Biodiversidad: oportunidad y dilema

Contradicción

Brasil es el país de mayor diversidad biológica del mundo. Se calcula que poseemos entre 15 y 20% de toda la biodiversidad del planeta. Son 55 mil especies vegetales o 22% del total del planeta; 524 mamíferos (de los cuales 131 endémicos), 517 anfibios (294 endémicos), 1.622 aves (191 endémicas) y 468 reptiles (172 endémicos), además de 3 mil especies de peces de agua dulce (tres veces más que cualquier otro país) y probablemente entre 10 y 15 millones de insectos (muchos de familias aún no descriptas). Sólo la Amazonia posee 26% de los bosques tropicales remanentes en el mundo. Sumándolo a otros 15 países, la India entre ellos, reúnen 70% de las especies animales y vegetales, segundo datos del Libro Verde, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Academia Brasileña de Ciencias.

En 1992, Brasil fue sede de la ECO-92 y suscribió el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), que fue ratificado por el Congreso Nacional dos años más tarde (1994). Un año más tarde, en 1995, presenté un proyecto de ley que reglamentaba especialmente los artículos 8-J y 15 del Convenio. Con modificaciones del Senador Osmar Dias, el proyecto fue aprobado sin oposición en el Senado en junio de 1998. A pesar de haber sido enviado enseguida a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley continúa paralizado hasta hoy, junto con otros proyectos de los diputados Jacques Wagner, del PT (Partido de los Trabajadores) de Bahía, y Silas Câmara, del PTB (Partido Trabalhista/Laborista Brasileño) de Amazonas. Junto con estos proyectos, hay una propuesta de enmienda constitucional del Poder Ejecutivo que, de ser aprobada, incluiría el "patrimonio genético" entre los bienes de la Unión.

Desde 1995, científicos, militantes socio-ambientalistas, empresarios y líderes populares mantienen una discusión sobre el tema, mientras se multiplica también el debate entre las comunidades tradicionales que poseen conocimiento sobre la fauna y la flora.
Este interés creciente de la sociedad brasileña se coordina con el debate y las negociaciones internacionales sobre el Convenio y también de otros acuerdos, como el ADPIC (Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio; TRIPS, en inglés). El Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno brasileño presentó recientemente un documento que parece reflejar en gran parte este debate que el Congreso y la sociedad brasileña vienen realizando en los últimos años. En el mismo, el gobierno propone, en el ámbito de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), enmiendas al artículo 27.3-b del ADPIC que aseguran un régimen sui generis para la protección de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. Propone un mecanismo legal internacional de control y represión de la biopiratería, así como el instrumento del Consentimiento Informado Previo (CIP) como condición para el acceso a los recursos de las comunidades tradicionales, sean indígenas, de agricultores u otras.

En diciembre de 2001, "pajés" (jefes espirituales) de diversas comunidades indígenas de todo el país elaboraron un importante documento para la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU). En la forma de una carta, los líderes indígenas destacan 16 aspectos, reivindicaciones, que cuestionan frontalmente toda forma de concesión de patentes derivadas del acceso a conocimientos tradicionales, exigiendo del gobierno la aprobación del Estatuto de las Sociedades Indígenas y el derecho de participación en las decisiones nacionales e internacionales sobre biodiversidad y conocimientos tradicionales asociados. Llama la atención que este encuentro fue promovido justamente con el apoyo del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual-INPI (en São Luís do Maranhão), que concordó enteramente con los términos del documento.

Por lo tanto, ante la megadiversidad que el país, con muchas dificultades, aún conserva, las iniciativas y el debate del Congreso Nacional y de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo a la comunidad científica, y hasta algunas posiciones ponderadas de determinados sectores del propio gobierno, es vergonzoso constatar que Brasil todavía no dispone de una ley que reglamente el acceso a sus recursos genéticos y al conocimiento asociado.

Medida Provisoria: Remiendo mal hecho

Pasando por encima del debate que se venía realizando en el Congreso, el Ejecutivo Federal presentó, el 29 de junio de 2000, la Medida Provisoria (MP) Nº 2.126-16 (promulgada por última vez el 23/08/2001). Parte de esta MP fue reglamentada por el Decreto Nº 3.945, 28/09/2001, que crea un Consejo de Gestión del Patrimonio Genético.

¿Cuáles son los problemas de este instrumento legal precario? ¿En qué medida no refleja el debate nacional e internacional?

