Ecuador: Declaratoria del Foro "Semillas y soberanía alimentaria en riesgo"

DECLARATORIA DEL FORO “SEMILLAS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN RIESGO”

Nosotras y nosotros, representantes de movimientos campesinos, indígenas, montubios, afrodescendientes y organizaciones sociales, tras analizar la situación que atraviesa el sector agrícola en relación a las semillas, y los debates que se están generando en torno a la nueva Ley de Semillas promovida por la Asamblea Nacional del Ecuador, declaramos lo siguiente:

1.
La semilla es un bien común que pertenece a la humanidad. No puede ser objeto de apropiación por parte de intereses privados, ni por parte del Estado. Al igual que el aire, el sol, o la sonrisa de nuestros hijos, pertenece por igual a cada ser humano sobre el planeta, y no puede ser tratada como un recurso estratégico por parte de ninguna nación o interés en particular. El acceso a la semilla es un derecho humano básico, e incluye el derecho a adquirir, adaptar, mejorar, multiplicar, intercambiar, regalar y vender las semillas. Y lo es además por razones prácticas: de este derecho dependen la soberanía alimentaria hoy y la alimentación futura de nuestra especie.

2.
Nos preocupa ver que en otros países se han implementado leyes que limitan este derecho, que imponen el registro obligatorio a toda semilla y de esta forma impiden su libre circulación y manejo por parte de la población. Estas legislaciones derivan de los acuerdos del UPOV 91, convenio internacional que regula los derechos de obtentores vegetales, y otras regulaciones internacionales que obligan a los países firmantes a crear sistemas nacionales de control de semillas, con catálogos llenos de requisitos técnicos donde en la práctica ingresan mayoritariamente semillas comerciales uniformizadas, híbridos y transgénicos, mientras el resto es excluido. Estas leyes benefician a las empresas de gran capital, en detrimento de los intereses de la población. Estamos asistiendo a la apropiación de la capacidad reproductiva de la Naturaleza por parte de capitales privados, con el beneplácito y facilitación de los Estados.

Recordamos que el Ecuador no es firmante del tratado UPOV 91, y que por el contrario nuestra Constitución de la República explícitamente contradice dicho tratado y defiende a la Soberanía Alimentaria y los derechos de la población sobre el acceso a la semilla. El artículo 281, literal 6, nos dice que será responsabilidad del Estado: “Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas.” 


3.
Actualmente el estado ecuatoriano es miembro de una alianza que incluye a gigantes del sector semillero como Monsanto y Syngenta, empresas locales como Agripac y Ecuaquímica, y organismos estatales como el INIAP y Agrocalidad, tal como se puede ver en el sitio web de la Asociación Ecuatoriana de Productores de Semillas, ECUASEM: www.ecuasem.org. Nos preocupa el evidente conflicto de intereses que surge de esta alianza, y no dejamos de percibir que en ninguna asociación similar figura el Estado como aliado de organizaciones campesinas, asociaciones de productores, otras organizaciones del campo o grupos de consumidores. Consideramos que las voces de pequeños y medianos productores, incluyendo los sectores de agricultura familiar y de cultivo orgánico y agroecológico, deben ser tomadas en cuenta en el debate sobre la ley de semillas, y deben ser vinculantes.

Nos preocupa también la insistencia por parte del Estado de apoyar un sector en particular del agro ecuatoriano, el sector agroindustrial, por medio de subsidios y asesoría técnica orientadas al uso de semillas industriales certificadas y su paquete tecnológico. Testimonios del sector campesino, como en el caso de Mocache en este año 2016, indican que el uso de la semilla certificada y su paquete tecnológico han llevado a la destrucción de los suelos y los ecosistemas, a una pérdida total de productividad y al consiguiente empobrecimiento de la población. En el marco de un modelo agrícola donde los campesinos dependen del endeudamiento y los encadenamientos productivos, estas crisis representan para muchos la pérdida de sus tierras y otros bienes. Por lo tanto, consideramos que la semilla certificada en el Ecuador dista de ser una solución para todo el sector campesino, y exigimos que se respeten y apoyen los modelos alternativos, más sostenibles, que se están desarrollando en el agro ecuatoriano.

