Colombia: Petróleo, paz inconclusa y nueva lógica del conflicto

Globalmente, la industria petrolera moderna data de mediados del siglo XIX, cuando el capital inició la sustitución del carbón, dominante hasta entonces en la matriz energética. Desde entonces se reconoce que el petróleo es la energía vital para el mantenimiento y movilidad de la civilización industrializada. Las guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX lo posicionaron como el principal recurso energético del planeta. La geopolítica y los conflictos bélicos modernos tienen entre sus causas el control de este estratégico recurso económico y militar. Actualmente la oferta y demanda mundial de petróleo es de 100 millones de barriles diarios.

Localmente, en la base del conflicto armado colombiano se encuentra la tierra, principal combustible que lo atiza, y con ella la explotación minero-energética. También, como es aceptado por uno y otros, las guerras se alimentan con los negocios, e incluso generan las oportunidades de acumulación capitalista que sin ellas no existirían. Las guerras redefinen las relaciones de poder, propiedad y las cadenas de producción, distribución, consumo y acumulación. La industria petrolera hace parte de esta lógica antagónica.

La industria petrolera tiene su origen a inicios del siglo XX. La explotación de los recursos minero-energéticos resume para el caso colombiano la historia de sumisión de la oligarquía criolla frente al capital internacional, al igual que la ausencia de proyecto soberano nacional. Así permite concluirlo las concesiones Barco y Mares; también el proceso que dio origen a Ecopetrol, surgido de las luchas de los trabajadores que con su persistencia y sueños de independencia nacional, justicia y libertad superaron la oposición oficialista.

En medio de esa relación de sumisión y ausencia de proyecto nacional soberano, insertado en la geopolítica global centro-periferia, a lo largo de varias décadas el país se caracterizó como exportador de petróleo, condición perdida en los años 70 del anterior siglo, para volver a ser exportador del importante recurso energético a inicios de los años 80, cuando Ecopetrol, en contrato de asociación con la multinacional OXY, descubren el campo Caño Limón en Arauca (con reservas estimadas en 1.500 millones de barriles de petróleo). Con este descubrimiento el país elevó su producción hasta alcanzar una extracción máxima superior al millón de barriles diarios en los años 2013 y 2015.

A partir de 2016, declinan en el país las reservas de hidrocarburos y el volumen de producción: durante 2017 fue de 856.000 barriles de petróleo diarios. En 2018, debido a la leve alza que registra el precio del petróleo y la reactivación en exploración y explotación se espera una producción promedio nacional de 870.000 barriles diarios (Gráfico 1).

Los precios reales del petróleo siguen ciclos de larga duración, de unos 30 años, con más años de debilidad que de fortaleza. El último ciclo petrolero registró precios altos entre 1974 y 1985 seguidos de precios bajos entre 1986 y 2002. El nuevo ciclo ascendente se inició en 2003 y terminó a mediados de 2014. La recuperación de los precios del petróleo en 2017-18 es apalancada por el aumento coyuntural de la demanda mundial y el éxito de los 14 países que hacen parte de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (Opep), en asocio con otros productores como Rusia, en restringir la oferta; sin embargo, el escenario de largo plazo sigue siendo uno de disminución en la demanda y de caída de precios. Las proyecciones del mercado estiman un promedio de USD$60 por barril de petróleo para 2018: los más optimistas llegan a USD$68 y los menos, como Citigroup, a USD$54 (Gráfico 1).

Reprimarización económica y conflicto laboral

Desde hace medio siglo, los sectores reales de la economía (agro e industria) vienen creciendo mucho menos que el resto de la economía. En particular, la industria colombiana atraviesa por una preocupante crisis a partir de los años 1980, correlacionada con el auge del sector minero-energético, la financiarización de la economía y el abundante ingreso de divisas proveniente de las actividades legales e ilegales, las que provocaron la “enfermedad holandesa” que aqueja a la producción material.