1. Acuerdo Bioamazonia/Novartis

Cuando el gobierno federal promulgó esta Medida Provisoria, en junio de 2000, enseguida fue calificada de "MP de la Novartis", debido a un acuerdo de cooperación entre la Asociación Brasileña para el Uso Sustentable de la Biodiversidad de la Amazonia (Bioamazonia) y la empresa multinacional suiza Novartis Pharma AG, firmado un mes antes de la sanción de la MP.

Este acuerdo preveía el envío en gran escala, hacia el exterior, de extractos derivados de la biodiversidad amazónica, permitiendo que Novartis patentara y controlara con exclusividad los productos desarrollados por ella a partir de microorganismos, hongos y plantas recolectadas por la Bioamazonia.

Desde su firma, el acuerdo entre Bioamazonia y Novartis fue severamente criticado, inclusive por el ministro de Medio Ambiente, José Sarney Filho, que lo consideró lesivo para los intereses del país y recomendó la suspensión - hasta porque Brasil no tenía una legislación específica para garantizar su soberanía sobre sus propios recursos genéticos.

2. Autoritaria y transitoria - A semejanza de otras centenas de MP promulgadas por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, esta también pasa por encima del legítimo proceso legislativo. Hasta recientemente, era válida por apenas 30 días, estando su renovación condicionada a las presiones coyunturales.

3. "Legispirateada" - El texto de la MP se basa en los proyectos en trámite en el Congreso Nacional, pero no contempla algunas de sus disposiciones.

4. Imprecisa - En su versión más reciente, la MP sugiere que las comunidades que habitan tierras indígenas (aquellas oficialmente delimitadas) podrían permitir o no el acceso a sus recursos genéticos. Pero cambia el concepto internacionalmente reconocido, inclusive en el CDB, de Consentimiento Informado o Fundamentado Previo, por el de anuencia, que además de vago, siquiera puede ser traducido fielmente al inglés - principal idioma en las negociaciones internacionales.

5. No reconoce derechos de los agricultores y comunidades agrícolas, que manejan la biodiversidad que nos alimenta, además de vestirnos y curarnos.

6. Recursos Genéticos fuera - También ampliamente conocido, el concepto de Recursos Genéticos, que se encuentra en el Convenio de Diversidad Biológica, y en las legislaciones de Costa Rica, del Pacto Andino y de Filipinas, entre otros países, también fue sustituido por el de Patrimonio Genético. De la forma como aparece en nuestra normativa interna, significa simplemente información - pero, ¿qué información es esta?, ¿cepas de microorganismos?, ¿mejoras de semillas?, ¿conocimientos tradicionales?, y ¿qué patrimonio es este?, ¿es colectivo?, ¿es patrimonio líquido del propietario?, ¿es cultural?

7. Ineficacia - Una Medida Provisoria no puede crear penalidades o sanciones que no sean meramente administrativas. Es necesaria una ley para que el país cuente con el poder de inhibición y represión a los biopiratas, que ciertamente pasarán por el costado de este Consejo. Por otro lado, no se hace referencia a las competencias del gobierno para la fiscalización del cumplimiento de esta legislación. Esta laguna es una consecuencia del punto anterior, pues aunque hubiese fiscalización, los fiscales no podrían hacer nada contra los infractores.

8. Decreto 3.945, del 28 de setiembre de 2001 - La composición estrictamente gubernamental del Consejo imposibilita cualquier participación significativa de las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad científica, comunidades con derechos involucrados en su área de acción y otros sectores interesados.
El Consejo podrá establecer criterios para la creación de una base de datos para el registro de información sobre conocimiento tradicional asociado, sin la participación de las comunidades locales y tradicionales, y antes de que se haya llegado a un consenso entre el gobierno y las organizaciones científicas y sociales sobre un tipo de reglamentación altamente polémico.

Finalmente, todas estas disposiciones no aseguran que el acceso al patrimonio sea realizado con respeto del conocimiento tradicional, de la conservación del patrimonio biológico y con algún tipo de control social, conforme a las posiciones asumidas por Itamaraty en el ámbito de las relaciones internacionales. Apenas facilitan al máximo el acceso, garantizando sólo al Estado la discutible posibilidad de obtener beneficios con las concesiones.

