Ecuador: manifiesto por la tierra y por la vida

Negar que una de las mayores causas de la pobreza rural, ha sido la marginación y exclusión de la que hemos sido objeto por décadas la inmensa mayoría de la población campesina al acceso a los recursos naturales ( agua y tierra) y productivos (semillas, asistencia técnica, créditos) y pretender señalar que el problema es “el ineficiente uso” de la tierra en manos de las familias campesinas, es desconocer la problemática real existente, que de no enfrentarse seria el caldo de cultivo para la agudización de los problemas sociales que enfrentamos como ecuatorianos (Migración, pobreza, desnutrición, desempleo, delincuencia, subdesarrollo, entre otros).

Los productores familiares (pequeños y medianos) vinculados a las actividades agrícolas, ganaderas, de recolección y pesca, contribuimos al abastecimiento de más del 65% de la canasta de alimentos para la inmensa mayoría de la población (eje. El 24 % de leche cruda, el 16 % de la producción de papas, el 14,5 % de Maíz duro, y 24, 46 % del Arroz provienen de unidades productivas de menos de 20 hectáreas[1]).

La Reforma Agraria entre 1954- 1994 que tenía como objeto enfrentar la pobreza; según uno de los indicadores que mide la desigualdad social (el coeficiente GINI, que es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad), nos señala que en 1954 cuando inicio el proceso de reforma agraria, este era de 0,86; en 1974 fue de 0,85; y actualmente se encuentra en 0,80. (Información del III Censo Agropecuario). Ratificando el fracaso de dicha reforma agraria, entre otras cosas por: a) La calidad de la tierra entregada a los campesinos, b) La ausencia de las políticas estatales orientadas al fomento agropecuario ( Implementación del Neoliberalismo, c) el bloqueo y la eliminación de los procesos de reforma agraria (Ley de Desarrollo Agrario Aprobado en 1994) , d) la desinversión estatal en los programas de crédito y asistencia agropecuaria, e) La promoción de la agro-empresa orientada a la exportación y al procesamiento industrial (prebendas hacia la agro exportación ), f) la privatización de la gestión de los recursos hídricos y otros recursos naturales (semillas, biodiversidad, forestales, turísticos, mineros, etc.), g) la eliminación de los controles arancelarios y la apertura indiscriminada de las importaciones agrícolas, h) la disminución de la inversión social estatal para cubrir las necesidades básicas de la población rural, tales como salud, educación, infraestructura residencial básica, etc.

Al parecer los señores de las cámaras en sus pronunciamientos no tomaron en cuenta estos elementos para la reflexión, solo ahí podemos entender lo aventurado en calificar como “faltos de eficiencia productiva” a los pequeños y mediano productores campesinos, que pese a las circunstancias y condiciones en las hemos desenvuelto nuestras actividades productivas y aun nos mantenemos en su propósito de abastecer de alimentos a los y las ecuatorianas.

La propuesta del Gobierno de disminuir al 0,66 el índice de GINI, mediante un proceso de redistribución de al menos dos millones y medio de hectáreas de tierras, obedece al mandato Constitucional del Articulo 282, que la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano aprobó, y que determina que “El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes…”.

El anteproyecto de ley de Tierras o la propuesta SIPAE, como le han dado en llamar los medios de comunicación incorpora varios de los planteamientos y demandas de las organizaciones campesinas, y consideramos un punto importante para el inicio de la discusión de lo que podría ser una ley de Tierras, y que desde la Coordinadora Nacional Campesina “Eloy Alfaro” estaremos activos a contribuir en el debate.

Como una contribución a la elaboración de una propuesta de Ley la CNC-EA, propone se incorpore los siguientes elementos:

• Un marco normativo e institucional que fomente una estructura equitativa de acceso a la tierra y que fortalezca la propuesta del SUMAk-KAWSAY.

• Una estructura institucional participativa encargada de regular la propiedad agraria, redistribuirla y, resolver los conflictos que se generen en torno a dicha propiedad.

• Hay que considerar una necesaria regulación de la propiedad agraria, incorporando las garantías Constitucionales, las condiciones, y limitaciones establecidas en la Ley de Soberanía Alimentaria, así como el régimen de la propiedad y su redistribución.

• Se debe garantizar el acceso democrático a la tierra para las familias de pequeños productores en el largo plazo, especialmente de mujeres y jóvenes.

• Hay que afirmar y regular la propiedad de tierras comunitarias, así como de los territorios de pueblos y nacionalidades.

• El ordenamiento del uso del suelo según tipo y aptitud del mismo.

• Un marco normativo para la protección y uso sustentable del suelo que prevenga su degradación, contaminación, desertificación y erosión, evitando el monocultivo e incentivando la preservación de especies nativas.

• Un reordenamiento territorial que permita el manejo, control y acceso para conservar áreas protegidas por parte de las comunidades locales.

• Incorporar la planificación nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial del uso del suelo urbano y rural.

• El inventario de las tierras que deben ser destinadas a la producción de alimentos bajo el enfoque de soberanía alimentaria y evitar que se las utilice en otras actividades especialmente agro-negocios como la plantación de forestales o para agro- combustibles.

• Revertir las tierras que no cumplan la función social y ambiental como lo dispone la constitución vigente y transferirlas al fondo Nacional de tierras, para la redistribución a las familias campesinas sin tierra.

• Es necesario incorporar el fortalecimiento de las organizaciones (Indígenas, campesinas, de productores, consumidores, comunas, recintos, mujeres, jóvenes, para que sea la base para el modelo del SUMAK KAWSAY.

• Las organizaciones campesinas deberán ser un actor importante en la estructuración, fortalecimiento de los grupos de beneficiarios y la formación de sus integrantes.

Frente a este desafío, varias organizaciones indígenas y campesinas nos hemos auto-convocado al Encuentro Nacional por la Tierra y la Vida, a realizarse en la Ciudad de Quito el día Viernes 3 de Septiembre del 2010, en el Auditorio del MAGAP. Con el propósito de analizar, consensuar los contenidos claves de una propuesta de ley de Tierras.

Romelio Gualán

Presidente CNC-EA.

[1]Fuente el III Censo Agropecuario