Colombia: "Cultivos ilícitos" y agenda de paz, por INDEPAZ

17 de marzo de 2001

I. ¡Cese inmediato a las fumigaciones!
- Parar las fumigaciones contra los campesinos, colonos e indígenas, constituye hoy una prioridad en defensa de los derechos humanos, la integridad de las comunidades y las familias, la seguridad alimentaria, la salud y la biodiversidad, vulnerados por las políticas represivas contra los cultivos con fines ilícitos impulsadas por el Estado colombiano.

- Un caso reciente es la fumigación intensiva en el Putumayo. Según la Defensoría del Pueblo, se fumigaron incluso proyectos de Desarrollo Alternativo y de cooperación internacional y hasta cultivos lícitos de comunidades indígenas y campesinas que ya habían firmado ?cartas de intención o de compromiso? para la erradicación manual. La fumigación ?señala el informe- aumentó la deforestación del piedemonte amazónico, destruyó cultivos de alimentos y de plantas medicinales, afectó estanques piscícolas, incrementó migraciones de animales silvestres, produjo daños sobre los cuerpos de agua, redujo la seguridad alimentaria de los habitantes de las zonas afectadas, incrementó el costo de la vida, produjo desplazamiento de población hacia otros departamentos y hacia el Ecuador[2].

- Frente a esto es urgente ampliar la movilización nacional e internacional, para exigir el cese de las fumigaciones y discutir alternativas en el marco de una agenda de paz.

- Además de suspender la fumigación química, se debe descartar cualquier proyecto de investigación o uso de armas biológicas para erradicar cultivos de coca, amapola o marihuana y solicitar a la Comisión de Estupefacientes de la ONU y a la Conferencia de las Partes del Convenio de Armas Biológicas y Tóxicas, la prohibición global del uso de agentes biológicos contra cultivos.

II. Evaluar la ?política antidrogas?
- La ?política antidrogas?, auspiciada por los EE.UU., significa la criminalización de los campesinos cultivadores, la militarización de la región y la internacionalización del conflicto colombiano.

- En la actualidad es evidente que, mientras esta política afecta a los campesinos, los narcotraficantes desplazan los cultivos incluso entre países y protegen sus capitales en el sistema financiero internacional y los ?paraísos fiscales?.

- Las leyes antidroga y el prohibicionismo crearon el problema que padecen países, como Colombia, donde hoy existen cultivos declarados ilícitos. ?La coca, que solía masticar una minoría indígena en nuestras montañas aisladas, se convirtió en un artículo de lujo gracias a la política del gobierno norteamericano. Poco tuvimos que ver con ella, ni en sus orígenes, ni en sus fatales resultados. Pero ahora somos ?The Colombian Connection??, dijo Alberto Lleras Camargo[3]. Por ello, conocidos intelectuales, promueven el debate internacional sobre la legalización de la droga; argumentan sobre la despenalización e insisten en que las organizaciones criminales que actúan alrededor del fenómeno de las drogas sólo serán derrotadas cuando se desvertebre su estructura financiera, edificada sobre los inmensos rendimientos que produce el prohibicionismo[4].

III. Nuevo enfoque de corresponsabilidad internacional
- Es urgente un nuevo concepto de responsabilidad internacional compartida. El mal no son las drogas en sí mismas, sino las políticas[5]. La política represiva hasta ahora aplicada genera dividendos para los narcotraficantes, golpea a campesinos y consumidores y se convierte en arma de dominación imperial de los EE.UU.

- La corresponsabilidad no puede consistir en la ?ayuda militar? o en recursos para un ?desarrollo alternativo? entendido como complemento de acciones de fuerza contra los países productores, en especial contra los campesinos[6], sino en la promoción de soluciones pacíficas, reformas estructurales con aportes de los países consumidores, los países proveedores de insumos químicos y los países que encubren los capitales producto del narcotráfico.

IV. Descriminalizar y despenalizar: los mínimos de la concertación
- Es indispensable distinguir entre cultivos de grandes extensiones y cultivos campesinos y aplicar estrategias diferenciadas: (1) erradicación sin compensación y por medios manuales o mecánicos no contaminantes para las grandes áreas; (2) para las siembras pequeñas y medianas sustitución concertada, gradual, manual, limpia y compensada económicamente[7].

- Además del cese de las fumigaciones, otra condición mínima para iniciar un diálogo justo con los campesinos es descriminalizar el cultivo, modificando la Ley 30 de 1986 y aboliendo la Resolución 005, de agosto 11 de 2000, emitida por el Consejo Nacional de Estupefacientes que amplia la fumigaciones donde se compruebe los cultivos ?ilícitos? fraccionados y/o mezclados con cultivos lícitos.

- Es necesario establecer mecanismos ágiles, eficaces e imparciales para la tramitación de demandas de reparación económica por daños causados a campesinos e indígenas por las operaciones antinarcóticos[8].