Esta situación es producto de un conflicto y una intensa disputa por el control del conocimiento entre las corporaciones privadas cuyo lucro es garantizado por el mercado de consumidores ricos y el interés público de las poblaciones que habitan en áreas ricas en diversidad biológica y poseen conocimiento tradicional asociado, pero que son privadas de sus derechos básicos.

Algunas Propuestas

- Además del pleno apoyo a las reivindicaciones y propuestas de la Carta de los Pajés (ver abajo) y a toda iniciativa que busque difundir y profundizar la discusión de este tema en las comunidades y pueblos ricos en recursos genéticos y conocimiento asociado, en los ámbitos comunitario, regional, nacional e internacional, quisiera ponerme a disposición para contribuir con la realización de un encuentro panamazónico, en el cual se puedan discutir normas de acceso a la biodiversidad comunes a todas las naciones que comparten la Amazonia y la formulación de un tratado panamazónico de diversidad biológica y cultural. Considerando especialmente propuestas legales que han sido consolidadas en Perú y en Chile.

- Realizamos en noviembre de 2001 una audiencia pública de la Comisión de Asuntos Sociales del Senado, retomando el debate del Congreso, y realizaremos la segunda audiencia al inicio de la actividad legislativa de 2002, esta vez con la participación de científicos y empresarios.

- El esfuerzo por encontrar soluciones de desarrollo más justas y armónicas con respecto al acceso a la biodiversidad y al conocimiento comunitario a ella asociado, nos remitirá necesariamente a: (1) la valorización de lo "común", del usufructo compartido, no apenas en el texto de una ley, sino también en el conjunto de las acciones del gobierno, y (2) la constatación de que territorios, recursos naturales y conocimientos son responsabilidad, en primer lugar, de los pueblos y comunidades que los poseen y, por lo tanto, que cabe sobre todo a sus propias organizaciones implementar la discusión de estas cuestiones en su base social.

- Es necesario difundir, estimular y acompañar este debate en nuestras comunidades y regiones. En este sentido, debemos multiplicar esta experiencia del encuentro de los "pajés", en São Luiz do Maranhão, a ejemplo del Primer Encuentro de Sanadores de la Selva, que reunió "pajés", curanderos, médicos y fitoterapeutas en Acre, en el Valle do Juruá, cuyas resoluciones fueron enviadas a los "pajés" en Maranhão.

- En mayo próximo, estaremos recibiendo en Acre a representantes de comunidades agrícolas, indígenas y otras tradicionales de todo el mundo para el Taller Internacional sobre Agrobiodiversidad, organizado por redes internacionales, como GRAIN (Acción Internacional sobre Recursos Genéticos). Esta será otra buena oportunidad para lanzar a todo Brasil y al mundo propuestas acordes con los intereses de aquellos que, a pesar del modelo insustentable de desarrollo actualmente hegemónico en gran parte del planeta, han sabido conservar y utilizar de manera sustentable los recursos naturales que nos fueron concedidos por la Creación.

Anexo 1 - Carta de São Luís do Maranhão (San Luis de Marañón)

Nosotros, representantes indígenas del Brasil pluriétnico, en donde habitan 220 pueblos, que hablan 180 lenguas diferentes entre sí, con una población de 360 mil indígenas, ocupando 12% del territorio brasileño, reunidos en la ciudad de São Luís do Maranhão, del 4 al 6 de diciembre de 2001, para discutir el tema "La Sabiduría y la Ciencia Indígena y la Propiedad Industrial", convidados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), declaramos:

