Colombia: Estado y empresarios a toda máquina por el modelo agroindustrial

Por Grupo Semillas

El pasado martes 25 de julio se llevó a cabo el foro: “Tierras y desarrollo: Una mirada vanguardista a la propiedad del campo”, convocado por la Revista Semana y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Al evento asistió como representante del gobierno Miguel Samper Strouss, director de la ANT; empresarios del agro como Jorge Enrique Bedoya, actual director de la junta directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC); Jaime Liévano, dueño y presidente del grupo Aliar; Carlos Enrique Cavelier, coordinador de "sueños de Alquería" y Abel Mercado Jaraba, Miembro de la junta directiva de Oleoflores. Este espacio, convocado para exponer el modelo de tierras que pretende impulsar el gobierno nacional, deja claras las intenciones de continuar fortaleciendo al sector empresarial agroindustrial en el campo y el no reconocimiento de las prácticas, saberes y economías propias del movimiento agrario.

El gobierno nacional busca impulsar una “gestión inteligente del país y la tierra” en cabeza de instituciones como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que trabajan para establecer reglas de juego claras que permitan aumentar la productividad de la tierra, a partir de información clara sobre su vocación y su titularidad. Sin embargo, el reto es mayúsculo, especialmente para una institucionalidad que ha mostrado grandes limitaciones para la formalización, adjudicación y toma de decisiones para gestionar la tierra de manera justa y equitativa.

Para ello propone una “administración inteligente de la tierra” basada en recuperar y formalizar la tierra, a partir promover reglas de juego claras para los empresarios y la aplicación de tres estrategias en concreto: 1). Suscripción de contratos de aprovechamiento para atraer inversión privada y aumentar la productividad de la tierra; 2). Derechos de uso, que permitan el aprovechamiento de las tierras por un periodo de tiempo determinado, sin que ello implique transferencia de la propiedad por parte de la nación - figura que debe ser tramitada a través del Congreso de la República -; 3). Delegar la administración de baldíos para que exista una ‘administración inteligente de la tierra; y generar confianza inversionista que atraiga capitales hacia el campo colombiano, permitiendo, en palabras del director de la ANT “romper con la inexistente dicotomía entre el campesino y el empresario”.

El empresariado coincide en que la titularidad de tierra por sí sola no tiene un valor si no se garantiza la productividad para la generación de riqueza, de allí que se requiera de procesos eficientes de formalización y empresarización de las tierras. Este proceso, de acuerdo con los panelistas, pasa por entender que la violencia y la pobreza en el campo colombiano no se limitan a la tenencia de tierras sino a las condiciones de la ruralidad. Como lo afirmó Jaime Liévano, gerente de la Fazenda -empresa santandereana que ha sido cuestionada por adquirir predios baldíos en los llanos orientales (1),: “La tierra es solo uno de los elementos... lo peor que nos puede haber pasado a nosotros es que hayamos pensado que todo lo hace la tierra (...) las tierras de los llanos orientales, repartan o no repartan ¡no importa!, porque eso no produce nada.”

Cabe resaltar que esta manera de “gestionar las tierras” ha sido avalada recientemente por la Corte Constitucional en la sentencia C-077 de 2017 que declara exequible la ley Zidres y que adecúa la legislación agraria para que los empresarios ocupen las tierras baldías, mediante contratos de arrendamiento y derechos de uso no traslativos de dominio que refuerzan el modelo de desarrollo rural agroindustrial y el dominio que ejercen los grandes empresarios del agro sobre los territorios.

A partir del postulado de que existen dos tipos de tierra en Colombia (unas productivas para los campesinos y otras improductivas destinadas a los empresarios), se zanja el debate pendiente sobre los conflictos por acumulaciones indebidas, acaparamientos, despojo y la necesidad de implementar una reforma agraria que desconcentre las tierras y el poder político asociado a estas.

Las denominadas tierras improductivas le caen como anillo al dedo a la agroindustria en dos sentidos. En primer lugar porque los altos costos para la producción en estas tierras han permitido que sean cedidas fácilmente por el Estado o por pequeños propietarios. En segundo lugar, porque el Estado se compromete a garantizar el “empuje productivo” necesario para generar la rentabilidad a partir de su usufructo. Este “empuje productivo”, materializado a través de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- permite llevar a los territorios las adecuaciones de la infraestructura rural, transferencia de tecnología y sistemas de crédito, no para proveer servicios a los territorios abandonados y afectados por el conflicto armado, sino para generar las condiciones necesarias para impulsar allí los negocios agroindustriales.

En este sentido, la gestión inteligente de las tierras, mediante reglas de juego claras, se promueve con el fin de expandir el modelo agroindustrial sin ninguna preocupación por otras formas de producción. La territorialidad campesina, étnica y sus economías propias quedan relegadas y expuestas a las asimetrías existentes, dejando en entredicho la falsa premisa del gobierno nacional sobre la “posibilidad de coexistencia entre todas las formas de producción”, ya que solo se reconoce e incentiva la agroindustria como modelo de ocupación territorial.

Las buenas intenciones de la ANT contrastan con la ausencia del movimiento agrario como interlocutor en estos espacios de discusión. Más aún cuando en nombre del desarrollo agrario, se avala la ley Zidres como el marco jurídico para el ordenamiento de las tierras en función de la acumulación, reduciendo el papel de los campesinos como simples trabajadores rurales y considerando a la tierra como un simple factor en la cadena de agregación de valor.

Finalmente, ante un clima político polarizado y próximo a elecciones, el consenso, el diálogo y la participación política deben tomar un lugar fundamental en la construcción de verdaderas transformaciones en el campo colombiano. Para ello es necesario que cese la cooptación de las instituciones encargadas de materializar la Reforma Rural Integral, así como la instrumentalización de los acuerdos de paz en función de la avanzada agroindustrial en el país.

Nota

(1) Verdad Abierta. (2015). “Hemos sido absolutamente legales”: Jaime Lievano VERDADABIERTA.COM: http://www.verdadabierta.com...

Fuente: Grupo Semillas, Julio de 2017