El gran daño del fracking a Colombia

Por Rodrigo Bernardo Ortega

El desastre provocado por la empresa Ecopetrol en el corregimiento La Fortuna en Barrancabermeja (Colombia), a causa del derramamiento de 550 barriles de petróleo, confirma una vez más el profundo daño social, económico y medioambiental ocasionado por la extracción de recursos del subsuelo. Según las investigaciones preliminares, 25 kilómetros del río Sogamoso están contaminados sumados a 49 cuerpos de agua. Al menos unos 2.500 animales murieron y 9 personas se encuentran con problemas de salud como consecuencia del derrame, sin contar los cientos de pescadores que se quedaron sin sustento. Lo más grave de todo es que según las proyecciones de los especialistas, el daño ambiental será reparado en 20 años (2038) pero, sin duda, quedarán secuelas permanentes (ver aquí). Este triste panorama muestra las catastróficas consecuencias de la sobreexplotación de minerales e hidrocarburos. Detrás de la evidente responsabilidad del gobierno colombiano están las empresas norteamericanas y canadienses que buscan lucrarse a costa de la naturaleza y la vida misma.

Por si no fuera poco con este escenario desolador, el ministerio de ambiente dio vía libre en 2017 al fracking en nuestro país. Esta técnica que se basa en la producción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales, simboliza la degradación a la que ha llegado el ser humano. En efecto, el fracturamiento hidráulico (nombre formal de este procedimiento) se trata, en pocas palabras, de la instalación de tuberías (de más de dos kilómetros hacia abajo y tres kilómetros de lado) para romper piedras que contienen petróleo usando agua a presión. No obstante, dada la infraestructura y el nivel de profundidad, el agua no llega con suficiente fuerza por lo que es necesario utilizar más de 130 químicos combinados con arena que potencializan su acción. El problema fundamental de esta técnica es que las filtraciones pueden contaminar las aguas subterráneas de manera definitiva. De igual forma, el producto que sale luego de la fractura de las rocas está altamente contaminado y puede llegar a la superficie.

Sin embargo, la torpe explicación brindada por la viceministra de energía, Rutty Paola Ortiz es que Colombia podrá aumentar las reservas de crudo en 3.000 millones de barriles, como si eso fuera la salvación del mundo (ver aquí). Por el contrario, el fracking es una práctica que trae consigo riesgos ambientales inminentes. En 2016, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos realizó un estudio en el que comprobó una afectación grave en la calidad y la disponibilidad del agua potable en ese país. De hecho, se calcula que se emplean 23 millones de litros de agua (mezclada con químicos) al mes en un pozo de fracking. Todo para sacar un recurso cada vez más devaluado, por lo que hacer este procedimiento no sólo es costoso en términos ambientales y económicos, sino también inútil porque las ganancias reducidas se concentran en pocas manos.

Habría que preguntarles a los defensores del fracking si es una técnica cuyos efectos secundarios se pueden mitigar, entonces ¿por qué países como Francia, Alemania, Bélgica, y Suiza tienen grandes restricciones o incluso prohibiciones definitivas a este procedimiento? La respuesta salta a la vista y es porque es una técnica depredadora de la naturaleza y sus efectos no pueden controlarse así se inviertan millones de dólares en abogados y científicos que busquen ocultar la verdad. De acuerdo con estimaciones, el agua empleada para romper las rocas es el equivalente a la de consumo doméstico de entre 2 y 7 millones de personas por año. Un completo absurdo. Dicho de otro modo, las multinacionales petroleras no conformes con los daños ambientales que las técnicas de producción tradicionales ocasionan, ahora pretenden que millones de familias en el mundo se mueran de sed para sacar un crudo envenenado.

Y el culpable de toda esta lógica retorcida no es otro que el gobierno de los Estados Unidos que ha hecho leyes a la medida para las multinacionales con el fin de explotar los recursos de países pobres que, como el nuestro, no tienen políticos competentes para defender la soberanía, entendida como la protección y cuidado del territorio. Se calcula que existen más de un millón de pozos de fracking en el mundo, causantes de temblores, escasez de agua y contaminación irreversible. En el telón de fondo siempre hay un actor en común: alguna empresa estadounidense. De hecho, el escenario geopolítico actual se caracteriza por la hegemonía de un nuevo actor en la producción de hidrocarburos. En el pasado quedaron los gobiernos de Arabia Saudita e Irak como los principales exportadores de crudo. Hoy, con 13 millones de barriles al día, el primer productor de petróleo es Estados Unidos. Parte del “éxito” de esta realidad ha sido la utilización del fracking como método de explotación. No conforme con los daños causados a la superficie y a las aguas de su país, el gobierno de Estados Unidos quiere propagar este mal por el mundo a través de poderosas multinacionales que están dispuestas a pagar grandes sobornos a gobiernos corruptos.

La Casa Blanca tiene un plan geoestratégico para utilizar el petróleo como un arma de presión a los países del sur. De igual manera, pretende dejar paulatinamente la dependencia de la importación de crudo de estados del Medio Oriente las cuales oscilan en el 40 y 45%. Convertido en el primer productor, Estados Unidos busca estabilizar los precios y reactivar una economía que ha estado en crisis por varios años. El proyecto incluye disminuir la dependencia de las importaciones, fortalecer las relaciones comerciales con Canadá (como quedó demostrado con el nuevo oleoducto Keystone XL) y presionar por diversas vías a terceros países para que implanten el fracking como método de extracción. En este sentido, el gobierno del presidente Trump ha encontrado en Colombia un lugar idóneo para llevar a cabo su plan depredador y en la empresa Ecopetrol un socio incondicional. Todo esto sin tener en cuenta los daños medioambientales provocados por esta técnica.

