Boletín N° 166 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

NUESTRA OPINIÓN

- La biodiversidad es mucho más que carbono

Además de celebrar en mayo el Día Internacional de la Biodiversidad, también estamos a las puertas de otro evento en el ámbito de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Se trata de la 34ª reunión de dos organismos, el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE-SBI) y el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT-SBSTA), que tienen el rol de asesorar y orientar a la Convención. La reunión tendrá lugar en Bonn, Alemania, del 6 al 16 de junio.

Clima y biodiversidad están, de hecho, profundamente vinculados. Fueron las condiciones climáticas las que propiciaron la riqueza de la biodiversidad de la vida en el planeta, que para alcanzar su estadio actual llevó millones de años. La crisis climática y sus impactos devastadores amenazan a la biodiversidad y tienden a empobrecer drásticamente los ecosistemas.

La importancia que para el mundo tiene la conservación de la biodiversidad sigue siendo subestimada e insuficientemente valorada por parte de la Convención sobre el Cambio Climático. Si bien la Convención da nuevamente destaque a los bosques tropicales en el contexto internacional, no lo hace por su biodiversidad sino por su capacidad de almacenar carbono. Detrás de esto están los intereses de los países que históricamente han contribuido en mayor medida al calentamiento global y que no asumen su responsabilidad de tomar medidas para reducir sus emisiones. A partir de esta visión muy limitada y falaz, se propuso el mecanismo REDD- Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques. Sus promotores argumentan que el mecanismo también sería beneficioso para conservar la biodiversidad en el planeta. ¿Es realmente así?

En primer lugar es necesario advertir que, muchas veces, la biodiversidad se asocia solamente con los bosques tropicales. Sin embargo, si ya para la mayoría de los bosques la protección legal es bastante precaria e ineficiente, la situación es aún peor para otros ecosistemas que también poseen una enorme importancia en términos de biodiversidad, como los manglares, la sabana, las praderas, entre otros. Por ser menos protegidos, se destruyen con más rapidez para dar lugar a criaderos de camarón, monocultivos de caña de azúcar, soja, palma aceitera y eucalipto. De esta forma, y con el interés puesto en los beneficios a corto plazo, se sigue destruyendo la biodiversidad -en las zonas de bosques tropicales y fuera de ellas- sin tener plena conciencia de su importancia para el futuro del planeta.

Otro gran problema es que las poblaciones que tradicionalmente han vivido en ecosistemas como bosques, manglares, sabanas y praderas generalmente quedan excluidas de los mismos, como si no fueran parte integrante de la biodiversidad. De esta forma se dejan de considerar la convivencia y el conocimiento de las poblaciones locales en todos los continentes, así como sus relaciones con los ecosistemas de los que dependen para su sustento y calidad de vida. Para esas poblaciones, los ecosistemas en los que viven son esenciales como forma de garantizar todo lo que precisan para su alimentación y salud, y también para desarrollar sus modos de vida.

Para que de las negociaciones en Bonn puedan surgir buenas orientaciones para la Convención sobre el Cambio Climático, es esencial que exista, además de un reconocimiento de la importancia de la biodiversidad para la humanidad, la afirmación de la presencia fundamental del ser humano como parte integrante de la biodiversidad en cada ecosistema. Ello significa que el intento de evitar la deforestación debe incluir medidas como el reconocimiento de los derechos de las poblaciones sobre sus tierras, en las que tradicionalmente han vivido con el bosque y con otros ecosistemas. Sin embargo, en muchos planes elaborados por gobiernos de países con bosques tropicales que pretenden recibir los recursos del mecanismo REDD, los derechos de las poblaciones que viven en los bosques no son reconocidos. Y, aun más, se las señala como principales responsables de la destrucción de los bosques.

Pero lo que vemos en la práctica es que los gobiernos que discuten e implementan REDD insisten en el actual modelo de desarrollo que destruye la biodiversidad del planeta, a la vez que tienen un discurso sobre la necesidad de la 'sustentabilidad' y del combate al cambio climático. En zonas de alta biodiversidad, se siguen construyendo nuevas mega represas, se establecen nuevas plantaciones industriales de monocultivos de árboles, se abren nuevas minas, carreteras y áreas de explotación de petróleo, se otorgan nuevas concesiones de extracción maderera. Las principales responsables: las grandes empresas, muchas veces, transnacionales.

Para frenar efectivamente tales actividades destructivas, recomendamos nuevamente que los organismos OSE-SBI y OSACT-SBSTA consideren lo que las poblaciones de los bosques, en todos los continentes, han reivindicado en numerosas ocasiones: reconocer sus derechos sobre las tierras y sobre los bosques donde viven y participar plenamente en la elaboración e implementación de las políticas de conservación de la biodiversidad en sus regiones, así como fortalecer y ampliar su economía local basada en el uso múltiple del bosque- una práctica que esas comunidades ya solían practicar, sin destrucción. No hay dudas, ése es el camino a seguir.

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COMUNIDADES Y BOSQUES

- Brasil: trabajadores asesinados en la Amazonia y el debate del nuevo Código Forestal – ¡por el fin de la impunidad!

El pasado 24 de mayo, los líderes del Consejo Nacional de las Poblaciones Extractivistas (CNS), José Cláudio Ribeiro da Silva y su esposa, Maria do Espírito Santo fueron asesinados por pistoleros en el Sudeste del Estado de Pará, en la Amazonia, cerca del asentamiento donde vivían. Ellos lucharon por un uso sustentable y diversificado de la selva, manteniéndola en pie, denunciando la extracción ilegal de madera y la deforestación. Fueron dos asesinatos más en una larga lista que parece no tener fin...
La explotación maderera, con sus ganancias exhorbitantes, está en la base de esta violencia y continúa siendo una causa directa de deforestación de fundamental importancia en la región amazónica. A ello se agrega la destrucción causada por grandes hacendados, quienes abren nuevas áreas de pasto para abastecer a un gran parque frigorífico instalado en la región, financiado por el gobierno brasileño a través del banco público brasileño BNDES y perteneciente a grandes empresas transnacionales de comercialización de carne. Brasil ya es el mayor exportador de carne del mundo y el gobierno brasileño tiene como meta duplicar sus exportaciones en esta década.

Otros intereses, como la expansión de la soja para alimentar ganado en países industrializados y producir biodiesel para el mercado interno, la explotación mineral de hierro y bauxita y también centenares de proyectos de represas, como el de Belo Monte en Pará, prometen destruir otros cientos de millares de hectáreas de bosques, con toda su riqueza y biodiversidad. A ello se suman las presiones de la expansión de la caña de azúcar para producir el etanol, cuya producción el gobierno brasileño pretende multiplicar varias veces. A pesar de que esta expansión se concentra en el Centro-Oeste del país, donde contribuye con la destrucción del cerrado (sabana), presiona a otros cultivos para que se desplacen a la región amazónica y provoquen más deforestación.

