Cerrar una carretera para frenar un despojo en territorio yaqui: México

Ilegal, la operación del Acueducto Independencia: Autoridades tradicionales

Después del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, se intensificó el despojo y exterminio contra los pueblos indígenas que hemos conservado territorios autónomos. En nuestro caso, toda la fuerza del aparato gubernamental se volcó para llevar acabo el último gran despojo, llamado “Acueducto Independencia”.

Por MARIO LUNA/ SECRETARIO DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES YAQUIS

Territorio Yaqui, México. Para defenderse del robo de agua de su río, el pueblo yaqui lleva diez días (al cierre de esta edición) bloqueando la carretera federal número 15. Mario Luna, secretario de las Autoridades Tradicionales de Vícam, describe para Desinformémonos la estrategia jurídica de defensa de su territorio y recuerda que solamente una actitud de dignidad y firmeza ha hecho que su pueblo venza las sucesivas invasiones e intentos de despojo de sus recursos. Llama a estar alerta ante el anunciado uso de la fuerza pública para desalojar la carretera.

Desde la carretera federal número 15, en el Pueblo de Vícam, primera cabecera de los ocho pueblos de la Tribu Yaqui -a una temperatura de 45 grados centígrados a la sombra, reunidas las Autoridades Tradicionales, por mi conducto expresan lo siguiente:

La defensa de nuestro territorio, tierra y agua se remonta cientos de años atrás, desde la llegada de la otra cultura, que es de ambición y despojo. Una se ha manifestado en hechos heroicos y gloriosos de defensa, y la otra en acciones inhumanas de total desprecio a la vida, etnocidio y lesa humanidad.

Al ver los rostros de hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños con la determinación y firmeza plasmados en sus rostros, no parece que para poder existir tuvieron que pasar muchas generaciones soportando incursiones militares acompañadas de deportaciones masivas -fueron trasladados hasta el otro extremo de México para ser vendidos como esclavos, en el mejor de los casos-, si no es que fueron muertos a manos de los ejércitos del gobierno que buscó apropiarse del territorio basándose en la política de Terra Nullius.

Sólo esa actitud de dignidad y firmeza ha permitido a este pueblo indígena rechazar por la vía armada a los colonizadores en todas las etapas históricas de este México. Aún más, permitió salir adelante en batallas contra tropas invasoras de otras naciones y del mismo mal gobierno mexicano, como lo fue en la guerra de Independencia, la Revolución Mexicana -llegando incluso a tomar el Palacio Nacional en la Ciudad de México, acompañando a los caudillos- y la sangrienta guerra del Yaqui.

Al concebirse como Nación Indígena, el pueblo yaqui exige y ejerce una autonomía de hecho reconocida por los diferentes gobiernos y plasmados en varios tratados de paz y convenios de concertación para el desarrollo económico, social y cultural.

En los últimos años y después del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larrainzar (documento en los que se elevan a rango constitucional los derechos indígena) se intensificó la campaña de despojo y exterminio contra los pueblos indígenas que nos hemos dado y conservado territorios autónomos, como es el caso de muchos pueblos en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y en otros estados a lo largo y ancho del país. En nuestro caso, toda la fuerza del aparato gubernamental se volcó en nuestra contra con la intención de llevar acabo el último gran despojo, llamado “Acueducto Independencia”, que pretende desviar las aguas del Río Yaqui hacia la cuenca del Río Sonora para satisfacer la urgente necesidad de agua de la zona industrial de Hermosillo -donde existen fábricas de alto consumo de agua, como la ensambladora de autos Ford y las plantas de Coca-Cola, Pepsi, Big Cola y las cervecerías Tecate y Heineken, por ejemplo. De igual manera, los grandes empresarios de la industria inmobiliaria esperan obtener jugosas ganancias con grandes extensiones de terrenos acaparados, los cuales hoy no tienen un valor comercial pero que al llegar agua elevarán su costo hasta en un 2 mil por ciento.

