la FAO para la supervisión de la CMA permitiría a los miembros de la Organización determinar las barreras a escala nacional o internacional que dificultan la consecución de los objetivos de la Cumbre, y les facilitaría a ellos y a las partes no estatales pertinentes la resolución de dichos problemas. La FAO tampoco ha establecido aún sectores o métodos de trabajo en relación con sus proyectos técnicos o financieros o el apoyo que presta en esos ámbitos a fin de contribuir específicamente a la realización del derecho a una alimentación adecuada de las personas o comunidades afectadas.

* Recomendaciones: es muy aconsejable adoptar en todos los niveles políticos de la FAO un enfoque plenamente basado en los derechos humanos. Esto incluirá tanto la labor relacionada con proyectos de tipo técnico y financiero, como la de documentación. Los instrumentos de seguimiento empleados por la Organización se ampliarán para que incluyan la documentación de presuntas violaciones del derecho a una alimentación adecuada.

II. Modelo agrícola alternativo

6. La agroecología como opción importante

El modelo actual de agricultura industrial no es sostenible. Los índices relativos al consumo de agua, la destrucción y erosión de los suelos y el deterioro de la diversidad biológica en la actualidad son muy altos e insostenibles. Es evidente que la agricultura industrial está gravando la tierra y la ecología con cargas muy pesadas. Irónicamente, en el sistema actual las formas más destructivas de agricultura son las que reciben más subvenciones y atención en la investigación agrícola, la enseñanza y los servicios de extensión. Falta una evaluación de los costos ambientales y sociales de la agricultura industrial, que debería realizarse de forma periódica en el sistema de las Naciones Unidas. Las ONG ya han reunido muchas pruebas de que los daños sociales y ambientales derivados de la agricultura industrializada parecen ir juntos con frecuencia. El aumento de tamaño de las granjas industriales en muchos países está directamente relacionado con los desahucios forzosos de pequeños agricultores. Cabe advertir que algunos modelos agrícolas tradicionales también deben adaptarse para reducir sus repercusiones ambientales negativas.

* Recomendaciones: creemos que los sistemas agrícolas y de producción de alimentos que se basan en recursos no renovables y explotan en exceso la base de recursos han de transformarse en un modelo fundamentado en principios agroecológicos. En concreto, esto exige el establecimiento de prioridades nuevas en los programas de investigación y enseñanza a escala nacional e internacional, en los que se incorpore la investigación de los agricultores como parte ineludible del proceso. Un modelo agroecológico requiere la conservación y el uso sostenible de la vegetación natural para impedir y reducir las repercusiones de la sequía y la desertificación y para gestionar de modo sostenible los recursos hídricos disponibles. Debe reducirse la utilización de plaguicidas y productos agroquímicos. Han de aplicarse políticas y programas que fomenten la agricultura orgánica. En resumidas cuentas, son necesarias muchas más inversiones sociales y económicas en las zonas rurales y aldeas para alcanzar el objetivo de la CMA. Esto incluye la diversificación de las oportunidades de trabajo, que ha de lograrse mediante una economía fuerte, basada en el campesino y descentralizada.

