Colombia - Despojar y desplazar: Estrategia para el desarrollo de la Orinoquía

Resumen Ejecutivo:

Después de un conflicto armado de medio siglo en Colombia, el cual está en proceso de terminación, es importante insistir en sus causas y de manera especial en el problema del acceso y control de la tierra y el territorio. El asunto sustancial de la posesión, uso y distribución de la tierra ha marcado, por lo menos desde la mitad del siglo XX hasta nuestros días, los principales problemas del país. El elemento central de este proceso ha sido el acaparamiento de tierras, lo cual explica el desplazamiento forzado, el despojo y las violaciones masivas de derechos humanos sobre la población. Este fenómeno arroja las preocupantes cifras de 8 millones de hectáreas despojadas, 7 millones de personas en situación de desplazamiento forzado interno[1] , cientos de miles de personas en situación de desplazamiento forzado transfronterizo, y, en materia de concentración de la propiedad de la tierra, el vergonzoso gini[2] de propietarios en el sector rural de 0,88[3].

Puede afirmarse que los grandes beneficiarios de esa “contrareforma agraria” han sido, por una parte, grupos de poder nacionales con músculo económico e influencia política así como sectores relacionados con el paramilitarismo en sus diversas formas[4]. Estos actores vieron en el acaparamiento de tierra una manera de controlar territorios mediante proyectos económicos, los cuales en muchos casos estuvieron relacionados con la cadena del narcotráfico. Por otra parte, inversionistas nacionales y extranjeros han resultado beneficiados de estas reformas. Gracias a la política pública de fomento al desarrollo de grandes proyectos agroindustria les, forestales, minero-energéticos y de infraestructura, se les reservó a dichos inversionistas la entrega en concesión y/o arrendamiento de grandes extensiones de tierras por amplios períodos de tiempo para el desarrollo de sus emprendimientos bajo la declaratoria de utilidad pública (Ley Zidres).

En este contexto se refrendó, entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, en noviembre de 2016, el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En sus 310 páginas, este documento hace referencia a 6 puntos: i) Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral, ii) Participación política: apertura democrática para construir la paz, iii) Fin del conflicto, iv) Solución al problema de las drogas ilícitas, v) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto: “Sistema integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición” incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y compromiso sobre derechos humanos y vi) la implementación, verificación y refrendación.

Este acuerdo busca el fin del conflicto armado con dicha insurgencia y traza líneas muy relevantes para superar la necesidad de transformaciones estructurales del campo con condiciones de bienestar para la población rural, avanzar en la solución de los problemas de propiedad y concentración de la tierra, la exclusión del campesinado, el atraso en el que viven las comunidades rurales en el país y, sobre todo, garantizar la no repetición del conflicto a través de la erradicación de la violencia. Para ello, el Acuerdo sitúa como pilares el esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de las víctimas y las responsabilidades de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado. Hay que señalar que, en dicho acuerdo, particularmente en lo referido a los Puntos I y V, se brindan algunas oportunidades, pero también algunos riesgos, ya que en el proceso de implementación del marco normativo, en el Congreso de la República, no se está apuntando a su desarrollo sino a limitarlo. Un claro ejemplo es el Decreto Ley 902 de 2017 expedido en el marco del “fast track”, el cual modifica los requisitos para acceder a tierras del Estado e incluye a “nuevos beneficiarios a título oneroso”, lo cual debilita la Unidad Agrícola Familiar.

El presente informe hace una aproximación a la región de la Orinoquia colombiana prestando especial atención a la apropiación de tierras y territorios por grupos políticos, económicos y armados, especialmente paramilitares y/o narcotraficantes, brindando elementos para entender cómo esa disputa por la tierra repercutió en la población local y en las comunidades étnicas de la región.

Para ello, a través de la historia de Yeny Chipiaje, indígena Sikuani – Cubeo nacida en el municipio de La Primavera (Vichada), quien ejemplifica a las víctimas y los casos sobre emprendimientos agroindustriales documentados en la Altillanura, se busca responder a algunos interrogantes planteados por las víctimas: ¿por qué llegaron los actores armados a su territorio? ¿Cuáles han sido los intereses y los beneficiarios del conflicto en este territorio? ¿Por qué las víctimas no han sido debidamente reconocidas y reparadas? ¿Por qué las políticas públicas en la zona se han orientado a favorecer los intereses del sector privado? Seguramente estas preguntas son las mismas que se hacen las víctimas en otras regiones del país y que están viendo cómo el poder económico concentrado con la fuerza de las armas está en manos de sus beneficiarios, de terminadores o sus herederos.

Nos centraremos en la región de la Orinoquía, que involucra los departamentos de Casanare, Meta[5], Vichada, Guaviare [6], Arauca[7], Guainía y Vaupés.

