Colombia: Nordeste Antioqueño. Capital, territorio y resistencia campesina

Como una consecuencia de las intervenciones en lo espacial del capital, se tiene también que las definiciones de territorios, hechas por y para el capital y su acumulación, son contrarias con las propuestas emanadas de quienes habitan los espacios y tienen sus propias configuraciones territoriales, como son los campesinos, afrodescendientes e indígenas, lo que en últimas se puede asumir como apuestas diferenciadas de clases contradictoras.

En múltiples casos las definiciones espaciales y construcciones territoriales del capital han sido realizada por medio de las violaciones a los derechos humanos, de la violencia y de la guerra, como ocurre en el caso colombiano y como se evidencia en el Nordeste Antioqueño.

Otra consecuencia de la influencia capitalista en las definiciones de lo territorial se evidencia en el hecho de que en el país, la fijación de los asentamientos urbanos y su posterior constitución en entes administrativos territoriales, ha estado marcada por los intereses particulares de las élites y la clase dominante, quienes estructuran su propuesta de territorio. Municipios enteros se han levantado a partir de la explotación petrolera, la producción agroexportadora, el comercio internacional, las llamadas “economías ilícitas” y la extracción de metales preciosos, este último es el caso de Remedios y Segovia, municipios construidos a partir de la minería aurífera, especialmente a gran escala. Estas modalidades han permitido aumentar las tasas de beneficios de sectores privados regionales y nacionales, empresas transnacionales, élites políticas regionales (gamonales) y del narcoparamilitarismo, en detrimento de sectores populares como el campesinado, quienes por el contrario han visto amenazados y vulnerados sus derechos a partir de este afán de lucro privado y construcción territorial capitalista.

A manera de ilustración de la situación anteriormente descrita, se tiene, de una parte, el pasado del Bajo Nordeste: desde 1852 en la región hace presencia la gran minería extractiva, por medio de la empresa, de origen inglés, Frontino Gold Mines [3], en Segovia, que junto a The Pato Gold Mines, cuyas operaciones se realizaron en Zaragoza, extrajeron conjuntamente entre 1930 y 1950 el equivalente a las tres cuartas partes de la producción departamental de oro para la época [4].

Por otro lado, el futuro proyectado desde las instituciones gubernamentales para Remedios y Segovia, deja ver que la extracción de oro a gran escala continuará presente. Las proyecciones hechas sobre la producción del Distrito Minero del Nordeste Antioqueño, principalmente en el documento marco “Colombia país minero. Plan Nacional para el desarrollo minero. Visión al año 2019” estipulan que se pretende hacer del Nordeste Antioqueño el principal distrito minero nacional, pasando de 21.977 Kg de oro en el 2005 a 88.382 Kg en el año 2019 [5]. En el mismo sentido apunta la venta realizada por el gobierno de los activos de la empresa Frontino Gold Mines a la compañía canadiense Medoro Resources, desconociendo un acuerdo firmado en 1979, ante notario público en New York (EEUU) por los entonces dueños, estadounidenses, y los empleados, en el cual se hacía dación en pago de los activos de la Frontino a los trabajadores por las acreencias laborales que los propietarios poseían con éstos. La declaratoria de liquidación obligatoria, así como la venta de los activos, se ven como una estrategia gubernamental para desconocer los derechos de los empleados y pensionados, y para dejar irregular e ilegalmente la Compañía al capital transnacional, ya que adquirir la Frontino, a pesar del pasivo pensional, es un buen negocio: durante 155 años ha producido 4.5 millones de onzas de oro, es poseedora de un título minero a perpetuidad (uno de los cuatro que existen con esa característica), tiene reservas de por lo menos 5 millones de onzas, produce 55.000 onzas al año y con una inversión relativamente pequeña podría subir rápidamente esa producción a 250.000 onzas/año [6].

Esta propuesta territorial y apropiación privada de capitales, no representa mejora en las condiciones ni en los derechos de las comunidades, principalmente conformada por campesinos y pequeños mineros. Ejemplo de ello, son los altos índices de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas, especialmente en zonas rurales, cifras que reflejan la cantidad de población que se encuentra en la pobreza (38,9%) y en la miseria (45,1%) en el Nordeste. Por otra parte, el Coeficiente de Gini, ha presentado una tendencia al incremento al pasar de 0,76 en 1996 a 0,784 para el 2004, lo que permite entrever tendencias a la concentración de la tierra en la subregión, y por ende la concentración de la riqueza, lo cual va de la mano del aumento en la extracción aurífera, que no resulta ser garantía de mejoras en las condiciones de vida de los lugareños, como permiten apreciar las cifras sobre NBI.

Estas negaciones a los derechos, representadas en las precarias condiciones de vida de los habitantes y la apropiación privada de capitales, son constantes que se presentan en la construcción territorial del bajo nordeste antioqueño.

La construcción territorial ha estado garantizada por la guerra contra las poblaciones, quienes han sido víctimas de crímenes como el homicidio y el desplazamiento forzado: Los asesinatos relacionados con el conflicto, y en particular aquellos cometidos por grupos paramilitares, sucedidos durante el periodo 1990 – 1997, tuvieron magnitudes significativas, que posicionaron a Antioquia en el primer lugar, como el departamento con el mayor número de homicidios del país, viéndose también afectado el departamento por la gran cantidad de homicidios múltiples (masacres) que se presentaron. Dentro de las subregiones departamentales, el Nordeste Antioqueño se ubicó como la de mayor tasa de homicidios: 201,58 por cada cien mil habitantes.

