El Tratado entre Mercosur y la UE, ¿oportunidad histórica o “acuerdo vampiro”?

La falta de transparencia en la tramitación de este tipo de acuerdos tiene que ver con que su implementación deja ganadores y perdedores. Del lado de la Unión Europea, entre los sectores que más se beneficiarán del acuerdo están las empresas del sector automotriz, la industria química y los servicios, pero también el sector farmacéutico, agropecuario, energético, minero y la banca.

Del lado del Mercosur, los mayores ganadores son los exportadores agropecuarios y, en particular, los grandes frigoríficos brasileños. “Son los grandes productores y exportadores los que se van a beneficiar, no los pequeños y medianos productores”, afirma Luciana Ghiotto, miembro de TNI y Attac Argentina y coautora del libro  El Acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Estudio integral de sus cláusulas y efectos, que analiza críticamente las consecuencias que tendría el tratado de ser ratificado.

Ghiotto concluye que el acuerdo “congelaría las asimetrías comerciales entre ambos bloques, haciendo más difícil de cambiar el hecho de que el Mercosur exporta fundamentalmente productos con bajo valor agregado, como carne, soja o zumo de naranja”. Pero tampoco saldrán bien parados los ganaderos al otro lado del Atlántico: el sindicato agrario COAG ha estimado las pérdidas para los agricultores españoles en  unos 2.700 millones de euros al año.

Empresas cárnicas brasileñas como JBS, Marfrig, BRF y Minerva se han convertido en líderes del sector a nivel global. Los que exportan ya grandes cantidades de carne vacuna, como JBS, podrán hacerlo con aranceles mucho más bajos. Actualmente, la llamada  “cuota Hilton” permite exportar de Brasil a la UE 46.000 toneladas de vacuno al año a un arancel del 20%; ahora, esa cantidad no pagará arancel, y se añade una nueva cuota de 55.000 toneladas con un arancel del 7,5%. De este modo, estas empresas acumularán beneficios, a pesar de que las investigaciones de organizaciones como  Amigos de la Tierra,  Greenpeace,  Repórter Brasil,  Amnistía Internacional,  Imazon y  Mercy For Animals han probado su vínculo con la deforestación de la selva amazónica y de otros ecosistemas vulnerables, como  el Chaco y el Cerrado.

Estas empresas cárnicas brasileñas son  financiadas por entidades bancarias como el Banco Santander, que entre 2014 y 2019 fue la segunda entidad bancaria europea que más financió a JBS, Marfrig y Minerva, directamente vinculadas con la deforestación en la selva amazónica. La ratificación del acuerdo comercial UE-MERCOSUR puede suponer el aumento de la inversión en actividades de deforestación por parte de las instituciones financieras de la Unión Europea. Según Mute Schimpf, responsable de Alimentación de Amigos de la Tierra Europa, “este acuerdo facilitaría las actividades de los bancos y los inversores de la UE en la financiación de la deforestación en los países del Mercosur, agravando así la amenaza a la que se enfrentan los bosques y las tierras de las comunidades”.

Con este tratado, “el sector cárnico tendrá una oportunidad de incrementar sus exportaciones o, al menos, de mejorar su rentabilidad gracias a la reducción de aranceles”,  concluyen los analistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Algo parecido sucede con la producción de soja. En este caso, las exportaciones de soja del Mercosur a la UE, que alcanzaron los 2.188 millones de dólares en 2019, ya carecen de arancel, pero las empresas agroexportadoras pagan retenciones en Argentina. Tales regalías deberán reducirse a un máximo del 14%, lo que implica una pérdida de soberanía en la política económica del país austral, en un sector que resulta clave para su economía y que ha sido fuertemente cuestionado por el uso intensivo que requiere de agua, tierra y  agrotóxicos con implicaciones severas para la salud de cuerpos y territorios.

Menos garantías para las consumidoras

También disminuirán, de firmarse el acuerdo, los controles en las aduanas, lo que preocupa a sectores críticos en Europa, alertados por el excesivo uso de agroquímicos en los monocultivos de soja, así como de hormonas y antibióticos en las macrogranjas. El informe  El verdadero coste del Tratado UE-Mercosur, de Amigos de la Tierra, documenta que Brasil usa 149 pesticidas prohibidos en Europa, y que la relajación de los controles de productos importados desde los países del Mercosur podría exponer a los consumidores europeos a la ractopamina, una hormona del crecimiento que está prohibida en 160 países, incluidos todos los de la UE, pero que se utiliza en Argentina y Brasil. Por todo ello, se teme que, de salir adelante el acuerdo, tenga un impacto que perjudique la salud de los y las ciudadanas europeas.

