Conflictos por la tierra: La fiebre del azúcar

Por Oxfam
Idioma Español

Los derechos sobre la tierra y las cadenas de suministro de las mayores empresas de alimentación y bebidas. Los gigantes de los refrescos Coca-Cola y PepsiCo son grandes compradores de azúcar, pero otra de las 10 Grandes es una de las empresas del mundo que más azúcar produce: ABF. ABF es propietaria de British Sugary, Azucarera en España, y es la accionista mayoritaria de Illovo Sugar, la mayor empresa azucarera de África.

El presente informe explica cómo un sólo cultivo – el azúcar – ha dado lugar a adquisiciones de tierra a gran escala y conflictos por la tierra en detrimento de los pequeños productores de alimentos y sus familias. Desde el año 2000 se han adquirido, a través de cien transacciones de tierras a gran escala, al menos cuatro millones de hectáreas para la producción de azúcar. No obstante, dada la falta de transparencia de dichas transacciones, probablemente la superficie sea mucho mayor. En algunos casos estas adquisiciones han supuesto la violación de los derechos humanos, la pérdida de los medios de vida y el hambre para los pequeños productores y sus familias. Las grandes empresas de alimentación y bebidas no suelen poseer tierras, pero sí dependen de ellas para obtener las materias primas que necesitan, entre las que se encuentra el azúcar. Es urgente que estas empresas reconozcan la existencia de este problema y adopten las medidas necesarias para garantizar que ni las violaciones de derechos humanos ni los conflictos forman parte de sus cadenas de suministro.

Desde 2000, se han registrado aproximadamente 800 adquisiciones de tierra a gran escala que afectan a 33 millones de hectáreas en todo el mundo –una superficie equivalente a cuatro veces el tamaño de Portugal–. El aumento de la demanda de las productos agrícolas que se cultivan a gran escala, como el azúcar, es una de las causas de que estos terrenos ahora se utilicen para el cultivo comercial, en lugar de dedicarse a la pequeña producción agrícola, de estar al servicio de las comunidades locales y o de cumplir su importante papel dentro de los ecosistemas.

Tanto los gobiernos como las empresas y los inversores financieros tienen la obligación de respetar y defender los derechos de las comunidades, y obtener su consentimiento informado antes de emprender cualquier actividad relacionada con la tierra. Aunque las empresas de alimentación y bebidas no suelen ser propietarias directas de la tierra, en conjunto son importantes compradoras de las materias primas que se producen en grandes plantaciones situadas en países donde abundan las violaciones de los derechos sobre la tierra. Las empresas de alimentación y bebidas deben reconocer urgentemente la existencia de estos problemas, así como adoptar medidas para garantizar que en sus cadenas de suministro no se produzcan violaciones de los derechos sobre la tierra ni conflictos.

Está ampliamente reconocido que el rápido incremento de los precios de los alimentos en 2008 renovó el interés de los inversores por la agricultura. De hecho, desde mediados de 2008 a 2009, las transacciones de terrenos agrícolas registradas se dispararon en aproximadamente un 200%. Además, la agricultura necesita inversiones urgentemente. Se trata de un sector fundamental para la seguridad alimentaria y un motor de crecimiento esencial para muchas economías en desarrollo.7 La inversión privada puede contribuir al crecimiento inclusivo, la sostenibilidad medioambiental y la reducción de la pobreza.

Sin embargo, en demasiadas ocasiones las inversiones en tierras han dado lugar a violaciones de los derechos humanos, pérdida de los medios de vida, alienación de los vínculos espirituales y culturales entre las personas y la tierra y, en algunos casos, violencia y destrucción de propiedades y cosechas. Oxfam lo llama “desarrollo al revés”. Las mujeres pobres se ven especialmente afectadas ya que tienen menos probabilidades que los hombres de poseer títulos de propiedad de la tierra o de participar en las decisiones relacionadas con su acceso a la tierra. La pérdida de la tierra resulta desastrosa para los medios de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades y los pequeños agricultores.

Desde 2000, se han registrado en todo el mundo aproximadamente 800 transacciones de tierra a gran escala participadas por inversores extranjeros que afectan a una superficie total de 33 millones de hectáreas, además de otras 255 adquisiciones realizadas por inversores nacionales. No obstante, dada la escasa transparencia de las adquisiciones de tierra y la escasa representación de los acuerdos nacionales, la cifra podría ser mucho mayor. Casi la mitad de estas transacciones tiene lugar en África, y muchas de ellas en países con una débil gobernanza sobre la tierra o cuyos niveles de hambre son “alarmantes”, como Mozambique, Sudán, y Zambia.

