El pueblo Kichwa se opone a la conservación excluyente del Parque Nacional Cordillera Azul

Pronunciamiento de Federaciones Kichwa Frente a la Conservación Excluyente y
Discriminatoria de la ONG CIMA y el Estado

El Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonia (CEPKA), la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa de Chazuta (FEPIKECHA) y la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga de la Región San Martín (FEPIKBHSAM), organizaciones indígenas integrantes de la Coordinadora de Defensa y Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (CODEPISAM) del Perú, expresamos nuestro profundo malestar e indignación por la visión excluyente y discriminatoria que persiste torno a la conservación en el Perú, y se hace a costa de los bosques que hemos ocupado, protegido y manejado de manera ancestral, y la vulneración de nuestros derechos fundamentales.

El miércoles 7 de julio la ONG CIMA y Hernández & CÍA Abogados, junto al SERNANP, MINAM, Verra y Total Energies, organizaron un conversatorio sobre los mecanismos para la conservación de la naturaleza que estas instituciones llevan a cabo, especialmente en el caso del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ). Se expusieron los supuestos logros de mecanismos como REDD+ y los mercados de carbono en el marco de los compromisos del Acuerdo de París.

Preguntamos abiertamente ¿Hubo alguna voz indígena invitada a expresarse en este evento de “expertos”? No. Y esto se da porque estas instituciones siguen sesgadas por un modelo desfasado de conservación. Esta es una conservación excluyente porque al momento de establecer el PNCAZ no se tomó en cuenta la existencia de nuestras comunidades Kichwa que ya ocupaban el área, quienes han tejido sus historias, sus saberes y sus relaciones con estos bosques y territorios por siglos. Menos aún se aseguró nuestro derecho a la participación efectiva, que incluye el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) como obligación del derecho internacional en materia de derechos humanos, aplicable en virtud de la Convención Americana y el Convenio 169 de la OIT, entre otros.

Como pueblo kichwa preguntamos a las y los encargados del SERNANP, ¿de qué gestión integral del territorio se habla cuando se excluye a los pueblos ancestrales? Nos preocupa que se crea todo lo que se dice de la sostenibilidad a mediano y largo plazo y el supuesto éxito de este modelo de conservación expresado en el conversatorio virtual, ¿éxito para quién y a qué costo para el pueblo Kichwa? ¿y nuestros derechos y medios de vida tradicionales?

Afirmamos que las instituciones que participaron en el conversatorio virtual manejan una visión discriminatoria, porque a lo largo de los años los únicos beneficiarios del mercado de bonos de carbono han sido las instituciones que han organizado el conversatorio virtual, mientras quienes hemos “administrado el área” –usando la jerga del SERNANP- ancestralmente hemos sido nosotros y nosotras del pueblo kichwa.

SERNANP, CIMA, MINAM, ustedes no conversan de manera horizontal con nuestras comunidades ni con sus federaciones representativas. En una última declaración, el ministro del Ambiente menciona que a través del Parque Nacional Cordillera Azul y una empresa internacional del sector extractivo se ha efectuado la venta de bonos de carbono más grande en la historia del Perú por 87 millones de dólares. Sin embargo, no existe mayor diálogo ni redistribución de beneficios para con las organizaciones indígenas.

Recordando la inexacta intervención del representante de Verra cuando habló de distribución equitativa de beneficios a nuestras comunidades Kichwa y nuestras federaciones, señalamos:

• No tenemos idea de cuál es el monto real de dinero que llega al PNCAZ por la venta de créditos de carbonos en mercados especializados y en qué se está gastando ese dinero.
• No sabemos oficialmente cuántos créditos de carbono han sido vendidos desde que se estableció el Proyecto REDD+ del PNCAZ.
• No sabemos quiénes son los involucrados como beneficiarios de la venta de estos créditos de carbono y cómo fue ese proceso de priorización y selección de actores.
• ¿Es razonable para ustedes que un taller considerado de “fortalecimiento de capacidades” para las comunidades asentadas en la zona de amortiguamiento cuente como haber recibido un pago directo por los créditos de carbono que produce el PNCAZ? Si fuese así, ¿Por qué el pueblo Kichwa no participó de esta decisión y la tomaron unilateralmente de arriba hacia abajo?

No, señores y señoras “expertos” en la conservación, a puertas del bicentenario de la República, basta de ninguneo y de invisibilizar nuestro rol en la conservación. Ya fue suficiente.

El Estado tiene la obligación de asegurar que los pueblos indígenas reciban una participación equitativa en la distribución de los beneficios derivados de cualquier actividad que se haya realizado en sus territorios consuetudinarios. Este requisito fue establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Saramaka, y ha sido afirmado en muchos otros casos, incluyendo el reciente caso de los Pueblos Kaliña y Lokono. Asimismo, la participación en los beneficios está anticipada de manera explícita en el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT, así como el artículo 8.j del Convenio de Diversidad Biológica, que reconoce que este derecho incluye actividades de conservación como lo son las áreas naturales protegidas.

Por ello, desde el pueblo kichwa exigimos que los recursos económicos percibidos sean justamente distribuidos, pues ¿cómo es posible que organizaciones externas y trasnacionales perciban beneficios mientras nosotras y nosotros no somos escuchados? ¿de qué manera se han designados a los equipos técnicos y legales que se encargan del tema?

Manifestamos también nuestra profunda preocupación desde nuestras federaciones que un estudio de abogados como ‘Hernández y Cia’ esté sentado en la mesa con el MINAM, con el SERNANP y otros “expertos” en la conservación. Pareciera que el Ministro del Ambiente no se ha enterado que este estudio ha asesorado legalmente al Grupo Melka y al Grupo Ocho Sur, empresas de palma aceitera asociadas con la deforestación masiva y violaciones de derechos humanos a nuestros hermanos y hermanas del pueblo shipibo-konibo de Ucayali.

¿Es esa la cara de la conservación y protección de los bosques en el Perú? ¿Quitar territorios indígenas para crear un área protegida y luego sentarse a la mesa a conversar con quien avala la deforestación de miles de hectárea en otra región amazónica?

¡Qué culpa tenemos que nuestras riquezas terminen en manos de esos wiracuchas, que lleven lo nuestro a otros y todavía sin que lo sepamos!

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Fuente:  Forest Peoples Programme