Colombia: Con las zidres queda todo por hacer

LAS CREÓ LA LEY 1776 DE 2016

Por Rocío Peña Huertas, María Mónica Parada y Luis Enrique Ruiz*

Ante la noticia de que la Corte Constitucional avaló casi la totalidad de la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, zidres, se han dicho muchas cosas. Los más pesimistas ven en la decisión de la Corte la legalización del despojo y la instrumentalización del campesinado como mano de obra barata. Los más optimistas defienden los potenciales de las zidres como un modelo de desarrollo económico apropiado para aumentar la productividad de algunas regiones del país.

Ambos bandos coinciden en que con la decisión de la Corte se han levantado las restricciones a la acumulación de predios que eran baldíos. Pese a que aún hay demandas contra la ley pendientes de decidirse en la Corte, algunos ven con preocupación el antecedente que se ha fijado con la decisión de esta semana y no esperan determinaciones favorables.

Sin duda, la angustia por las repercusiones negativas del aval a las zidres hay que ponerla de presente, pero también dar cuenta de que aún hay múltiples escenarios que restringen la implementación de estas zonas, escenarios que se han abierto por cuenta de los condicionamientos hechos por la Corte y que pueden ser aprovechados por todas aquellas organizaciones que no ven en la nueva figura para el sector rural un modelo deseable de desarrollo.

Lo que perdimos

Con las zidres hemos llegado al absurdo de ofrecer seguridad y estabilidad jurídica a quienes violan la ley. Por cuenta del aval de la Corte Constitucional, las acumulaciones irregulares de baldíos podrán dedicarse a proyectos productivos auspiciados con recursos del Estado, mientras los procedimientos agrarios que en otro momento debían adelantarse para recuperar estos bienes ocupados indebidamente, no se iniciarán o se detendrán. Por ahora, la única salida es que la parsimonia burocrática estatal también dé al traste con esta pretensión.

La decisión impacta directamente los objetivos del Fondo de Tierras que se concibió en el punto uno del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc-Ep. La recuperación de baldíos era una de las fuentes que alimentan el fondo. Además, los baldíos que debían destinarse a la distribución de tierras a sujetos de reforma agraria podrán ser entregados en arriendo o concesión a proyectos asociativos. Si la inequidad en la distribución de la tierra es hoy un grave problema colombiano, el aval de las zidres agudizará ese problema, por cuenta de decisiones promovidas por el mismo Gobierno que debe implementar el Acuerdo de Paz.

El visto bueno a las zidres representa un retroceso en la garantía del derecho a la consulta previa de grupos étnicos. Es difícil entender cómo no era necesario agotar la consulta previa en una ley que contempla a determinadas comunidades étnicas como sus “beneficiarias”. Una vez se publique la sentencia, o al menos el comunicado de prensa, se podrán analizar los alcances de la decisión y revisar qué tanto retrocedimos con la Ley Zidres en la garantía del derecho a la consulta previa frente a medidas legislativas.

Lo que está en juego

Los condicionamientos de la Corte abren todo un conjunto de escenarios que perfilarán y determinarán la forma como se implemente la Ley Zidres.

Pese a que ya se cuenta con algunas aproximaciones sobre los lugares en los que se podrían ubicar las zidres, la prohibición de constituirlas fue extendida a los “territorios indígenas que se encuentren en proceso de titulación como resguardos”. Esta medida protege a las comunidades que llevan años tramitando sus solicitudes de reconocimiento de territorios colectivos y será un obstáculo que las agencias del Estado no podrán superar fácilmente. Cabe recordar que nuestros sistemas de información siguen siendo precarios y la información disponible no es precisa en cuanto a la ubicación y extensión de los territorios que en este momento se encuentran pendientes de titulación en resguardos. Para agosto del año pasado, el director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Felipe Fonseca, reconocía que la entidad aún no podía “cartografiar” restricciones como esta.

Otro de los escenarios que se abren a debate es el de la necesidad de que los concejos municipales incidan en el proceso de identificación, delimitación y aprobación de las zidres. Esto, que tiene de largo como de ancho, no solo pondrá de presente los problemas de articulación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales, sino que es una alerta a la necesidad de crear estrategias que impidan la cooptación de los espacios de participación por parte de las élites regionales que históricamente han instrumentalizado a las autoridades locales para beneficiar sus intereses. Además, se plantea la necesidad de hacer una evaluación seria y sin romanticismos de la descentralización. No obstante lo anterior, también plantea la oportunidad para que las comunidades locales puedan empoderarse y evitar la delimitación de estas zonas.

Incluso en el escenario judicial el debate no está saldado para las zidres. No solo porque a una demanda interpuesta por el senador Jorge Robledo y otros congresistas se suma la demanda promovida por 17 mujeres contra la Ley Zidres y el anuncio de acciones judiciales contra su decreto reglamentario, sino que además la Corte se abstuvo de pronunciarse frente a algunos cargos que abren la posibilidad de interponer nuevas acciones de inconstitucionalidad. Frente a las zidres queda todo por hacer.

*Demandantes de la Ley Zidres ante la Corte Constitucional. Integrantes del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.

Fuente: El Espectador, 11 de febrero, 2017