Campaña "Centroamérica no está en venta": documento de posición sobre la 5° Conferencia Ministerial de la OMC

(Cancún, 10-14 de setiembre del 2003)

La explotación desmedida de los recursos naturales, las amenazas de la biotecnología (transgénicos, biopiratería), la codicia de las transnacionales que impulsan la privatización de los servicios públicos estratégicos (agua, energía, salud, educación), el deterioro de la soberanía alimenticia, la ausencia de condiciones adecuadas de salud en especial para los pueblos del Tercer Mundo, así como el menoscabo de la protección laboral de los trabajadores de todo el mundo acrecientan nuestra falta de optimismo.

En esta conferencia la perspectiva comercial servirá como base para la discusión de temas que como Agricultura, Propiedad Intelectual, Servicios, Relación entre los Acuerdos Multilaterales Ambientales y el Comercio, Turismo constituyen aspectos muy sensibles del quehacer social de los pueblos y de la relación Ser Humano-Naturaleza. Motivo de especial inquietud es constituido por los llamados "temas de Singapur" que incluyen: inversiones, compras gubernamentales, facilitación del comercio y la competencia.

Inversionistas de Estados Unidos, Europa y Japón pretenden
"disciplinar" la forma mediante la cual los gobiernos regulan la inversión extranjera. A las corporaciones les resultan molestas las leyes que les exigen, por ejemplo,a hacerse socios de una compañía local; a transferir tecnología y conocimiento; a emplear a personas del mercado laboral local. El aspecto más controversial de las propuestas hechas por esos países desarrollados consisten en permitir a inversionistas privados demandar a los gobiernos de manera directa y a exigirles compensaciones cuando estos incumplan cualquiera de las muchas obligaciones en el marco de la OMC. Este poder sin precedentes otorgado a las corporaciones transnacionales restringiría la habilidad de los gobiernos para proteger el bienestar público y el ambiente, así como poder asegurar que las inversiones ayuden a alcanzar objetivos para el desarrollo social y económico de los pueblos. Supeditar la discusión sobre estas cuestiones a un enfoque enteramente comercial es de hecho limitar la capacidad de nuestros gobiernos y comunidades a avanzar en la construcción de sociedades verdaderamente sustentables.

Esta discusión, por su importancia estratégica, demanda un espacio enteramente democrático y transparente donde los diversos enfoques e intereses puedan ser claramente expuestos y donde se adopten medidas efectivas para lograr el desarrollo justo de todos los pueblos, en especialmente los del Tercer Mundo. La OMC se ha caracterizado por ser una instancia donde los intereses del llamado mundo desarrollado obtienen absoluta prevalencia en un marco de escasa discusión democrática y sin mecanismos efectivos de transparencia y participación. El criterio comercial de la OMC obliga a los gobiernos a adoptar medidas que son esencialmente políticas y que afectan sensible y negativamente la vida de los pueblos y de los ecosistemas. Como resultado de todo ello no existen mecanismos de consulta sustancial a las organizaciones de la Sociedad Civil para la discusión de las políticas comerciales, ni tampoco para la resolución de disputas. Nada podemos esperar de positivo sino se respeta la necesidad de atacar el problema de la deuda, del hambre, de la injusticia social y de género, del calentamiento global. Requerimos verdaderas políticas de desarrollo y de vida digna para todos los habitantes de este planeta y no acuerdos que busquen asegurar las ganancias del capital transnacional.

Consideramos que ha llegado la hora de reconocer la crisis del sistema internacional de comercio y su principal institución: la OMC. Necesitamos reemplazar este sistema injusto por un nuevo marco comercial que sea justo y sustentable para el siglo 21.

Necesitamos proteger la diversidad cultural, biológica, económica y social; introducir políticas que prioricen las economías y el comercio local, asegurar el respeto a los derechos económicos y sociales, culturales y laborales internacionalmente reconocidas y reclamar la soberanía de los pueblos y de los procesos democráticos de toma de decisiones nacionales y al interior de los países. Para lograr esto debemos definir nuevas reglas basadas en los principios de control democrático de los recursos, de la Sustentabilidad ecológica y social, de equidad, de cooperación.