1. Que nuestros bosques se han mantenido preservados gracias a nuestros conocimientos milenarios;
2. Como representantes indígenas, somos importantes en el proceso de discusión sobre el acceso a la biodiversidad y los conocimientos tradicionales conexos porque nuestras tierras y territorios contienen la mayor parte de la diversidad biológica del mundo, cerca de 50%, y poseen un gran valor social, cultural, espiritual y económico. Como pueblos indígenas tradicionales que habitan diversos ecosistemas, tenemos conocimiento sobre el manejo y el uso sustentable de esta diversidad biológica. Este conocimiento es colectivo y no es una mercadería que se puede comercializar como cualquier objeto en el mercado.
Nuestros conocimientos de la biodiversidad no se separan de nuestras identidades, leyes, instituciones, sistemas de valores y de nuestra visión cosmológica como pueblos indígenas;
3. Recomendamos al gobierno de Brasil la apertura de un espacio para que la representación de las comunidades indígenas pueda participar en el Consejo de Gestión del Patrimonio Genético;
4. Recomendamos al gobierno brasileño que reglamente por ley el acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales conexos, discutiendo ampliamente con las comunidades y organizaciones indígenas;
5. Nosotros, representantes indígenas, expresamos firmemente a los gobiernos y a los organismos internacionales nuestro derecho a la participación plena en los espacios de decisión nacionales e internacionales sobre biodiversidad y conocimientos tradicionales como en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la Comisión de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), en el Comité Intergubernamental de la Propiedad Intelectual relativo a los Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folklore de la OMPI, entre otros organismos;
6. Recomendamos que los países aprueben el Proyecto de Declaración de la ONU sobre Derechos Indígenas;
7. Como representantes indígenas, afirmamos nuestra oposición a toda forma de patente que provenga de la utilización de los conocimientos tradicionales y solicitamos la creación de mecanismos punitivos para inhibir el hurto de nuestra biodiversidad;
8. Recomendamos la creación de un fondo financiado por los gobiernos, y administrado por una organización indígena, que tenga como objetivo subsidiar investigaciones realizadas por miembros de las comunidades;
9. Recomendamos al Gobierno Federal la creación de cursos de capacitación y entrenamiento de profesionales indígenas en el área de los derechos de los conocimientos tradicionales;
10. Recomendamos la realización de un II Encuentro de Pajés sobre el Convenio de Diversidad Biológica y Conocimientos Tradicionales;
11. Recomendamos que se asegure la creación de un Comité Indígena para el acompañamiento de los procesos de discusión y planeamiento de la producción de los Conocimientos Tradicionales;
12. Recomendamos que el gobierno adopte una política de protección de la biodiversidad y sociodiversidad destinada al desarrollo económico sustentable de los pueblos indígenas. Es fundamental que el gobierno garantice recursos para que nuestras comunidades desarrollen programas de protección de los conocimientos tradicionales y la preservación de las especies in situ;
13. Hasta que el Congreso Nacional brasileño apruebe el proyecto de ley 2057/91 sobre el Estatuto de las Sociedades Indígenas, paralizado en la Cámara de Diputados hace más de 10 años, y sea ratificado el Convenio 169 de la OIT, paralizado en el Senado hace 8 años, ya aprobado por la Cámara de Diputados, proponemos que los pueblos indígenas discutan la necesidad del establecimiento de una moratoria en la explotación comercial de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos;
14. Proponemos a los gobiernos que reconozcan los conocimientos tradicionales como saber y ciencia, dándole tratamiento equitativo con relación al conocimiento científico Occidental, estableciendo una política de ciencia y tecnología que reconozca la importancia de los conocimientos tradicionales;
15. Proponemos que se adopte un instrumento universal de protección jurídica de los conocimientos tradicionales, un sistema alternativo, sistema sui generis, distinto de los regímenes de protección de los derechos de propiedad intelectual y que entre otros aspectos contemple: el reconhecimento de las tierras y territorios indígenas, consecuentemente a su delimitación; el reconocimiento de la propiedad colectiva de los conocimientos tradicionales como imprescriptibles e invendibles y de los recursos como bienes de interés público; el derecho de los pueblos y comunidades indígenas locales a negar el acceso a los conocimientos tradicionales y a los recursos genéticos existentes en sus territorios; el reconocimiento de las formas tradicionales de organización de los pueblos indígenas; la inclusión del princípio del consentimiento informado previo y una disposición clara respecto de la participación de los pueblos indígenas en la distribución equitativa de benefícios resultantes de la utilización de estos recursos y conocimientos; permitir la continuidad del libre intercambio entre pueblos indígenas de sus recursos y conocimientos tradicionales;
16. Proponemos que la creación de bancos de datos y registros sobre los conocimientos tradicionales sea discutida ampliamente con comunidades y organizaciones indígenas y que su implantación sea posterior a la garantía de los derechos mencionados en este documento.

En este encuentro están reunidos miembros de las comunidades indígenas con fuertes tradiciones así como líderes expertos para formular estas recomendaciones y propuestas. Preocupados con el avance de la prospección biológica y el futuro de la humanidad, de nuestros hijos y de nuestros nietos, reafirmamos a los gobiernos que firmemente reconocemos que somos detentores de derechos y no simplemente interesados. Por esta razón tenemos la seguridad de que nuestras recomendaciones y proposiciones serán acatadas para el bienestar de la humanidad.