Es en este contexto que ocurre en el Congreso Nacional brasileño uno de los debates más polémicos de los últimos tiempos: el del nuevo Código Forestal, a partir de una propuesta del diputado Aldo Rebelo. El nuevo Código Forestal fue aprobado el pasado 24/05/2011 por la Cámara de Diputados, el mismo día del brutal asesinato de los dos trabajadores extractivistas. La nueva ley pasa ahora al Senado.

¿Qué es el Código Forestal?

El actual Código Forestal es una ley de 1965 que establece, entre otras disposiciones, que cada propiedad en el Brasil precisa mantener una área de Reserva Legal (RL), o sea, una cantidad de vegetación nativa cuyo porcentaje varía de 20% en el caso de las regiones de la “Mata Atlântica”, hasta 80% de la propiedad en la mayor parte de la Selva Amazónica. Además de ello, el Código establece la categoría de las Áreas de Preservación Permanente (APPs) para proteger ríos, laderas y cimas de cerros. Con relación a los ríos, dependiendo del ancho, el Código establece franjas mínimas de 30 metros de protección con selva en cada margen de los mismos.

¿Por qué están discutiendo cambios en el código forestal?

Actualmente, la gran mayoría de los agricultores no está cumpliendo con lo que establece el Código. La situación más grave es la de los grandes hacendados del agronegocio en la Amazonia. Casi ninguno de ellos cumple con la reserva legal del 80% de la propiedad. Eso quedó aun más evidente con el aumento del monitoreo, fiscalización y aplicación de multas en los últimos años por parte de órganos del gobierno federal brasileño.

¿Cuáles son los cambios propuestos?

La propuesta del diputado Rebelo propone, entre otras cosas, amnistiar a aquellos que deforestaron áreas de RL hasta julio de 2008. Incluye formas para reducir el tamaño de las áreas de RL y APPs, dando lugar incluso a la posibilidad para nuevas deforestaciones. Superficies de hasta 4 módulos rurales (hasta 400 hectáreas en el caso de la Amazonia), ya no precisan RL. Y atendiendo a intereses de las empresas de monocultivos de árboles, el 50% de la RL podría ser recuperado con monocultivos de árboles exóticos, como el eucalipto. Esta recuperación no precisa ser en la propiedad, puede ser en el bioma, permitiendo vastas áreas de -solamente- monocultivos. La propuesta también pretende quitar la competencia por la gestión ambiental de la esfera federal.

La propuesta de Rebelo satisface los deseos de los grandes hacendados del agronegocio, representados por la Bancada Ruralista en el Congreso Nacional y que defienden una revisión rigurosa del Código Forestal a favor de sus planes de expansión y de amnistía de las multas aplicadas, ¡varias de las cuales involucran a los propios diputados y senadores de esta Bancada!
Por otro lado, movimientos sociales que representan a los trabajadores rurales del campo, ambientalistas y científicos defienden el actual código forestal y quieren medidas complementarias que puedan garantizar la protección del medio ambiente y la producción agrícola de los pequeños agricultores, una clase totalmente diferente a la de los hacendados del agronegocio que practican una agricultura en gran escala.

¿Qué está en juego?

Lo que está en juego es la lucha por la conservación de los bosques y de los recursos hídricos del Brasil, versus una visión desarrollista, atendiendo a intereses de madereras y de grandes empresas transnacionales y nacionales del agronegocio, que quieren ver que Brasil aumente sus áreas con ganado, soja, maíz, eucalipto, etc. y que defienden la amnistía, o sea, la impunidad para grandes deforestadores. Cabe recordar que según noticias de los órganos de monitoreo de la deforestación, los índices de deforestación en estados como Mato Grosso han vuelto a aumentar en forma aterradora en los últimos meses, luego de años de caída del índice. Además de amnistiar la deforestación ilegal ya realizada, se prevé que con las propuestas de la Bancada Ruralista aprobadas, decenas de millones de hectáreas de bosque pueden ser def orestadas legalmente, contrariando todas las buenas intenciones y planes en esta área, y que el Brasil divulga tanto a nivel nacional como internacional.

Finalmente

Si en 1965, cuando el actual Código Forestal fue aprobado, la protección de la biodiversidad ya era un argumento importante, hoy se suma a ello la importancia de la conservación de los bosques en función de los cambios climáticos causados principalmente por emisiones de contaminantes de los países industrializados y agravados por la deforestación, que aumentan todavía más las emisiones de carbono. Los impactos de estos cambios afectan a todas y todos, pero en especial a los sectores de la población en situación más vulnerable, sin hablar del aumento de crecientes de los cursos de agua, que debe ocurrir si se permitiera la ausencia de APPs en áreas frágiles como ríos, laderas y cimas de cerros y que también afectará en especial a esos sectores de la población.

Y asimismo, el Brasil abarca en su territorio la mayor área de bosque tropical en el mundo y, con ello, siempre busca perfilarse internacionalmente como una nación y economía ‘verde’. Mantener y fortalecer el código forestal vigente es fundamental en la lucha por la conservación de esta selva y, con ello, del futuro del planeta y, en especial, del Brasil y de sus poblaciones locales, indígenas y tradicionales que buscan protegerla.

Significa también combatir la búsqueda incesante de la ganancia y del beneficio por parte de grandes hacendados, madereras y empresas nacionales y transnacionales que vienen destruyendo este patrimonio. Esa fue la lucha de José Cláudio y Maria, y para que la lucha de ellos no haya sido en vano, es preciso defender el código forestal vigente y no permitir la amnistía a los que deforestaron y destruyeron, principalmente, los grandes hacendados. Al mismo tiempo exigimos la elucidación, y sobre todo, el castigo riguroso a aquellos que mataron a José Cláudio y Maria, y a tantos otros que ya perdieron sus vidas en la lucha por la selva Amazónica.

Por: Winfridus Overbeek, Coordinador Internacional del WRM, correo electrónico: yu.gro.mrw@einniw

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- Perú: acaparamiento de tierras de pueblos indígenas

Los Shawi, también conocidos como Chayahuitas, habitan el territorio que comprende las cuencas de los ríos Paranapuras y Cahuapanas, perteneciente a las provincias del Alto Amazonas (Loreto) y San Martín (departamento de San Martín). Distribuidos en unas 180 comunidades, los shawi comparten una organización social y un sistema de representación simbólica. De tradición cazadores y recolectores, son también horticultores (1) y cultivan sobre todo la yuca, el plátano, el maíz, el frijol, el maní, el arroz, la piña, la papaya, el algodón y el tabaco. También crían aves y animales menores, así como ganado. Comercializan con el arroz, el maní, el maíz y el frijol y actualmente también son pescadores.