- Se requiere reconocer plenamente a los pueblos indígenas los usos tradicionales de la hoja de coca y en relación con los pequeños y medianos cultivadores levantar la prohibición del cultivo y estudiar sus usos medicinales, alimenticios e industriales. Para que no llegue a manos mafiosas y destinarla a estos usos, también se podría comprar a los campesinos la producción de coca, marihuana y látex de amapola.

- Aceptando que es imposible eliminar las drogas, se debe tratar su abuso como asunto de salud pública, como se hace con el alcohol y el tabaco, teniendo en cuenta que la despenalización del consumo es una política incompleta si se mantiene la guerra en el polo de la ?oferta?[9].

- Concentrar la ?represión legítima? (Law Enforcement) en los eslabones de la cadena financiera de los ilícitos, suministro de insumos, narcotráfico y paraísos fiscales; eliminar las facilidades jurídicas y fiscales para repatriar y legalizar las ganancias ilícitas, con base en acuerdos internacionales de corresponsabilidad[10].

V. Políticas estructurales
- Dado que la iniquidad de la estructura de la propiedad de la tierra y la expulsión de campesinos de las áreas de frontera agrícola facilitan la expansión de los cultivos con fines ilícitos, se requiere políticas estructurales que contribuyan a resolver el problema social, revertir flujos migratorios, estabilizar procesos de colonización, disminuir la presión sobre la selva, los bosques de niebla y otros ecosistemas frágiles.

- Pero es necesario distinguir entre (1) los colonos y jornaleros recolectores de hoja de coca, ?raspachines?, muchos de ellos de origen urbano y (2) los colonos campesinos, expulsados del interior del país hacia la periferia selvática y que, a diferencia de los primeros, tienen algún potencial de arraigo[11].

- Esto exige estrategias diferenciadas para cada caso, estímulo al retorno a lugares de origen o la reubicación; con ordenamiento territorial que delimite áreas ocupadas y áreas protegidas, que sustraiga los territorios de colonización situados sobre ecosistemas frágiles o sin perspectivas para una reconversión productiva sostenible. Los programas de reubicación de población que de allí se deriven deben ser voluntarios y graduales, con garantías para una vida digna y segura en los sitios de llegada[12].

- Es necesario un nuevo modelo de desarrollo que amplíe las oportunidades a los más pobres. Esto incluye reforma agraria con redistribución democrática de la tenencia de la tierra en los suelos con vocación agrícola, que proteja la economía campesina, busque la recomposición del campesinado y contribuya a superar el desplazamiento forzado y la migración a regiones no agrícolas, selvas y páramos.

- Hace falta políticas de desarrollo social, empleo y capacitación de carácter preventivo que frenen la expansión de los cultivos con fines ilícitos y la migración de población urbana hacia los centros de producción de hoja de coca. Las barriadas pobres urbanas constituyen uno de los orígenes de cultivadores de ?ilícitos? y de ?raspachines?, por lo cual es necesaria una política de empleo urbano y reactivación económica que desestimule la migración hacia el cultivo o la cosecha de hoja de coca o amapola.

- La defensa de la diversidad biológica y cultural también requiere un régimen especial de protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y afroamericanas, de conformidad con su derecho consuetudinario y con instrumentos del derecho internacional como el Convenio 169 de la OIT, Ley 21 de 1991, y el Convenio sobre Diversidad Biológica. Es indispensable una moratoria sobre la bioprospección mientras la herencia cultural de los pueblos y comunidades no esté protegida a cabalidad por leyes nacionales e internacionales[13].

VI. ¿Políticas de ?sustitución? o de competencia?
- Sustituir cultivos declarados ?ilícitos?, ubicados sobre ecosistemas frágiles, por cultivos ?lícitos? en estos mismos sitios, no constituye una reconversión productiva sostenible.

- Allí donde la vocación de los suelos lo permita, en lugar de recomendar cultivos sustitutivos, se sugiere derivar hacia complejos de actividades en competencia con la economía de los narcóticos, basadas en la sustitución voluntaria y gradual por las comunidades campesinas. Por lo tanto, se trata de una acción sostenida a largo plazo, teniendo en cuenta que mientras haya demanda de narcóticos habrá su correspondiente oferta[14].

- La sustitución, no de la planta, sino del uso, para destinarla a la alimentación, la medicina y otros fines, es otra propuesta viable en lo social, económico y ambiental.

VII. Autogestión, seguridad alimentaria, solidaridad y sostenibilidad ambiental.
- Condiciones esenciales para el desarrollo de esas propuestas competitivas son: la construcción social de espacios de acuerdo con las características de los ecosistemas, con base en el desarrollo del poder local y la autogestión de las comunidades; el mejoramiento de las explotaciones agrícolas y pecuarias, mediante prácticas sostenibles como el potrero arborizado, la ganadería estabulada, la silvicultura, la acuicultura, la zoocría controlada, la agroforestería y otros modelos agrícolas alternativos y biodiversos.

- Este enfoque debe contribuir al fortalecimiento de la solidaridad veredal y entre vecinos, a una relación más armónica con el entorno natural, con seguridad alimentaria de las familias y autosuficiencia alimentaria regional, recogiendo experiencias de los pueblos indígenas, comunidades locales campesinas o afroamericanas.

