Deuda ecológica y biopiratería

Pregunta(P) ¿Qué es la Deuda Ecológica, Joan?

Respuesta(R) La Deuda Ecológica, también la deuda histórica, social, cultural del norte con el sur, es un concepto nacido en América Latina que rompe con la sumisa visión negociadora en el marco del Convenio de Cambio Climático, y también del Convenio sobre Biodiversidad. Mirando a la reunión de Río+10 en Johannesburgo en agosto y septiembre de 2002, yo creo que hay que impulsar esa idea sobre Deuda Ecológica.

Con respecto al Cambio Climático o calentamiento global, el Protocolo de Kyoto concede "derechos adquiridos" de emisión de gases a los países ricos a cambio de una vaga promesa de reducción de gases del 5% para los próximos 10 años. Además, en vez de hacer reducción de gases, pueden financiar plantaciones de eucalipto, por ejemplo, para absorber CO2 suyo. Es una comedia.

Claro que la posición de Bush es aún peor, pero la buena conciencia europea respecto al Protocolo de Kyoto a mi me avergüenza. En cambio, desde la perspectiva de la Deuda Ecológica (como han argumentado Andrew Simms y otros) se plantea que el norte debe pagar ya por lo daños causados por el Cambio Climático. El norte debe reducir 50% o 60% sus emisiones desproporcionadas de gases con efecto invernadero. Al no reducir, los ricos del mundo se ahorran unos grandes costos de cambio tecnológico, es decir aumentan su Deuda Ecológica.

El concepto de Deuda Ecológica hace visible la injusticia en el acceso a los recursos y servicios de la naturaleza.

(P) ¿Crees que esta deuda puede ser contabilizada?

(R) La Deuda Ecológica es una idea que puede parecer que adopta demasiado la perspectiva económica. Por ejemplo, se calcula la deuda de los países ricos por cambio climático, tantos miles de millones de dólares por año, o la biopiratería tantos miles de millones de dólares al año por el robo de conocimientos indígenas. Así el Sur le dice al Norte, "nosotros somos acreedores de ustedes"; no pagamos la Deuda Externa porque la Deuda Ecológica, en la medida en que se puede calcular económicamente, es muchísimo mayor que la deuda externa. Yo soy un economista arrepentido, pero esos cálculos me parecen bien, están en el lenguaje del dinero que es realmente el único lenguaje que el Norte entiende. Pensemos también en todos los costos ambientales y sociales no incluidos en el precio del petróleo exportado, del cobre, de la madera, de las flores, de los camarones cultivados que destruyen los manglares. El Sur le dice al Norte "es hora de pagar los daños", y por favor no continúen por ese camino.Claro, se ha dicho aquí que la Deuda Ecológica es un lenguaje demasiado suave, es jugar en cancha ajena con el lenguaje de la economía. Muchísimos daños no tienen compensación económica posible, como la pérdida irreversible de culturas, de idiomas, de biodiversidad. Yo soy catalán, ¿cuánto dinero vale la renuncia al idioma propio, la aniquilación de un idioma? Hemos de denunciar esos robos y crímenes que van más allá del concepto de deuda ecológica, histórica, social. Eso se ha dicho aquí.

(P) ¿Y qué vínculo tiene la deuda con la biodiversidad y la bioprospección?

(R) En cuanto al Convenio de Biodiversidad (CDB) de Río de Janeiro de 1992, su lado bueno fue decir que había habido un expolio de conocimientos y de materias primas biológicas.

Dio la norma para seguir el modelo Inbio-Merck de Costa Rica de 1991.

Los estados del sur tienen soberanía, tal vez propiedad sobre recursos genéticos, pero lo que se dijo en Río en 1992 es que deben ponerlos en venta. Se dirá: mejor un precio bajo que el robo gratuito, como había ocurrido desde 1500. Bien está, pero ¿qué ha ocurrido? Que los contratos de bioprospe-cción se convierten en otra forma de biopiratería.

Y que la discusión en la FAO de veinte años sobre los Derechos de los Agricultores desemboca en un Tratado en el año 2001 que no sirve de nada; es decir, que no garantiza la supervivencia de la agricultura agroecológica de cientos de millones de familias campesinas. Los "Derechos de los Agricultores", esa fue una idea nacida de la injusticia de tener que pagar royalties por el uso de semillas comerciales cuando la agricultura campesina había seleccionado y co-evolucionado con las semillas, sin cobrar nada, por cinco mil, o siete mil o diez mil años.

