Colombia: Las encrucijadas del Parque Natural Nudo del Paramillo
La relación entre parques y comunidad ha sido conflictiva. A los habitantes les molesta que Parques haya afirmado que son los máximos depredadores del ecosistema, cuando las mismas organizaciones se han propuesto metas para la conservación. “Hay que adecuar la ley ambiental a las realidades del territorio”
Por Bibiana Ramírez / 14 de noviembre de 2015
Río San Jorge a la altura del corregimiento Juan José, en Puerto Libertador (Córdoba). Foto Bibiana Ramírez – APR.
A casi 40 años de estar constituido el Parque Natural Nacional Nudo del Paramillo, son más los inconvenientes que han tenido los habitantes con la entidad que los aciertos en trabajo conjunto. Este parque comprende 4.600 hectáreas, 72% de ellas en Córdoba y 28% en Antioquia.
Desde la violencia del 98 dentro del parque, la relación entre Parques y comunidad ha sido conflictiva. Entre otras cosas porque no se puede hacer inversión social ni de infraestructura, asunto que deja a los habitantes totalmente abandonados y con el miedo de que en cualquier momento los puedan sacar de sus territorios, además que los Parques se declaran a perpetuidad.
“Desde el inicio hemos trabajado con los campesinos, pero que los hechos de violencia lo hayan roto es otro paseo”, afirma Antonio Martínez, jefe del Parque y quien, según los líderes de la región, está logrando una división dentro de las comunidades, porque llama a pequeños grupos a reuniones y con ellos hace acuerdos.
En Tierralta, Córdoba, el municipio con el mayor territorio dentro del Parque, “entraron el 6 de mayo y no pidieron permiso, no hablaron con la gente, sacaron siete proyectos y a la comunidad no le dejaron nada”, dice Luis Carlos Herrera, de la Asociación de Campesinos del Alto Sinú (Asodecas).
El cultivo de coca es uno de los factores de discordia en el Parque, porque el gobierno ha priorizado la erradicación. Y casi todas las familias la cultivan porque se ha convertido en su único sustento.
Propuestas comunitarias de conservación
A los habitantes les molesta que Parques haya afirmado que son los máximos depredadores del ecosistema, cuando las mismas organizaciones se han propuesto metas para la conservación.
Un ejemplo de ello es Asodecas que ha definido: no tala de bosques, control de siembra de coca: cuatro hectáreas máximo por familia y por una hectárea de coca se debe sembrar una de comida. Agricultura orgánica, control de pesca y cacería, y comités ambientales.
Los indígenas afirman que también son guardianes de los bosques. “Los embera no somos explotadores de selva. Hay preocupación porque en el territorio nuestro están entrando a sembrar coca. Si hoy los embera retornan no van a tener dónde llegar y nos estamos quedando sin tierra. El agua está contaminada, la flora se ha acabado un 50% y no es porque nosotros lo hayamos hecho, los de afuera han venido a explotarlo”.
En las zonas de amortiguación del parque, la propuesta es crear las zonas de reserva campesina para que haya consulta previa, acuerdos con las comunidades y autonomía.
Es necesario que las comunidades conozcan el estudio del territorio que hacen el Estado y las empresas. “El territorio está concesionado y nosotros no sabemos nada de eso. Ni siquiera sabemos los límites del Parque”, cuestiona Arnobis Zapata, de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba.
A finales de 2014 se instaló una mesa nacional de concertación entre organizaciones campesinas y Parques Naturales para la solución de conflictos territoriales. El paso siguiente es hacer una reunión regional de todo el Caribe, donde se definan estrategias y propuestas comunitarias. “Hay que adecuar la ley ambiental de acuerdo a las realidades y necesidades del territorio”, es la principal petición que hacen los líderes.
Fuente: Agencia Prensa Rural