COVID-19 y patentes: el debate pendiente

Cada día que pasa se traduce en más vidas que se pierden por COVID-19. Aunque el virus no distingue entre nacionalidades o diferencias sociales, las respuestas a esta pandemia y el acceso a posibles soluciones no es el mismo en todas partes. Según  datos de Bloomberg, por ejemplo, hasta el 9 de marzo de 2021 se habían administrado más de 312 millones de dosis de vacunas para COVID-19 en 116 países, a un promedio de alrededor de 8,08 millones de dosis diarias. A ese ritmo, se estima que en 3,8 años se cubriría al 75% de la población global con las dos dosis de vacunas necesarias, aunque ese pronóstico difiere según su ubicación en el mapa: mientras que en Estados Unidos se calcula que seis meses serán suficientes para cubrir al 75% de los ciudadanos con las dosis necesarias (allí ya se han entregado 92,1 millones de dosis), hay países que todavía no lograron acceder a una sola inoculación y se estima que tampoco lograrán hacerlo hasta el año 2024.

En la Argentina, según el parte de situación sanitaria de ese mismo día, desde que comenzó el plan de vacunación se aplicaron 1.731.193 dosis en todo el país, un 20% menos que las que recibieron los estadounidenses a diario, durante la última semana (que alcanzó un promedio de 2.169.981 dosis por día, según la última tasa de vacunación).

Existen algunas iniciativas para evitar este tipo de inequidades, como la plataforma solidaria C-TAP, que se propone recopilar datos, conocimientos y obras de propiedad intelectual sobre productos de salud nuevos y existentes, capaces de atender las necesidades que presenta la actual pandemia, y el mecanismo COVAX, que busca garantizar el acceso global equitativo a las inoculaciones para COVID-19, a través de la entrega de 2.000 millones de dosis hasta fines del 2021 mediante donaciones de países con mayores ingresos a otros de ingresos bajos.

Estas iniciativas apelan a la buena voluntad de las empresas y casi ninguna cuestiona una de las principales barreras que dificultan la producción de vacunas, medicamentos y otros desarrollos biotecnológicos: los derechos de patente y propiedad intelectual, que en la práctica se traducen en monopolios que se rigen según las normas de un acuerdo internacional conocido como el tratado sobre los  Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que fue establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) durante la Ronda de Uruguay, entre 1986 y 1994, y al que la Argentina está adherido.

Solo India y Sudáfrica propusieron suspender la implementación, aplicación y cumplimiento de determinadas obligaciones de propiedad intelectual, incluyendo temas de patentes, derechos de autor, diseños industriales y protección de la información no divulgada para el tratamiento, prevención y contención, que tengan relación con la COVID-19. Estos países presentaron la iniciativa a mediados de octubre de 2020 ante el Consejo de los ADPIC, que monitorea el cumplimiento de ese acuerdo ante la OMC, y desde entonces sigue generando controversias.

La propuesta  fue debatida y rechazada durante la reunión general de la OMC en diciembre de 2019, a pesar de que entonces ya estaba patrocinada por cuatro países, de que era avalada por más de un centenar –entre los cuales figura la Argentina– y de que ya contaba con el apoyo de más de 400 organizaciones de la sociedad civil, que aún continúan lanzando campañas de adhesión, como  Médicos Sin Fronteras (MSF) y  Amnistía Internacional.

La iniciativa podría haber sido tratada durante la primera reunión del Consejo General de la OMC de este año, el 1 de marzo, pero  en el encuentro previo del Consejo de los ADPIC, a fines de febrero, los miembros participantes no logaron llegar a un consenso, a pesar de que en ese mismo encuentro se sumaron nuevos países como patrocinadores y ahora superan los 50.

“A pesar de haber obtenido el apoyo de más de dos tercios de los países miembro de la OMC, los países industrializados siguen bloqueando la decisión. Persisten en proponer la salida de las licencias voluntarias, que está comprobado que dependen de la voluntad de las empresas, cuyo único objetivo es hacer negocios y aumentar al máximos sus ganancias”, cuestiona Lorena Di Giano, coordinadora de la  Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos (RedLAM) y directora ejecutiva de  Grupo Efecto Positivo (GEP) en la Argentina. “Paradójicamente, los mismos países que bloquean esta iniciativa son los que han aplicado el denominado ´nacionalismo de las vacunas´ o la priorización de sus ciudadanos”, advierte Di Giano, que es abogada especializada en acceso a medicamentos y derechos de propiedad intelectual, y repasa los datos provistos por la Organización de las Naciones Unidas en febrero de 2021:  sólo 10 países concentran el 75% del total de las dosis producidas, mientras que más de 130 todavía no habrían recibiendo ninguna.

“Faltan dosis y unas pocas empresas tienen el control sobre estas tecnologías”, coincide Felipe Carvalho, asesor de la Campaña de Acceso a Medicamentos para América Latina de Médicos sin Fronteras (MSF), y aclara que, aunque se aprobara la propuesta de suspensión de patentes, las empresas igual seguirían en una posición ventajosa “porque llegaron primero” y ya tienen contratos establecidos con distintos países, solo que no podrían prohibir que otras empresas los fabriquen.

