Después de 4 años de los sucesos de Bagua, el conflicto sigue abierto
"Mientras el Estado no realice una reforma interna que permita la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afecta no podremos cerrar la herida abierta de Bagua y se mantendrá un orden de cosas injusto, excluyente y marginador de un importante sector de la población peruana."
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lamentó que las razones que llevaron a los pueblos amazónicos a protestar contra la política del “perro del hortelano” en el año 2009 aún sigan vigentes.
Indicó que el Estado peruano, con pocas excepciones, “sigue actuando de modo colonialista tratando de imponer un modelo extractivista que no toma en cuenta las voces y necesidades de los pueblos en cuyos territorios se ubican los principales recursos naturales del país”.
Mediante un comunicado difundido hoy el citado grupo afirma que una evidencia de ello es la manera cómo se ha querido implementar la consulta previa.
“(…) lo realizado hasta la fecha no sólo revela desidia estatal, sino un propósito malsano de flexibilizar el cumplimiento de estas obligaciones sin importar si esto viola derechos fundamentales” señala el grupo de trabajo.
“Consideramos que mientras el Estado no realice una reforma interna que permita la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afecta no podremos cerrar la herida abierta de Bagua y se mantendrá un orden de cosas injusto, excluyente y marginador de un importante sector de la población peruana” prosigue el comunicado.
El Grupo de Trabajo sobre PP.II. está conformado por las asociaciones Paz y Esperanza, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), el Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL), CooperAcción, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Asimismo, el Forum Solidaridad Perú (FSP), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Instituto del Bien Común (IBC), Servicios Educativos Rurales (SER) y Servicios en Comunicación Intercultural Servindi.
A continuación el comunicado completo:
Después de 4 años de los sucesos de Bagua, el conflicto sigue abierto
Este 5 de junio se cumplen cuatro años de los trágicos sucesos de Bagua en los que perdieron la vida 33 personas y una nunca apareció. A la fecha no se han determinado las responsabilidades correspondientes y las causas que llevaron al estallido del conflicto siguen vigente. Por ello, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera necesario señalar:
1. Los sucesos de Bagua del 5 de junio del 2009 constituyen uno de los episodios más violentos de los últimos años, en el que se reprimió a los pueblos indígenas amazónicos con un saldo trágico de 33 muertos, un desaparecido y decenas de heridos.
2. Es lamentable que los procesos judiciales abiertos tras dichos sucesos no hayan permitido a la fecha establecer las responsabilidades penales de los funcionarios que dieron la orden de reprimir así como de quienes respondieron excesivamente.
3. Los episodios de Bagua deben encuadrase dentro del conflicto histórico existente entre el Estado y los pueblos indígenas que ha atravesado diversas etapas y que no ha podido resolverse debido la incapacidad de la sociedad dominante para asumir que somos un país multicultural donde los pueblos y comunidades indígenas tienen todo el derecho de participar y ser protagonistas de su desarrollo.
4. Lamentamos que las razones que llevaron a los pueblos amazónicos a protestar contra la política del “perro del hortelano” en el año 2009 sigan vigentes. El actual Estado, con pocas excepciones, sigue actuando de modo colonialista tratando de imponer un modelo extractivista que no toma en cuenta las voces y necesidades de los pueblos en cuyos territorios se ubican los principales recursos naturales del país.
5. Una evidencia de ello es la manera como ha querido implementarse la consulta previa en nuestro país. A pesar que el marco legislativo vigente desde setiembre del 2011 fue consecuencia de las protestas amazónicas que pedían una legislación interna que permitiese la aplicación del Convenio 169 de la OIT, lo realizado hasta la fecha no sólo revela desidia estatal, sino un propósito malsano de flexibilizar el cumplimiento de estas obligaciones sin importar si esto viola derechos fundamentales.
6. Consideramos que mientras el Estado no realice una reforma interna que permita la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afecta no podremos cerrar la herida abierta de Bagua y se mantendrá un orden de cosas injusto, excluyente y marginador de un importante sector de la población peruana.
7. Exhortamos a reflexionar críticamente sobre lo que pasó y pensar en cuáles son las condiciones para evitar que ello vuelva a ocurrir, planteándonos qué debemos realizar para promover una Democracia Intercultural que tenga a peruanos y peruanas, indígenas y no indígenas dentro de él.
8. Expresamos a los pueblos indígenas nuestra voluntad y compromiso para asumir la deuda histórica que se tiene con ellos y para construir un país de todas las sangres, en el que los pueblos distintos que lo conforman convivan en paz y en respeto mutuo
Lima, 4 de junio del 2013