Sin embargo, este Informe hará referencia únicamente a los cuatro primeros y evidenciará los enormes intereses económicos que allí existen, tales como la agroindustria de monocultivos para agrocombustibles y la producción de cereales, proyectos forestales, ganadería extensiva, emprendimientos minero-energéticos, así como cultivos de uso ilícito. Actividades todas desarrolladas bajo una visión extractivista para satisfacer la demanda internacional de materias primas.

Hay que resaltar que esta dinámica de inversiones privadas estuvo antecedida de diferentes intervenciones militares y acciones armadas de grupos paramilitares, quienes han consolidado su dominio territorial. En ese proceso, en los años ochenta, asesinaron y desaparecieron a 3.000 líderes del movimiento político de la Unión Patriótica, perpetraron innumerables masacres como la ocurrida en el municipio de Mapiripán (Meta). Tales masacres fueron cometidas por los paramilitares en complicidad con las fuerzas armadas, lo cual generó desplazamiento forzado, despojo y vaciamiento territorial, ya que la estrategia paramilitar tenía como uno de sus fines garantizar el control territorial para dar paso a los proyectos de tipo empresarial.

Este informe, en virtud de su enfoque de tierras y víctimas, señala mecanismos utilizados para el despojo, los cuales se caracterizan por la presión, violencia y otros tipos de intimidación, que en muchos casos contaron con la participación y colaboración de funcionarios públicos que se prestaron a realizar diversos tipos de operaciones para “legalizar” o justificar legalmente el despojo de la tierra a sus legítimos propietarios. La dimensión de este problema se observa en el proceso de Restitución de tierras (Ley 1448 de 2011), en cuyo marco se radicaron, sólo en el departamento del Meta, 5.000 solicitudes de víctimas del conflicto que buscan que les restituyan sus propiedades. Situación similar se observa en Guaviare con 1.684, en Vichada con 720 y en Casanare con 679 solicitudes[8]. Esto muestra que la región fue epicentro del arrebato de las tierras con el uso de la violencia, especialmente por los paramilitares. A través de las políticas públicas y el modelo de desarrollo rural, se ha desatado también otra oleada de despojos como la padecida por Yeny Chipiaje y su comunidad indígena Sikuani – Cubeo. Una situación similar la han vivido campesinos y colonos.

El documento comienza narrando la historia de vida de Yeny, evidenciando su situación como víctima. Luego, brinda elementos de ubicación geográfica de los Llanos orientales. Posteriormente, hace una mirada especial a la violencia y la forma cómo arrebataron las tierras y con qué propósitos o fines, demostrando, por una parte, la vulneración de derechos y, por otra, el telón de fondo del despojo. Seguidamente se expone la respuesta institucional a esta problemática, que en general ha sido la legalización de la usurpación y brindar una especie de “salvavidas” a las empresas que acumularon de manera ilegal baldíos. Más adelante, se precisan algunas características de territorios y casos concretos en donde la dinámica de agronegocios y de proyectos extractivos muestra cómo dichos proyectos se beneficiaron del despojo y del modelo de desarrollo rural. Finalmente se resaltan los elementos centrales del Acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC relacionados con los puntos I y V, los cuales, para las comunidades y las víctimas, constituyen elementos sustanciales para el reconocimiento y esclarecimiento de los hechos que pueden hacer quienes participaron de diversas formas en el conflicto. Gracias a lo contemplado en el Acuerdo en dichos puntos se abre una posibilidad —tal vez la única en mucho tiempo— para que las víctimas conozcan la verdad, sean reparadas y se generen garantías para la no repetición. Esto requiere del acompañamiento de organizaciones solidarias a nivel nacional y global para rodear y apoyar a las víctimas con el fin de que logren recuperar sus territorios.

De igual forma, se hacen unas recomendaciones al gobierno nacional, a la comunidad internacional y a las organizaciones sociales de víctimas y acompañantes para que el despojo territorial que siguió al desplazamiento forzado no sea legalizado aprovechando la coyuntura actual del país.

Notas

[1] Centro de Memoria Histórica. Una nación desplazada. Informe Nacional del desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, CNMH- UARIV, 2015.
[2] Cuando el valor se aproxima a 1, se trata de una situación en la cual la posesión de la tierra está concentrada en pocas manos. En cambio, si el valor se acerca a cero, la propiedad de la tierra está distribuida más equitativamente.
[3] “Atlas de la Distribución de la propiedad rural en Colombia”, IGAC, disponible aquí
[4] Las guerrillas han controlado territorios por razones estratégicas y han tenido posesión en algunos lugares. Pero por la movilidad que exige la guerra y de su ilegalidad no han sido poseedores relevantes de tierras, aunque la opinión generalizada piense lo contrario.
[5] Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN): La Guajira, La Reforma y Yarí, en los municipios de Mesetas, Vistahermosa y La Macarena, respectivamente.
[6] ZVTN: Charras y Colinas, en el municipio de San José del Guaviare.
[7] ZVTN: Las Filipinas, en el municipio de Arauquita.
[8] El nuevo mapa de la restitución de tierras. Obtenido de: http://www.elespectador.com...

Publicado por Humanidad Vigente

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