Del páramo al Chocó andino en resistencia a la minería
El 7 de febrero 2021 la población de Cuenca decidió por amplia mayoría que se prohíbe la minería en los sitios de recarga hídrica de los cinco ríos que le cruzan. Éste es el resultado de un largo proceso de movilización social de las comunidades locales y la población de Cuenca para mantener su agua limpia y libre de minería. CUENCA SI, dijo la gente, y más del 80% de la gente votó por la prohibición. Su aplicación es vinculante.
Ésta es una lucha de veinte años. Bajo el lema “Agua Libre y Agua Limpia, es Agua Bendita”, la población cuencana y de Azuay estuvo movilizada enfrentando la minería. Azuay es una provincia andina del sur del Ecuador donde ha existido minería informal por muchas décadas, donde se han vivido sus nefastos impactos a nivel social y ambiental. Ahora se pretende abrir el área a la gran minería.
El macizo del Cajas, desde 2013 es parte de la red mundial de Reservas de la Biosfera. Está formado por páramos, un ecosistema especial, cuyos suelos son una esponja que almacena y distribuye el agua. Dentro del macizo se encuentra el área Nacional de Recreación Kimsacocha, donde nacen los ríos Bermejo y Tarqui, que alimentan las poblaciones de Victoria del Portete y Tarqui, las comunidades matrices de la lucha antiminera en Azuay.
95 mil hectáreas de las 308 mil 600 hectáreas que conforman el cantón Cuenca son sitios de recarga hídrica, destacándose las que pertenecen al Parque Nacional Cajas, un lugar donde en 1988, apareció la Virgen del Cajas, que la llamaron “Guardiana de la Fe” y al Cajas “Pedacito del Cielo”. Años más tarde, en los páramos de Kimsacocha (que significa tres lagunas en kichwa), también en el Cantón Cuenca, apareció la Virgen de las Aguas Kimsacocha y cada año, el 10 de septiembre, se hace una peregrinación en su honor. Ambos páramos han sido concesionados a empresas mineras.
En la zona núcleo del parque hay 71 especies endémicas y más de 700 ojos de agua. A pesar de esta riqueza el gobierno permitió la operación de, entre otros, tres grandes proyectos mineros:
El proyecto Río Blanco fue concesionado a la empresa china Ecuagoldmining South América SA (propiedad conjunta de Junefield Mineral Resources Limited y Hunan Gold Group), que inició la fase de explotación de oro subterránea en 2016. Según la minera china, el proyecto tendría una vida útil de 11 años y contempla producir oro, plata y cobre, a través de una mina subterránea donde procesaría 800 toneladas de mena por día.
En 2018 las comunidades afectadas por este proyecto ganaron una acción constitucional para que se suspendan las actividades mineras, por falta de consulta previa. El juez ordenó el cierre de la mina. Sin embargo, no hubo un plan de abandono, y la empresa incentiva la “minería ilegal” con el fin de tener argumentos para que le devuelvan la concesión, por lo que de todos modos, se siguen generando daños ambientales y sociales. Antes de la prohibición, gran cantidad de material pétreo fue depositado sobre los páramos, se secó una laguna, y el caudal del agua subterránea ha disminuido notablemente.
Además, la empresa amenazó interponer un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado ecuatoriano.
El proyecto Loma Larga (antes Quimsacocha) fue adjudicado a la empresa INV Minerales Ecuador SA del Canadá. Las concesiones cubren 16 mil hectáreas; un área que representa tres veces la superficie de la ciudad de Cuenca. Según la minera canadiense INV Metals, éste es un proyecto subterráneo, con una vida útil de 12 años, que prevé tratar cada día unas 3 mil 400 toneladas de mena. De cumplirse esta meta, se acumularían 5 millones 500 mil toneladas de lodos contaminados de desechos. Se prevé enterrar el resto de los desechos en la misma mina. El proyecto necesitaría de 17 litros de agua por segundo, que luego salen al ambiente, contaminados.
El tercer proyecto es la Ruta del Cobre, que estaría a punto de iniciar, y que intercepta con el macizo del Cajas y el Parque Nacional Cajas.
Con los resultados de la consulta, aspiramos que todos estos proyectos mineros sean cancelados y que inicien un proceso de reparación integral a la población y a la naturaleza.
Ésta ha sido una lucha de mujeres, ya que en la zona hay mucha migración, sobre todo a Estados Unidos. Su economía depende de la pequeña ganadería y la producción de leche y queso. La defensa del agua y de los ríos nació de estas mujeres campesinas. Tres defensores de estos territorios fueron criminalizados, y sólo años después recibieron amnistía por parte de la Asamblea Nacional. Gracias a esta lucha se han conseguido algunos triunfos importantes:
En 2018, en una consulta popular convocada por el gobierno a todo el país, se preguntó a la población: “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?” Y los ecuatorianos dijeron mayoritariamente SI.