7. OMG/Biotecnología/Tecnología agrícola

La cantidad actual de recursos genéticos disponibles se debe en su mayor parte a los miles de años de selección y desarrollo cuidadosos por parte de los pequeños agricultores y las comunidades indígenas. Por ello, las semillas deben considerarse patrimonio de toda la humanidad. El acceso a los recursos genéticos es esencial para garantizar la seguridad alimentaria. Todas las formas de protección mediante patentes suponen un grave obstáculo para el acceso de los grupos marginales al punto de partida de la agricultura. Debería reducirse la orientación hacia la agricultura industrial de la investigación agrícola a escala internacional y nacional. La investigación descuida a menudo el fomento de técnicas agrícolas que reducen los insumos necesarios y son fáciles de controlar. El sistema actual de centros de investigación financiados con fondos públicos internacionales tampoco presta una atención suficiente a los cambios en los programas de investigación. En general, la investigación agrícola debería basarse ante todo en el dominio público y reconocer el derecho de los agricultores a fomentar la variedad existente en los cultivos y la ganadería.
Los organismos modificados genéticamente (OMG) representan una amenaza no sólo para la agricultura familiar y los campesinos pobres, que no pueden permitirse esta costosa alternativa, sino también para la agricultura en general. Los OMG representan la expresión extrema del paradigma de la revolución verde relativo a la mercantilización de la naturaleza y generarán una uniformidad potencialmente muy peligrosa de todos los cultivos. Al contrario de la investigación agrícola basada en el concepto de dominio público, los OMG fomentan la propiedad privada de las semillas. La estrategia empresarial de provocar una contaminación extensiva de cultivos para forzar a los agricultores a aceptar sus costosas semillas y los productos químicos asociados a ellas está teniendo repercusiones peligrosas en la agrobiodiversidad, incluida la contaminación genética de plantas silvestres afines.

* Recomendaciones: las ONG y OSC presentes piden la prohibición de la piratería biológica y de las patentes sobre organismos vivos, incluida la creación de variedades estériles mediante procesos de ingeniería genética. El programa de investigación agrícola internacional debe revisarse e incorporar las preocupaciones de los sectores más débiles de las sociedades rurales, que la investigación y las políticas agrícolas a escala nacional e internacional suelen olvidar. Además, hacemos un llamamiento en favor de una moratoria de la difusión de OMG hasta que todas las cuestiones relativas a la contaminación ambiental y las consecuencias para la salud se afronten debidamente sobre la base del principio de precaución y con la participación plena de las ONG/OSC y de la opinión pública. Los productos basados en OMG no se utilizarán como ayuda alimentaria en los foros tradicionales de agricultura.

III. Soberanía alimentaria

8. Cuestiones comerciales

Las normas internacionales sobre el comercio agrícola, institucionalizadas por la OMC y otros acuerdos comerciales de carácter regional, perpetuadas por los países del G8 y fomentadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional e instituciones financieras regionales, ha minado gravemente la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de los pequeños agricultores, sobre todo en los países en desarrollo. Aunque el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC permite realizar exportaciones con subvenciones muy altas, la mayoría de los países en desarrollo se ven obligados, por las normas comerciales o las políticas de ajuste, a abrir sus mercados locales al tiempo que se les niega el beneficio de las subvenciones permitidas a los países ricos. La mayor parte de las subvenciones en los países desarrollados va a parar a los grandes productores, las grandes empresas y las empresas transnacionales, que aplican prácticas agrícolas y comerciales insostenibles, en lugar de beneficiar a la agricultura familiar en pequeña escala. En muchas zonas rurales se ha obstaculizado en gran medida la producción local de alimentos, y la población rural dispone de escasas alternativas para generar ingresos a fin de comprar alimentos importados "baratos". Las políticas comerciales deberían encaminarse a permitir la prosperidad de un mayor número de grupos marginales en las zonas rurales. Por eso, las ONG y OSC utilizan el término "soberanía alimentaria" para señalar que se necesita un cambio de las políticas que fomente políticas agrícolas y comerciales a escala internacional favorables a los pequeños agricultores, las poblaciones indígenas y las comunidades pesqueras. Con la expresión "soberanía alimentaria" manifestamos la demanda de las organizaciones de la sociedad civil del derecho a definir sus propias políticas y estrategias para una producción, una distribución y un consumo sostenibles de los alimentos. Si se respetan las distintas culturas y la diversidad de los sistemas de producción agrícola de los campesinos, las comunidades pesqueras y las poblaciones indígenas, es posible contar como base con una producción de pequeño y mediano tamaño. En ese sentido, la soberanía alimentaria no supone la autarquía o el proteccionismo, ni va a representar el fin del comercio agrícola y pesquero internacional.