Hasta mediados de la década de 1980 la contribución de las actividades minero-energéticas era inferior al 5 por ciento del PIB total. Entre 2011 y 2013 esta participación escaló a más del 10 por ciento. En 2018 se estabiliza en 7 por ciento, después de su caída a 5,4 en 2016. La sociedad colombiana depende cada día más de los recursos naturales y la explotación de minas y canteras, en particular de la extracción de petróleo. La dinámica del crecimiento de su economía está atada a los ciclos de larga duración de los precios reales de productos básicos y a la inestabilidad que los caracteriza (Gráfico 2).

Las economías extractivas, en particular las petroleras, concentran la riqueza, acentúan los antagonismos laborales y los conflictos sociales, destruyen el ambiente y obstaculizan el desarrollo humano y sostenible, sobre fundamentos científico-tecnológicos y de innovación. Entre 2001 y 2017 los ocupados en las actividades minero-energéticas pasaron de representar en el empleo nacional el 1,2 por ciento a sólo el 0,6: en 2001 los trabajadores sumaban 185.436; con el auge de los precios aumentaron a 220.238 en 2011; el desplome de los años siguientes generó una oleada de despidos y para 2017 quedaban 140.816 (Gráfico 3).

El bajo nivel de empleo que genera, las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras y la elevada tasa de explotación del trabajo hace de la actividad minero-energética un negocio sin parangón con otras actividades de la economía colombiana. La relación entre productividades del trabajo nacional muestra que en 2001 la productividad de los trabajadores minero-energéticos era 4,2 veces al promedio nacional; en 2013 esta relación aumenta a 11,8 veces; y, producto de la crisis de los precios del petróleo, cae a 9,4 en 2017 (Gráfico 4).

El alto nivel de concentración del ingreso y la riqueza en Colombia se refleja en una baja participación de los salarios en el valor agregado nacional: 30,4 por ciento en el año 2016. Aun así, en la explotación de minas y canteras la participación del ingreso de los trabajadores es menos de la mitad del promedio nacional: 14,3 por ciento (Gráfico 5). En consecuencia, no es extraño que el antagonismo capital-trabajo es más álgido y crónico en el sector minero-energético.

Petróleo y conflicto social

Al finalizar la década de 1980, la sociedad colombiana era considerada como uno más de los “estados fallidos en el mundo”. En este contexto deliberó la Asamblea Constituyente aupada por la crisis del Estado y la insubordinación civil. La Constitución que surgió de esta Asamblea es una mezcla de derechos humanos, democracia, neoliberalismo y financiarización. El periodo posconstitucional (1991-2018) se caracteriza por la desnacionalización, la privatización, la especulación financiera, la impúdica corrupción, la reprimarización de la economía, la continuidad de la violencia en contra de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, los intentos parciales de negociación de la paz y la concentración del ingreso, la riqueza y la tierra en un puñado de empresarios, políticos colombianos y multinacionales.

Tratando de enderezar parte de la legislación existente para el sector minero-energético, en el año 1994 la USO promovió la recolección de un millón de firmas para respaldar un proyecto de Ley Petrolera que introdujera modificaciones sustanciales a la normatividad existente en esa materia, promoviera la soberanía nacional y el monopolio estatal de la producción. El proyecto de Ley fue presentado en el año 1995, con número 212/95 en el Senado, con el título: “Por el cual se establece el Régimen Normativo de la industria de los hidrocarburos y sus derivados en todas sus ramas y se adoptan otras disposiciones”. El Artículo 2 ordena que “El aprovechamiento y manejo de los hidrocarburos, por su carácter de recurso natural no renovable y por su valor económico-político estratégico, deben ser organizados y planificados para garantizar el autoabastecimiento nacional, el desarrollo sostenible de la industria y su sustitución como fuente energética”. Esta industria, en toda su cadena de valor, es calificada de “utilidad pública y de interés social”. El proyecto de Ley no alcanzó siquiera a rendir Ponencia para el primer debate y se archivó.

