Declaración final del coloquio "Los 10 años del TLCAN : balance social y perspectivas"

Montreal, Québec, 19 de septiembre 2004

Declaración Final

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México, y que entro en vigor el primero de enero de 1994, planteaba un gran objetivo: crear la zona comercial más importante del mundo, que favorecería el crecimiento y la prosperidad económica en la región y aseguraría un mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones de esos países. El desafío estaba en integrar la economía de los tres países, a pesar de la desigualdad entre sus respectivos niveles de ingreso, riqueza y desarrollo. Poco después de la firma del tratado, se volvió evidente que el TLCAN serviría de modelo para todos los acuerdos comerciales por venir.

Sin embargo, el TLCAN no es un modelo a seguir. Las promesas sobre los resultados benéficos del TLCAN hechas hace 10 años, no se han realizado de ninguna manera. No solo no ha reducido los desequilibrios entre las tres economías, sino que no ha atendido el crecimiento económico a anunciado. Las desigualdades que existían antes del acuerdo se han acrecentado, en particular las que atañen a las mujeres y a los pueblos autóctonos. El incremento de las diferencias entre ricos y pobres, la concentración de la riqueza en maños de unos cuantos, la reducción del ingreso individual, la drástica disminución en la creación de nuevos empleos, el incremento en la migración laboral, el agravamiento de los problemas ambientales: tal ha sido la norma mas que la excepción. En el capitulo de la pérdida de empleos de tiempo completo, favoreciendo el surgimiento de todo tipo de empleo precario (por contrato, a medio tiempo, "autónomo"), las mujeres son las mas afectadas. Campeonas del trabajo precario, están sobre representadas entre los sectores de bajos salarios y los pobres; y continúan siendo confinadas a los ghettos del empleo, situación que es agravada por las modificaciones presupuestales en los programas sociales y los diversos procesos de privatización de los servicios públicos.

En México, particularmente, la economía agrícola atraviesa actualmente la peor crisis de su historia, al ser golpeada por el efecto arrasador de las importaciones subsidiadas del Norte. Una de las primeras consecuencias nefastas del TLCAN fue la modificación brutal de la Constitución mexicana, la cual protegía en uno de sus artículos la propiedad colectiva de la tierra. En Chiapas, los zapatistas fueron los primeros en denunciar esta modificación, considerando que esto conllevaba una degradación de sus condiciones de vida. Además muchas maquiladoras estadounidenses han sido reubicadas de México a China donde las normas salariales y ambientales son todavía mas bajas. Este desplazamiento, ha afectado a una gran cantidad de trabajadores mexicaños, afecta también a Estados Unidos, al punto que han enfrentado una desindustrialización de su economía. En el caso de Canadá, donde las reubicaciones están también a la orden del día, las preocupaciones de la población están enfocadas en la necesidad de preservar el sistema público de salud que hoy en día se ve amenazado. Las empresas privadas, sobre todo de Estados Unidos, ejercen presiones cada vez más fuertes y muestran un interés voraz en este mercado que se ha revelado muy lucrativo entre ellas. En Québec finalmente, se instrumentan sin descanso los ajustes del gobierno que exige su política de nivelación normativa hacia abajo, afectando las condiciones de trabajo, el sindicalismo y el medio ambiente, como en el caso particular de los proyectos gubernamentales de fomentar alianzas entre los sectores público y privado en los sectores de la salud y la educación. Los servicios públicos son amenazados, sin cesar, de ser rebajados al rango de simples mercancías. Y eso sin contar los efectos del Capitulo 11 sobre las inversiones, o del Capitulo 10 sobre los mercados públicos, lo que confirma la supremacía de los intereses y el poder de las empresas privadas sobre el Estado.

A pesar de lo anterior, los gobiernos de la región mantienen la dirección y continúan impulsando este modelo de "libre" mercado en el mundo, buscando al mismo tiempo desarrollar una integración mas profunda en América del Norte, por medio de un TLCAN Plus. Las negociaciones de éste se inscriben actualmente dentro de un proceso antidemocrático en el cual la transparencia no existe.

Frente a esta mercantilización de la vida y del abandono del bien común en maños de las empresas privadas, es nuestra responsabilidad incrementar nuestras perspectivas y nuestras alianzas. Por ello llamamos a ponernos en marcha y a fortalecer los mecanismos de defensa y protección de los derechos humaños, económicos, sociales, culturales y medio ambientales, de tal forma que los convenios comerciales no puedan conllevar el debilitamiento del marco jurídico y de la soberanía de los Estados.