En São Luís do Maranhão, 6 de diciembre de 2001.

--------------------------------------------------------------------------------

Biodiversidade: oportunidade e dilema

Contradição

O Brasil é o país de maior diversidade biológica do mundo. Estima-se que detemos entre 15 a 20% de toda a biodiversidade do planeta. São 55 mil espécies vegetais ou 22% do total do planeta; 524 mamíferos (dos quais 131 endêmicos), 517 anfíbios (294 endêmicos), 1.622 aves (191 endêmicas) e 468 répteis (172 endêmicos), além de 3 mil espécies de peixes de água doce (ou três vezes mais que qualquer outro país) e provavelmente entre 10 a 15 milhões de insetos (muitos de famílias ainda não descritas). Só a Amazônia detém 26% das florestas tropicais remanescentes no mundo. Somando-se a outros 15 países, entre os quais a Índia, são 70% das espécies animais e vegetais, segundo dados do Livro Verde, do Ministério da Ciência e Tecnologia e a Academia Brasileira de Ciências.

Em 1992 o Brasil sediou a ECO-92, assinando a Convenção da Diversidade Biológica, que foi ratificada pelo Congresso Nacional dois anos mais tarde (1994).
No ano seguinte, 1995, apresentei um projeto de lei que regulamentava especialmente os artigos 8-J e 15 da Convenção. Com substitutivo do Senador Osmar Dias, o projeto foi aprovado sem oposição no Senado em junho de 1998. Enviado em seguida para a Câmara dos Deputados, no entanto, o projeto de lei permanece parado até hoje, juntamente com projetos dos deputados Jacques Wagner, do PT da Bahia, e Silas Câmara, do PTB do Amazonas. Junto com os projetos está uma proposta de emenda constitucional do Executivo que, se aprovada, incluiria o "patrimônio genético" entre os bens da União.

Desde 95, cientistas, militantes socioambientalistas, empresários e lideranças populares mantêm uma discussão sobre o tema, enquanto também se multiplica o debate junto às comunidades tradicionais que detêm conhecimento sobre a fauna e a flora.
Todo esse interesse crescente da sociedade brasileira está articulado com o debate e as negociações internacionais que giram em torno da Convenção e também de outros acordos, como o TRIPS (tratado sobre direitos de propriedade intelectual relacionado ao comércio internacional). O Ministério de Relações Exteriores do Governo brasileiro apresentou recentemente um documento que parece refletir em grande parte todo esse debate que Congresso e sociedade brasileira vêm travando nos últimos anos. Nele, o governo propõe emendas ao artigo 27.3-b do TRIPS, no âmbito das negociações junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), que asseguram um regime sui generis para a proteção dos conhecimentos tradicionais associados a recursos genéticos. Propõe um mecanismo legal internacional de controle e repressão à biopirataria, bem como o instrumento do Consentimento Prévio Informado como condição para que se realize acessos junto a comunidades tradicionais, sejam índios, agricultores ou outras comunidades.

Em dezembro de 2001, pajés de diferentes comunidades indígenas de todo o País formularam um importante documento para OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual da ONU). Na forma de uma carta, os líderes indígenas destacam 16 aspectos, reivindicações, questionando frontalmente toda forma de patenteamento que derive de acessos a conhecimentos tradicionais, exigindo do governo a aprovação do Estatuto das Sociedades Indígenas e o direito de participação nas decisões nacionais e internacionais sobre biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados. O que chama a atenção é que este encontro foi promovido justamente com o apoio do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual-INPI (em São Luís do Maranhão), que concordou inteiramente com os termos do documento.

Portanto, diante da megadiversidade que o País, com muitas dificuldades, ainda conserva, das iniciativas e do debate do Congresso Nacional e de diferentes segmentos da sociedade, incluindo a comunidade científica, e até de algumas posições ponderadas de determinados setores do próprio governo, é vergonhoso ter que constatar que o Brasil ainda não dispõe de uma lei que regulamente o acesso a seus recursos genéticos e ao conhecimento associado.