Como muchos otros pueblos indígenas, soportaron las penurias de la colonización española, arrasados por las armas y las enfermedades, esclavizados. La independencia de España no les trajo mejor vida: con el auge del caucho tuvieron que sufrir el rigor de los patrones caucheros.

Posteriormente, en 1974, la ley de Comunidades nativas reconoció el derecho de los indígenas amazónicos del Perú a la propiedad colectiva sobre sus territorios, si bien limitado a las tierras aledañas a sus asentamientos nucleados. Pero en 1977, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre prohibió la titulación de tierras de “aptitud forestal” ubicadas dentro de los espacios de las comunidades nativas, tierras que pasarían a ser del Estado. Esto significó el total menoscabo de los derechos de las comunidades amazónicas en la medida que prácticamente todas las tierras del gran llano boscoso de la amazonía son de “aptitud forestal” y así, los pueblos indígenas amazónicos no tendrían acceso al bosque, de cuyo uso extensivo depende en gran parte su economía.

La Constitución del Perú reconoce la existencia de las comunidades nativas aún cuando no estén inscritas como personas jurídicas en los registros públicos, pero para obtener el título de propiedad las comunidades deben estar inscritas en los registros públicos. De acuerdo a la Ley de Comunidades Nativas (artículo 11 de la Constitución) el Estado otorga títulos de propiedad sobre las tierras de aptitud agropecuaria y cede en uso a la comunidad las tierras de aptitud forestal. El proceso de titulación de comunidades nativas es sumamente burocrático y lento, y no constituye una prioridad política del Estado peruano. Entre tanto, avanza la expansión de las actividades agropecuarias, forestales, petroleras y mineras en territorios que están aún pendientes de titulación. (2)

Y es en este escenario que las comunidades amazónicas sufren un nuevo atropello.

El pasado 27 de abril, en una carta abierta, los pueblos shawis de las comunidades ubicadas en el distrito de Pongo de Caynarachi, provincia Lamas y en el distrito de Papaplaya, Provincia y Región San Martin, que conforman la Federación Regional Indígena Shawi – San Martín, FERISHAM, denunciaron que conocen que la empresa coreana ECOAMERICA está solicitando la inscripción y titulación de más de 72,000 hectáreas a su favor, por un precio de 0,80 céntimos (moneda local) la hectárea, para producción de cultivos, extracción de madera de los bosques y ganadería. Se trata de territorios que pertenecen a dos comunidades shawis y una kechwa, que están en posesión ancestral y tienen reconocida su personería jurídica. (3)

La empresa había presentado su solicitud ante el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) de la provincia de Loreto, de lo cual las comunidades nativas y pueblos que viven en la zona no tuvieron conocimiento alguno. Luego de varias idas y venidas judiciales, el reclamo está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional.

Frente a esto, los pueblos Shawi denuncian en su carta: “Nuestras comunidades nativas no tenemos títulos de propiedad, solo tenemos reconocimiento legal, estamos en posesión de nuestros territorios ancestrales. No es justo que nuestras tierras de las comunidades están valoradas en 0.80 céntimos cada hectárea, se les quiere entregar sin comprender el significado de la vida espiritual de la naturaleza, de los árboles, y los animales que cuidan al pueblo indígena shawi”.

Y expresan: “no estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas con sus leyes, no somos parte del proceso, no existimos para el Estado, ni contamos con recursos para defendernos ante esta situación. Ninguna autoridad cumple con lo que dice el Convenio 169 de la OIT que dice que se deben respetar los territorios de los pueblos indígenas y que el Estado debe hacer lo necesario para que se respeten. Ninguna autoridad se pronuncia, ni interviene; qué tenemos que hacer para seamos escuchados y tengamos justicia?

El pueblo indígena shawi está entristecido e indignado, mañana podemos perder el territorio de nuestros ancestros, nuestra tierra madre, donde monteamos y cazamos animales, recolectamos plantas medicinales para curarnos, del bosque viviente cubrimos múltiples necesidades; nada nos da el Estado, la escuela está abandonada, los niños están sin profesor. Nos preocupan las actividades de esta empresa que ha iniciado actividades sobre los bosques, porque estamos en la cabecera de las quebradas, esto sentimos nos puede afectar. Queremos dialogar pacíficamente, que se nos escuche, se respete nuestro derecho al territorio, no queremos sufrir otro baguazo (4) estamos preparados para luchar por nuestras tierras, sino tomaremos justicia de acuerdo a nuestras propias costumbres”.

No entendemos por qué el Estado entrega nuestras tierras a esta empresa sin consultarnos, en el silencio. No somos ciudadanos de segunda clase, somos peruanos, ciudadanos con otra costumbre, otra cultura diferente, siempre hemos pedido que nos den nuestros títulos y se limite nuestras tierras, en cambio a esta empresa que no reside en el país por poder económico se le atiende”.

La Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín – CODEPISAM se sumó al reclamo y entre otras cosas, expresó que “Para el pueblo indígena esto no es un asunto judicial, sino que es deber de la autoridad regional y nacional cautelar los derechos de los pueblos indígenas, sus territorios, sus recursos naturales”. (5)

Pero en la ofensiva por despojar a las comunidades del Perú de sus territorios y bosques es más amplia y se materializa también en el Proyecto 4141 o Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Recientemente, decenas de organizaciones indígenas y agrarias del país rechazaron la ley forestal que atenta contra sus derechos y fomenta la invasión de masivas plantaciones agroindustriales. (6) Los pueblos indígenas y campesinos del Perú se mantienen firmes y alertas y anunciaron: ¡No más engaños!
(1) Pueblos indígenas del Perú, Oswaldo Salaverry et al., ver aquí

(2) Pueblos de la Amazonía, Instituto del Bien Común, ver aquí

(3) “Pueblo shawi teme perder territorios ancestrales por litigio entre terceros”, ver aquí

(4) Ver Boletín 142 del WRM

(5) Comunicado de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín – CODEPISAM, ver aquí

(6) Perú: Indígenas y agricultores rechazan proyecto de ley forestal, Servindi, ver aquí

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– La certificación de la cría de camarones hace peligrar los manglares

La certificación se ha convertido en una herramienta perversa en manos de las grandes empresas, que la usan como “sello verde” para imponer sistemas de producción intrínsecamente dañinos y peligrosos para ecosistemas valiosos. Es lo que ocurre ahora con un sistema de gran diversidad biológica: el manglar.

Varias ONG que trabajan con las comunidades locales en los países productores de camarón y con los consumidores en los países importadores de este producto, han alertado sobre el proyecto de normas del Diálogo sobre la Acuicultura de Camarón de la organización conservacionista WWF así como sobre la deficiencia del proceso en su conjunto.

