Ataques, políticas, resistencia, relatos - Revista Biodiversidad, sustento y culturas N° 75

La ley de semillas y la ley de obtenciones vegetales, brazos de la misma tenaza

Silvia Rodríguez Cervantes-Red de Coordinación en Biodiversidad, enero de 2013. Como si careciera de importancia para toda la gente, sobre todo en momentos de crisis alimentaria y ambiental, en un relativo sigilo fue dictaminado en 2008 el proyecto de Ley de “Reforma Integral de la Ley de Semillas núm. 6289,” para su posterior trámite en el plenario legislativo. En relativo sigilo porque el texto sólo fue circulado entre trece instituciones, la mayoría agencias de gobierno, y cámaras industriales, solamente a una de las cuatro universidades públicas y a una sola agrupación de agricultores. La intervención directa y decidida de la Red de Coordinación en Biodiversidad sigue impidiendo, hasta ahora, en enero de 2013, que esta propuesta pase a ser ley de la república.

Contexto de las leyes de semillas. Éstas, así en plural, fueron impuestas por la FAO y el Banco Mundial desde los años sesenta. Como muchos otros países, Costa Rica aprobó la ley 6289 en 1978. El nuevo proyecto se justificaba diciendo que era necesario establecer una función estratégica de esta área del sector agropecuario nacional, “…en búsqueda de una mayor eficiencia productiva y mejoramiento de la competitividad de nuestros agricultores”.

Tal objetivo no era ninguna novedad. La idea principal era asegurar que llegasen a los agricultores únicamente materiales de siembra de “buena calidad”, producidos por manos profesionales, no por manos campesinas, con estándares científicos —por supuesto— para incrementar la productividad y así alimentar a las poblaciones en aumento. Suena convincente ¿verdad?

Lo que no se dijo ni en 1978 ni en el 2008, es que la presión para que todos los países estandaricen sus leyes de semillas no es aliviar el hambre en el mundo sino asegurar la comercialización del producto de la industria semillera localizada en Europa y los Estados Unidos en donde esa industria tiene sus sedes.

Esta omisión hace que no caigamos en cuenta que estas leyes a quienes menos defienden es al campesinado y a quienes consumimos sus productos. Los beneficiarios son precisamente las grandes empresas semilleras, cada día más reducidas en número, a expensas de los campesinos y campesinas de sus costumbres, de sus derechos milenarios y la desvalorización de sus saberes.

La propuesta de la ley de semillas de Costa Rica trataba de “poner a tono” la legislación “…y superar el rezago tanto normativo como la capacidad de respuesta de su institución ejecutora ante las nuevas circunstancias y exigencias”. Como parte de estas exigencias citaban las leyes y tratados que obligados tuvimos que aprobar como parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Con esta nueva propuesta, y entre otras cosas:

* Los agricultores tendrían que asegurar qué tipo de semillas no pueden vender ni intercambiar. Bajo el señuelo de la elevación de la calidad, exigían para “certificarlas”, que las semillas cumplieran con los estándares exigidos por la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV): “ser distintas, uniformes y estables”.

* Otorgaba el supuesto beneficio de exceptuar las semillas “criollas” pero, alerta, éstas también deberían registrarse en una oficina especial; tampoco estas variedades tradicionales ostentan una libertad sin condiciones. Su control estaría igualmente en manos la Oficina Nacional de Semillas (Ofinase).

* La Ofinase tiene personalidad jurídica propia, e independencia administrativa, funcional y financiera, sólo limitada por la Contraloría General de la República y sujeta al Plan Nacional de Desarrollo. En un párrafo de antología se justifica el nuevo proyecto de ley diciendo:

Resaltan los legisladores proponentes, que se han modificado sustancialmente “las reglas del juego” en materia de comercio internacional, normativas y desarrollo tecnológico. Se tiende a una menor participación del Estado en los procesos productivos y se incrementa la del sector privado en aspectos de investigación agrícola, producción y comercio de semillas, limitando al Estado a un papel fiscalizador y promotor de la actividad semillerista.

* El extremadamente bajo perfil otorgado a los agricultores se constata en la conformación de la Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos (Conarefi). De cinco miembros sólo uno sería del sector.