Los cinco países donde se han registrado las mayores adquisiciones de tierra por superficie, un total de 16 millones de hectáreas, son Sudán del Sur, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, República Democrática del Congo y Mozambique. Camboya es el país donde se ha registrado un mayor número de transacciones, 104 desde el año 2000.

La lucha por la tierra no es una novedad pero se ha intensificado a medida que ha ido aumentando la presión sobre la tierra. Los inversores han ampliado rápidamente la producción agrícola a gran escala, espoleados por el incremento de los precios de los alimentos y del combustible y por el aumento de la demanda de los consumidores. Los pequeños productores quedan excluidos ya que el mercado ofrece a las empresas grandes beneficios por explotar la tierra, pero no protege los derechos humanos de estas personas.

Está ampliamente reconocido que el rápido incremento de los precios de los alimentos en 2008 renovó el interés de los inversores por la agricultura. De hecho, desde mediados de 2008 a 2009, las transacciones de terrenos agrícolas registradas se dispararon en aproximadamente un 200%. Además, la agricultura necesita inversiones urgentemente. Se trata de un sector fundamental para la seguridad alimentaria y un motor de crecimiento esencial para muchas economías en desarrollo. La inversión privada puede contribuir al crecimiento inclusivo, la sostenibilidad medioambiental y la reducción de la pobreza.

Sin embargo, en demasiadas ocasiones las inversiones en tierras han dado lugar a violaciones de los derechos humanos, pérdida de los medios de vida, alienación de los vínculos espirituales y culturales entre las personas y la tierra y, en algunos casos, violencia y destrucción de propiedades y cosechas. Oxfam lo llama “desarrollo al revés”. Las mujeres pobres se ven especialmente afectadas9 ya que tienen menos probabilidades que los hombres de poseer títulos de propiedad de la tierra o de participar en las decisiones relacionadas con su acceso a la tierra.10 La pérdida de la tierra resulta desastrosa para los medios de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades y los pequeños agricultores.

Las 10 grandes y el azúcar

Las 10 Grandes se abastecen de azúcar a través de varios proveedores y lo utilizan en la elaboración de refrescos, repostería, productos de pastelería y helados. Debido a falta de transparencia de la mayor parte de estas empresas es imposible determinar cuánto azúcar utilizan exactamente –sólo Danone62, Unilever63 y ABF (en sus actividades relacionadas con el azúcar, como veremos más adelante) han revelado el volumen de sus compras y su producción–. Coca-Cola es el mayor comprador de azúcar del mundo64 y controla el 25% del mercado mundial de refrescos.65 PepsiCo le sigue de cerca, con una cuota del 18% de este mercado.66 Coca-Cola utiliza azúcar en la elaboración de Coca-Cola, Sprite, Fanta, Dr Pepper, agua vitaminada, bebidas energéticas y bebidas de fruta y zumos; PepsiCo tiene líneas de productos similares, como Pepsi-Cola, Mountain Dew y Mirinda, por mencionar algunos.

Los gigantes de los refrescos Coca-Cola y PepsiCo son grandes compradores de azúcar, pero otra de las 10 Grandes es una de las empresas del mundo que más azúcar produce: ABF. ABF es propietaria de British Sugary, Azucarera en España, y es la accionista mayoritaria de Illovo Sugar, la mayor empresa azucarera de África. ABF produce el 4,3% del suministro mundial de azúcar, y tiene capacidad para producir 5,5 millones de toneladas de azúcar al año en todo el mundo.

Más de la mitad del azúcar que produce ABF se obtiene a partir de caña de azúcar, y la mayor parte lo produce Illovo Sugar en seis países africanos: Malaui, Mozambique, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania y Zambia. Según algunos medios de comunicación, Illovo Sugar está implicada en conflictos por la tierra en al menos tres países –Malaui, Mali y Zambia–. El resto del azúcar de ABF se obtiene a partir de remolacha azucarera cultivada en Europa y China. ABF vende azúcar tanto a la industria alimentaria como directamente a los consumidores, a través de sus marcas Silver Spoon (azúcar elaborado a partir de remolacha azucarera) y Billington’s (elaborado a partir de caña de azúcar). ABF también utiliza azúcar en la elaboración de sus propios productos de alimentación, como los cereales Jordans y las bebidas Ovaltine.