Medida Provisória: Remendo mal feito

Atropelando o debate que vinha sendo feito no Congresso, o Executivo Federal apresentou em 29 de junho de 2000 a Medida Provisória no 2.126-16 (republicada pela última vez em 23/08/2001). Parte dessa MP foi regulamentada pelo Decreto nº 3.945, 28/09/2001, que cria um Conselho de Gestão do Patrimônio Genético.

Quais são os problemas que esse instrumento legal precário apresenta? Onde ele não reflete o debate nacional e internacional?

1. Acordo Bioamazônia/Novartis

Quando o governo federal editou esta Medida Provisória, em junho de 2000, logo foi apelidada de "MP da Novartis", devido a um acordo de cooperação entre a Associação Brasileira para o Uso Sustentável da Biodiversidade da Amazônia (Bioamazônia) e a empresa multinacional suíça Novartis Pharma AG, assinado um mês antes da publicação da MP.

Esse acordo previa o envio em larga escala, para o exterior, de extratos derivados da biodiversidade amazônica, permitindo que a Novartis patenteasse e controlasse, com exclusividade, os produtos desenvolvidos por ela a partir de microorganismos, fungos e plantas coletadas pela Bioamazônia.

Desde a sua assinatura, o acordo entre a Bioamazônia e a Novartis foi severamente criticado, inclusive pelo ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, que o considerou lesivo aos interesses do País e recomendou a sua suspensão - até porque o Brasil não tinha legislação específica para garantir sua soberania sobre seus próprios recursos genéticos.

2.Autoritária e transitória - À semelhança das outras centenas de MP publicadas no governo FHC, esta também atropela o legítimo processo legislativo. Até recentemente, valia por apenas por 30 dias, tendo sua reedição condicionada às pressões conjunturais.

3. "Legispiratiada" - Ela tem um texto baseado nos projetos em tramitação no Congresso Nacional, mas não contempla alguns de seus dispositivos.

4. Imprecisa - Em a versão mais recente, a MP sugere o entendimento de que as comunidades que habitam terras indígenas (aquelas oficialmente demarcadas) poderiam permitir ou não o acesso aos seus recursos genéticos. Mas troca o conceito internacionalmente reconhecido, inclusive na Convenção, do Consentimento Prévio Informado ou Fundamentado, pelo de anuência, que além de vago, sequer pode ser traduzido fielmente para o Inglês - principal idioma nas negociações internacionais.

5. Não reconhece direitos de agricultores e comunidades agrícolas, que manejam com a biodiversidade que nos alimenta, além de nos vestir e curar.

6. Recursos Genéticos fora - Também largamente conhecido, o conceito de recursos genéticos, que também está na Convenção da Diversidade Biológica, nas legislações da Costa Rica, do Pacto Andino, das Filipinas, entre outros, também foi substituído por Patrimônio Genético. Da forma como está colocado na nossa normatização interna, significa simplesmente informação - mas que informação é essa? cepas de microorganismos? melhoramentos de sementes? conhecimentos tradicionais? que patrimônio é esse? é coletivo, é patrimônio líquido do proprietário, é cultural?

7. Ineficácia - Uma Medida Provisória não pode criar penalidades ou sanções a não ser meramente administrativas. É preciso ter uma Lei para o País contar com poder de inibição e repressão aos biopiratas, que certamente vão passar ao largo desse Conselho. Por outro lado, não há referência alguma a competências no governo para a fiscalização do cumprimento desta legislação. Esta lacuna é decorrência do ponto anterior, pois mesmo que houvesse fiscalização, não há nada que os fiscais possam fazer contra os infratores.

8. Decreto 3.945, de 28 de setembro de 2001- A composição estritamente governamental do Conselho impossibilita qualquer participação significativa das organizações da sociedade civil, comunidade científica, comunidades que têm direitos envolvidos no âmbito de sua atuação e outros segmentos interessados.
O Conselho poderá estabelecer critérios para a criação de base de dados para o registro de informação sobre conhecimento tradicional associado, sem a participação das comunidades locais e tradicionais, e antes que se tenha encontrado um consenso entre governo e organizações científicas e sociais para um tipo de regulamentação altamente polêmico.

Finalmente, todos esses dispositivos não asseguram que o acesso ao patrimônio seja realizado com respeito ao conhecimento tradicional, com a conservação do patrimônio biológico e com algum tipo de controle social, conforme as posições assumidas pelo Itamaraty no âmbito das relações internacionais. Apenas facilitam ao máximo o acesso, garantindo apenas ao Estado a discutível possibilidade de ganhos com as concessões.