Habiendo participado en uno de los llamados “diálogos”, las ONG críticas pudieron comprobar que el panorama es aún peor: el producto final predeterminado – normas para la certificación del camarón de criadero – se obtendrá prescindiendo de la participación equitativa y participativa de las partes interesadas o usuarios de recursos. La mayoría de los asistentes a dichos “diálogos” eran representantes de la industria camaronera. Los afectados por la acuicultura de camarón brillaron por su ausencia durante los tres años que duró el proceso. Esta falta de participación de la población local hace muy cuestionable la intención de certificar la cría industrial de camarón y contradice particularmente las declaraciones del WWF, que afirma que sus normas representan a las comunidades afectadas.

Mangrove Action Project, junto con otros Objetores de Conciencia de todo el proceso de “diálogo” fallido, intentaron, sin éxito, convencer al WWF y a sus aliados a que no presentaran sus normas como “normas sociales y ambientales”, dado que se trata principalmente de criterios técnicos que, a lo sumo, correspondería llamar tan solo “las mejores prácticas de manejo”.

Además de la falta de participación de las comunidades locales en la formulación de dichas normas, lo que reprochamos al WWF es no haber intentado alertar directamente a sus numerosos miembros y al público en general que evitaran el consumo barato e insustentable de camarón. Si los consumidores de camarones de criadero simplemente redujeran su demanda, habría una disminución inmediata de la expansión de dicha industria y, por lo tanto, se contribuiría a disminuir los efectos adversos de esa industria en expansión permanente, ávida de recursos, que invade más y más terrenos aún intactos.

Por otra parte, la cría industrial de camarones es un proceso insustentable y destructor, que ninguna norma podría convertir en “más sustentable”. La industria que el WWF espera certificar utiliza un sistema de acuicultura que degrada los mismos ecosistemas y recursos de los que depende.

En los últimos 30 años, la expansión rápida y mayormente incontrolada de la industria camaronera ha provocado inmensos problemas ambientales y sociales, que sólo han sido revelados recientemente. Entre los más graves figuran la degradación y la pérdida de los recursos naturales costeros. Los problemas de contaminación, que siguen sin resolverse, continúan vaciando las aguas, otrora fecundas, de los estuarios vecinos y de las bahías costeras. Pesquerías que eran antes abundantes reciben el impacto y, por culpa de la invasión de las granjas camaroneras, desaparecen zonas de reproducción y de cría de peces.

Todo el proceso de instalación y de funcionamiento de la cría industrial de camarones perturba enormemente el delicado y complejo equilibrio de la ecología costera. Vastas franjas de manglares de valor incalculable desaparecen para hacer lugar a estanques de camarones. Las granjas reemplazan ambientes de variados recursos por monocultivos a gran escala. En todo el mundo, la cría de camarones ha destruido más de un millón de hectáreas de manglar, ¡y eso, sólo durante las dos o tres últimas décadas!

Otros hábitat costeros importantes, como las marismas, las praderas marinas y los arrecifes de coral, han sido degradados o arruinados. Del mismo modo, han quedado en barbecho campos agrícolas antes productivos y se han contaminado peligrosamente importantes cursos de agua y acuíferos subterráneos.
La cría industrial de camarones comienza por destruir los medios de vida locales y luego provoca la pérdida de empleos que siempre habían existido, porque la eliminación de los manglares y la salinización de las tierras vuelven mayormente inviables actividades tradicionales tales como la agricultura y la pesca.

Esta industria megalítica de 40 a 60 mil millones de dólares está alimentada a su vez por el gran apetito de los consumidores mal informados del Norte, un apetito astutamente creado por la industria misma, con su exitosa promoción del camarón importado barato. Sus defensores asumen que no hay más remedio que seguir produciendo camarones en el Sur, porque ya no queda otra opción; también asumen que la mejor manera de responder al creciente apetito del Norte por los frutos del mar es importar camarones del Sur. La certificación se vuelve provechosa para las empresas camaroneras, que encuentran en ella la forma de “lavar” su imagen e incluso encontrar así un nuevo mercado en los consumidores preocupados del Norte.

En una carta abierta [1] dirigida a los miembros del Comité de dirección del Diálogo sobre la Acuicultura de Camarón, dirigido por el WWF, los activistas de más de 40 organizaciones de todo el mundo denuncian la intención de dicho comité y del Consejo para la Certificación de la Acuicultura (Aquaculture Stewardship Council, ASC) de establecer normas para la certificación de la cría industrial de camarón que implicará perpetuar “los sistemas de cría de alta capacidad de producción, insustentables y destructivos, y la herencia de 400.000 hectáreas (por ahora) de estanques abandonados en los países productores”.

Los Objetores de Conciencia dicen que el Diálogo “confía demasiado en la capacidad de la industria de supervisarse y reglamentarse por sí misma. El programa de certificación depende de un sistema de auditoría que aún no ha sido puesto a prueba ni evaluado. Otros aspectos críticos del proceso requieren también un ‘acto de fe’, como lo es creer que, cuando se publiquen las normas, las prácticas previamente desastrosas comenzarán, milagrosamente, a tener el efecto contrario”.

La carta abierta, que circulará durante dos meses para recoger firmas, refleja la determinación de los activistas: “hemos decidido por unanimidad que ya no podemos apoyar las intenciones o las acciones del Comité de dirección del Diálogo sobre la Acuicultura de Camarón ni del Consejo para la Certificación de la Acuicultura referentes al establecimiento de normas para la certificación de la cría industrial de camarones”.

Alfredo Quarto, Mangrove Action Project (MAP), correo electrónico: ten.supmylo@paevorgnam.
[1] (en inglés) ver aquí

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– Los bosques asiáticos se pierden debido al mercado de productos para mascotas

Las causas subyacentes de la deforestación, a menudo escondidas, despreciadas o desconocidas, son múltiples y variadas. E incluso raras.

Tal vez muchas personas están al tanto de que el consumo excesivo en los países con altos ingresos constituye una de las principales causas subyacentes de la deforestación, pero no saben que los modelos de consumo de las mascotas son también responsables por la desaparición de los bosques.

Según The Guardian (1), un nuevo estudio realizado para el Departamento británico de Asuntos Rurales y Alimentación (DEFRA por su nombre en inglés) – “Mapping and Understanding UK Palm oil Use” (2) – informa que Gran Bretaña importa más de medio millón de toneladas de aceite de palma al año pero aún más harina de grano de palma – un subproducto muy lucrativo de la producción de aceite de palma. El aceite de palma proviene del fruto de la palma aceitera, mientras que la harina proviene de la nuez. Gran Bretaña importa de Indonesia cinco veces más nueces que aceite de palma, y más de la décima parte de la harina de nuez de palma del mundo tiene como destino la alimentación de animales.

“Los perros y gatos británicos, las vacas, los cerdos y hasta los peces de colores están ayudando a destruir los bosques tropicales del sudeste asiático”, sostiene The Guardian, señalando como principales actores a AB Agri, propiedad de Associated British Foods, y a BOCM Pauls, ambos fabricantes de alimento para animales, además de ED&F Man, empresa comercializadora de materias primas.