4.
Señalamos que el sector agroindustrial sostiene que la certificación obligatoria es necesaria en base a dos puntos, fácilmente rebatibles y que no tienen sustento científico actualizado:

La agroindustria sostiene que la baja productividad es causada por el uso de semilla sin certificar. Este punto es falso por varias razones:
La productividad en Ecuador se encuentra afectada por el agotamiento de los suelos y ecosistemas, fruto del modelo agroindustrial.
En realidad la productividad depende directamente de la adaptación de la semilla a las condiciones locales. En un país megadiverso como el Ecuador, esto significa que la semilla debe ser adaptada a distintas zonas climáticas, labor que los campesinos vienen realizando desde el inicio de la agricultura. En un futuro de escasez energética y cambio climático, es esencial que esta labor se intensifique.
La productividad no se puede medir solamente en toneladas métricas de un producto, que además se evalúa solo por su valor comercial para la gran industria. Hay que tomar en cuenta otros factores, como la eficiencia energética, donde la agricultura campesina y familiar derrota fácilmente a la industria. Otra forma muy importante de evaluar la productividad es la propuesta por la defensora de las semillas Vandana Shiva: la medición de la Salud por Hectárea, que evalúa la cantidad de nutrientes reales y otros beneficios que se producen en el cultivo; de acuerdo a estos parámetros, las huertas y fincas diversificadas, agroecológicas, son las unidades más productivas del planeta.
La agroindustria sostiene que el libre flujo de semillas representa una amenaza sanitaria pues la semilla no certificada lleva plagas y enfermedades. Dos puntos nos sirven para rebatir esta noción:
No hay estudios científicos que demuestren que este sea un problema amplio en el país. Por el contrario, tenemos la evidencia empírica de que el campesinado no ha dejado de intercambiar semilla a nivel nacional, y esto no ha generado epidemias.
Los productores agroecológicos en el país han demostrado que los organismos considerados plagas y enfermedades pueden convivir en un cultivo diversificado sin causar problemas, si el suelo es fértil y la semilla ha sido adaptada localmente. La expansión de estos organismos al nivel de plagas y enfermedades es causada por el monocultivo, el uso de agrotóxicos, el debilitamiento del suelo y el uso de semilla mal adaptada, es decir por la aplicación del modelo agroindustrial.

5.
Consideramos que una ley de semillas en el Ecuador debe enfocarse en la Soberanía Alimentaria, la ancestralidad, la diversidad, el diálogo de saberes, la interculturalidad, el intercambio permanente de recursos genéticos y conocimientos asociados. En este sentido consideramos que la propuesta de ley elaborada por la COPISA, con el aporte de más de 500 organizaciones sociales, presenta avances considerables en esta dirección y debe ser la que se mantenga y convierta en nueva ley de semillas, con pocos cambios que no afecten a los derechos de la población respecto a la semilla. Recordamos que la ley mencionada no es solo una ley de semillas, sino que es una Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico, puesto que son temas ligados y así lo reconoce y dictamina la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria.

6.
Señalamos que frente a la semilla certificada no hay solamente un tipo de semilla, sino muchos, resultado lógico de la diversidad ecológica y cultural de nuestra tierra. Las semillas que defendemos son: la semilla campesina, la nativa, la criolla, la orgánica, la ancestral, la patrimonial, la de importancia ecológica o cultural. Todos estos conceptos tienen gran relevancia para distintos sectores económicos y sociales en el país. Todas estas semillas tienen alta diversidad genética y variabilidad, son resilientes y adaptables, y responden a la identidad cultural. Son ideales para que la población pueda seguir generando agrobiodiversidad, puesto que ésta es el resultado directo de una cultura campesina viva que practica continuamente procesos de selección y multiplicación de semillas. De acuerdo a la Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador (De la Torre et al, 2008) en nuestro país existen 5.172 especies vegetales que son utilizadas por la población. Ese es el patrimonio que está en riesgo si se limita el acceso a las semillas y si se introduce contaminación genética. La semilla certificada industrial es notablemente pobre en diversidad genética, y propone tan solo unas pocas especies para la alimentación.

Afirmamos también que estas semillas poseen características y atributos culturales, ecológicos, sociales, nutricionales, entre otros, que determinan su calidad. Por lo tanto, no se puede imponer un concepto de calidad basado en parámetros técnicos, iguales a los utilizados para certificar la semilla agroindustrial. Solamente quienes guardan y usan estas semillas pueden establecer sus parámetros de calidad.