Cansada de vivir en un estado de guerra de baja intensidad desde el último tratado de paz en 1927, la tribu yaqui se enteró por los diferentes medios de comunicación de la existencia de este megaproyecto. En el Pueblo de Vícam, las Autoridades Tradicionales decidieron incursionar en la defensa legal utilizando los medios jurídicos e institucionales para presentar un novedoso frente de batalla. Se inició primeramente un juicio de restitución de agua en el Tribunal Unitario Agrario número 35, con sede en Ciudad Obregón, en agosto del 2010. Mediante esta recurso obtuvimos una medida cautelar que debería impedir que se hagan acciones de hecho o de derecho que impliquen o comprometan la extracción de volúmenes de agua específicamente de la presa “El Novillo”. En 2011 se solicitó el amparo de la justicia federal contra el manifiesto de impacto ambiental que otorgó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) al “Fondo de Operaciones Sonora SÍ” para la construcción del Acueducto Independencia. Después de que la admisión del amparo fue rechazada en varios juzgados, fue resuelto a favor de la tribu yaqui en un juzgado auxiliar con sede en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y fue avalado y publicado por el juzgado décimo de distrito con sede en Hermosillo, Sonora.

Al ser recurrido el amparo para su revisión a petición de la SEMARNAT, y motivada por la serie de irregularidades denunciadas en varios exhortos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Plural (integrada por la Cámara de Senadores y Diputados de los diferentes partidos políticos), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción y resolvió, en un hecho histórico para los pueblos indígenas y para la tribu yaqui, ratificar el otorgamiento del amparo a la Tribu, reconociendo su carácter de pueblo indígena y la plena vigencia del derecho constitucional e internacional del pueblo yaqui a una consulta libre, previa e informada, respetando sus normas internas, representación, usos y costumbres. Con el fallo de la Suprema Corte del 8 de mayo del 2013 se deja sin efecto el manifiesto de impacto ambiental para el Acueducto Independencia. Con este hecho se ratifica el estatus de ilegalidad que mantiene hasta el día de hoy la construcción y operación del acueducto.

Con la experiencia que dan los años de lucha del pueblo yaqui, y ante la impunidad que ostenta el gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, al iniciar la sustracción de importantes volúmenes de agua de la presa “El Novillo”, las autoridades tradicionales decidieron fortalecer acciones de resistencia civil en alianza con el Movimiento Ciudadano por el Agua -integrado por productores agrícolas, ejidatarios y sociedad civil de los siete municipios del sur de Sonora que se verán afectados por la falta del líquido trasvasado hacia los reservorios del Acueducto.

El 28 de mayo, después de una multitudinaria marcha en Ciudad Obregón (más de 30 mil asistentes, de acuerdo con los organizadores), se decidió tomar las carreteras comenzando esa misma tarde por el bloqueo a las entradas sur y norte de la ciudad. A estas protestas se agregaron posteriormente manifestaciones en las carreteras vecinales en los poblados Bacum y Esperanza. Luego de no ver avance alguno en la intención gubernamental de detener las bombas que sustraen ilegalmente las aguas almacenadas de la presa, la autoridad tradicional, junto con las tropas de varios pueblos de la tribu yaqui y autoridades de Potam y Belem, emprendieron la actual manifestación en la carretera internacional 15 a la altura de Vícam.

El 11 de junio, después de varios días de continuos bloqueos en tres puntos de las carreteras (Cajeme, Bacum y Vícam), el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Sonora anunció que interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de varios líderes del Movimiento Ciudadano por el Agua y de la tribu yaqui. El procurador de justicia en Sonora, Carlos Navarro Sugich, anunció el hecho como un logro del gobierno estatal y emprendió una campaña mediática contra los que integramos la comisión de defensa del agua de la Tribu.

Al pretender la aprobación de las autoridades tradicionales de los otros pueblos en la tribu yaqui, el gobierno estatal fue rechazado en su intención de orquestar el uso de la fuerza pública contra las manifestaciones carreteras. La molestia principal es que los manifestantes exigen como únicos puntos la aplicación del Estado de derecho en Sonora -violentado por el ejecutivo estatal- y el cese de la extracción ilegal de aguas de la presa El Novillo -lo que se encuentra amparado por el resolutivo que otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la tribu yaqui.

En este clima de tensión y de rebeldía nos encontramos en estos días, compartiendo nuestra situación con todo el pueblo mexicano e internacional. Ya encontramos eco en los pueblos indígenas que integramos el Congreso Nacional Indígena, en la solidaridad de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la representación popular de la mayoría de los diputados locales de los distritos del sur de Sonora. Existe un acuerdo político de hacer un llamado conjunto a Guillermo Padrés por parte de diputados locales y siete presidentes municipales del sur del estado (presentes en la guardia tradicional del pueblo de Vícam el 15 de junio) para que se detenga el robo del agua e impere el Estado derecho en Sonora.

