El llamado urgente de los pueblos indígenas

Reconocimiento de sus territorios, respeto a los saberes ancestrales y cese a la violencia:
el llamado urgente de los pueblos indígenas

Sin embargo, a pesar de la presencia tan significativa de esta población en Latinoamérica, existe una serie de demandas y exigencias que no han sido resueltas a lo largo de los años. La falta de recursos, el acceso a la educación y a una atención de salud de calidad, así como la vulnerabilidad frente al cambio climático y las presiones constantes en sus territorios son solo algunas de las deudas pendientes que se han acentuado con la pandemia del COVID-19.

«Enfrentamos una múltiple crisis en los últimos años, pero la emergencia sanitaria develó todo eso», dice Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), quien explica que esto los llevó, en el 2020, a declarar en emergencia sanitaria, climática y de derechos humanos a los pueblos indígenas amazónicos.

Por eso, comenta Díaz Mirabal, han empezado a conversar con los países más influyentes del mundo para presentar las líneas estratégicas que deben regir los destinos de estos pueblos de la Amazonía.

«Hemos conversado con el gobierno norteamericano», menciona Díaz Mirabal, para referirse a la cita que tuvieron las organizaciones indígenas con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y los representantes del Congreso norteamericano luego de la Cumbre Mundial del Clima, realizada en abril de 2021.

«Tenemos que salir porque las soluciones no están llegando a los territorios indígenas. Si seguimos esperando, seguirán matando a nuestra gente, seguirán contaminando la selva, entregando concesiones petroleras, mineras, y continuará la deforestación», reclama el coordinador general de la Coica.

Son cinco las líneas estratégicas que menciona el líder de Coica, las mismas que, asegura, son clave para mirar con esperanza el futuro de la Amazonía y de los pueblos indígenas.

En esta lista figuran la seguridad jurídica territorial, el derecho a la consulta previa, el cese de la violencia contra líderes indígenas y ambientales, el acceso al financiamiento climático y la protección del conocimiento indígena territorial como eje transversal para las soluciones al cambio climático.

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, líderes representativos de cuatro países amazónicos —Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia— reflexionan sobre cada uno de estos puntos, así como sobre la situación actual de los pueblos originarios.

1. Una protección efectiva de sus territorios

Los pueblos indígenas del mundo ocupan por lo menos 3800 millones de hectáreas en el planeta, aproximadamente la cuarta parte de la superficie terrestre, señala el estudio  El Estado de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, un análisis elaborado por 30 expertos en conservación y en colaboración con líderes indígenas y organizaciones de derechos humanos.

El documento publicado en junio de 2021, también indica que el 91 % de las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales se encuentran en buen estado.

Pero a pesar de que este y otros estudios han demostrado que los pueblos indígenas son los que mejor conservan los bosques, aún existen muchos problemas en la titulación de sus territorios. Díaz Mirabal señala que por lo menos 100 millones de hectáreas están pendientes de titulación en la Amazonía, mientras enfatiza que no se debe olvidar que «las tierras mejor cuidadas están en los territorios indígenas».

A esta necesidad de reconocimiento legal de sus tierras, se suman, advierten, las presiones sobre sus territorios bajo la excusa del desarrollo económico. Ruth Alipaz, de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), explica lo que está pasando en los territorios indígenas de su país.

«Ahora, con la reactivación económica, la única forma que ven los gobiernos para poner en práctica sus planes económicos es el extractivismo, y eso se realiza en los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas», comenta Alipaz.

Pero no es la única, Patricia Gualinga, lideresa de la etnia kichwa de Sarayaku y activista en favor de la defensa de los derechos de los pobladores indígenas, resalta que existe «un tema pendiente y que no se toma seriamente en cuenta que es la conservación de la Amazonía». Gualinga asegura que no hay un reconocimiento real de que este bioma es vital para la humanidad. «Esa es una deuda de todos los gobiernos del mundo hacia los pueblos y los ecosistemas amazónicos».

En abril de 2021 se publicó el informe Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques, que indica que las tasas de deforestación en los territorios indígenas son mucho más bajas que fuera de ellos.

Este estudio, realizado sobre la base de más de 300 estudios sobre pueblos indígenas publicados en las últimas dos décadas, reveló hasta qué punto la ciencia ha demostrado que los pueblos indígenas han sido mucho mejores guardianes de sus bosques en comparación con los responsables de los demás bosques de la región.

«El territorio es nuestra casa», agrega el líder Waorani Oswando Nenquimo, hermano de la reconocida lideresa Nemonte Nenquimo, para explicar por qué la defensa de sus bosques es prioritaria.

2. El respeto a la consulta previa

«En el tema de derechos ha habido un avance por el esfuerzo de los pueblos indígenas, pero en los países no hay una aplicación efectiva», dice la lideresa kichwa Patricia Gualinga, sobre el respeto a la consulta previa libre e informada.