* Introducía un concepto de consecuencias muy serias: el del agricultor como “consumidor” de semillas, y éstas como “producto terminado”. ¿Quién es quien “termina” el producto? ¿Las semilleras como Monsanto? ¿de cuándo acá el agricultor-campesino no es el productor por excelencia de las semillas de todos los tiempos como fruto de su trabajo tenaz y cotidiano? ¿Se ha verificado que las semillas “certificadas” son por eso mismo mejores desde todos los puntos de vista: productivo, agronómico, ambiental, social, cultural?

* Una de las cosas más graves y delicadas es que dan por hecho la inscripción de variedades modificadas genéticamente con el sólo requisito adicional de una autorización del Servicio Fitosanitario del Estado. ¿Dónde queda la ley de Biodiversidad que en su artículo 44 trata del establecimiento de mecanismos y procedimientos para la bioseguridad diciendo:

Para evitar y prevenir daños o perjuicios, presentes o futuros, a la salud humana, animal o vegetal o a la integridad de los ecosistemas, en el reglamento de esta ley se establecerán los mecanismos y procedimientos para el acceso a los elementos de la biodiversidad con fines de investigación, desarrollo, producción, aplicación, liberación o introducción de organismos modificados genéticamente o exóticos.

Y…. ¿ la soberanía alimentaria y el medio ambiente? Por supuesto no podía faltar el consabido pero hueco párrafo en momentos de crisis alimentaria y ambiental. Así, hay pequeñas menciones de que la ley incorporaría la finalidad de la promoción de la seguridad alimentaria y la producción ambientalmente sostenible. ¿Se concretaba esta aspiración? Por supuesto que no. No se concretaba pero además se contradecía al mencionar que las variedades a registrar tienen que cumplir con requisitos de homogeneidad y estabilidad probados desde hace tiempo como antítesis de la variabilidad genética propia de nuestros países y la secuela de consecuencias imprimidas a los ecosistemas tropicales.

Las semillas protegidas con derechos de propiedad intelectual como los otorgados en la ley de Obtenciones Vegetales en Costa Rica (UPOV-91) que nos vimos forzados a aceptar por el TLC con Estados Unidos, no pueden ser sembradas por quienes no paguen los derechos correspondientes a sus propietarios. Las leyes de semillas complementan el control impidiendo la circulación de aquéllas que, sembrándose con el fin de venderse a otros como simientes (para que otros siembren con ellas por no haber guardado de la cosecha anterior por diversas razones) no hayan sido registradas/certificadas. Las pequeñas empresas familiares de semillas o de ventas de almácigos quedan simplemente condicionadas o restringidas al máximo.

Son dos exigencias diferentes pero con resultados complementarios. En el fondo, las dos tratan de quitar el control de la semilla de manos de los campesinos y lo hacen eficientemente con el apoyo de los que deberían ser representantes del pueblo: los diputados.

En algunos países de Europa esta legislación ha estado vigente desde 1970, con los consiguientes obstáculos para los pequeños y medianos agricultores para poner a derecho sus semillas.¹ En el Reino Unido, por ejemplo, en 2008, fecha de discusión de la Ley de Semillas en Costa Rica, costaba 2 mil libras esterlinas (unos 3 mil 900 dólares ) registrar una nueva variedad y 300 libras esterlinas (unos 585 dólares) anuales mantener el registro. Además, el interesado tenía que cumplir requisitos técnicos difíciles de encontrar en las variedades campesinas, por ejemplo que sean uniformes homogéneas y estables. Las leyes contemplan el llevar a juicio a los infractores y costosas multas que ya han llevado a la ruina incluso, a organizaciones sin fines de lucro, si se transgreden las normas.

Sin tomar en cuenta la experiencia de Europa que está empezando a dar tales signos mínimos de revisión y reconsideración del efecto de estas leyes, países como la India y Bolivia, por ejemplo, para el 2008 habían ratificado sus leyes de semillas. El registro se concede, al igual que en países desarrollados, una vez que el interesado cumpla ciertos estándares de uniformidad y “pureza”.² El intercambio y comercialización de las variedades campesinas quedan igualmente proscritos.

Y bien, ahora Costa Rica o más bien sus diputados, sordos a la voz de la experiencia de otros países, intentaban en el 2008 entrar en esa misma espiral de modernización. La Red de Coordinación en Biodiversidad, que acertadamente logró detenerla, sigue muy al pendiente de seguir impidiendo su reintroducción en la corriente legislativa.