VIII. Gradualidad
- La experiencia demuestra que los campesinos no pueden esperar mucho de los subsidios que ofrezca el Estado. Dentro de una concepción global de gradualidad, la menor importancia de la economía de la coca, incluida la siembra de la planta, debe considerarse un resultado del desarrollo y no un prerrequisito condicionado para la inversión. A problemas estructurales no se puede buscar soluciones de corto plazo, porque aunque sean concertadas y productivas, siempre tendrán en el trasfondo la amenaza punitiva para los que "no cumplan". La pregunta es: ¿Quien tiene que demostrar eficacia?¿El gobierno?¿O el campesino, con todos los factores económicos adversos?

- Por ello no son justas ni viables propuestas de ?pactos de erradicación? manual ?espontáneos o no- como consecuencia del peso disuasivo de las fumigaciones o de plazos perentorios[15].

IX Acciones desde las mesas de diálogo y negociación
- Cese multilateral del fuego. Un aspecto esencial es la promoción y defensa de una solución política negociada al conflicto armado en Colombia y el cese multilateral al fuego, con el fin de ambientar los diálogos y las negociaciones, con la participación de la sociedad civil y el apoyo de la comunidad internacional.

- Fondo Estatal de Promoción de la Paz de Colombia, coordinado por el Gobierno nacional, la insurgencia y las organizaciones sociales, para estimular proyectos de desarrollo social[16], con recursos de cooperación internacional y los del actual Fondo de Inversión para la Paz.

- ?Laboratorios de desarrollo alternativo, paz y protección ambiental?, con base en acuerdos tripartitos, entre el gobierno, la insurgencia y las comunidades, con una Comisión Internacional de Veeduría y Verificación[17]. Ello incluye una tregua armada multilateral, acompañada de compensación de los recursos económicos para el sostenimiento de la fuerza insurgente y la sustitución de cultivos en áreas delimitadas[18].

- Comisión Latinoamericana de Paz que responda a los impactos del Plan Colombia sobre la región andino amazónica, apoye el proceso de paz de Colombia y busque alternativas a la fumigación química y las amenazas de guerra biológica, con base en la defensa de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, la biodiversidad, los recursos hídricos y el medio ambiente.

X. Movilización social y ciudadana
- Para fortalecer la agenda de paz, en lo inmediato, es necesaria la movilización social y una campaña pública, nacional e internacional, por la abolición de las fumigaciones con ?Glifosato? y de la amenaza de métodos químicos o biológicos más agresivos. Asimismo, se requiere el control o seguimiento de los pactos de erradicación manual, con base en la defensa de los Derechos Humanos y la creación de veeduría regionales ojalá con participación de entidades internacionales.

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ -
Coordinó la elaboración de este Memorando: Darío González Posso.

[2] Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial # 1, 9 feb/01; Resolución # 4, 12 feb/01. www.defensoria.org.co

[3] Alberto Lleras Camargo. EL TIEMPO, Bogotá febrero de 1979.

[4] Fundación Presencia, ?Agenda por Colombia ? Narcotráfico?, Internet.

[5] Juan Manuel López Caballero, ?Colombia: víctima de la política antidrogas?, en: Cultivos ilícitos en Colombia, Memorias del foro de 17 y 18 de agosto de 2000. Universidad de los Andes, Bogotá, enero de 2001.

[6] Paz Colombia, ?Implicaciones sociales, económicas, políticas e internacionales de la lucha contra el narcotráfico y la corresponsabilidad internacional?, Ponencia Encuentro Internacional, Costa Rica, octubre de 2000.

[7] Puyana Aura María, ?Cultivos ilícitos y paz: hacia una agenda de la sociedad civil?. Ponencia, mayo 2000.

[8] Puyana, Op Cit.

[9] Véase: ?¿Guerra inútil??, comentario en la revista SEMANA, edición 970, dic 4 de 2000

[10] Acción Andina, TNI, ?Cultivos ilícitos y proceso de paz en Colombia?, Bogotá, junio de 2000.

[11] Mejía Mario, ?Anotaciones a la economía ilícita de la cocaína?, junio 2000.

[12] Puyana, Op Cit.

[13] La bioprospección busca acortar el camino y los costos en la identificación de recursos genéticos, o de principios activos en los organismos vivos para transformarlos, por ejemplo, en fármacos. Para ello utiliza el conocimiento colectivo de las comunidades locales y pueblos indígenas. El problema surge cuando estos conocimientos y recursos genéticos, que deberían ser respetados como inalienables, son expropiados mediante patentes, inclusive sobre organismos vivos, y dudosas ?retribuciones económicas?, transformándose la bioprospección en piratería.

[14] Mejía, Op Cit.

[15] Paz Colombia, ponencia Encuentro Costa Rica octubre 2000

[16] Paz Colombia, discurso instalación Encuentro Costa Rica octubre 2000.

[17] Puyana, Op Cit.

[18] ?Mesas ciudadanas para la Agenda Económica y Social? (mayo de 2000).