En el país ya comenzaron a observarse los impactos ambientales. En efecto, en la vereda Pita Limón de San Martín, Cesar, se encontraron rastros de una sustancia aceitosa en el agua extraída de pozos subterráneos para consumo doméstico. No es de extrañar que cerca de la vereda exista una planta de la empresa Conoco Phillips que utiliza el fracking para extraer hidrocarburos en la zona. Como era de esperarse la multinacional con sede en Texas negó cualquier responsabilidad en la evidente contaminación del agua y aseguró que se debe a otros factores ajenos al empleo del fracturamiento hidráulico. No obstante, todas las pruebas apuntan a que San Martín es el primer municipio colombiano afectado por la explotación no convencional de petróleo.

Sumado al desperdicio del agua, a la contaminación con químicos y a los sismos inducidos, el fracking significa además un problema de salud pública. Se ha logrado determinar daños sensoriales, respiratorios y neurológicos por el consumo de agua contaminada con sustancias como plomo, mercurio, radio, formol, ácido hidroclórico, plomo, entre otros productos químicos. No obstante, esa es la composición que entra a los pozos, el agua de desecho está aún más contaminada, pues es una mezcla de metales pesados, hidrocarburos y hasta materiales radiactivos presentes en el subsuelo. Las empresas de fracking almacenan esta agua altamente contaminada (e imposible de reutilizar) en pozos letrina. Haciendo una metáfora es el equivalente de esconder la basura debajo del tapete. Esta acción resulta inútil y peligrosa pues se ha comprobado que el agua se filtra y contamina acuíferos potables. Es un auténtico atentado a la naturaleza.

Volviendo al tema de la salud, algunas investigaciones han arrojado resultados inquietantes. Se estableció que al menos 25% de las sustancias utilizadas en la perforación de pozos pueden causar cáncer y malformaciones genéticas, el 37% afectan el sistema endocrino, el 40% puede provocar diversos tipos de alergia en la piel y el 50% afectar de manera irreversible el sistema nervioso (ver aquí). Desde esta perspectiva, el daño del fracking es holístico. El empleo de tecnología que perfora la tierra de manera indiscriminada, la inyección de veneno que amenaza con contaminar el agua potable y volver infértiles millones de hectáreas, y los daños a la salud de las personas son indicios más que suficientes para acabar de una vez con esta técnica. También se sabe que la perforación contribuye al aceleramiento del calentamiento global debido a las emisiones de gas metano.

A pesar de todos los argumentos económicos y ambientales que contradicen las supuestas bondades del fracking, existe un grupo de multinacionales que buscan instalarse a como dé lugar en Colombia. Además de la Conoco Phillips (quien tiene adjudicadas 33.714 hectáreas para la explotación de hidrocarburos), está la empresa Drummond de Canadá (cuyos permisos están casi listos para realizar fracking en el Cesar y en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta donde habitan indígenas de las etnias wiwa, wayúu y yupka). Por otra parte, la empresa Parex Resources también de Canadá, tiene actualmente pozos convencionales en Arauca y busca ampliar su espectro de explotación. También están involucrados los intereses de la Exxon Mobile de Estados Unidos, la empresa petrolera más grande del mundo y culpable de otros tantos desastres ambientales. Las dos últimas compañías tienen “asociaciones” con Ecopetrol, la misma empresa colombiana que hace pocos días causó un terrible daño ambiental referenciado al inicio del artículo. Pues bien, esa misma compañía a través de su director ejecutivo, Juan Carlos Echeverry, ha dicho que “si no permiten el fracking en Colombia, nos vamos para Brasil o Venezuela o para donde nos dejen”. Esta actitud desafiante e inconsciente muestra el panorama al que se enfrentan millones de personas que se verán afectadas con la extracción de hidrocarburos.

Pero la actitud del directivo obedece a la postura del gobierno nacional quien haciendo caso omiso de la evidencia científica ha optado, como siempre, por obedecer sin la más mínima reserva las directrices de Washington. La presión es tal que Ecopetrol no ha dudado en poner en marcha las pruebas necesarias y de esa manera la entrega de numerosas hectáreas para la explotación de hidrocarburos. Detrás de todo hay una actitud imperial de Estados Unidos que busca exportar un modelo que a pesar de los inconvenientes parece tener el futuro asegurado. El plan estratégico de Estados Unidos es abrir la mayor cantidad de pozos de fracking para equilibrar un poco el daño en su territorio y de esa manera acallar las críticas que ha recibido por parte de los grupos ambientalistas. En otras palabras, podemos estar asistiendo a la era del “imperialismo del fracking”, época que se caracteriza por como menciona el académico David Harvey, la acumulación por desposesión, es decir, la protección del sistema capitalista mediante la privatización y el acaparamiento de tierra.

Por esa razón, es necesario hacer un llamado a la sensatez. Si la extracción de crudo con el método tradicional era devastadora para el medio ambiente, el fracking es una técnica mucho peor. Desde toda perspectiva es un atentado, una clara forma de terrorismo. Lo preocupante es que en un país tan biodiverso como Colombia, el control de los recursos naturales está al servicio de las grandes multinacionales. Por eso es necesario decir que las empresas de fracking deben abandonar el territorio colombiano ya que la catástrofe puede ser incontenible. Más si se toma en cuenta que de acuerdo con expertos el futuro de esta técnica no está del todo claro pues si el precio del petróleo desciende por debajo de 80 dólares, las ganancias serían reducidas en comparación a la enorme inversión, pero sobre todo al profundo daño ambiental ocasionado.

¡No al Fracking en Colombia!