Colombia: Las Zonas de Reserva Campesina pueden ayudar a frenar la deforestación

(Artículo co-escrito por Stefan Ortiz, María Johana Cadavid, Camilo Lastra y Germán Cardoza)

En los últimos días los medios de comunicación han alertado sobre las quemas y talas que están devorando el bosque amazónico y del piedemonte especialmente en el Guaviare y el Caquetá. En estos dos departamentos de transición andino-amazónica se encuentran amenazados ecosistemas fundamentales para el funcionamiento ecológico y para la permanencia de los ciclos naturales. En este caso, la conectividad de los Andes y la Amazonía está relacionada con la circulación del agua en sus diferentes formas, así como de especies vegetales y animales.

Por eso, las imágenes de las selvas ardiendo y de los potreros incrustándose en cercanías a Chiribiquete, en la Serranía la Lindosa y en la Serranía de la Macarena, generaron tanto impacto en su momento. En todo caso, la indignación y preocupación será pasajera, pues hemos construido una comprensión de la vida que desconecta lo social de lo natural, y que desconoce las conexiones ecosistémicas, por lo que ahora no percibimos su influencia directa en nuestras formas de vida.

Un elemento explicativo clave para entender lo que está pasando es el acaparamiento de tierras. Este proceso de control territorial está ligado a la especulación con la tierra (FAO, 20171), y no siempre busca explotarla, ponerla a producir o aprovecharla económicamente por medio de la agricultura, la ganadería o el turismo. El acaparamiento está ligado a la búsqueda de una renta futura cuando esa tierra deforestada se valorice por la construcción de carreteras, la urbanización y las oportunidades de explotación.

Por eso se han mencionado como posibles causas de este nuevo impulso, entre otras: la ampliación de la frontera agropecuaria, el proceso de paz (y las expectativas que genera en términos de oportunidades económicas para las regiones), la salida de la exguerrilla de las FARC de estos territorios (pues ésta ejercía un control territorial que incluía un control ambiental en medio de la guerra), los procesos de urbanización y de construcción de carreteras como la “ marginal de la selva” (propiciada inicialmente por las mismas FARC y ahora por el Ministerio de Transporte, y que conectaría a San José del Guaviare con San Vicente del Caguán).

Mientras el Estado central reacciona lentamente, diseña, adopta e implementa medidas para detener esta crisis, los acaparadores de tierras y sus redes criminales avanzan rápidamente, destruyendo violentamente ecosistemas y territorios que difícilmente podrán recuperarse.

Este Estado es lento y burocrático. Por eso debería articularse con las redes existentes en los territorios, que han diseñado estrategias - muchas veces comunitarias- para frenar la expansión de la frontera agropecuaria. Por ejemplo, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), figura legal creada por la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios (Decreto 1777 de 1996 y Acuerdo 024 de 1996), busca “fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales (…) y crear condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas”. Parte de las estrategias para lograrlo incluye el control a la frontera agropecuaria, la corrección de los fenómenos de concentración de tierras, el desarrollo y la sostenibilidad de la economía campesina, el acceso de colonos y campesinos a la tierra (incluidas tierras baldías a serles otorgadas preferentemente), la sustitución de cultivos de uso ilícito, la protección y conservación del medio ambiente.

Las ZRC tienen el potencial de ser una herramienta de ordenamiento territorial y de ordenamiento social y ambiental de la propiedad. También pueden ayudar a contener la deforestación en áreas donde este fenómeno está disparado, como el Guaviare y el Caquetá. De ser suficientemente apoyadas por la institucionalidad, pueden contribuir a la construcción de un modelo de desarrollo rural sostenible mediante la generación de condiciones sociales y ambientales necesarias para cerrar la frontera agropecuaria en estas regiones y, en general, en las zonas de amortiguación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (ver aquí el acuerdo de voluntades de la Mesa de Concertación Nacional entre campesinos e instituciones). Las ZRC pueden ser entonces una figura complementaria de conservación y cierre de frontera.

Igualmente, las ZRC son una posibilidad real del Estado a construirse desde las regiones de acuerdo a sus realidades contextuales. Una posibilidad que requiere el reconocimiento al campesinado que, desde sus territorios, construye propuestas sociales, económicas y ambientales propias. Es el caso de los acuerdos y normas comunitarias de conservación de ecosistemas, como la Línea Amarilla en la Serranía de San Lucas, Valle del río Cimitarra (Magdalena Medio) y los acuerdos comunitarios en el Caquetá, Putumayo y Cabrera. Estas experiencias locales han mostrado su capacidad de consolidar escenarios participativos de conservación, protección, aprovechamiento sostenible de los ecosistemas e incluso sustitución de cultivos ilícitos por parte de los habitantes de estos territorios. Han resultado además en escenarios propicios y eficaces para la resolución de conflictos socio-ambientales.

A pesar de la estigmatización de las figura de ZRC, de la ausencia de políticas públicas por parte del Estado, y de la persecución a sus lideres y lideresas, reflejada en múltiples violaciones a los derechos humanos, los pobladores de las ZRC y sus organizaciones representativas han avanzado con agilidad e innovación, diseñando mecanismos para hacer realidad propuestas de desarrollo local, reflejadas en sus Planes de Desarrollo Sostenible. En ese proceso, han pedido la presencia integral del Estado durante años, más allá de la presencia armada.

Si el Estado colombiano no es capaz de reconocer esas experiencias, articularlas a otras estrategias institucionales, aportar un financiamiento a largo plazo, y aceptar que su institucionalidad pública no puede enfrentar sola las problemáticas socio-territoriales, difícilmente se podrá consolidar un modelo alternativo de vida en estas regiones que logre frenar la expansión de la frontera agropecuaria. El modelo que prevalecerá será el de las redes criminales y su control territorial.

Así como existen redes criminales que han permeado los territorios y que están propiciando la destrucción de la riqueza biológica y cultural, en este caso en el Guaviare y el Caquetá, existen también múltiples iniciativas y redes locales que, como ocurre en las ZRC, resisten y construyen alternativas de vida que aportan soluciones potenciales a estas problemáticas.

Con el liderazgo del campesinado y de sus organizaciones representativas, esas redes pueden fortalecerse, replicarse y mejorarse si el Estado las reconoce como aliadas y legítimas. Pero para ello, la institucionalidad pública - en particular el Ministerio de Agricultura y el de Ambiente, tiene que ser flexible, salir de sus rigideces burocráticas, superar las subjetividades políticas de los administradores públicos, aplicar la normatividad existente, acercarse y dialogar con las experiencias que los territorios han logrado construir a pesar de las dificultades y del conflicto armado aún latente.

Las comunidades campesinas pueden aportar ideas y acciones para frenar la deforestación como actores activos de la protección ambiental, de la conservación, del uso sostenible y de la restauración de los ecosistemas. Ni ellas, ni el Estado central y sus instituciones públicas, pueden solos.

Nota

1- FAO, 2017. Concentración y extranjerización de tierras productivas en Colombia. Marco conceptual, legal e institucional. Contribución a la aplicación de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra. Bogotá: FAO – UPRA.

*Imágen de Portada: Pacifista ( aquí)

Fuente: La silla vacía