La lideresa kiwcha recuerda la demanda interpuesta por los sarayaku contra el Estado ecuatoriano, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH ), luego de que el último permitiera a una empresa realizar actividades de exploración de hidrocarburos dentro de su territorio. El conflicto se agudizó cuando, sin permiso del pueblo sarayaku, se sembró incluso alrededor de una tonelada y media de explosivos dentro del bosque. El proceso duró más de 10 años y entre otras cosas, la CIDDHH determinó que el Estado ecuatoriano violó el derecho a la consulta previa y lo declaró responsable por poner en riesgo la vida e integridad del pueblo de Sarayaku. Lo más preocupante es que esta sentencia «no se ha terminado de cumplir. Aún hay explosivos enterrados y no se ha respetado que esto no vuelva a ocurrir», agrega Gualinga.

Protestas similares se presentan en varios países de América Latina. Las demandas por la vulneración de los derechos indígenas en los procesos de consulta previa o por la ausencia de esta forman parte de los reclamos frente al avance de proyectos petroleros y mineros, así como de grandes obras de infraestructura.

«Más que consulta, muchas veces es imposición del Estado sobre un proyecto que le interesa. Nosotros buscamos concertación en igualdad de condiciones. Si el pueblo indígena no quiere se debe respetar su decisión», señala Shapiom Noningo, secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, el primer gobierno autónomo indígena en Perú. Este escenario no es muy distinto en Bolivia, indica Alipaz, quien se refirió al decreto supremo 29033 que reduce el plazo para este proceso de tres meses a solo dos meses en su país: «Han modificado las normas de la consulta previa. Si no se responde favorablemente, el gobierno toma la decisión».

3. Amenazas y asesinatos a líderes indígenas

América Latina es la región con mayor cantidad de líderes ambientales e indígenas asesinados. Según el último informe de la organización Front Line Defenders, en el 2020 mataron al menos a 331 líderes en el mundo y de ellos, 264 se presentaron en el continente americano.

Colombia, Honduras y México ocupan los primeros lugares en la lista de quienes perdieron la vida en su lucha por la defensa de la tierra, el medio ambiente, los pueblos indígenas, las mujeres y la comunidad LGBTIQ.

Colombia es el país con más asesinatos en el mundo y en el continente, 177 durante el 2020. A nivel Latinoamérica le sigue Honduras con 20, México con 19, Brasil con 16, en Guatemala 15 y en Perú 8. El 2020 ha sido un año crítico para los derechos ambientales e indígenas en la región.

«La violencia y los asesinatos deben parar», reclama Diaz Mirabal, coordinador general de la Coica. «Durante la pandemia aumentaron las concesiones petroleras y mineras sin consulta y la Amazonía es ahora la región más peligrosa del planeta».

Desde Colombia, Norka Pareja Ortíz, representante de Fuerza de Mujeres Wayuu, confirma que en los últimos dos años ha crecido la violencia y los asesinatos a líderes, lideresas y defensores del medio ambiente. «Durante la pandemia se agudizó la situación de los defensores indígenas y ambientales porque estábamos dentro del territorio, en cambio anteriormente podíamos movilizarnos de un lugar a otro. Con la pandemia ya no era posible y fue cuando crecieron los asesinatos a los defensores».

Pareja menciona que los pueblos indígenas están ubicados en territorios donde se instalan proyectos extractivos, pero también en una especie de corredor del narcotráfico y otras actividades ilegales, situaciones que incrementan el riesgo para los pueblos indígenas.

Una situación similar se vive en Perú por el avance de la ilegalidad. Una de las regiones más afectadas ha sido Ucayali, donde durante el 2020 se detectaron 46 pistas de aterrizaje clandestinas y 42 mil hectáreas de bosques deforestados. De esta cifra, 8000 corresponden a territorios de comunidades nativas.

«Los indígenas estamos muriendo, pese a las alertas y advertencias. Hacemos un llamado a las autoridades para tomar acciones inmediatas», ha dicho Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), en más de una oportunidad.

En una presentación en marzo de 2021, Diques informó que la mayor causa de deforestación en los territorios indígenas de esa región se debía a los cultivos ilegales de coca y al narcotráfico, una situación que ha puesto en peligro a las comunidades nativas. La cifra es preocupante: ocho líderes indígenas asesinados en los últimos 15 meses.

Desde Bolivia, Ruth Alipaz menciona que en el Chaco hay por lo menos cinco líderes y lideresas indígenas procesadas por defender su territorio. La criminalización es un mecanismo utilizado para amedrentar y frenar la lucha de los pueblos indígenas, como lo dijeron diversos líderes y expertos en una reciente publicación de Mongabay Latam. «Cuando reclamamos nos denuncian y nos inician procesos, eso es criminal».