Esta relajación en los controles aduaneros y el incentivo a la importación de carne de vacuno del Mercosur puede hacer que España aumente el volumen de carne de ternera procedente de zonas deforestadas de Brasil y  comercializada en los supermercados españoles, muy difícil de rastrear su trazabilidad por las deficiencias de la legislación en el etiquetado actual, principalmente en la carne procesada. Entre 2014 y 2019, España importó 48.157 toneladas de vacuno de Brasil, siendo en 2019 el cuarto país europeo en cuanto a volumen de importaciones de carne de vacuno de zonas afectadas por la deforestación en Brasil.

Incrementar importaciones de soja y vacuno implicaría, además,  un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que profundizan el cambio climático, debido tanto a la deforestación ligada a la expansión del modelo del agronegocio como al aumento del transporte en buques de carga. Según la  comisión de expertos independientes que evaluó el impacto del acuerdo, implicaría la deforestación de 700.000 hectáreas en los seis años que seguirían a su aplicación, especialmente de la Amazonia. España es en la actualidad el tercer país europeo en  huella de carbono asociada a la importación de carne de vacuno procedente de zonas deforestadas de Brasil, según  un reciente estudio de Earthsight.

El riesgo de los protocolos ‘ad hoc’

El acuerdo, fraguado a lo largo de dos décadas de negociaciones, la mayor parte del tiempo secretas, se encuentra hoy en fase de “revisión técnica y legal”, lo que en inglés se conoce como scrubbing. En esa fase, explica Ghiotto, es habitual que se introduzcan reformas importantes al texto, con una falta de transparencia aún mayor que en el resto del proceso. Después, el texto deberá traducirse a todas las lenguas de la UE, para pasar a su ratificación por el Consejo Europeo y por cada uno de los países del Mercosur. De aprobarse por el Consejo, pasaría a los parlamentos nacionales, pero ya no el texto completo: la parte clave del tratado, la relativa a la política comercial, puede entrar en vigor aun sin la ratificación en los parlamentos nacionales, como de hecho sucedió con el TLC suscrito entre la UE y Colombia.

Del lado europeo, se ha colocado sobre la mesa la preocupación por las políticas medioambientales del presidente Jair Bolsonaro: durante su primer año en el poder,  la deforestación creció un 85% en Brasil. Un  informe reciente encargado por el Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo pone en duda la capacidad de Brasil para cumplir con tratados internacionales como el de París, y admite que el tratado no contiene disposiciones que garanticen la protección de los ecosistemas y de los derechos humanos, ya que el recurso legal sólo es aplicable a violaciones de las cláusulas comerciales. En la actualidad la Comisión Europea está trabajando en la redacción de unos anexos que alivien las preocupaciones medioambientales y climáticas de algunos gobiernos, como el de Francia o Alemania.

El tratado UE-Mercosur, al igual que la mayoría de los reglamentos comerciales, es muy concreto sobre los aspectos económicos, pero no regula adecuadamente los impactos sociales y medioambientales. Este acuerdo ha sido alabado por la inclusión de un apartado sobre sostenibilidad, a pesar de su redacción imprecisa y no vinculante, lo que hace que su efectividad dependa de la buena voluntad de cada país.

Aún es difícil prever si el texto, o al menos su pata comercial, saldrá adelante. De lograrse la luz verde a este lado del Atlántico, encontrará también, previsiblemente, oposición en Argentina, tal vez el país más perjudicado por el acuerdo según el texto actual. Lo será por el impacto que tendrá en la industria automotriz y de autopartes, y por lo tanto, en el empleo. Son también polémicas las cláusulas que obligarían a los Estados, en las compras públicas y el sector servicios, a tratar de igual a igual a las empresas de los países firmantes, con consecuencias que podrían ser fatales para las pymes locales. “El problema es que no hay plan B: no se están discutiendo alternativas de reconversión para las pymes y los trabajadores que sufrirán directamente los impactos”, explica Ghiotto.

Según declaraciones recientes del gobierno portugués, que ostenta desde enero la presidencia rotatoria de la Unión Europea, se hará de la ratificación del tratado una prioridad durante su mandato. Sin embargo, los parlamentos de Austria, Bélgica, Irlanda y Países Bajos ya se han posicionado en contra del acuerdo. Por el momento, el Estado español se ha postulado como uno de los máximos impulsores del tratado, tal vez porque, como sugiere el militante de Ecologistas en Acción Tom Kucharz, del acuerdo se beneficiarían “empresas del Ibex 35 con presencia en los países del Mercosur, tales como Telefónica, Santander, BBVA, Iberdrola y Naturgy”.

Lo cierto es que el apoyo del Gobierno español obvia los graves impactos económicos para el sector agrario y la amenaza para la seguridad alimentaria de los y las consumidoras, así como el previsible aumento de la huella ecológica.

Fuente: Carro de Combate