Primera Asamblea Nacional por la Paz

Dos años después de esta derrota, en 1996, la USO, el gobierno nacional y Ecopetrol convocaron la Primera Asamblea Nacional por la Paz. En ésta se exploraron caminos con las empresas del sector petrolero y con las organizaciones insurgentes para que la infraestructura petrolera, sus trabajadores y las comunidades no fueran involucrados en el conflicto social y armado.

Entre los años 1998-2002, Colombia vuelve a la época de la Colonia, esto es, la era de las concesiones y los enclaves petroleros. Durante el gobierno de Andrés Pastrana el país cede su participación en la renta petrolera bajando la liquidación del 20 por ciento a un promedio de 8; además, la participación en la producción de hidrocarburos (después de liquidar las regalías) pasó de 50 a 30 por ciento. También permitió el giro del 100 por ciento de las utilidades de las petroleras extranjeras a sus casas matrices sin pago de impuestos.

En continuidad con su antecesor, durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se promovió e implementó, de una parte, la fragmentación y privatización de Ecopetrol y, de otra, la deslaborización de las relaciones entre los trabajadores y la empresa, al igual que el exterminio de la USO. Además, en favor de las transnacionales petroleras, Uribe les entregó a perpetuidad concesiones de yacimientos petroleros y gasíferos. El régimen impuesto no estaba interesado únicamente en la privatización de Ecopetrol sino en su liquidación.

El decreto 1760 de 2003 generó la fractura de Ecopetrol, con lo cual la empresa quedó como un operador más. De manera simultánea se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) encargada de administrar los recursos hidrocarburiferos, regular y administrar información al capital extranjero y privado para invertir en la explotación de gas y petróleo. También se funda la Sociedad Promotora de Energía de Colombia, empresa encargada de celebrar contratos con compañías extranjeras. A partir de 2004, la ANH creó una “Nueva concesión petrolera” lesiva a los intereses de la Nación.

En contra de estas políticas, en 2004 la USO declara un cese indefinido de la producción en Ecopetrol. Nueve eran los objetivos perseguidos: i) recobrar el manejo soberano de los hidrocarburos, ii) abrir un debate nacional sobre el Decreto 1760 y lograr su derogación, iii) limitar el accionar de las multinacionales y privilegiar el interés nacional; iv) consolidar un frente patriótico por la defensa de Ecopetrol, v) dotar a Ecopetrol de mecanismos y recursos para realizar la actividad petrolera, vi) revisar la forma como se fijan los precios de los combustibles, vii) anular el Laudo arbitral y hacer respetar la Convención Colectiva de Trabajo, viii) garantizar el derecho de asociación y libertad de los detenidos, ix) lograr el reintegro de los despedidos. La huelga fue declarada ilegal por el Ministerio de Protección social. Esta huelga evidenció la crisis por la cual atravesaba el movimiento social y sindical en los umbrales del siglo XXI.

Más tarde, en el año 2006, el Gobierno de Álvaro Uribe hace aprobar por el Congreso de la República la ley 1118 con la cual entregó a Ecopetrol al capital privado. Por medio de esta Ley el Gobierno privatiza la empresa al modificar su naturaleza jurídica. El artículo 1 autoriza a Ecopetrol S.A. “la emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado y puedan ser adquiridas por personas naturales o jurídicas [...] la Sociedad quedará organizada como de Economía Mixta de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía”.

Durante los dos gobiernos de la administración Uribe (2002-2010) se diseñó e implementó la política denominada “seguridad inversionista”, continuada y profundizada por su sucesor Juan Manuel Santos (2010-2018), con la cual se rodeó de todo tipo de garantías y exenciones a las empresas minero-energéticas en materia tributaria, regalías, concesiones y resolución de conflictos.