La palma aceitera se cultiva principalmente en plantaciones a gran escala. Malasia e Indonesia se han transformado en los mayores productores y exportadores de aceite de palma. En dichos países, la expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera que cubren millones de hectáreas ha diezmado los bosques e invadido territorios de las comunidades indígenas (ver boletín Nº 134 del WRM).

El negocio de la palma aceitera también tiene un fuerte impacto sobre el medio ambiente, como consecuencia de los varios millones de toneladas de desperdicios sólidos del aceite, fibra de palma y cáscaras, así como de otros varios millones de toneladas de vertidos de las plantas procesadoras de aceite de palma, una mezcla contaminante de cáscaras molidas, agua y residuos grasos, que tiene un impacto negativo sobre los ecosistemas acuáticos. Además, la mayor parte de los cultivos de aceite de palma requiere el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes a base de petróleo, que no sólo contaminan a nivel local sino que también contribuyen a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. (3)

Según Robert y Brenda Vale (4), de Nueva Zelanda, un perro de tamaño mediano casi duplica la huella ecológica de una Toyota Land Cruiser. (La huella ecológica es la cantidad promedio de tierra y agua necesaria para crear un producto y luego absorber sus desechos).

No se trata de matar de hambre a las mascotas sino de mostrar que, en los países ricos, las mascotas se han transformado en un nuevo nicho de mercado, gracias al cual las grandes empresas cosechan ganancias extraordinarias, mientras que los costos ambientales de ese consumo (excesivo) permanecen ocultos.

(1) “UK animal feed helping to destroy Asian rainforest, study shows”, Fred Pearce, The Guardian, ver aquí.

(2) Mapping and Understanding UK Palm Oil Use, Proforest, abril de 2011, ver aquí.

(3) Why is oil palm replacing tropical rainforests? Why are biofuels fueling deforestation?, Rhett A. Butler, mongabay.com, abril de 2006, ver aquí.

(4) “The environmental impact of pet food”, Nina Shen Rastogi, 2010, ver aquí.

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- El sistema REDD va mostrando su perversidad

Luego de casi cinco meses de titubeos, la moratoria forestal de dos años arrancó este mes en Indonesia. El presidente Susilo Bambang Yudhoyono debía elegir entre dos opciones: una versión de la moratoria hubiera impedido el otorgamiento de nuevas concesiones en todos los bosques y turberas; la otra se aplicaría sólo a los bosques primarios y turberas. Yudhoyono prefirió la segunda.

El hecho de que esta decisión haya sido recibida con agrado por Asia Pulp & Paper, compañía que tiene en Indonesia uno de los peores récords en cuanto a la destrucción de los bosques, muestra lo poco que tendrán que modificar las empresas de su funcionamiento habitual como resultado de la moratoria.

Existía la posibilidad de que, al menos, se revisaran las concesiones existentes (muy numerosas en Indonesia, y de las cuales muchas se superponen y muchas otras son ilegales). Parece ahora muy poco probable que eso suceda. Dentro del instructivo presidencial que pone en vigencia la moratoria (una farsa, según dijo un comentarista) figura un mapa indicativo que muestra el área de bosque primario y de turberas que debe ser protegida durante el período establecido de dos años. De la zona verde que representa el bosque primario se ha extraído, principalmente en Papúa, enormes zonas pintadas de blanco, que representan las concesiones existentes. Y en el mapa se omitieron completamente dos parques nacionales de Sumatra.

El texto, ya de por sí laxo, está lleno de lagunas. Las concesiones existentes están específicamente excluidas de la moratoria, así como las que han “recibido una aprobación de principio” del Ministro de Forestación, y la prórroga de los permisos existentes. También están excluidos los proyectos de “desarrollo nacional”. El decreto presidencial da la lista: energía geotérmica, petróleo y gas, electricidad, tierras para cultivos de arroz y caña de azúcar.

La moratoria forma parte del acuerdo REDD de mil millones de dólares convenido entre Noruega e Indonesia. Noruega también ha prometido 250 millones a Guyana y mil millones a Brasil.

En marzo de 2011, miembros de la sociedad civil y del parlamento de Guyana escribieron al Ministro noruego de Medio Ambiente y de Desarrollo Internacional, Erik Solheim. La carta enumeraba “ocho problemas clave relacionados con el Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de Guyana y Noruega”. Parte del problema es que la deforestación está aumentando en Guyana, y que el primer proyecto de la Estrategia de Desarrollo con baja Emisión de Carbono del presidente Bharat Jagdeo es una represa hidroeléctrica muy controvertida, en medio de la selva tropical. La construcción de la ruta de acceso ya comenzó, pero está muy retrasada, y el proyecto está plagado de acusaciones de corrupción y malversación de fondos.

La carta suscitó gran número de discusiones dentro y fuera de Guyana. Casi dos meses después de recibirla, Solehim respondió, pero diciendo que “no será posible entrar aquí en los detalles de su carta”. Ahora, Solheim ha recibido otra carta, donde se le pide que dé respuesta detallada a los ocho problemas planteados.

En Brasil, la situación luce aún peor. La tasa de deforestación, que había caído en los últimos años, volvió a dispararse este año. En marzo y abril se desmontaron casi 593 kilómetros cuadrados de bosque, lo cual representa un aumento de 470% con relación a los mismos dos meses del año pasado.
Una razón posible de este aumento tan brusco es que el gobierno ha estado debatiendo una modificación del Código forestal brasileño, que lo debilitaría considerablemente (ver artículo en este boletín). Los hacendados están desmontando bosques porque prevén que el nuevo código forestal será aprobado y que se concederá amnistía a la tala ilegal realizada previamente. El 24 de mayo de 2011, la Cámara de Diputados aprobó el código forestal modificado. Ahora pasa al Senado y, si éste también lo aprueba, requerirá la aprobación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

El debate en torno al código forestal brasileño revela el efecto perverso de los incentivos REDD. Los gobiernos que cuentan con una buena legislación, una buena administración y una tasa de deforestación decreciente, no van a ganar gran cosa con REDD. Pero si la deforestación se dispara, Brasil podría resultar muy beneficiado gracias a ese sistema.

Mientras tanto, Brasil sigue avanzando con su proyecto de represa hidroeléctrica en Belo Monte, al cual se oponen desde hace veinte años los pueblos indígenas que viven en la cuenca del Xingú. El país también intenta que las “plantaciones forestales en extinción” sean incluidas en el mecanismo de desarrollo limpio, propuesta que equivale, ni más ni menos, a subsidiar las plantaciones industriales de árboles.

