El Salvador: Lecciones para la defensa del agua

Las noticias en los medios han reconocido el papel de las comunidades, las organizaciones, los legisladores, los gobernantes y la iglesia católica en El Salvador en esta decisión importante. Pero, en el norte del país, en donde el largo y difícil camino hacia este momento empezó hace más de 12 años, son las vidas de personas como Marcelo Rivera las que se han estado recordando y honrando.

Marcelo fue un educador popular muy querido en su comunidad. Fundó la Casa de la Cultura en la municipalidad de San Isidro en el departamento de Cabañas. Allí fue donde la empresa minera canadiense Pacific Rim Mining inició sus intentos de abrir una mina de oro en 2002. Los agricultores, al poco tiempo, mostraron su desacuerdo con su presencia ante los impactos de la exploración minera en sus fuentes de agua, además de sentirse agredidos por la actitud de la compañía.

Con base en estas experiencias, Marcelo y muchos más en el departamento de Cabañas trabajaron incansablemente junto con los agricultores y los pobladores de la zona rural para informarse y aprender de otras experiencias de lucha contra la minería de oro en Guatemala y Honduras, en donde estaba operando otra minera canadiense, Goldcorp. También consultaron a especialistas en la materia sobre la propuesta emitida por la empresa Pacific Rim.

En poco tiempo, estos esfuerzos locales se consolidaron en la conformación de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica. Esta coalición, además de otros grupos, emprendieron investigaciones sobre la contaminación ambiental por la minería, así como sobre los posibles riesgos que enfrenta El Salvador por la existencia de proyectos mineros en Guatemala y Honduras que están sobre una cuenca hidrográfica que abarca los tres países. Se evidenciaron los grandes riesgos vinculados al agua para este país densamente poblado, que depende de una sola cuenca hidrográfica, y donde ya hay escasez de la misma.

Los trabajos emprendidos fueron la base para impulsar el proceso de prohibición para la minería metálica en el país que, desde 2009, logró una moratoria efectiva sobre la actividad.

Durante este proceso, tal como ha sucedido en muchos lugares de América Latina en donde se trata de imponer la minería sin el consentimiento del pueblo afectado, la presencia de la empresa Pacific Rim generó conflicto, creando división social y violencia. A finales de junio de 2009, el cuerpo sin vida y con señales de tortura de Marcelo Rivera fue encontrado en un pozo. Seis meses después, dos ambientalistas más de la zona, Ramiro Rivera y Dora Alicia Soto, fueron asesinados. Al momento de su muerte, Dora estaba embarazada y a punto de dar a luz. En 2011, Juan Francisco Durán, también parte del movimiento local en contra de la minería, fue asesinado. En un contexto de altos niveles de impunidad para este tipo de crímenes, los citados nunca han sido plenamente investigados. Pero, en Cabañas y en todo El Salvador, Marcelo, Ramiro, Dora y Juan Francisco han seguido muy presentes.

Unos meses antes de que Marcelo fuera brutalmente asesinado, la empresa Pacific Rim inició una demanda multimillonaria en contra del gobierno de El Salvador, argumentando que el Estado tenía la obligación de otorgarle el permiso para explotar reservas de oro, a pesar de que la empresa nunca cumplió con los requisitos legales para ello.

En este contexto, es importante destacar que actualmente, a nivel global, hay más de 3.000 tratados y acuerdos que protegen la inversión extranjera, lo que permite a empresas como Pacific Rim demandar en tribunales internacionales –como el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) del Grupo del Banco Mundial– a los países cuando toman decisiones que podrían afectar a sus ganancias. No importa que estas empresas no hayan cumplido con las leyes locales, mucho menos que hayan violentado los derechos humanos o generen daños a la salud o al medio ambiente de las comunidades en donde operan.

Durante siete años, la demanda en contra de El Salvador congeló cualquier intento para aprobar la prohibición de la minería metálica. Desde finales del 2013, la empresa minera australiana y canadiense OceanaGold asumió esta demanda al haber comprado Pacific Rim –al borde de la bancarrota–, y continuó con el proceso.

El pasado octubre, el CIADI del Grupo del Banco Mundial falló unánimemente en contra de OceanaGold y le ordenó pagar ochos millones de dólares de costos legales al Estado salvadoreño, aunque estos habían sido superiores a los 13 millones. La empresa no ha realizado el pago dictado en la sentencia y aún no se sabe si lo harán, a pesar de que a finales de marzo recibió un nuevo recordatorio del tribunal indicando que su deuda aún estaba pendiente.

La decisión en contra de OceanaGold fue el punto de inflexión que El Salvador necesitaba para tomar el control de su propio destino. El 80% de la opinión pública estaba, según algunas estimaciones, a favor de la prohibición de la minería metálica en el país. Y su deseo se convirtió finalmente en ley.

El caso pone de relieve que el agua es un tema de vida o muerte en este país centroamericano. Es así en El Salvador, y otras muchas partes de la región y del mundo en las que el resultado de la minería metálica a gran escala ha significado la ruptura del tejido social, la destrucción de bosques y de fuentes hídricas, así como el desplazamiento y despojo de comunidades enteras, perjudicando o eliminando otras actividades económicas vinculadas al territorio y trastocando las diversas formas de vida basadas en lazos identitarios y culturales.

Además, cuando las poblaciones afectadas han dicho no a la minería metálica por los impactos negativos que conlleva, como en el caso de El Salvador, en demasiadas ocasiones han sufrido la violencia y la persecución legal, además de las demandas en contra de los países en los casos en donde se han logrado poner algunos límites a esta actividad como en Costa Rica, Colombia, Ecuador y Rumanía, entre otros.

El Salvador enfrentó cada uno de estos desafíos para hoy decirle al mundo que su soberanía no está en venta, y que la protección de su entorno, ya de por sí frágil y muy vulnerable, vale más que el oro. Dentro de un contexto internacional tan asimétrico para quienes defienden sus ríos, cerros, bosques, formas de vida y culturas, esta victoria reivindica la lucha de muchas poblaciones afectadas por la minería en el mundo, y sirve de inspiración: sí es posible enfrentar a tan poderosos intereses... y ganar.

Jen Moore es de MiningWatch Canadá, una iniciativa que tiene como objetivo atender la necesidad de una respuesta de interés público coordinada ante las amenazas a la salud pública y a los intereses comunitarios causados por las políticas y prácticas irresponsables de minería en Canadá y en todo el mundo.

Fuente: M4