Paz vacilante y efímera

Con base en los acuerdos suscritos en la nueva Convención Colectiva de Trabajo 2014-2018 con Ecopetrol, la USO lideró durante 2015 la Segunda Asamblea Nacional por la paz –Anpp, que tuvo como objetivos: a) promover la reflexión y deliberación de diversos sectores de la sociedad en torno a las dinámicas regionales que requiere Colombia para hacer sostenible la paz a largo plazo; b) construir iniciativas en clave de paz relacionadas con el modelo apropiado de exploración, uso y usufructo de los recursos minero-energéticos; c) aportar en la consolidación de la democracia y la construcción de una institucionalidad realmente participativa como requisito para el afianzamiento de la paz y el buen vivir de las comunidades; d) consulta participativa, popular y territorial del “Proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos” diseñado y promovido por la USO. Simultáneamente, la USO lanzó dos campañas nacionales: a) ‘Unidos por Ecopetrol, defiende lo que es tuyo’, con el fin de abrir el debate a nivel nacional y colocar en primer renglón la defensa de Ecopetrol como empresa pública, nacional y estatal; b) Divulgación y debate nacional a través de la Mesa Minero-energética y ambiental del Proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el propósito de generar la conciencia de la necesidad de modificar la política petrolera nacional y su aprobación por medio de un referendo.

La Anpp se enmarcó dentro del contexto de los diálogos de paz, y aportó ideas a lo que debe ser la construcción colectiva de los modos y planes de vida, que acerquen a la población a la aspiración de aprovechar los bienes naturales y minero energéticos para el buen vivir, la democracia profunda y la paz integral. Los insumos recogidos permitieron definir tres ejes temáticos: i) Política Minero-Energética, ii) Desarrollo Regional y iii) Cultura para la paz y pos-acuerdo.

En agosto de 2016, el gobierno nacional y las Farc firmaron el acuerdo de fin del conflicto armado. El 2 de octubre se votó el plebiscito por la paz, perdido el cual quedó cuestionada la legitimidad del proceso de paz. Se generó: a) pérdida del blindaje jurídico; b) desfinanciamiento de los programas para la paz; c) impunidad para la oligarquía política-empresarial y los militares que apoyaron la guerra irregular y sus aparatos paramilitares. La confluencia de los partidos de extrema derecha, representados en la triada diabólica Uribe-Pastrana-Vargas Lleras, anuncian públicamente que su propósito común es “hacer trizas” los acuerdos de paz y avivar nuevamente el conflicto armado.

Como continuidad del escenario ya abierto, en febrero de 2017 fueron instalados los diálogos exploratorios de paz entre el Gobierno y el Eln. En la mesa de negociación, el tema minero-energético es fundamental, El debate sectorial deberá estar articulado al desarrollo territorial y contar con la participación democrática y decisoria de las comunidades directa e históricamente afectadas por la presencia de las transnacionales de la industria petrolera. En esencia, la plataforma política del Eln respecto a la política petrolera no ha cambiado desde el manifiesto fundacional de Simacota (7 de enero de 1965); en 1989, con motivo del II Pleno de Dirección, el UC-ELN construyó una propuesta que se sustenta en torno a cinco ejes: nacionalización, legislación soberana, explotación racional, desarrollo alternativo y nuevo plan nacional de desarrollo.

Dos caminos un solo ‘conejo’

Las finanzas públicas son, por antonomasia, un problema político: crean lazos económicos y políticos entre el Estado, las fuentes de los ingresos y los grupos que se benefician de los gastos. El presupuesto materializa la política pública. Los presupuestos públicos ejecutados por las administraciones Uribe (2002-2010) y Santos (2010-2018) registran una sorprendente identidad no obstante los énfasis, alternativos, de cada administración en la guerra y la paz. Los rubros privilegiados son el pago de la deuda externa, el gasto militar y demás aparatos de represión incluida la “justicia”, la reproducción de la clase política y la burocracia, el sostenimiento del precario sistema educativo y el control de una clientela social a través de las políticas asistenciales. Estos últimos presupuestos públicos de la nación dejan ver, sin sonrojo, el “conejo” que las clases dominantes le han hecho a los acuerdos de paz y a las negociaciones con las movilizaciones populares y de trabajadores.