Dos grandes videos acaban de ser presentados en Europa; ambos muestran los diferentes problemas que plantea la forma en que se despliega REDD. El primero, producido por un programa de televisión neerlandés, Keuringsdienst van Waarde, trata de las compensaciones de carbono y concluye que se podría comprar una parte de la selva brasileña por sólo un centavo el metro cuadrado. El programa es fascinante, alterna el escándalo con la comicidad y presenta una serie de problemas que plantea la noción de compensación de carbono.

Para el segundo video, algunos periodistas de la revista londinense Don’t Panic se infiltraron para averiguar hasta dónde llegaría Conservation International (CI) para ayudar a las empresas contaminantes a “maquillar de verde” su imagen. Su primer problema era que Conservation International ya trabajaba con una lista de Socios Empresariales que parece el Quién es Quién de la destrucción planetaria: Arcelor Mittal, BHP Billiton, Cargill, Chevron, Goldman Sachs, Kimberly-Clark, McDonald’s, Monsanto, Rio Tinto, Shell y Wilmar International.

Los periodistas de Don’t Panic fingieron ser representantes de Lockheed Martin, el mayor fabricante de armas del mundo. El representante de Conservation International no se inmutó, sugirió una “estrategia de compensación de carbono”, y afirmó que “Lockheed Martin” podría “compensar” sus actividades contaminantes y mortíferas comprando un bosque en Madagascar, Asia o África. ¿Don’t Panic quería saber si Conservation International es “algo más que una empresa proveedora de buena imagen ecológica”? Evidentemente, la respuesta es no.

Chris Lang, http://chrislang.org

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COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- Chile: un modelo forestal nefasto con sucursales en América Latina

Lo que las grandes empresas forestales han hecho con nuestros territorios en Chile es tan devastador, tan triste y tan definitivo que se nos viene a la mente la Doctrina del Shock (1) planteada por la periodista Naomi Klein en su libro homónimo. Utilizando la misma línea argumental, podemos afirmar que en menos de 30 años nuestros bosques nativos han sido sustituidos por monocultivos forestales sostenida y sistemáticamente, en un esquema impulsado durante la dictadura militar en Chile y amparado en los años que siguieron por un sistema económico depredador e injusto, tan difícil de combatir que hoy, con los hechos consumados y la solapada violencia que lo impulsa, estamos simplemente estupefactos.

El sector forestal chileno está dominado por dos grupos económicos, CMPC de la familia Matte y Arauco de la familia Angelini, familias que año a año aumentan su patrimonio y expanden su poder económico. Y esto no es un dato menor para agregar: es importante señalarlo porque las enormes utilidades de estas empresas que controlan todo el circuito económico exportador (más de 600 millones de dólares cada una según sus últimos reportes del año 2010) no han sido obtenidas gracias a su extraordinaria capacidad emprendedora sino que a costa de daños enormes, y en la mayoría de los casos irreparables, a los ecosistemas naturales y a las comunidades locales que han habitado ancestralmente (pueblo mapuche) o que viven desde hace poco más de un siglo (comunidades campesinas y colonos) en los territorios donde se concentran las plantaciones forestales (VII a X regiones).

Y tan grave como lo anterior, empresas como forestal Arauco obtuvieron muchas de sus industrias y predios en la Dictadura Militar, a través de los procesos de privatización impulsados en todas las áreas de la economía nacional, con fuertes pérdidas para el erario nacional (la pérdida para el Estado chileno por concepto de venta del total de sus empresas fue de 7.800 millones de dólares al valor de hoy). Como si esto no fuera suficiente, las grandes empresas forestales han recibido a través del Estado millonarias bonificaciones para establecer cientos de miles de hectáreas de monocultivos de pino insigne o eucalipto, que frecuentemente se realizaron sustituyendo bosques nativos.

La danza de millones de la que hablamos la bailan sólo unos pocos: estos indicadores auspiciosos no son percibidos por los 133 mil trabajadores forestales. Según un estudio de la Dirección del Trabajo de la Región del Bio Bio, de ellos, sólo entre el 25 y 30% tiene contrato permanente; el 82% se encuentra bajo la línea de la pobreza; y la subcontratación ha dificultado la generación de derechos colectivos.

Mientras eso ocurre, las millones de hectáreas de plantaciones alimentan a una industria forestal orientada a las exportaciones, que en 2008 alcanzó al ingreso de 5.400 millones de dólares, elevando a más del 13% la participación del sector forestal en el total de exportaciones del país, mientras que en las mismas comunas rurales donde prosperan las plantaciones y la industria - las regiones VIII, IX y X - los Índices de Desarrollo Humano del PNUD (basados en estudios de ingreso, salud y educación) son los más bajos del país.

Y las amenazas continúan: un 17,7% del territorio nacional está cubierto por bosque nativo lo que, de acuerdo a estudios realizados, corresponde a menos de la mitad de lo que hubo antes de la llegada de los españoles, y hoy en día se sigue destruyendo. Estudios recientes indican que en la Región de Los Ríos más de 20.000 hectáreas de bosque nativo fueron sustituidas por plantaciones forestales en la última década. Entre sus últimos escándalos, Forestal Arauco fue condenada a reparar el daño ambiental ocasionado por la muerte de 33 ejemplares de araucarias para efectuar una plantación de exóticas en la Región del Biobío, sin dejar de mencionar la destrucción del Santuario de la Naturaleza Río Cruces, en el sur de Chile, por lo que ha sido condenada y multada públicamente.

Solo a modo de ejemplo es importante citar que en los informes periciales encargados por la jueza Gloria Hidalgo, del 1er Juzgado Civil de Valdivia, como parte del juicio del Estado de Chile en contra de CELCO-ARAUCO iniciado hace casi 6 años, seis peritos independientes – incluyendo geógrafos, ecólogos, biólogos e ingenieros químicos– han concluido que existe una relación directa entre las descargas de CELCO-ARAUCO y el desastre ocurrido en el Santuario. Según los peritos, la empresa provocó el colapso ecológico del humedal, “la muerte súbita y total” de las plantas acuáticas –entre ellas el luchecillo–, la masiva mortandad de cisnes y otras especies, la pérdida de biodiversidad, y el aumento drástico de la contaminación en las aguas y sedimentos del Santuario. (2)

Sin embargo, como si nada de esto ocurriera y solo fuera resultado del delirio de unos pocos, las empresas forestales encuentran toda suerte de recursos para expandir su influencia. La empresa forestal Arauco, la más poderosa de Chile, ha extendido sus tentáculos a cuanto estamento de la sociedad existe. Una de las estrategias usadas ha sido hacerse parte de la vida académica de las Universidades que forman ingenieros forestales a través del financiamiento de infraestructura e investigación en el área. El caso más reciente fue el pasado 30 de marzo, cuando la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile y la empresa Celulosa Arauco Constitución se unieron en un mismo salón para cortar la cinta que dio por inaugurado oficialmente el Pabellón Arauco frente a lo cual diversas organizaciones circularon una carta de repudio que se enc uentra disponible en: ver aquí.