* Recomendaciones: las ONG y OSC exigen ante todo el final del dumping en todas sus formas; es decir, la venta de productos por debajo de su costo de producción. Las normas comerciales deben modificarse de forma que los pequeños agricultores y los grupos vulnerables de las zonas rurales puedan obtener ingresos suficientes y producir alimentos. Pedimos que la OMC deje de ocuparse de cuestiones relativas a la alimentación y la agricultura y que la FAO elabore un protocolo relativo a la seguridad alimentaria en el contexto de las relaciones comerciales. Proponemos la creación de un nuevo orden democrático y transparente para la regulación del comercio internacional.

9. Cuestiones relativas a la privatización (agua, mercados de tierras, etc.)

Las ONG y OSC están preocupadas porque en la actualidad se están depositando demasiadas esperanzas en la estrategia de privatización de bienes públicos y la fijación de los precios de recursos limitados para solventar los problemas de acceso y de escasez. Al frente de este proceso se encuentra la estrategia del Banco Mundial de introducir mercados de tierras efectivos en todas las zonas rurales con el fin de resolver la cuestión del acceso a la tierra. El hecho de que la cuestión de la reforma agraria vuelva a incluirse en los programas políticos es positivo, pero las ONG y OSC observan con preocupación que los mercados de bienes raíces no funcionan la mayoría de las veces, debido a las diferencias en los recursos con los que los participantes en el mercado deben negociar: por ejemplo, los grandes propietarios tienden a vender sus tierras más marginales. Además, la privatización de las tierras comunales puede dar lugar al desmoronamiento de los sistemas de ordenación de recursos comunales, como las terrazas y el riego en pequeña escala. No hay que olvidar que la redistribución de tierra a familias rurales que carecen de ella o poseen poca continúa siendo uno de los pasos más importantes para que el desarrollo rural tenga éxito. Las ONG y OSC también son escépticas en cuanto a que la privatización de los suministros hídricos vaya a favorecer a los grupos más marginales de las zonas rurales. Los mercados pueden funcionar en las zonas en las que los participantes cuentan con poder e información más parejos.

* Recomendaciones: las ONG y OSC están en contra de las políticas y los programas que pretenden reemplazar las iniciativas globales de reforma agraria por políticas que introducen un sistema basado en los mercados de tierras. Tememos que la privatización rápida y falta de sentido crítico de los bienes públicos o los objetivos de las políticas puedan reducir la accesibilidad a dichos bienes y su disponibilidad para los grupos más marginales.

10. Es necesario un modelo de democracia basado en el concepto de los derechos humanos sociales y económicos

Con el fin de aplicar todas las propuestas formuladas en el presente documento, debemos aclarar qué entendemos por una democracia que funciona. Para las ONG y OSC presentes, una democracia funciona bien cuando se trata de una forma inclusiva de democracia. La democracia inclusiva tiene un doble significado. En primer lugar, supone que todas las personas y los grupos afectados deben contar con opciones y oportunidades de participar en la toma de decisiones. Para conseguirlo se deben fortalecer los gobiernos nacionales y locales, que tienen la importante responsabilidad de combatir el hambre y la malnutrición, y además se ha de introducir o mejorar un mecanismo para una gestión responsable y eficaz. Al mismo tiempo, se debe fortalecer y ampliar la participación de organizaciones populares y ONG en todas las fases del proceso de adopción de decisiones políticas. El segundo significado de democracia inclusiva es que las políticas proporcionen garantías contra la exclusión social. En la actualidad, la distribución de la riqueza y el acceso a los recursos productivos están experimentando un proceso de concentración y monopolización rápidas. La supervivencia a largo plazo de la democracia depende de que se termine con los monopolios y de que se fomenten políticas e intervenciones gubernamentales para reducir la exclusión social existente. El hecho de que muchas partes no deban rendir cuentas por lo que atañe a su obligación de respetar los derechos humanos significa que no hay una democracia real. La falta de acceso seguro a los recursos productivos constituye un elemento decisivo del hambre y la malnutrición. Al abordar la necesidad de una democracia inclusiva y de unos derechos humanos económicos y sociales, como el derecho a una alimentación adecuada, estamos afrontando la "voluntad política perdida" con el fin de aplicar los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996.

Febrero de 2002