“En un escenario de pandemia, en el que no están logrando distribuir suficientes dosis, la suspensión de derechos de propiedad intelectual sería una solución muy inteligente porque, además, los países que no están de acuerdo simplemente pueden no aplicarla y respetar las patentes”, subraya Carvalho, que es especialista en economía política internacional, y recuerda que el mes pasado un grupo de 14 parlamentarios de la Unión Europea se manifestaron dispuestos a flexibilizar su posición sobre esta propuesta. “Algunas empresas también están reconociendo que no pueden controlar un bien esencial que no logran distribuir de una manera universal”, agrega.

Vacunas en el mundo: Más de 326 millones de dosis fueron aplicadas en 121 países

Sin embargo, la resolución sobre este tema se sigue postergando. Y, si bien se seguirá tratando en las sucesivas reuniones del Consejo de ADPIC y en otras instancias de gobierno de OMC (la próxima reunión del Consejo General es en junio), también comenzaron a aparecer terceras opciones alternativas. El 9 de marzo, por ejemplo, un grupo de países contrarios a la propuesta de suspensión, compuesto por Australia, Canadá, Chile, Colombia, Noruega, Nueva Zelandia y Turquía, presentó una comunicación ante el Consejo general de la OMC en la que  proponen “fortalecer el rol de la OMC en el esfuerzo global hacia la producción y distribución de vacunas y otros productos médicos para la COVID-19”.

Durante su discurso ante el Consejo General de la OMC luego de tomar posesión de su cargo, el 1 de marzo pasado,  la nueva directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, instó a los miembros a “hacer las cosas de una manera diferente” y propuso centrarse “en colaborar con las empresas para abrir y conceder licencias a más centros de fabricación viables en los mercados emergentes y los países en desarrollo… mientras prosigue el diálogo sobre la exención de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC”. Acorde con ese objetivo, durante la Cumbre Global de proveedores y fabricantes de vacunas C19, desarrollada el 8 y 9 de marzo por el think tank británico Chatham House y auspiciada por COVAX, la  Red de paises fabricantes de vacunas (DCVMN), la Organización de Innovaciones Biotecnológicas (BIO) y la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA),  la economista nigeriana le pidió a los productores de las vacuna COVID-19 que hagan más esfuerzos para aumentar la producción en los países en desarrollo, para combatir así la escasez del suministro en la mayoría de los países.

Soberanía sanitaria en el sur global

“Algunos gobiernos no estaban tan convencidos de que sería tan difícil comprar y recibir vacunas, pero a principio de año tuvieron dificultad de contratos, las empresas están atrasadas con la producción y ahora es claro que estamos en un campo legal en el que dependemos de unas pocas corporaciones y los acuerdos que se hagan con ellas. Los mecanismos que existen, como COVAX, no están actuando para ampliar la producción sino que cumplen un rol de coordinación de compra, pero nadie está haciendo nada para ampliar la distribución del conocimiento fundamental para producir vacunas”, subraya Carvalho.

Al respecto, el epidemiólogo Gonzalo Basile, director del Programa de Salud Internacional de CLACSO en República Dominicana, considera que “el mecanismo COVAX provee y acelera las entregas, justamente para evitar la discusión sobre patentes y licencias obligatorias. Detrás de la discusión por la urgencia de compras y la bioseguridad de las vacunas, se ha logrado invisibilizar la discusión sobre las patentes”. La iniciativa COVAX es impulsada por la OMS y la Alianza de Vacunas (GAVI), que está principalmente financiada y coordinada por la propia industria farmacéutica, y la Coalición de Innovación y Preparación contra Epidemias (CEPI), que también recibe fondos de la industria farmacéutica y organismos filantrópicos como la Fundación Bill y Melinda Gates.

En cuanto a la exención de patentes y propiedad intelectual, Basile distingue entre el impacto que esta medida pueda tener en los países de África y Oriente, que tienen más cantidad de población y menos posibilidades de comprar las inoculaciones pero que en algunos casos conservan capacidades productivas, como India, y en los que integran la región de América Latina y el Caribe. En el caso de los primeros, “no descartaría que la propia OMS y algunas farmacéuticas negocien algún mecanismo que permita hacer una concesión de forma regulada, que abra una alternativa sin poner en discusión el andamiaje que actualmente está funcionando”, afirma el especialista.

Por el contrario, como la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ya están negociando mecanismos de compra (que a veces hasta han sido extorsivos e impulsaron cambios en las legislaciones al interior de los países), considera que la diplomacia latinoamericana y caribeña está perdiendo la oportunidad de debatir y reflexionar sobre el proceso de transición y recuperación de la soberanía sanitaria regional. “En América Latina y el Caribe casi no hubo discusión, ni a nivel regional ni nacional, sobre por qué seguimos respetando el ADPIC en una emergencia sanitaria ni por qué tenemos que tomar sólo el mecanismo COVAX, cuando muchos de nuestros países, por diferentes trayectorias de ciencia y tecnología, todavía conservan capacidades de producción pública”, concluye el especialista.

Fuente: TSS - Universidad Nacional de San Martín