Conforme a esto, demandamos a nuestros gobiernos lo siguiente:

No a la expansión de la OMC

Reiteramos nuestra oposición a los continuos intentos de lanzar una nueva ronda de negociaciones o de expandir el ámbito de la OMC a través de la inclusión de nuevos temas, como inversiones, competencia, comprasgubernamentales, biotecnología y la reducción acelerada de tarifas.

Protección de los derechos sociales y las necesidades básicas

Consideramos que es inapropiado e inaceptable que se pretenda supeditar los derechos sociales y necesidades básicas a las reglas de la OMC. Por lo tanto, los acuerdos de la OMC no deben aplicarse a los aspectos fundamentales del bienestar humano y del planeta como agua y alimentos, servicios sociales, salud y seguridad o la protección de los animales.

Protección de los servicios públicos estratégicos

En particular, áreas como agua, salud, educación, energía y otros servicios no deben ser sometidos a las reglas internacionales de comercio. La lógica del Acuerdo General sobre Servicios de la OMC (GATS en in glés) y su principio de "liberalización progresiva" junto con las implicaciones de la inversión extranjera en estos sectores han producido graves problemas y amenazan las aspiraciones de equidad de nuestros pueblos.

No a los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio

Demandamos que el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio (TRIPS en inglés) sea sacado de la OMC. Ese acuerdo promueve el monopolio de las corporaciones transnacionales, inhibe el acceso a medicinas esenciales y otros bienes, conduce a la apropiación privada del conocimiento y de formas de vida, amenaza a la biodiversidad e impide que los países más pobres incrementen sus niveles de bienestar social y económico y desarrollen su capacidad tecnológica. Se debe prohibir las patentes a toda forma de vida en todos los regímenes nacionales e internacionales.

La Alimentación es un Derecho Humano Fundamental

Las medidas tomadas para promover y proteger la seguridad y soberanía alimentarias, la agricultura de subsistencia, las prácticas agropecuarias humanitarias y la agricultura sostenible deben quedar fuera de las reglas internacionales de libre comercio. Es indispensable prohibir los subsidios a las exportaciones y otras formas de "dumping" de productos agropecuarios. El sistema de comercio no debe socavar las formas de vida de los campesinos, pequeños agricultores, pescadores artesanales y pueblos indígenas.

No a la Liberalización de las Inversiones

El Acuerdo de la OMC sobre Medidas En Materia De Inversiones Relacionadas Al Comercio (TRIMS) debe ser eliminado. Todos los países y especialmente los del Tercer Mundo deben tener el derecho de aplicar políticas para incrementar la capacidad de sus propios sectores productivos, en particular de las pequeñas y medianas empresas. La revisión de TRIMS no debe ampliar el ámbito de las inversiones dentro de la OMC.

Comercio Justo: trato especial y diferenciado

Se deben reconocer, expandir y operacionalizar derechos especiales y diferenciados para los países del Tercer Mundo tomando en cuenta la débil posición de esos países en el sistema de comercio mundial. Si no se hace así no hay posibilidad que nuestros países se beneficien del comercio internacional.

Priorizar los Acuerdos sobre Derechos Sociales y el Ambiente

Las acciones tomadas para ejecutar acuerdos multilaterales sobre el ambiente, la salud, el desarrollo, derechos humanos, seguridad, los derechos de los pueblos indígenas, soberanía alimentaria, derechos de las mujeres, derechos laborales, y el bienestar de los animales, no pueden ser confrontadas o socavadas por la OMC.

La democratización de los Procesos de Toma de Decisiones

Los pueblos deben gozar del derecho a la autodeterminación y del derecho a conocer y decidir sobre los compromisos comerciales internacionales. Entre otras cosas, esto requiere que los procesos de toma de decisiones en las negociaciones y resolución de diferencias de las instituciones comerciales internacionales sean democráticos, transparentes, e inclusivos. La OMC opera sin transparencia y de una manera excluyente que deja afuera a la mayoría de los países- miembros del Tercer Mundo y a la opinión pública. La OMC es dominada por unos pocos gobiernos poderosos que actúan en nombre de sus élites empresariales.