Planteamos algunos principios :

1.- Si bien un Estado puede transferir parte de su soberanía a una organización estatal internacional, es inconcebible que ceda elementos de su soberanía a intereses privados.

2.- El poder de legislación y adopción de medidas sociales, culturales, ecológicas y económicas que aseguran el bienestar colectivo no deben de ninguna manera hacerse limitar por ningún tratado comercial, ni subordinarse a ningún tratado de apertura de mercados públicos.

3.- El derecho de las mujeres a la igualdad es un principio que debe ser reconocido de antemaño antes de firmar cualquier tratado comercial. Las organizaciones de mujeres se muestran muy preocupadas por la persistencia de la discriminación y la violencia acentuada por las políticas de liberalización de los gobiernos, por el desplazamiento de empresas, hechos que refuerzan las desigualdades entre los géneros y entre las mujeres mismas.

4.- La soberanía alimentaria debe fijar el marco en el cual de desarrolla el comercio en materia de agricultura. La producción agroalimentaria no debe ser considerada como una mercancía y, por ese mismo hecho, el derecho de cada país para definir su propia estrategia de desarrollo agrícola es inalienable.

5.- Los acuerdos comerciales no pueden ser prerrogativa de los poderes ejecutivos (Presidencia, gabinete o consejo de ministros), sino que éstos deben adoptar una actitud de transparencia en las negociaciones para que las poblaciones afectadas participen en el debate con todo conocimiento de causa.

6.- Los servicios públicos, en particular la educación, la salud y el agua deben ser objeto de una exclusión general y permanente de los acuerdos comerciales, a fin de preservar el bien común, fundamento de nuestras sociedades.

7.- La cultura debe ser igualmente objeto de exclusión general y permanente de los acuerdos de comercio internacional con el fin de preservar la diversidad cultural del planeta.

¡OTRO MUNDO ES POSIBLE!

Si los movimientos sociales de las Américas y del mundo han logrado frenar en múltiples ocasiones la negociación de acuerdos de tipo TLCAN (descarrilamiento del AMI, fracaso de las conferencias de la OMC en Seattle y en Cancún, estancamiento de las negociaciones del ALCA, etc.), es claro que ante la proliferación de los acuerdos regionales o bilaterales, los promotores de la liberalización de los mercados siguen utilizando el TLCAN como modelo.

En el momento en que la agenda y el contenido del proyecto de ALCA están en redefinición y las élites norte-americanas reorientan su estrategia hacia una integración profunda en el territorio del TLCAN, nosotros debemos proseguir nuestra lucha para frenar la deriva actual de la mundialización, de los acuerdos de libre comercio y de las políticas de liberalización de los gobiernos.

Exigimos de nuestros gobiernos un balance completo de los efectos del TLCAN desde el momento en que fue firmado, incluyendo un análisis diferenciado según el género (hombre- mujer). Exigimos que el conjunto de la población y de las organizaciones de la sociedad civil contribuyan a la realización de este balance y que éste se inscriba dentro de un proceso de reevaluación del TLCAN, y de revisión de la política comercial internacional dentro de cada uno de nuestros países.

Ponemos por delante la defensa y la conservación de los bienes públicos que constituyen el bien común y nos oponemos a todo proceso de privatización de los servicios públicos. Nuestros gobernantes deben pronunciarse al respecto sobre esta cuestión crucial que constituye el fundamento mismo de toda sociedad.

Exigimos de nuestros gobiernos acuerdos comerciales que respeten:

- La supremacía de los derechos individuales y colectivos por encima del comercio y la ganancia

- La igualdad entre los hombres y las mujeres

- La preservación integral del derecho de los Estados a legislar en función de promover el bien común, la democracia y el respeto del medio ambiente.

- Un proceso de negociación y de adopción transparente y democrático.

Confrontados con problemas comunes que demandan una unidad de acción muy grande, nosotros, de Québec, de Canadá, de los Estados Unidos y de México, reconocemos la necesidad de reforzar nuestras redes nacionales y proseguir nuestro trabajo de formación y de información lo mas grande posible sobre los desafíos creados por este modelo de mundializacion que se nos ha impuesto. Reconocemos, igualmente, la necesidad de trabajar para construir un espacio común a la escala de América del Norte, a fin de consolidad nuestras estrategias y promover nuestras alternativas basadas sobre el respeto de los derechos humaños, económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos y naciones de América del Norte.
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"Sí a la vida, No al ALCA. Otra América es posible."

Campaña Continental contra ALCA
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