Asimismo, ha participado en ferias internacionales de alcance mundial, y ha financiado millonarias campañas de inescrupulosos eslóganes, como “Bosques de Verdad para Chile”, en alusión a las plantaciones de la empresa, por mencionar algunas de sus estrategias.

ARAUCO ha expandido su modelo forestal a otros territorios de América Latina, adquiriendo en 1996 la mayor empresa forestal de Argentina, Alto Paraná S.A. Ahora en Uruguay, en sociedad con la sueco-finlandesa Stora Enso, iniciará la construcción de una planta de celulosa en el departamento de Colonia, que se proyecta estará operativa en el primer semestre de 2013. ARAUCO se plantea ser un referente mundial en el “desarrollo sustentable” de productos forestales. Esta visión se expresa a través de “la búsqueda de oportunidades para un crecimiento sustentable, (…) una gestión eficiente y responsable con el entorno, con las comunidades vecinas y con las futuras generaciones”. Pues bien, cuidado Argentina y Uruguay, porque en Chile estos principios han sido sistemáticamente incumplidos.

Por Claudio Donoso Zegers, Ecólogo Forestal, correo electrónico: moc.liamg@sregezosonod y Magdalena Donoso Hiriart, Colectivo VientoSur, correo electrónico: magdalenadelsur@gmail.com
(Fuentes consultadas: Contraloría General de la República, Dirección del Trabajo Región del Bio bío, Reporte de Sustentabilidad 2010 Arauco, Las empresas forestales y los Mapuche Cámara de Diputados 2007, ver aquí)

(1) El libro reseña la implantación del libre mercado, que sigue la lógica de lo que Naomi Klein identifica como «capitalismo del desastre». La autora plantea una analogía del tratamiento de los consumidores con el tratamiento de enfermos mentales por electroshock: 'A través del shock, se fuerza a la gente a ser obediente'.

(2) Tomado del artículo publicado en ÑUKE MAPU: ver aquí

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- Uruguay: el poder de la empresa foresto-celulósica Montes del Plata

Montes del Plata es el nombre con el que operan en Uruguay dos empresas trasnacionales vinculadas a la industria forestal, celulósica y papelera: la chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso. En esta ocasión se asociaron para la construcción y puesta en funcionamiento de una fábrica de celulosa que producirá por lo menos 1.450.000 toneladas de celulosa.

A partir de esta fusión, el consorcio Montes del Plata pasó a poseer el mayor latifundio del país: 250.000 hectáreas de tierra destinadas a la plantación de monocultivos de árboles, materia prima necesaria para el funcionamiento de su mega-emprendimiento celulósico.

El pasado 25 de mayo se inauguraron las obras de la fábrica de celulosa, ubicada en la localidad de Conchillas, departamento de Colonia, sin que la empresa hubiera difundido aún el estudio del impacto social que provocará su instalación en la zona, el cual le había sido exigido por La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Los dos años de construcción de este mega-emprendimiento implicará la contratación de hasta casi 6.000 trabajadores en su momento pico, que se calcula en su gran mayoría serán extranjeros, que se movilizarán en el entorno de una localidad de unos 500 habitantes.

A esto se agrega que en estos días trascendió en la prensa parte del contenido del contrato “secreto” de inversión firmado por Montes del Plata y el gobierno uruguayo, donde ambas partes se obligaban a no divulgar información relacionada con dicho convenio mediante una cláusula de “confidencialidad”.

El contrato establece beneficios económicos excepcionales y notables para una inversión transnacional, a los que no acceden los empresarios nacionales. Bajo el cálido texto “las partes harán los mejores esfuerzos para encontrar soluciones…” se esconden horas y horas de reuniones de la empresa con representantes del gobierno nacional, con éxito para la empresa. Asegura además que a futuro se compensará a la empresa ante “cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto”. Para conocer algunos de los beneficios acordados ver “El contrato secreto de inversión entre el Gobierno y Montes del Plata”, ver aquí.

El grupo uruguayo Guayubira, largamente crítico de la expansión de la forestación (y su corolario las fábricas de celulosa) por sus impactos ambientales y sociales, manifestó en un comunicado su repudio por los manejos y presiones de la empresa extranjera y alertó que ese tipo de negociaciones condiciona la soberanía del país: “Este contrato secreto define el curso de la utilización de los recursos naturales del país, de su ordenamiento territorial, de su medio ambiente, en fin, el curso del desarrollo nacional, condicionando las posibilidades de intervención de la sociedad nacional y la acción soberana de la nación por un muy largo período”.

Información obtenida del comunicado del grupo Guayubira “Montes del Plata: REPUDIO Y ALERTA”, ver aquí

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– Malasia: decisión histórica contra compañias “joint venture" de palma aceitera

La Alta Corte de Kuching, capital del estado malayo de Sarawak, en la isla de Borneo, ha tomado una decisión histórica al decidir, el 20 de febrero último, que todo acuerdo entre nativos y no nativos referente a las plantaciones de palma aceitera contraviene el Código de Tierras, según el cual “una persona no nativa de Sarawak no puede adquirir ningún derecho o privilegio por sobre el derecho consuetudinario nativo”.

Esta decisión representa una victoria para los nativos Ibans de Sarawak del distrito de Pantu Land, que habían demandado a la autoridad de custodia y desarrollo del territorio (LCDA según el inglés), a la sociedad Pelita Holdings Sdn Bhd, a Tetangga Arkab y al gobierno estatal de Sarawak, en su nombre y en nombre de otros 90.

Los demandantes afirman poseer derechos consuetudinarios sobre la tierra en un área que ha sido tomada por los acusados para establecer una plantación de palma aceitera en el marco de un acuerdo de “joint venture”.

La Corte declaró que los Ibans tenían derecho a reclamar esa tierra, con el argumento de que “los nativos han sido privados de la tierra que les pertenece por derecho consuetidinario, que es su fuente de subsistencia, y han perdido sus derechos de propiedad sobre ella, lo cual viola los artículos 5 y 13 de la Constitución”.

Además, la Corte dijo que “No importa que los propietarios de las tierras hayan recibido el pago discutible de RM 120 por hectárea, una suma irrisoria si se considera que las palmas aceiteras plantadas en sus tierras ya han sido cosechadas durante más de tres años”.

La decisión de la Corte tiene vastas implicaciones para más de 20 acuerdos de “joint venture” entre nativos y no nativos en el campo de las plantaciones de palma aceitera, así como para las casi 200 demandas que están en instancia en los tribunales de Sarawak, presentadas por nativos y referentes al uso de sus tierras para la plantación de palma aceitera y la extracción de madera.

Algo muy importante es que la decisión impide a las compañías “entrar, ocupar, desmontar, cosechar o realizar cualquier tipo de actividad en las tierras que poseen los nativos por derecho consuetudinario”.