4. El destino de los fondos climáticos

La Coalición  LEAF – Reduciendo Emisiones a través de la Aceleración del Financiamiento Forestal, iniciativa público-privada que tiene por objeto movilizar por lo menos mil millones de dólares en financiamiento climático hasta el 2026, nuevamente abre el debate sobre cómo se destinan esos fondos.

«Hay estudios que demuestran que solo el 1 % de los fondos climáticos llegan a los pueblos y territorios indígenas», dice Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de Coica.

Patricia Gualinga, desde Ecuador, recuerda que las voces y propuestas de los pueblos amazónicos deben ser tomadas en cuenta. «No están tomando la visión propia de los pueblos indígenas y su aporte grande en equilibrio en el cambio climático. Tienen que mirar a los pueblos indígenas y sus propuestas como selva viviente».

Tener una mayor participación y ser más escuchados, es una visión compartida por varios líderes de la región. Shapiom Noningo, dirigente wampis de Perú, demanda un mayor protagonismo en el destino de los fondos climáticos, considerando que «los bosques en pie están en los territorios indígenas, donde nosotros vivimos».

Noningo agrega que se conoce cuánto aportan los bosques y las fuentes de agua de la Amazonía. «Nos hemos comprometido a cuidar los bosques, pero ese dinero no llega a la Amazonía. Las reglas tienen que cambiar, debemos ser beneficiarios de un porcentaje de los fondos».

El representante de la Nación wampis también habla sobre la contribución de los bosques al equilibrio frente a la crisis climática. En ese sentido menciona, por ejemplo, los resultados de diversos estudios que señalan una cifra que supera las 50 millones de toneladas en la captura de carbono anual en el territorio de la Nación wampis, con un área que supera el millón de hectáreas. «En dos años el territorio wampis capta una cifra superior a lo que el Perú se ha comprometido a reducir en los próximos diez años».

Chris Van Dam, coordinador del componente comunidades de la ONG Forest Trends, señala en su investigación  La Economía de la Mitigación del Cambio Climático en Territorios Indígenas, que cuando se definió el mecanismo REDD+, los gobiernos de los países amazónicos le pusieron mayor atención a aquellos actores que pueden reducir la deforestación y luego mitigar emisiones, y no a quienes cuidaron y conservaron  históricamente los bosques. En ese camino, concluye, los pueblos indígenas que mantenían su selva intacta han quedado excluidos del mecanismo de pago por captura de carbono.

5. El valor de los conocimientos ancestrales

Un análisis a nivel global publicado en setiembre de 2020 en la revista Science Advances definió las áreas terrestres esenciales para la biodiversidad y la resiliencia climática. La investigación titulada  Red de Protección Global para revertir la pérdida de la biodiversidad y estabilizar el clima de la Tierra destaca la importancia de salvaguardar y restaurar la naturaleza para abordar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la aparición de nuevos virus, como el COVID 19.

Esta publicación académica también destaca la importancia de los territorios indígenas en la protección de la biodiversidad y su rol para revertir el cambio climático. «La presencia sostenida de comunidades indígenas dentro de áreas intactas puede tener beneficios a largo plazo tanto para la biodiversidad como para el almacenamiento de carbono», se lee en el documento.

«En este momento que hay escasez de agua dulce en el mundo, que están desapareciendo los bosques tropicales y la biodiversidad está en proceso de extinción, la Amazonía debe tener un plan que contemple la sabiduría de los pueblos, ese conocimiento para mantener nuestros bosques que nos ha acompañado en los últimos 5000 años», dice Díaz Mirabal, coordinador general de Coica.

En Ecuador, Oswando Nenquimo habla de la necesidad de unir los saberes ancestrales con el conocimiento académico. «Hay que unir dos mundos, el nuestro y el de occidente, para entender que los pueblos tenemos diferentes modos de vivir y diferentes formas de pensar».

La lideresa boliviana Ruth Alipaz menciona cómo los saberes indígenas fueron clave durante la pandemia. «Los territorios indígenas son espacios de vida con nuestros sistemas sociales, culturales, económicos, de saberes ancestrales y de medicina tradicional que en esta pandemia esencial para nuestra supervivencia».

Alipaz se refiere a las carencias de los sistemas de salud pública y la falta de acceso a ellos de los pueblos indígenas, una situación que los condujo a valerse de las plantas medicinales para enfrentar el Covid-19. «En las comunidades no tenemos ni enfermeras ni postas. Si no tenemos acceso a ese servicio ¿qué hacemos?, pues aplicar el conocimiento de las plantas medicinales y los rituales para evitar las enfermedades. Cuidar el territorio significa también proteger esos conocimientos».

Si bien todos saben que los pueblos indígenas conservan mejor los ecosistemas —agrega Gualinga, de Ecuador— lo que olvidan es que eso se ha logrado también con conocimiento científico. «Somos guardianes reales con conocimientos profundos que la ciencia está empezando a reconocer. Pero es una deuda aún vigente».

Fuente: Mongabay