El derecho a resistir

Treinta y cinco agricultores filipinos, entre ellos 10 mujeres, -se arriesgan a una pena de prisión como consecuencia de 19 denuncias por robo interpuestas contra ellos en 2016 por propietarios de una gran finca cocotera. La finca cocotera es un foco de tensión agraria para la distribución de la tierra dentro del programa Filipino de reforma agraria. Ahora los agricultores tienen que recaudar más de 22.000 dólares USA de fianza para conseguir la libertad condicional. La pobreza y un reciente tifón que destruyó sus cultivos, les impiden conseguir esa suma, lo que ha llevado a muchos de ellos a esconderse, con el consiguiente abandono escolar de sus niños el curso próximo. La criminalización es uno de los medios utilizados por los propietarios de tierras y los intereses empresariales para acosar a los campesinos sin tierra y las comunidades rurales, y utilizando el sistema jurídico para oponerse a las reformas agrarias que amenazan sus monopolios de control y propiedad de las tierras. Casos similares pueden observarse en otros países del sur, donde las instituciones y estructuras de la Justicia se están convirtiendo en instrumentos de represión, y los procedimientos judiciales están manipulados por los que poseen en poder económico y político.

La violencia que acompaña a las luchas de los pueblos en favor de la soberanía alimentaria se ha convertido en algo tremendamente frecuente en todo el mundo. Esta adopta la forma de amenazas, intimidación, fuerza física y abuso de poder por parte de las agencies del Estado, las élites y los actores no estatales. Desde Camboya a Brasil, las comunidades rurales que defienden sus tierras, agua, bosques, recursos, modos de vida y sus derechos están cada vez más en peligro de sufrir violencia por parte de extractivistas y políticas/proyectos destructivos, a menudo en el nombre del “desarrollo”. Las mujeres, los jóvenes y los niños son especialmente vulnerables. La incapacidad sistemática de llevar a los autores de violaciones de los derechos humanos ante la justicia profundiza la cultura de impunidad y constituye una negación de los derechos de las víctimas a la justicia y la reparación.

Aunque la violencia, el abuso de poder y la impunidad no sean nada nuevo en la mayor parte del mundo rural, la violación de los derechos de los pueblos y la criminalización de quienes los defienden han crecido a niveles alarmantes en las últimas décadas [ 1]. Esto puede atribuirse al potente nexo entre los intereses políticos y empresariales, leyes represivas y un modelo de desarrollo que criminaliza a los que se oponen al acaparamiento de tierras, la deforestación, la minería, los embalses, y las injusticias socioeconómicas. Las comunidades locales y los movimientos de los pueblos que están poniendo en práctica y construyendo la soberanía alimentaria son blancos de primer orden, puesto que la soberanía alimentaria desafía directamente las narrativas de crecimiento económico y desarrollo que se basan en inversiones a gran escala, agricultura y sistemas alimentarios industriales, privatización y extractivismo. Un modo práctico y eficaz de menoscabar la soberanía alimentaria es neutralizar a los que la defienden. La violencia legal y física se han convertido en las armas favoritas para silenciar la disidencia y la oposición por parte de empresas, élites y de muchos gobiernos, impidiendo con ello que las personas puedan imaginar otros mundos diferentes del paradigma económico dominante.

No obstante, las comunidades y los movimientos populares en todo el mundo se están organizando para acabar con la criminalización de los pequeños productores de alimentos y con al impunidad de los principales responsables en el sector público y empresarial, incluso en países donde los espacios para una genuina democracia están retrocediendo o son inexistentes, como por ejemplo India, Pakistán, Filipinas, Camboya, Tailandia, Ecuador, Brasil, etc. Estas luchas persiguen defender la dignidad humana y la naturaleza, proteger los derechos y libertades fundamentales, y conseguir que las instituciones, estructuras, y los que ostentan el poder, rindan cuentas. El compromiso inquebrantable de los movimientos populares de defender la soberanía alimentaria pone de manifiesto la importancia de fortalecer y defender alternativas al neoliberalismo y al poder de las grandes empresas, así como de articular el bienestar y el progreso desde las perspectivas de aquellos que han sido víctimas de las diversas formas de injusticia, especialmente las mujeres.

Nota:

[1] Ver el Boletín Nyeleni núm. 14 Derechos y Represión aquí y el volumen III núm. 4 de la Newsletter de agosto de 2016 aquí

Fuente: Boletín Nyéléni N° 30