Declaración de los Derechos Campesinos, una herramienta de lucha por la tierra

El 17 de diciembre de 2018, la  Declaración de los Derechos Campesinos fue refrendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este logro fue una gran victoria para los movimientos del campo, que llevaron adelante un largo proceso para construir las bases políticas fundamentales de la declaración, redactarla y proponerla como instrumento jurídico internacional. Ahora, exactos cuatro años después, ya se empezaron a probar algunas experiencias de utilización de la declaración para reivindicar derechos y proponer políticas públicas.

«A cuatro años de la declaración, es un momento de mirar un poco para atrás y decir que hemos avanzado en términos de reconocimiento de nuestra identidad cultural, territorial y profesional como campesinos y campesinas en el mundo», sugiere la militante campesina Perla Álvarez, y sigue: «en esa diversidad, componemos el campesinado. Que hayan reconocido a través de esta declaración es un paso demasiado importante». Perla Álvarez forma parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas ( CONAMURI), e integra el Colectivo de Derechos Campesinos de La Vía Campesina.

«Estamos muy agradecidas con toda la lucha en estos cuatro años», nos cuenta Martha Elena Huertas Moya, quien forma parte del Colectivo de Derechos Humanos de la  Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) y también integra la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias (FENACOA). «La Vía Campesina ha hecho un plan muy importante de incidencia, presión y diplomacia ante las Naciones Unidas, los distintos gobiernos y espacios institucionales por el reconocimiento de los derechos campesinos».

Eso solo fue posible, según Perla, debido a una estrategia de formación de alianzas políticas, que es necesario seguir articulando y fortaleciendo. Garantizar que la Declaración sea considerada y usada ampliamente depende también, según ella, «de que nosotros y nosotras, como organizaciones, tengamos un conocimiento profundo de la Declaración, que lo tomemos como nuestro instrumento de lucha y difundamos nuestros desafíos».

Martha explica que el proceso de posicionar la Declaración de los Derechos Campesinos en la región de Latinoamérica y Caribe tuvo varias etapas, y la primera fue justamente darla a conocer internamente en las organizaciones miembros de CLOC, con encuentros, seminarios, entre otras actividades de formación y debate que han tenido gran importancia en el fortalecimiento de la organización misma y sus planteamientos. «El reconocimiento de la declaración siempre fue parte de la línea política que teníamos las organizaciones de CLOC en Colombia, posicionando el discurso sobre cuáles derechos reconocería, cómo lo hacía y cuál era el camino que habría que realizar para poder concretarse», explica Martha.

«En términos de desafíos, está el hecho de que la declaración sea implementada en las políticas públicas», resume Perla. «Queremos que las políticas vinculadas a la tierra y al territorio partan de los conceptos aplicados en la declaración: partan del sujeto campesino, del derecho a la tierra, al territorio, a los bienes naturales para la producción, el derecho a la organización, y el respeto a las libertades fundamentales». También está el desafío de avanzar en la creación de un mecanismo institucional que garantice, a nivel de los organismos internacionales, el seguimiento de la declaración, «para que sea usada para hablar de juventud del campo, de mujeres, de desarrollo, de producción de semillas», defiende ella.

En cada lugar, la forma como se plantean los usos de la Declaración es distinta de acuerdo con el nivel de las disputas políticas en juego. «En Colombia, sabíamos que teníamos que arrancar dando a conocer la declaración en los despachos legislativos, bien como pedirle al Ministerio de Relaciones Internacionales y al Ministerio de Agricultura que la incorporasen como parte de su cartera pública». Las organizaciones campesinas pudieron tener más espacio de proposición política  con la reciente victoria del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, bajo el plan «Colombia Potencia Mundial de la Vida».

Desde ese nuevo momento político, se realizó la primera Convención Nacional Campesina, con la presencia de 2,500 campesinos y campesinas. Según Martha, «el gobierno habló con el campesinado sobre cómo hacer la política pública agraria y rural, y la base de todo esto es la declaración». Las negociaciones están sentando las bases de tres elementos importantes: reforma rural integral, restitución de tierras y la creación de una jurisdicción especial agraria y rural. «Hablar en restitución es importante porque el despojo fue una de las denuncias fundamentales de los hechos victimizantes en este país», lamenta la militante.

En la Convención Nacional Campesina, se colocó como elemento clave la creación del Capítulo del Campesinado, en donde se van a definir las políticas públicas para la estructura administrativa de Colombia, a nivel de los departamentos, municipios y localidades. «En resumen, la declaración que La Vía Campesina gestó, concibió, luchó y posicionó en Colombia, hoy, es una realidad que da esperanza a una nueva condición del campesinado colombiano», dice Martha.

Las experiencias de uso concreto de la declaración ya empiezan a ser varias alrededor del mundo. En América Latina, está también el caso de Paraguay: la declaración ha sido utilizada como argumento válido para sancionar al país como violador de derechos campesinos en el caso de muerte por intoxicación de agrotóxicos. En Argentina, ha servido también como argumento para restituir territorios a comunidades campesinas e indígenas.  Mientras eso, en  Cuba se aprobó la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que entró en vigor el 28 de octubre de 2022 y fue inspirada en la Declaración de los Derechos Campesinos, según afirmó Adilen Roque, vocera de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), miembro de La Vía Campesina.

Otros países están utilizando la declaración para el reconocimiento del sujeto campesino, históricamente bastante olvidado en la legislación. También en países de Asia, como Indonesia e India, se empieza a hacer uso de la declaración para garantizar derechos del campesinado en términos de producción, de garantía de mercado, de reconocimiento como sujeto de derechos. Para Perla, tales experiencias muy concretas «demuestran la validez de un instrumento de derechos humanos a nivel internacional como el que tenemos con la declaración».

Vivir esos cambios profundiza la lucha e incrementa las ganas de organizarse. Para las mujeres, la esperanza también las mueve en la construcción del feminismo campesino y popular y en su fortalecimiento en espacios de liderazgo, enfrentando el machismo y la sobrecarga de trabajo. Martha lo explica muy bien: «la experiencia de estar en las organizaciones campesinas lideradas por mujeres nos han abierto posibilidades hermosas de ser escuchadas, ser atendidas, reconocidas, admiradas, apoyadas, ser realmente valoradas. Son otros lenguajes, otros valores, otros principios, donde no queremos brillar individualmente, sino que somos un colectivo de mujeres que sacamos adelante los liderazgos. El reconocimiento de los derechos campesinos nos da la posibilidad de reclamar, desde un nuevo lugar, no al feminicidio, a la violencia, a la jerarquía patriarcal».

La Vía Campesina está conmemorando 30 años de luchas, esperanzas y organización con la tag #LVC30Años. En noviembre de 2023, celebrá su VIII Conferencia Internacional y su VI Asamblea de Mujeres del Campo. Serán espacios de debate, evaluación y construcción colectiva del movimiento campesino en Nicaragua, sobre los cuales habrá un amplio proceso de cobertura comunicacional colaborativa y militante.

Fuente: Capire