En el estado de Sarawak, que estuvo en otros tiempos cubierto de bosques tropicales, la tala primero, y luego las plantaciones de palma aceitera, han eliminado bosques y desplazado a miles de habitantes, algunos de los cuales habían vivido durante siglos de la pesca, la caza y la agricultura en la jungla.

Para muchos indígenas que desean preservar su estilo de vida comunal, en pueblos de casas largas que albergan cada uno cerca de 400 personas, esto implica defender los bosques que los mantienen.

Decidido a defender su tierra, un grupo Iban de Sarawak que vive en la ribera (1) ha rechazado la oferta de una compañía de palma aceitera que propuso pagar a cada familia unos 66 dólares, una suma minúscula, incluso para personas de medios tan modestos.

El jefe del pueblo dijo que el dinero no es la cuestión: “Dependemos tanto del bosque, no queremos vender, el bosque no está en venta”.

Artículo basado en informaciones tomadas de: (1) “The High Court decision has wide implications”, Joseph Tawie, The Broken Shield, ver aquí; “Malaysian tribes fight to protect rainforests”, Azhar Sukri, Al Jazeera's, ver aquí

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– Kenya: la laureada Maathai aconseja desalentar la plantación de eucaliptos

Cuando el Premio Nóbel de la Paz, la kenyata Wangari Maathai, fundó en 1977 el Movimiento Cinturón Verde – que promueve la plantación de árboles indígenas en las cuencas boscosas, las reservas ribereñas, las granjas privadas de acceso comunitario y los espacios públicos, con el fin de preservar la diversidad biológica local – sabía que la introducción de especies vegetales exóticas podía tener graves efectos sobre el equilibrio del ecosistema.

Así, la profesora Maathai pidió que se prohibiera la plantación comercial de eucaliptos en el país, debido a que su alto consumo de agua estaba contribuyendo a agotar las reservas.

No sólo Maathai conoce el impacto que tienen las plantaciones de eucaliptos sobre el agua: los nativos Kikuyu llaman a ese árbol “munyua mai” (tragón de agua).

En 2002, dos especies de crecimiento rápido fueron introducidas en Kenya desde Sudáfrica y plantadas en cantidad por todas partes: Eucalyptus grandis y Eucalyptus camaldulensis. Pocos años después, el efecto de los eucaliptos se hizo sentir cuando las fuentes de agua comenzaron a agotarse.
En 2009, el Ministro de Medio Ambiente, John Michuki, dio la directiva de cortar las especies de eucaliptos que crecían cerca de los cursos de agua, para intentar disminuir el impacto de la sequía que estaba haciendo estragos en el país.

Sin embargo, el Ministro de Bosques y Naturaleza, Noah Wekesa, publicó directivas para los agricultores que deseen plantar diversas especies de eucaliptos.

Maathai acusó a Wekesa de no haber frenado la plantación de eucaliptos en las tierras altas, a pesar de los efectos adversos que estos árboles tienen sobre el suelo, el ciclo del agua, la biodiversidad y la vegetación local. Dijo que el gobierno debería desalentar la plantación de todo tipo de eucalipto en las montañas y las cuencas de los ríos.

Según Wekesa, el eucalipto responde a la demanda local de madera porque crece rápido, pero Maathai argumenta que hay otras alternativas, como el bambú nativo, que crece muy rápido, consume poca agua, afirma el suelo y detiene la erosión, además de haber resultado muy útil en muchos países, donde es muy usado en la construcción, la alimentación y la medicina.

Lejos de recomendar el modelo de monocultivo de árboles a gran escala, Maathai ya había subrayado que era necesario “expandir las prácticas existentes, ya probadas, de cultivo integrado de árboles, como ser la combinación de agro-silvicultura y agricultura de conservación, lo que podríamos llamar ‘agricultura siempre verde’ [ver Boletín 147 del WRM]. Esto permitiría obtener beneficios ambientales, seguridad alimentaria y medios de vida. Para lograrlo, será necesario tener el apoyo de los científicos en los mecanismos de decisión – además del de las autoridades para su aplicación efectiva – basándose en los conocimientos, la colaboración y la capacidad”.

Artículo basado en información publicada en: “Maathai Wants Bamboo to Replace Eucalyptus”, John Muchangi, 27 de abril de 2011, AllAfrica, ver aquí.

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DEFINIENDO EL BOSQUE

Este año ha sido declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional de los Bosques. En ese marco, el WRM ha iniciado una campaña que busca poner en cuestión la definición de bosque de la FAO. Entre otras actividades hemos lanzado la siguiente carta, para la cual buscamos firmas de científicos y profesionales de distintas disciplinas que abordan el estudio de la naturaleza. La carta será presentada ante la FAO el próximo 21 de Setiembre, Día Internacional contra los monocultivos de árboles. Si desea firmar la carta puede hacerlo en esta dirección: ver aquí.

Carta abierta a la FAO:

La FAO define “Bosque” como: “Tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 5 m y una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ” (*).

Según esta definición ha sido posible sustituir bosques primarios por plantaciones monoclonales de árboles de especies exóticas genéticamente manipuladas, sin que ello se considere deforestación. Esta definición también ha permitido llamar “bosques” a monocultivos industriales de árboles que se expanden a expensas de la destrucción de otros ecosistemas.

El problema se agrava en tanto otras organizaciones e iniciativas de la ONU, como la Convención Marco sobre el Cambio Climático, así como numerosos gobiernos nacionales, aplican esta definición en sus negociaciones, programas y políticas. Más aun, muchos análisis y acciones se implementan a partir de esta definición.

Consideramos que la definición actualmente utilizada por la FAO debe ser cambiada. Dista mucho de contemplar la complejidad estructural de los ecosistemas boscosos, diversos, multiestratificados y complejos funcionalmente. Tampoco refleja su capacidad de proveer servicios ecosistémicos fundamentales para la humanidad, como el mantenimiento de la biodiversidad o el almacenamiento de carbono, ni contempla el rol fundamental que juegan en la vida de las poblaciones locales. Agrupar bajo una misma definición a las plantaciones de árboles y a los bosques naturales diversos conduce a tomar decisiones erróneas. La actual definición de bosque tiene consecuencias negativas a escala local y global, en tanto legitima la expansión de los monocultivos industriales de árboles, cuyos impactos sociales, económicos, ambientales y culturales han sido ampliamente documentados y denunciados.
Por todo esto, los abajo firmantes, como científicos y profesionales de distintas disciplinas que abordan el estudio de la naturaleza, expresamos nuestra disconformidad con la definición de Bosque de la FAO e instamos a este organismo a que inicie un proceso de revisión de la misma.

(*) FAO, Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010, Anexo 2. Términos y definiciones utilizados en FRA 2010, ver aquí.

Si desea firmar puede hacerlo en esta dirección: ver aquí.