El artículo 407 de la Constitución, ya prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables —incluida la minería metálica— en las áreas protegidas y en las zonas intangibles. Pero el artículo 407 también habla de que la prohibición de la minería no es absoluta y existe una excepción: la petición fundamentada de la presidencia de la República. Los resultados de esta consulta reformarían este último aspecto de la Constitución.
Posteriormente en marzo de 2019 hubo otra consulta. Se preguntó a la población del cantón Girón, también en la provincia de Azuay: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsacocha (Quimsacocha)? El 86,79% de electores dijo NO.
Acción directa en las fiestas regionales de empresarios y gobiernos locales donde las manifestaciones antimineras no están permitidas. Aquí se manifiesta la gente contra Anglogold Ashanti. Foto: Viviana Sánchez Prada
Tanto la consulta de Cuenca como la de Girón son vinculantes, pues se basan en el artículo 104 de la Constitución, donde se abre la posibilidad de la consulta popular por iniciativa ciudadana, si es que se consigue reunir firmas del 10% del padrón electoral.
Estos procesos revelan una tendencia en contra de la minería y a favor del cuidado del agua y de la naturaleza, que no se limitan a Azuay, y que generan olas que se replican en otras regiones. Éste es el caso de Pacto, una población al noroccidente de Quito, donde agricultores familiares se dedican al cultivo de la caña para elaborar panela orgánica, a la ganadería y a la agricultura, y que proveen de alimentos a Quito.
Por encontrarse en la biorregión del Chocó Andino, donde se conserva una importante cantidad de ecosistemas naturales, es considerada como un punto de importancia para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial, porque ahí confluyen dos elementos: tener una importante flora y fauna endémica, una gran vulnerabilidad y que existe la amenaza de la minería. La zona está dominada por bosques nublados, de extrema fragilidad y de importancia también en la captación de agua.
En la zona hay vestigios arqueológicos de la cultura yumbo, incluyendo tolas, centros astrológicos, petroglifos, culuncos (caminos estrechos, como trincheras o zanjas de hasta ocho metros, que conectan la sierra y la costa y que servían de vías exclusivas y rápidas para caminantes, que iban o venían de la costa a la sierra). Quedan algunos nombres de centros poblados como Ingapi y Piripe, que nos recuerdan al pueblo yumbo.
Ahí confluyen varias zonas llamadas de “conservación y uso sustentable”: Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal; Yunguilla; el sistema hídrico y Arqueológico Pachijal; el área de protección de humedales Cerro Las Puntas, el Corredor Ecológico del Oso Andino, el área de intervención especial y recuperación Laderas Pichincha Atacazo y el área natural protegida en las Microcuencas de los ríos Pichán, Alambi y Tandayapa.
En esta región se han identificado más de cuarenta concesiones mineras, a las que se suman decenas de iniciativas de minería ilegal (que son funcionales a la gran minería), afectando a 64 mil 887 hectáreas, cuyas cuencas hídricas proveen agua a más de 20 mil personas.
Desde hace varios años la población está organizada en contra de la minería. De hecho, a la entrada al centro poblado hay mensajes rechazando la actividad minera. En marzo de 2020, a inicios de la pandemia, dada la falta de control de las autoridades, mineros irrumpen en la zona, de manera violenta, progresiva y continua. Ante las denuncias y el bloqueo de los camiones mineros por parte de la población, el ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Minero, después de varios meses de conflictividad, realizaron una inspección, donde constataron la ilegalidad de estas actividades; se identificó un manejo inadecuado de desechos peligrosos y sustancias como hidrocarburos, dinamita y otros materiales para uso minero. Aunque se colocaron sellos de prohibición de actividades, continua la extracción y el transporte de minerales.
Ante esta situación, el 19 de diciembre 2020 se inició un plantón que dura hasta el momento de escribir este artículo. Al igual que en Cuenca, las organizaciones locales están preparándose para una consulta popular, y esperan contar con el apoyo de la población urbana de Quito.
Éstos son sólo dos ejemplos de la movilización de la población ecuatoriana en contra de la minería. En el país hay al menos 12 proyectos mineros considerados “estratégicos”, y en cada uno de ellos hay poblaciones en resistencia. Hay muchos otros lugares con minería ilegal, que en realidad constituyen la puerta de entrada para la minería corporativa. Ambos tipos de minería generan impactos ambientales y sociales de distinta magnitud y naturaleza, y ambos han provocado diversas formas de resistencia en distintos rincones del país.
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Por Ivonne Ramos de Acción Ecológica.