Colombia: La lucha por el reconocimiento político del campesinado

Bogotá; 19/IX/2012

Doctora

María Ángela Holguín

Ministra de Relaciones Exteriores

República de Colombia

Bogotá

ASUNTO: SOLICITUD DE APOYO DEL GOBIERNO COLOMBIANO A RESOLUCIÓN DE NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CAMPESINA

Respetada Ministra Holguín.

Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos abajo firmantes, venimos trabajando desde hace años por la defensa de los derechos de las poblaciones rurales en el país resaltando la importancia que para Colombia tiene la preservación de los modos de vida, recursos, culturas y economías de la población indígena, afrodescendiente y campesina.

En ese sentido, quisiéramos aprovechar esta oportunidad para informarle de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), en su decimonovena sesión (marzo 2012), adoptó “El estudio final del avance de los derechos de los/as campesinos/as y de otras personas que trabajan en zonas rurales” (Documento A/CDH/19/75) [1], según el cual “El Consejo de Derechos Humanos debería crear un nuevo procedimiento especial para mejorar la promoción y la protección de los derechos de los/-as campesinos/-as y de las personas que trabajan en zonas rurales” y “el Consejo de Derechos Humanos debería desarrollar y adoptar un nuevo instrumento internacional de derechos humanos para los derechos de los/-as campesinos/-as y de las personas que trabajan en zonas rurales (párr. 74).

Teniendo en cuenta el aumento de los conflictos sobre la tierra, el agua, los precios de los alimentos y la crisis climática, existe una necesidad urgente de redoblar los esfuerzos de protección de los derechos de los/as campesinos/as y de otras personas que trabajan en zonas rurales. Actualmente, por ejemplo, estamos presenciando una dramática nueva ola de acaparamiento de tierras y aunque es difícil encontrar estadísticas precisas, se estima que, solo durante los últimos años, al menos 70 millones de hectáreas de tierras agrícolas de buena calidad han sido traspasadas de manos de agricultores campesinos a las corporaciones, y cada día más inversionistas se unen a esta demanda.

El Grupo de alto nivel de expertos/as (HLPE por sus siglas en inglés) del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial declaró en su segundo informe del 2011 que las inversiones a gran escala perjudican la seguridad alimentaria, los ingresos, los medios de subsistencia y el medio ambiente de las personas a nivel local. El HPLE reclama a los Gobiernos que: 1) reconozcan el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los/-as campesinos/-as en relación a la tierra y los recursos naturales, de los que dependen sus medios de subsistencia; 2) aseguren el acceso y el uso de las tierras por los/-as campesinos/-as, pastores, habitantes del bosque, pescadores y personas indígenas; 3) adopten unas políticas de tierra que sean redistributivas, en los contextos caracterizados por la desigualdad en el control y la tenencia de la tierra; y 4) prioricen las inversiones en el sector de la agricultura a pequeña escala y en los sistemas alimentarios alternativos que sean socialmente inclusivos, además de sostenibles a nivel medioambiental, utilizando los principios de la agro-ecología.

El estudio del HLPE apoya claramente los resultados y las recomendaciones del estudio final presentado por el Comité Consultivo del CDH. El acceso equitativo a los recursos alimentarios productivos es vital para las comunidades rurales y es una condición previa para que los sistemas alimentarios sostenibles garanticen la realización del derecho a una alimentación adecuada para todos/-as. El estudio declara que “A pesar del marco existente de derechos humanos, los/-as campesinos/-as y otras personas que trabajan en zonas rurales son víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos que los hacen tremendamente vulnerables ante el hambre y la pobreza. Para superar esta situación y avanzar en sus derechos se hace urgente: (a) mejorar la implementación de las normas internacionales existentes, (b) abordar las lagunas normativas en las leyes internacionales de derechos humanos, y (c) elaborar un nuevo instrumento jurídico para los derechos de las personas que trabajan en zonas rurales" (A/CDH/19/75, párr 63).

Las organizaciones firmantes de este mensaje apoyamos las recomendaciones del Comité Consultivo y, por lo tanto, instamos al Gobierno de Colombia a participar en el respaldo a la adopción de una resolución durante la vigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tome medidas concretas para abordar la discriminación a la que se enfrentan los/-as campesinos/-as en línea con las recomendaciones incluidas en el Estudio del Comité Consultativo. En ese sentido, recomendamos respetuosamente que la misión diplomática colombiana en Ginebra apoye y vote a favor de dicha resolución.

Confiamos que Colombia se comprometerá con la protección de los derechos humanos de las personas marginadas y menos favorecidas, particularmente de las que viven en zonas rurales, y que nuestro país trabajará para proteger las personas que viven en zonas rurales a nivel nacional.

Agradeciendo su apoyo a esta iniciativa.

Saludos cordiales,

FIAN Colombia (Contacto: Juan Carlos Morales González, correo electrónico: moc.liamg@noicatnemilaohceredrop)

Grupo Semillas

Asociación de Trabajo Interdisciplinario – ATI

Organización Nacional Indígena de Colombia

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA

Mesa Nacional de Unidad Agraria

Campaña Semillas de Identidad

ANUC-UR - COLOMBIA se.oohay@ru_cuna, Edilia Mendoza

CC: Misión diplomática colombiana en Ginebra.

[1] Disponible aquí (pdf)