7.
Por tanto, declaramos que:
NO debe imponerse ninguna forma de regulación, registro o certificación a las semillas nativas, criollas, campesinas, ancestrales, orgánicas o patrimoniales, ni a ninguna otra forma de reproducción de este germoplasma por parte de la población, incluyendo plantines, pilones, o árboles.
NO debe limitarse en manera alguna el derecho de la población a guardar, transportar, intercambiar y vender sus semillas, de acuerdo a sus criterios culturales y formas de manejo propias.
NO debe declararse a la semilla “recurso estratégico del Estado” ni ninguna otra categorización que atente contra la propiedad y el libre uso de la semilla por parte de los pueblos y nacionalidades.
SÍ debe imponerse un control a las semillas de tipo industrial, manejadas por empresas de grandes capitales. Se debe incluir en este control la prohibición explícita a toda forma de privatización de la semilla campesina, nativa, criolla, ancestral, patrimonial, y de importancia ecológica o cultural.
SÍ debe mantenerse la prohibición constitucional a los transgénicos y debe reglamentarse este mandato constitucional, mediante la creación de los organismos de regulación pertinentes, reglamentación y sanciones.
SÍ debe mantenerse la prohibición constitucional de otorgar Derechos de Propiedad Intelectual (patentes) sobre organismos vivos y conocimientos ancestrales. Estos tampoco son recursos estratégicos que el Estado pueda otorgar al mejor postor; son bienes comunes que pertenecen a toda la población y a la Naturaleza misma.

Hacemos un llamado a toda la población a defender estos puntos, de los cuales depende nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas.

8.
Finalmente, proponemos que se incluya en la ley y en las reglamentaciones subsiguientes:

Que el Estado debe estimular la producción de semillas campesinas adaptadas a nivel local y su libre circulación, mediante:
la concientización a la población sobre sus características e importancia,
la creación de espacios y sistemas de comercialización e intercambio, tales como ferias, festivales, concursos, etc.,
la capacitación orientada al fitomejoramiento campesino, incluyendo semilla en sistemas agroecológicos,
el reconocimiento de los aportes de la población desde los saberes ancestrales, las distintas cosmovisiones de los pueblos del Ecuador, las prácticas autónomas de las familias y comunidades en los procesos de creación continua de la agrobiodiversidad a nivel local,
Que se debe facilitar al acceso de la población a los bancos de germoplasma del INIAP, mediante convenios sencillos y con seguimiento que lleven a una multiplicación de la semilla y al fortalecimiento de dichos bancos.
Que se debe reglamentar y financiar la defensa del país contra la contaminación transgénica.
Que se debe facilitar el acceso de semilleristas locales a germoplasma procedente del extranjero para especies no nativas de reciente inclusión en la cultura alimentaria nacional, tales como las hortalizas. Esto con el objetivo de que la población pueda iniciar un proceso de selección y fitomejoramiento local para criollizar estas semillas, de manera similar a la que se viene dando con el arroz o la col desde siglos pasados.
Que el objetivo en general del Estado debe ser velar por la agrobiodiversidad, la diversificación de las semillas y la soberanía de la población sobre las semillas, y defender los intereses de la población por sobre los de los grandes capitales privados. En este sentido, la ley de semillas debe reflejarse en todos los mecanismos de reforma institucional del Estado, leyes como la de Aguas y de Tierras, Código de Ingenios, normas sanitarias y buenas prácticas de manejo de Agrocalidad y del ARCSA, Acuerdo Comercial con la Unión Europea y todos los otros que correspondan.
Finalmente, que la nueva ley de semillas debe servir para construir un nuevo modelo agrario, que busque la sostenibilidad, que se oriente a la producción de alimentos para la población, que fomente la economía local diversificada, que promueva la Soberanía Alimentaria y el Buen Vivir, que reconozca los saberes y prácticas ancestrales de los pueblos y nacionalidades del país, que defienda a la agrobiodiversidad y las semillas como un patrimonio y un derecho natural de los pueblos y no como un recurso estratégico del Estado o de las empresas privadas, que comprenda que la agrobiodiversidad es el fruto de un proceso dinámico y permanente de la Naturaleza, la cultura y la economía.

Participaron y aprobaron esta declaratoria: COPISA, Observatorio del Cambio Rural, Red de Guardianes de Semillas, Colectivo Nacional Agroecológico, Campaña Al Grano, Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, y unos 120 participantes a título personal.

Dado en Quito, a 6 días del mes de julio de 2016.

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Fuente: ALLPA