Coca-Cola, PepsiCo y ABF juegan un papel muy importante no sólo como productores de azúcar, sino como compradores de esta materia prima, presente en muchas de sus marcas famosas a nivel mundial. Por eso, deben asumir una responsabilidad especial en relación a los conflictos por la tierra que afectan a la industria azucarera. Puede que estas empresas no tengan responsabilidad legal ni un control directo de esos conflictos, pero como grandes compradores de azúcar que son, tienen que respetar las normas y principios internacionales de derechos humanos y asumir la responsabilidad de hacer frente a los problemas relacionados con los derechos sobre la tierra presentes en sus cadenas de suministro. Y en el caso de las actividades azucareras que ABF controla directamente, la responsabilidad es aún mayor.

Conclusiones y recomendaciones

La expansión de cultivos que requieren un uso intensivo de la tierra, como el azúcar, es una de las causas del aumento de la presión sobre la tierra, que suele producirse a costa de las personas más vulnerables. El resultado es que comunidades enteras han perdido sus hogares, sus pequeñas explotaciones agrícolas y su seguridad alimentaria. Los grandes inversores financieros, las empresas comercializadoras y los gobiernos deben adoptar medidas para acabar con estos abusos, pero las 10 Grandes también tienen que pasar a la acción. Sin embargo, la evaluación que ha llevado a cabo la campaña Tras la marca muestra que actualmente las 10 Grandes carecen del nivel de concienciación necesario, así como de compromisos y políticas suficientes para detectar y hacer frente a los problemas y conflictos relacionados con la tierra a lo largo de sus cadenas de suministro.

A nivel más elemental, Oxfam pide a las empresas que, individualmente, se esfuercen por conocer mejor sus cadenas de suministro y tomen medidas para resolver los problemas existentes. Esto requiere un análisis exhaustivo, mayor transparencia y medidas conjuntas en colaboración con las comercializadoras y otros actores presentes en sus cadenas de suministro, así como con los gobiernos. Estas medidas tienen que dar origen a soluciones concretas y vinculantes que contemplen la participación de las comunidades afectadas en el proceso de toma de decisiones y garanticen que estas personas se beneficien del desarrollo, en lugar de aumentar su exclusión.

Conocer y mostrar los riesgos asociados a los problemas relacionados con la tierra

1. Desvelar y hacer públicos los riesgos y los impactos en las comunidades derivados de los problemas relacionados con la tierra a través de evaluaciones de impacto relevantes y fiables,108 que cuenten con la participación de las comunidades afectadas.

2. Revelar quiénes son los proveedores de la empresa y de dónde proceden el azúcar, el aceite de palma y la soja de los que se abastecen.

Comprometerse a adoptar una política de tolerancia cero para con el acaparamiento de tierras

Establecer y aplicar una política creíble de tolerancia cero para con el acaparamiento de tierras, e incluir dicha política en los códigos de conducta de los proveedores.

3. Con el objetivo de mejorar sus políticas y prácticas, las empresas deben comprometerse a adoptar normas de producción comunes a todo el sector en los sectores del azúcar, el aceite de palma y la soja. El objetivo de dichas normas debe ser contribuir a mejorar la sostenibilidad para el año 2020.

Abogar porque los gobiernos y las comercializadoras hagan frente al acaparamiento de tierras y apoyen las inversiones agrícolas responsables

4. Defender públicamente la necesidad de que los gobiernos y las comercializadoras se comprometan a llevar a cabo inversiones responsables en agricultura, así como a aplicar las Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, que incluyen la protección y promoción de todos los derechos sobre la tierra de las comunidades afectadas.

5. Movilizar a los proveedores y a otras empresas del sector para que adopten políticas de tolerancia cero, se unan a iniciativas sectoriales de mejora de la sostenibilidad y asuman un papel activo en el seno de estas iniciativas para aumentar su impacto y hacer que todos se esfuercen por mejorar.

Extracto del Informe de Oxfam “ La fiebre del azúcar

Fuente: Ecoportal

Temas: Acaparamiento de tierras

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