Las muertes violentas durante los años 90, también fueron el preludio a la catástrofe departamental del desplazamiento forzado. Antioquia según los sistemas de información y monitoreo de Acción Social y de Codhes, es el departamento que mayor cantidad de personas expulsa por causa del conflicto. Esta expulsión de población, va de la mano con los niveles de concentración y despojo de la tierra en el departamento, en lo que significa la implementación de modelos de acumulación por desposesión, que beneficiaron a latifundistas. El estudio de Gaviria y Muñoz señala como en Antioquia “para 1996, el 86,4% de los propietarios poseían predios de menos de 20 has. y ocupaban el 17,8% del área total, mientras el 2,9% propietarios de predios mayores a 100 has. poseían el 51,2%; para 2004, propietarios de predios menores a 10 has. (86%) se reparten el 15% del área y los dueños de predios mayores a 100 has. (3%) concentran el 55% del territorio” [7].

A nivel subregional, en el Nordeste los propietarios de predios menores a 20 Has, en 1996, representaban el 62,9% de los propietarios con un 7,9% del área, mientras que los dueños de predios mayores de 100 Has, correspondían al 4,1% del total con un 46% del área. Para el 2004, los predios menores de 20 Has se encontraban en manos del 66,7% de los propietarios, con un área de 7,9%; por otra parte los inmuebles mayores a 100 Has representaban el 47,8% del área total, siendo propiedad de 3,8% de los dueños de tierras en el Nordeste [8]. Lo anterior deja ver, que entre el periodo 1996 - 2004, se presentó, por una parte, división en la pequeña propiedad, aumentando el número de propietarios y conservándose intacta el área de terreno; y de otro lado, reducción del número de propietarios en los bienes de más de 100 Hectáreas con aumento del área ocupada por dichos predios. El aumento de la concentración de tierras básicamente ha beneficiado a los latifundistas ganaderos, pasando el GINI de 0,760 a 0,784 de 1996 a 2004.

En síntesis las apuestas hoy en día del capital, en Antioquia, en su subregión Nordeste Antioqueño y en el Bajo Nordeste, han tenido como sustento la acumulación por desposesión y la guerra, la extracción aurífera, las proyecciones hechas sobre inversión minera y la concentración de tierras, especialmente para el latifundio ganadero; basándose en la negación de derechos fundamentales (tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales), la eliminación física, el desplazamiento forzado y el despojo de bienes. El Estado, grupos paramilitares, elites políticas, empresas transnacionales han victimizado a comunidades campesinas, pequeños mineros, obreros sindicalizados y militantes de izquierda, quienes sufrieron la definición espacial y construcción del territorio denominado Zona Minera del Nordeste de Antioquia, en la ya célebre “condena de la gente por la riqueza de la tierra”. Pero no todo es tan fácil para el capital, a pesar de lo anterior, sectores sociales resisten y construyen propuestas territoriales en el Bajo Nordeste, tal es el caso de CAHUCOPANA.

Las lecturas realizadas por la Corporación sobre el territorio del Nordeste Antioqueño, por una parte, dan cuenta de las preocupaciones de la comunidad sobre sus derechos fundamentales (especialmente el derecho a la vida y aquellos relacionados con la tenencia de la tierra) y su continuidad en la zona, y por otra parte, dan luces sobre la apuesta de territorio que campesinos y pequeños mineros proponen y construyen en el Bajo Nordeste Antioqueño, una propuesta de territorio, el territorio campesino, que se enmarca en la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra y que configura un ordenamiento territorial alternativo.

[1] El Bajo Nordeste comprende los municipios de Remedios y Segovia a los cuales la administración departamental ha denominado “Zona Minera” del Nordeste Antioqueño.

[2] Sobre la acumulación por desposesión ver: HARVEY, D. (2004). El nuevo imperialismo. Madrid: Akal; y HARVEY, D. (2004). Los nuevos rostros del imperialismo. Herramienta. No. 26. Recuperado el 16 de agosto de 2010 de ver aquí

[3] La Frontino Gold Mines se fundó el 21 de abril de 1852, cuando se constituyó la compañía inglesa Nueva Granada. La empresa con origen inglés, pasó en el año de 1910 a manos estadounidenses, hasta el año de 1976. Durante su vida jurídica ha tenido diferentes razones sociales (a manera de ilustración: Frontino and Bolivia Limited, Antioquia Company Ltda, The Frontino and Bolivia (South America) Gold Mining Company Ltda, entre otros) El nombre actual se mantiene desde el año 1931. Desde septiembre de 2004, la empresa entró en un proceso de liquidación obligatoria. El Gobierno la subastó desconociendo los derechos de los trabajadores y pensionados, quienes se reconocen como los dueños de la empresa.

[4] Jiménez O. (2002). Perfil subregión Nordeste de Antioquia. Medellín: Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo de Planeación. pp. 10 – 11

[5] Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeación Minero Energética (2006). Colombia país minero. Plan Nacional para el desarrollo minero. Visión al año 2019. Bogotá: UPME. p. 33.

[6] Gómez, M. (2010, septiembre, 2). El TLC Colombia-Canadá y la venta ilegal de la Frontino Gold Mines. Recuperado el día 14 de septiembre de 2010, de ver aquí

[7] Gaviria, C. & Muñoz J. (2007). Desplazamiento forzado y propiedad de la tierra en Antioquia, 1996-2004. Lecturas de Economía No. 66. p. 22.

[8] Ibíd.

Fuente: Prensa Rural