A combatir el sistema

El sistema de resolución de diferencias de la OMC es inaceptable. La OMC fortalece un sistema ilegítimo de reglas injustas que opera a través de procedimientos antidemocráticos usurpando la capacidad legislativa y normativa de las naciones soberanas y los gobiernos locales.

Un sistema de comercio internacional socialmente justo, también requiere cambios afuera de la OMC. Dada la violación a los derechos laborales básicos por parte de las corporaciones transnacionales y los gobiernos ; el retroceso en las conquistas laborales ; la pérdida de seguridad en el trabajo ; la caída de los salarios ; los derechos de los trabajadores deben ser fortalecidos en todo el mundo.

Además, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los Bancos Regionales de Desarrollo deben cancelar el 100% de las deudas de los países empobrecidos como primer paso hacia el reconocimiento de la deuda ecológica. La utilización de los condicionamientos del Ajuste Estructural para obligar a la liberalización del comercio debe terminar. Los gobiernos deben negociar, a través del sistema de las Naciones Unidas y con una participación democrática plena, un acuerdo obligatorio que asegure que el comportamiento de las corporaciones transnacionales sea tanto social como ambientalmente responsable, y que rindan cuentas democráticamente.

Conclusiones y Consecuencias

Estamos comprometidos en el logro de un sistema de comercio sostenible, socialmente justo y que rinda cuentas democráticamente. Por lo tanto, demandamos a nuestros gobiernos llevar a cabo los cambios mencionados en este documento para reducir el poder y la autoridad de la OMC y cambiar la dirección del comercio.

Como ecologistas proponemos:

- Un modelo de desarrollo basado en una relación justa y armoniosa con el medio ambiente.

- El desarrollo de economías sustentables, basadas en el fomento de la producción y consumo comunitario. Proponemos el desarrollo de mecanismos participativos para la gestión sustentable del consumo y la producción.

- Que la soberanía alimentaria sea uno de los ejes principales de las políticas de desarrollo de nuestros gobiernos, especialmente ante la invasión de semillas transgénicas y para preservar la riqueza biológica del Corredor Mesoamericano. La soberanía alimentaria implica la defensa de la cultura indígena y campesina ante el modelo agroexportador.

- El respeto por las reglas de alta calidad ambiental, de salud y seguridad, sociales y laborales.

- Equidad intra e intergeneracional, incluyendo la redistribución del control sobre recursos tales como la tierra.

- La obligación de los gobiernos, empresas y otras organizaciones a rendir cuenta de sus actos de manera pública, democrática, y transparente.

- Un comercio justo y sustentable donde se promueva el intercambio de bienes, servicios, y productos agrícolas principalmente a nivel regional.

- El uso creciente de formas de energía renovable que sirvan al mejoramiento de la calidad de vida de las grandes mayorías.

- La construcción de mecanismos de poder local y popular basados en la mayor participación ciudadana. En particular la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas a su tierra, a su autonomía es una de las vías más factibles para la profundización de la democracia.

-Proponemos como objetivos prioritarios de nuestros gobiernos la erradicación de la pobreza, la Sustentabilidad social y cultural, la equidad intergeneracional y la promociónn de la dignidad humana.

- Que los gobiernos establezcan plazos para terminar con la comercialización internacional de productos que dañan el ambiente.

- Que se realicen estudios exhaustivos sobre los impactos ambientales y sociales que conllevan las políticas neoliberales impuestas por los acuerdos comerciales.

- Que los gobiernos asuman una posición oficial en contra de la introducción de los transgénicos a los países centroamericanos; y respaldarla ante la eventual demanda de los organismos internacionales y las agencias de cooperación para que introduzcan organismos modificados genéticamente.

FIRMAMOS:
- ALAP: Panamá
- Oilwatch Costa Rica, Costa Rica
- COECOCEIBA- Amigos de la Tierra Costa Rica, Costa Rica
- FECOU- Frente Ecologista Universitario, Costa Rica
- Centro Humboldt- Amigos de la Tierra Nicaragua, Nicaragua
- Madre Tierra Amigos de la Tierra Honduras, Honduras
- CESTA- Amigos de la Tierra El Salvador
- CEIBA- Guatemala
- Madre Selva- Guatemala

Firmar que se adhieren:

- Mesa Global de Guatemala