Essa situação tem como leito um conflito e uma disputa intensa pelo controle do conhecimento entre as corporações voltadas ao lucro privado garantido pelo mercado dos consumidores ricos e o interesse público das populações que ocupam espaços físicos ricos em diversidade biológica e detêm conhecimento tradicional associado, mas são privadas de seus direitos básicos.

Algumas Propostas

- Além do pleno apoio às reivindicações e proposições da Carta dos Pajés (ver abaixo), e a toda iniciativa que busque difundir e aprofundar a discussão desse tema junto às comunidades e povos ricos em recursos biogenéticos e conhecimento associado, nos níveis comunitário, regional, nacional e internacional, gostaria de nos colocar à disposição para contribuir com um esforço de realização de um encontro panamazônico, em que se possam discutir normas de acesso à biodiversidade comuns a todas as nações que compartilham a Amazônia, na formulação de um tratado panamazônico de diversidade biológica e cultural. Considerando especialmente proposições legais já consolidadas no Peru e no Chile.

- Realizamos em novembro de 2001 uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, retomando o debate no Congresso e estaremos realizando a segunda audiência ainda no inicio dos trabalhos legislativos, envolvendo desta vez a participação de cientistas e empresários.

- O esforço de encontrar soluções de desenvolvimento mais justas e harmônicas, no que se refere ao aceso à biodiversidade e ao conhecimento comunitário a ela associado, nos remeterá necessariamente (1) à valorização do "comum", do usufruto compartilhado, não apenas no texto de uma lei mas também no conjunto das ações de governo, e (2) à constatação de que territórios, recursos naturais e conhecimentos são responsabilidade primeira dos povos e comunidades que os detêm, e que, portanto, cabe sobretudo às suas próprias organizações implementar a discussão dessas questões junto à sua base social.

- É necessário difundir, estimular e acompanhar esse debate junto a nossas comunidades e regiões. Nesse sentido, devemos multiplicar essa experiência do encontro dos pajés, em São Luiz do Maranhão, a exemplo do Primeiro Encontro de Curadores da Floresta, que reuniu pajés, curandeiros, médicos e fitoterapeutas no Acre, no Vale do Juruá, cujas resoluções foram encaminhadas para os pajés no Maranhão.

- Em Maio próximo, estaremos recebendo no Acre representantes de comunidades agrícolas, indígenas e outras tradicionais de todo o mundo para o Workshop Internacional sobre Agrobiodiversidade, organizado por redes internacionais, como o GRAIN (Ação Internacional sobre Recursos Genéticos). Esta será outra boa oportunidade para lançarmos a todo o Brasil e ao mundo propostas de acordo com o interesse daqueles que, apesar do modelo insustentável de desenvolvimento atualmente hegemônico em grande parte do globo, têm sabido conservar e utilizar de maneira sustentável os recursos naturais que nos foram concedidos pela Criação.

Carta de São Luís do Maranhão

Nós representantes indígenas no Brasil pluriétnico onde vivem 220 povos, falando 180 línguas distintas entre si, com uma população de 360 mil indígenas, ocupando 12% do território brasileiro, reunidos na cidade de São Luís do Maranhão, de 04 a 06 de dezembro de 2001, para discutir o tema "A Sabedoria e a Ciência do Índio e a Propriedade Industrial", convidados pelo