Estos hechos permiten deducir que el proceso de guerra-paz no pasa de ser un engatusamiento al que han sometido al país la dupla Uribe-Santos y la base social terrateniente-empresarial-financiera-militar-comunicacional y del capital transnacional que ellos representan. Su fin es el mismo: exterminio de la insurgencia, sometimiento del pueblo trabajador y destrozar el tejido social y organizativo de las comunidades. Cambian las estrategias, la guerra abierta en el primero y el engaño en el segundo.

El 21 de noviembre de 2016, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció acerca de la violencia y los sostenidos y crecientes asesinatos de promotores de la paz en las zonas que hacen tránsito hacia la construcción de la paz. En el mensaje, la ONU subrayó que esos lamentables hechos generan desconfianza en las negociaciones de paz. En 2016 fueron asesinados cerca de un centenar de promotores de la paz. En 2017, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) entregó una radiografía sobre el crimen de líderes sociales; según la agencia han sido asesinados 78 líderes, y 1.500 campesinos han sido desplazados (según la Cumbre Agraria, ellos tienen registro de 105 víctimas, durante 2017 en todo el país).

Petróleo y nuevas lógicas del conflicto

Desactivado el conflicto armado, queda al desnudo el núcleo del crónico conflicto colombiano, del que hacen parte las comunidades regionales, el territorio y el modelo de desarrollo. Este conflicto enfrenta al Estado, los terratenientes, los dueños del capital y las transnacionales, de una parte, a la clase trabajadora y las comunidades, por otra, en su intento de construir poder popular.

Las actividades minero-energéticas son connaturales a este conflicto. La experiencia histórica permite concluir que las consecuencias negativas pueden agruparse en cuatro áreas: i) conflictos ambientales generados por la actividad extractiva, basados en un escenario de iniquidad y segregación, que afectan territorios y culturas ancestrales, destruyendo recursos naturales estratégicos como la biodiversidad y el agua dulce; ii) concentración del ingreso, la riqueza y la propiedad de la tierra; iii) economías de enclave y ausencia de encadenamientos económicos regionales y locales con la explotación de hidrocarburos; iv) militarización (legal e ilegal) de la vida cotidiana y aumento de la conflictividad por encima de la capacidad del sistema político regional y local para resolverlo.

En respuesta a esta situación, las autoridades y los pobladores locales están realizando consultas populares y democráticas para votar “si están o no de acuerdo con la exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en el territorio”. En las nueve consultas realizadas desde 2013 hasta octubre de 2017, el rechazo a las actividades de explotación petrolera es contundente y absoluta. La décima que debería realizarse en Granada, Meta, el 22 de octubre de 2017, fue obstaculizada por el gobierno nacional y la Registraduría. Hay en espera 59 consultas adicionales.

Un reciente informe de las empresas petroleras presentes en el país afirma que “cada vez es más difícil operar en Colombia”. Esgrimen razones como que empeoró la seguridad jurídica por consultas populares, y aunque reconocen que el orden público mejoró, “la percepción sobre la conflictividad social empeoró”, dice el informe. Según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, por la negativa de las comunidades a permitir la explotación, no se recibieron 226 mil millones de regalías, y en 5 años el hueco fiscal llegaría a 1,2 billones de pesos.

En respuesta a los empresarios, respecto a las consultas populares y sobre la explotación no convencional (fracturación hidráulica o fracking), el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, aseguró que el Gobierno va a generar las condiciones “para explorar estos recursos, porque pueden cambiar completamente el mapa de producción del país. Estamos hablando de multiplicar por unas cuantas veces las reservas del país y hablamos de matar el fantasma de que en cinco años tendremos que importar crudo” (El Espectador, Economía, 14 de diciembre de 2017).