Ante la constante amenaza y rumores del uso de la fuerza pública en contra de las manifestaciones, el llamado es para que estén alertas y evitemos que la aplicación de la justicia sea selectiva, pronta y expedita contra los que defendemos nuestro derecho a la vida y al uso y disfrute de nuestras aguas. Evitemos que permanezca la impunidad e intolerancia de un gobierno estatal que fomenta con sus acciones la división y enfrenta al sur de Sonora con la región norte del estado.

Desde territorio de la tribu yaqui, junio de 2013

Mario Luna Romero

Secretario tradicional del pueblo de Vicam

Primera cabecera de los ocho pueblos Yaquis

Publicado el 17 de junio de 2013

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Bloqueos carreteros para detener el robo de agua a los yaquis

Confiados en que el único fuera de la ley es el gobernador Guillermo Padrés y las dependencias federales, los yaquis logran lo que años de intervención gubernamental han buscado evitar: la unidad de sus ocho pueblos tradicionales.

Por GIOVANNI VELÁZQUEZ

Vícam, Sonora, México. Autoridades tradicionales y el pueblo yaqui se mantienen firmes y anuncian acciones más contundente a más de una semana del inicio del bloqueo de la carretera internacional número 15 (México-Nogales) a la altura del pueblo de Vícam. Esta acción es una respuesta a la negativa del gobierno estatal a detener la operación del Acueducto Independencia, cuya ejecución extrajo ilegalmente los primeros volúmenes de agua de la presa El Novillo.

La extracción comenzó a principios de mayo, a pesar de que el gobierno estatal no cuenta con los permisos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para el trasvase y de que tiene en contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ratificó el amparo a favor de la Tribu en contra del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), instrumento necesario para el funcionamiento legal de la obra.

El 8 de mayo, la SCJN resolvió en su primera sala otorgar la seguridad del Estado a las autoridades tradicionales del pueblo de Vícam, a través del expediente 631/2012 por la violación de su derecho a la consulta por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Sin embargo, ni el gobierno de Sonora ni las autoridades federales giraron las instrucciones para detener la construcción del Acueducto Independencia; por el contrario, hicieron caso omiso al mantener encendidas las bombas que la misma CONAGUA habilitó para perpetuar el robo del agua del Río Yaqui.

La tribu yaqui, desde que se anunció la construcción de la obra a través de los medios de comunicación –nunca directamente a ellos-, ha denunciado el despojo del agua necesaria para su existencia, la ilegalidad de la obra y, sobre todo, la pretensión de exterminar a su pueblo por parte de Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora, respaldado en su momento por Felipe Calderón y ahora por Enrique Peña Nieto – quien no se ha pronunciado ni visitado la entidad para responder a las promesas de su campaña electoral.

Como en septiembre de 2011 y noviembre de 2012, la Tribu ejerce su derecho a la protesta al realizar bloqueos intermitentes de la carretera, los cuales (a medida que pasa el tiempo y siguen sin tener respuesta de ninguna instancia responsable) se hicieron permanentes sobre la carretera, caminos vecinales y brechas que comunican el sur con el norte del estado. La carretera está en una parte del territorio reconocido como propiedad de los yaquis por decretos presidenciales en 1937 y 1940. La vía de comunicación es un préstamo de tierras, pero el territorio sigue siendo de la Tribu.

Las protestas al sur de Sonora iniciaron con la megamarcha del 28 de mayo en Ciudad Obregón, denominada “Respeto al Estado de Derecho” y encabezada por la Tribu y el movimiento ciudadano “No al Novillo”. Al término de la marcha iniciaron los bloqueos en los accesos principales del municipio de Cajeme para exigir el restablecimiento del Estado de derecho ante las constantes violaciones a él cometidas por el gobernador de Sonora. En días posteriores, la Tribu anunció (después de realizar las correspondientes asambleas en la Guardia Tradicional de Vícam, donde se discutió la necesidad de continuar con las acciones de resistencia civil) la instalación de un campamento sobre la carretera y su bloqueo en caso de que CONAGUA no apague las bombas en la presa “El Novillo”.

