Bolivia: El territorio indígena de Monte Verde
Los pueblos indígenas necesitan un territorio propio, que puedan manejar con autonomía, para que sus bosques disminuyan el cambio climático. Sin embargo, las condiciones sociales y políticas lo han obstaculizado. El caso del Territorio Indígena de Monte Verde lo patentiza en Bolivia.
Por Alain Muñoz / CEJIS, 30 de abril 2015
TERRITORIOS Y AUTONOMÍAS INDÍGENAS PARA FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Hay condiciones previas para lograr que los bosques indígenas contribuyan a disminuir el cambio climático. La primera es el título de propiedad de su territorio, lo que les permite el desarrollo del gobierno indígena autónomo. Este, a su vez, posibilita el manejo autónomo de recursos naturales.
Consolidar la propiedad agraria posibilita a los pueblos indígenas ejercer los derechos territoriales. Entre otros, el uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales. También posibilita definir acuerdos para desarrollar una gestión que responda a su identidad cultural.
Pero la autonomía refuerza y da sentido pleno al proceso por las competencias que otorga. Son 53 las que prescribe la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. La autonomía abre la posibilidad de implementar o hacer uso de todas ellas.
Sin embargo, obtener títulos de propiedad de sus territorio, fue uno de los más grandes desafíos para los pueblos indígenas. Marcó la historia y el proceso re-organizativo de varios países de América Latina.
LA ORGANIZACIÓN PARA DEMANDAR EL TERRITORIO
En Bolivia, Monte Verde ha sido uno de los mayores ejemplos, por la magnitud, dificultad, y cantidad de los desafíos. L@s chiquitan@s que habitan ese Territorio Indígena enfrentaban todo tipo de abusos y atropellos.
Esa condición se mantuvo por cerca de 300 años, desde la expulsión de los jesuitas en el siglo XVII, hasta bien entrado el siglo XX. En las últimas décadas de 1.900, fueron más frecuentes el saqueo de recursos naturales, el avance de la frontera agropecuaria, y la destrucción de bosques.
Casi siempre, los autores eran autoridades políticas, eclesiásticas, y empresarios locales o regionales. Parecía que consideraban su propiedad esas tierras y sus habitantes.
Por sus abusos y actitudes, parecía que consideraban su propiedad esas tierras y sus habitantes. Para defenderse, las comunidades indígenas fundaron sus propias organizaciones sociales, en la década de los 80’. Esto les permitió enfrentar colectivamente los atropellos.
Así nacieron centrales indígenas, como la de Comunidades de Concepción (CICC), la de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) y la Paikoneca de San Javier (CIP-SJ). Surgieron como instancias reivindicativas de las poblaciones que accedían tradicionalmente al territorio de Monte Verde
RECUPERAR EL TERRITORIO PROPIO
La negación del derecho al territorio fue asociado por l@s chiquitan@s a su situación de exclusión social, marginación económica, y opresión cultural. La condición que sufrían no podía ser solucionada con las pequeñas tierras comunales que consiguieron dificultosamente.
Estas fueron obtenidas con muchas dificultades, a través de la aplicación tardía de la Reforma Agraria. En Bolivia, entró en vigencia desde 1953; sin embargo, en la región de l@s indígen@s chiquitanos recién fue efectiva hacia mediados de los 60’.
Pero “con títulos o sin títulos nuestra situación no cambiaba, igual explotaban nuestros recursos naturales. Entonces se mira a Monte Verde, con la idea de no dividir lo que ´por leyes de la Naturaleza no está separado´”, aclaró José Bailaba Parapaino, antiguo dirigente indígena.
“Si las leyes existen y los “karay” han promulgado una para el suelo, otra para los bosques, otra para minerales, y otras para cada recurso natural, ¿cómo desafiar eso?”. “Karay” es el denominativo con que los chiquitan@s se refieren al no-indígena. Específicamente, a los integrantes de la cultura, política, y economía dominante.
“Necesitamos defender Monte Verde, con todos los recursos naturales que tiene, aunque no esté así en la ley. Debatiremos, si es necesario, con los doctores y políticos, para defender este derecho histórico y cultural”.
Además, allí estaba el “camino a los gomales”, construido para la explotación de la goma o “látex natural”. “Fue trabajado por nuestros antepasados. Consumió la sangre y la vida de nuestro pueblo. Nos pertenece porque se lo trabajó gratis. Lo único que recibimos fue maltrato, esclavitud y muerte”, argumentó Bailaba.
Un testimonio de la dureza del trabajo en el camino “a los gomales” se encuentra en el oeste del límite actual de Monte Verde. Ese lugar se llama “Turuz Napez”, que significa “Puerta del Cielo” en chiquitano.
Se llama así porque era un refugio indígena, donde “escapaban nuestros antepasados del camino a los gomales o Siringa”. Huían de un sistema de esclavitud encubierta, llamado “enganche”.
“También huían del castigo de los patrones que mandaban azotar a los hermanos”, a veces, hasta morir. ”Como ya lo sabían, se iban a Turuz Napez”, dijo Soliz, citado por el Concejal Vicente Pessoa, en un informe al Concejo Municipal de Concepción de 1996.
DÉCADAS DE ESFUERZO
Hemos narrado hasta aquí los hechos de ese proceso. La siguiente fase fue igualmente prolongada: demoró más una década. Empezó en 1995, cuando se presentó al Estado la demanda por territorio propio. Concluyó en 2007, cuando recibieron los títulos de propiedad del Territorio Indígena de Monte Verde.
Además fue compleja pues, durante los 12 años que duró la tercera fase, tuvieron que encontrar la forma más conveniente para presentar la demanda al Estado; sobrellevar la indecisión y burocracia estatal; y enfrentar la reacción del poder político y económico local.
Los hechos son tantos que narrarlos demandaría un espacio similar a este. Por su extensión, los abordaremos en nuestro próximo artículo.
Fuente: CEJIS