La actitud antidemocrática del gobierno nacional está en contubernio con los intereses de las empresas petroleras y las transnacionales. Al bloqueo de la autonomía de las comunidades locales para definir democráticamente sus planes de vida, ordenar su territorio y defender los recursos naturales vitales para su pervivencia, se une, de una parte, el malestar por el incumplimiento con los “Acuerdos de La Habana”, el “conejo” a los convenios resultantes de las negociaciones con las movilizaciones efectuadas desde 2013 hasta 2017 por las comunidades rurales y, de otra, la preocupación por el continuo asesinato de líderes populares y gestores de paz.

A las puertas del fracking

La posibilidad de que el país vuelva a ser importador de petróleo, de acuerdo a lo proyectado por el Gobierno y las empresas petroleras, abre las puertas para iniciar la explotación de hidrocarburos no convencionales, a pesar de los graves daños ambientales y desplazamientos de población que implica. Las consultas populares realizadas muestran que las comunidades rechazan las actividades minero-energéticas en la forma que se han desarrollado en el país o las nuevas técnicas de fracking.

En este contexto, en el horizonte de mediano plazo, 2018-2022, pueden pronosticarse tres escenario i) catastrófico: reconquista del poder por parte de la extrema derecha, desconocimiento de los acuerdos de paz, privatización total de Ecopetrol, persecución a las organizaciones sindicales, desnacionalización y entrega de los recursos minero-energéticos a las transnacionales, vía libre a la explotación de hidrocarburos mediante tecnologías no convencionales, recrudecimiento del conflicto social y armado; ii) previsible: ampliación de las zonas de exploración y explotación minero-energética (en áreas donde las transnacionales no habían podido penetrar por presencia y dominio de la insurgencia); consolidación financiera de las empresas petroleras; tercera ronda de venta de acciones de Ecopetrol; venta de empresas de alta rentabilidad que integran al Grupo Ecopetrol; mayores exenciones, garantías y protección a la inversión extranjera; concertación y regulación para la explotación de hidrocarburos mediante tecnologías no convencionales; abolición de las consultas populares y confrontación-represión con las organizaciones rurales y los ambientalistas; iii) deseable: aprobación e implementación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos –LOH–, dependiendo de: la correlación de fuerzas capital/estado-USO/movimientos sociales; balance final favorable del proceso de paz y negociación del fin del conflicto armado entre el Gobierno Nacional, el Eln y la sociedad civil; cumplimiento con los acuerdos y construcción de la paz firme y duradera; alianza ganadora con partidos políticos simpatizantes del proyecto de LOH en las elecciones legislativas (marzo) y presidenciales (mayo) en 2018; conformación de un movimiento social, con arraigo espacial, defensor de la soberanía nacional y de una política pública democrática que regule las actividades minero-energéticas favorable al bienestar de las comunidades, el desarrollo territorial sostenible y el poder popular.

Por Libardo Sarmiento Anzola. Agencia de Prensa Rural

17 de febrero de 2018

Bibliografía básica:

Sarmiento, Libardo; (2017). Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO. Planeación Estratégica por escenarios: 2017-2023. Bogotá.

Sarmiento, Libardo; (2016). Colombia: plebiscito por la paz, antagonismo traumático; en: http://palabrasalmargen.com/edicion....

Sarmiento, Libardo; (2015). Arauca 1983-2015. Fin de un ciclo histórico y transición incierta. Fundación Paz y Reconciliación, Bogotá.

Sarmiento, Libardo; (2014). Municipios petroleros: desarrollo, conflicto y democracia; en: Las tendencias de la sociedad civil en Colombia. Una radiografía de la sociedad civil en seis municipios petroleros. Cinep, Asociación de Fundaciones petroleras, Ecopetrol; Bogotá.

Vega, Renán, et. Alt; (2009). Petróleo y protesta obrera. La USO y los trabajadores petroleros en Colombia (2 tomos). USO-Corporación Aury Sara Marugo. Bogotá.

Sarmiento Libardo; Et. Alt; (1996). Lineamientos generales para una política de Ecopetrol. Una perspectiva desde la ética. Ecopetrol; Bogotá.

Fuente: CENSAT