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), declaramos:
1. Que nossas florestas têm se mantido preservadas graças aos nossos conhecimentos milenares;
2. Como representantes indígenas, somos importantes no processo da discussão sobre o acesso à biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais conexos porque nossas terras e territórios contém a maior parte da diversidade biológica no mundo, cerca de 50%, e que têm um grande valor social, cultural, espiritual e econômico. Como povos indígenas tradicionais que habitam diversos ecossistemas, temos conhecimento sobre o manejo e o uso sustentável desta diversidade biológica. Este conhecimento é coletivo e não é uma mercadoria que se pode comercializar como qualquer objeto no mercado.
Nossos conhecimentos da biodiversidade não se separam de nossas identidades, leis, instituições, sistemas de valores e da nossa visão cosmológica como povos indígenas;
3. Recomendamos ao Governo do Brasil que abra espaço para que representação das comunidades indígenas possam participar no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético;
4. Recomendamos ao Governo Brasileiro que regulamente por lei o acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais e conexos, discutindo amplamente com as comunidades e organizações indígenas;
5. Nós representantes indígenas, expressamos firmemente aos governos e aos organismos internacionais nosso direito à participação plena nos espaços de decisões nacionais e internacionais sobre biodiversidade e conhecimentos tradicionais como na Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), na Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), na Comissão das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, na Organização Mundial do Comércio (OMC), no Comitê Intergovernamental de Propriedade Intelectual relativo a Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore da OMPI, entre outros organismos;
6. Recomendamos que os países aprovem o Projeto de Declaração da ONU sobre Direitos Indígenas;
7. Como representantes indígenas, afirmamos nossa oposição a toda forma de patenteamento que provenha da utilização dos conhecimentos tradicionais e solicitamos a criação de mecanismos de punição para coibir o furto da nossa biodiversidade;
8. Recomendamos a criação de um fundo financiado pelos governos e gerido por uma organização indígena que tenha como objetivo subsidiar pesquisas realizadas por membros das comunidades;
9. Recomendamos ao Governo Federal a criação de cursos de capacitação e treinamento de profissionais indígenas na área dos direitos dos conhecimentos tradicionais;
10. Recomendamos que seja realizado um II Encontro de Pajés sobre a Convenção da Diversidade Biológica e Conhecimentos Tradicionais;
11. Recomendamos que seja assegurado a criação de um Comitê Indígena para o acompanhamento dos processos de discussão e planejamento da produção dos Conhecimentos Tradicionais;
12. Recomendamos que o governo adote uma política de proteção da biodiversidade e sociodiversidade destinada ao desenvolvimento econômico sustentável dos povos indígenas. É fundamental que o governo garanta recursos para as nossas comunidades desenvolverem programas de proteção dos conhecimentos tradicionais e preservação das espécies in situs ;
13. Até que o Congresso Nacional brasileiro aprove o projeto de lei 2057/91 que institui o Estatuto das Sociedades Indígenas parado na Câmara dos Deputados, há mais de 10 anos, e a ratificação da Convenção 169 da OIT, parado no Senado há 8 anos e, já aprovado pela Câmara dos Deputados, propomos que os povos indígenas discutam a necessidade do estabelecimento de uma moratória na exploração comercial dos conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos;
14. Propomos aos governos que reconheçam os conhecimentos tradicionais como saber e ciência, conferindo-lhe tratamento eqüitativo em relação ao conhecimento científico ocidental, estabelecendo uma política de ciência e tecnologia que reconheça a importância dos conhecimentos tradicionais;
15. Propomos que se adote um instrumento universal de proteção jurídica dos conhecimentos tradicionais, um sistema alternativo, sistema sui generis, distinto dos regimes de proteção dos direitos de propriedade intelectual e que entre outros aspectos contemple: o reconhecimento das terras e territórios indígenas, consequentemente a sua demarcação; o reconhecimento da propriedade coletiva dos conhecimentos tradicionais como imprescritíveis e impenhoráveis e dos recursos como bens de interesse público; com direito aos povos e comunidades indígenas locais negarem o acesso aos conhecimentos tradicionais e aos recursos genéticos existentes em seus territórios; do reconhecimento das formas tradicionais de organização dos povos indígenas; a inclusão do princípio do consentimento prévio informado e uma clara disposição a respeito da participação dos povos indígenas na distribuição eqüitativas de benefícios resultantes da utilização destes recursos e conhecimentos; permitir a continuidade da livre troca entre povos indígenas dos seus recursos e conhecimentos tradicionais;
16. Propomos que a criação de bancos de dados e registros sobre os conhecimentos tradicionais sejam discutidos amplamente com comunidades e organizações indígenas e que a sua implantação seja após a garantia dos direitos mencionados neste documento.
Neste encontro estão reunidos membros das comunidades indígenas com fortes tradições bem assim como líderes experts para formular estas recomendações e propostas. Preocupados com o avanço da bioprospecção e o futuro da humanidade, dos nossos filhos e dos nossos netos que, reafirmamos aos governos que firmemente reconhecemos que somos detentores de direitos e não
simplesmente interessados. Por esta razão temos certeza de que as nossas recomendações e proposições serão acatadas para a melhoria da humanidade.

Em São Luís do Maranhão, 06 de dezembro, de 2001.