Los "Derechos de los Agricultores" implican reconocer una parte de la Deuda Ecológica, pero eso no ha ocurrido aún.

(P) ¿Qué ha ocurrido con el Convenio Inbio-Merck en estos años?

(R) Hoy, diez años después, sabemos que Inbio se mantiene de donaciones y premios que le dan por vender la idea de la bioprospección; y esas donaciones son mucho más dinero que el que Merck y otras compañías le han pagado. Imagino además ahora que Inbio tiene también ingresos por el acceso al Parque Temático que ha abierto en San José; podrían celebrar ahí bodas y bautizos para ampliar sus ingresos. El propio Rodrigo Gámez, honestamente, reconoce en un libro valiente que sólo el 15% o 20% de los ingresos de Inbio viene de contratos de bioprospección.

(P) ¿Cómo ves la situación actual de los pueblos indígenas?

(R) Para los indígenas y campesinos el CDB hizo nacer ciertas ilusiones; podrían tener propiedad sobre recursos genéticos; podrían, por ejemplo, patentar las propiedades medicinales de la uña de gato o la sangre de drago. Pero ha funcionado al revés: ha habido patentes extranjeras sobre las variedades de quinua, sobre la ayahuasca y la sangre de drago, entre otras. Y además hay "contaminación" con maíz transgénico en México, y sin duda en otros lugares. Hay un ataque concertado contra el valor local de la biodiversidad, para meter todas las semillas en el mercado, por transnacionales de agroquímicos y farmacéuticos. No sólo está la injusticia y el robo que llamamos biopiratería sino un ataque a la identidad de los pueblos. En México han tardado cinco o seis años en organizar un movimiento por la Defensa del Maíz, amenazado por las importaciones del NAFTA y ahora por los transgénicos.

Por tanto, el CDB y el Protocolo de Bioseguridad, son mejor que nada pero no son las posiciones que el sur debe adoptar. Ese es el sentir de este seminario.

(P) ¿Cúal debería ser, a la luz de estas experiencias, la actitud de los pueblos?

(R) En vez de emprender nuevas negociaciones sobre acceso a recursos biológicos, los pueblos del sur deberían olvidarse del 8j y pedir que les indemnicen por todos los daños y robos que ha habido. Que les reconozcan como acreedores de la Deuda Ecológica. Acá en Ecuador, la negociación de conflictos ambientales lleva al agravamiento de los problemas.

Cuando los pueblos amazónicos del Ecuador negocian el acceso al petróleo con la Repsol para llenar el nuevo oleoducto de crudos pesados y simultáneamente negocian sobre el acceso mercantil a recursos genéticos de su propiedad con remuneración justa y equitativa; todo eso me recuerda la negociación de Atahualpa con Pizarro.

(P) ¿Finalmente, cúal es el mensaje que recibes aquí de los pueblos indígenas?

(R) Los guambianos han venido a decir los siguiente, compartido por todos: tal como hubo en el siglo XX un proceso de desobediencia civil a las leyes de la propiedad agraria, y la población campesina recuperó muchas tierras en las revoluciones y las reformas agrarias (desde Zapata en 1910 en adelante, hasta el Movimiento Sin Tierra en Brasil ahora, pasando por la revolución boliviana en 1952 y tantos otros procesos), tierras de las cuales se habían adueñado los hacendados, tal como se han recuperado también las identidades indígenas en muchos lugares, del mismo modo debe haber ahora en el siglo XXI una desobediencia civil masiva contra el monopolio de las patentes sobre las semillas y productos farmacéuticos. Igual que Gandhi desobedeció las leyes inglesas del monopolio de la sal. Tanto más cuanto esas semillas y medicinas son muchas veces producto de la biopiratería de recursos y de conocimientos locales de los cuales se adueñan las compañías transnacionales.

* Entrevista para la Revista Biodiversidad -por Carlos Vicente, integrante de Grain-, realizada durante el "Seminario Sobre Deuda Ecológica y biopiratería" efectuado en Quito, en marzo de 2002. Martínez Alier es profesor del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad de Barcelona, España, y coordinador de la Revista Ecología Política.