El llamado a la concentración en el punto cercano al kilómetro 47, visible por la presencia del puente peatonal, recayó en las “Brigadas en Defensa del Río Yaqui”. Éstas, mediante un comunicado dirigido a “todas las tropas de la Tribu Yaqui, autoridades tradicionales y pueblo en general”, invitaron a “participar en la protesta sobre la carretera en Vícam, ya que Guillermo Padrés logró conectar ilegalmente un tubo a la presa El Novillo y está robando esa agua que nos pertenece y mucha falta hace en nuestro territorio para abrir y regar nuestras tierras, pero también para tomar agua sin enfermarnos y algo mucho muy importante, revivir el Río Yaqui que hoy está totalmente seco”.

Dicho comunicado enfatiza que: “Ya nos han robado mucha agua, por eso no debemos permitir que sigan desviando nuestra agua hacia otra parte; aquí nos hace falta. El daño que nos han provocado ya es mucho, unamos esfuerzos y rescatemos juntos el agua para todos los yaquis que habitamos este territorio; no es necesario que seas gobernador, capitán, comandante o secretario para defender tu derecho a una vida digna, somos yaquis y eso es suficiente para que sea escuchada tu voz y actuemos en consecuencia”.

Desde el puente peatonal, donde se localizan las lonas que señalan que la Tribu no descansa ni da tregua, se aprecia una larga fila de tráileres, camiones de carga, autobuses y automóviles particulares esperando a que la tropa yoeme dé la orden para permitir el flujo. Éste se reduce más a medida que la tensión crece ante la inexistencia de diálogo por parte del gobierno federal, lo que no impide dejar el paso a las ambulancias que sin problemas dejan atrás el bloqueo.

Las tropas siguen alertas, pues en 2011 una manifestación similar fue reprimida por las policías estatal y federal. Se suman las recientes declaraciones del procurador de justicia del estado, Carlos Navarro Sugich, sobre la intervención de la policía; las del secretario de gobierno, Roberto Romero, desconociendo a las autoridades de la Tribu; y las del delegado en Sonora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Hernández Armenta, confirmando una demanda contra los manifestantes ante la Procuraduría General de la República (PGR) de acuerdo al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Confiados en que el único fuera de la ley es el gobernador Guillermo Padrés, el Fondo de operaciones Sonora SÍ y las dependencias federales, los yaquis logran lo que años de intervención gubernamental han buscado evitar: la unidad de los “Ocho Pueblos Tradicionales”. Lo demostraron las autoridades de Loma de Guamúchil, pueblo yaqui que en los últimos años fue el centro de operaciones de los yaquis afines al gobierno (conocidos como torokoyoris) que privilegian los intereses partidistas por encima de sus hermanos yaquis. Sin embargo, Loma de Guamúchil se sumó a los bloqueos después de que las tropas y el pueblo sobrepasaran a sus autoridades al no sentirse representados por ellas.

Las redes sociales también sirven para denunciar e informar lo que ocurre en Vícam, ante la poca o nula información de los medios regionales, que dan prioridad a la nota roja, donde la violencia, la extorsión, la inseguridad, las pérdidas económicas y el calor afectan a los transportistas y viajeros. Dejan de lado el punto de vista yaqui, que reconoce las afectaciones a la población pero señala que quienes serán exterminados por el robo de su agua son ellos.

En pleno verano y con las temperaturas que se alcanzan en el desierto sonorense, día y noche se concentran mujeres y hombres de todas las edades a la orilla de la carretera, pues se anunciaron medidas más contundentes si no hay respuesta. Y a las voces en lengua jiak que dicen “Namakasia achaim kaabe amau tawabaane” (firmes compañeros, que nadie quiera quedarse atrás), la mujeres preparan la comida, llega la gente de los otros pueblos yaquis y la bandera ondea, anunciando que la autonomía se vive todos los días y se defiende a cada momento.

Fernando, integrante de la tropa yoeme y siempre vigilante, hace un señalamiento para recordar a sus mayores, los que murieron defendiendo el territorio yaqui: “El olor a rebelión invade el ambiente aquí en Vícam. En los rostros de mis compañeros de brigada se nota un gesto de una victoria anunciada.Namakasia”, concluye.

Publicado el 17 de junio de 2013

Fuente: Desinformémonos