Notas:

1 Ver Biodiversidad, Sustento y Culturas núm 46. Octubre de 2005, con una amplia información sobre las leyes de semillas en el mundo.

2 GRAIN, ¿De quién es la cosecha?: la política de certificación de semillas orgánicas, enero de 2008.

En Ecuador se propone una ley que asegure el libre flujo de semillas campesinas

Elizabeth Bravo

Al contrario de lo que sucede en otros países, en el Ecuador entró a debate de la Asamblea Nacional, una propuesta de ley que sobre de agrobiodiversidad, semillas y fomento agroecológico. Esta propuesta fue el resultado de un proceso participativo de tres años, y que involucró en su elaboración a una gran cantidad de organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres y de productores agroecológicos del país.

La iniciativa fue liderada por la Comisión de Agrobiodiversidad de la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria, que es una instancia del llamado “quinto poder”, que es espacio de participación ciudadana, creado por la Constitución del 2008, y que sirve de puente entre la sociedad civil y el Estado.

Uno de los principios fundamentales de la propuesta de ley es que se asegura el libre flujo de semillas campesinas. Ésta es una propuesta presentada como una forma de enfrentar la tendencia mundial que pretende imponer un mercado de semillas controlado por las grandes empresas semilleras, y la eventual desaparición de la semilla nativa.

Otro aspecto de la propuesta es que se refuerza la condición de país libre de semillas y cultivos transgénicos, a través de la creación de un sistema de monitoreo de la contaminación transgénica o de posibles introducciones ilegales de semillas genéticamente modificadas, y el establecimiento de un sistema de sanciones a quienes incumplan la norma.

Otros aspectos de la propuesta de ley incluyen la promoción del uso de las semillas campesinas, la conservación de la agrobiodiversidad y los saberes asociadas a ella; incentiva la agroecología a través de ferias locales, las compras públicas de productos agroecológicos de origen campesino, y el fortalecimiento de circuitos cortos de comercialización.

Por otra parte establece un sistema de regulación de la semilla industrial. Muchos campesinos que se han insertado en la agricultura dirigida a la agroindustria o al mercado, se quejan que compran semillas con cierto ofrecimientos por parte de las empresas, ofrecimientos que muchas veces no se cumplen, y los productores pierden un importante inversión, sin que nadie responda por ello. Por eso, la ley establece un sistema de responsabilidad por parte de la empresa, sobre los productos que pone en el mercado.

Ya en el año 2002 el Ministerio de Agricultura había enviado al Congreso Nacional una ley que se había trabajado con la FAO, y que prohibía la venta o circulación de semillas que no sean certificadas, lo que significaba un acta de defunción de la semilla campesina y nativa. Felizmente, esta propuesta de ley nunca se aprobó.

Con la adopción de la nueva Constitución, se declaró la soberanía alimentaria como uno de los objetivos prioritarios del país, y añade que una de las maneras de alcanzar esa soberanía alimentaria es a través de asegurar el libre flujo de semillas. La Constitución declara también al Ecuador libre de semillas y cultivos transgénicos, y desconoce cualquier forma de derechos, incluidos los de propiedad intelectual sobre los recursos genéticos, sus conocimientos asociados y derivados.

Esta propuesta de ley vendría sólo a reforzar esos principios constitucionales.

La certificación de las semillas en EUROPA

El triunfo de la racionalidad económica sobre la racionalidad ecológica

Giulia Ciaghi

“En un primer momento los saberes

tradicionales vienen negados para ser

remplazados todos o en algunas partes por otros conocimientos;

después, los que permanecen vienen comercializados, o sea,

vienen confiscados a beneficio de una minoría.

El mecanismo es el de los derechos de propiedad intelectual

sobre los recursos genéticos.

Así lo que podría ser compartido entre todos,

se vuelve propiedad de uno solo,

que hace que los demás que quieren tener acceso paguen.”

Silvia Pérez-Vitoria “la risposta dei contadini”

En 2005, frente a un Tribunal de Justicia francés, la Graines Baumaux, sociedad productora de semillas de flores y hortalizas, se interpuso una demanda por competencia desleal contra Kokopelli, una asociación francesa sin animo de lucro que vende semillas ecológicas de variedades antiguas.

La sentencia del 14 de enero de 2008, condenó a Kokopelli al pago de una indemnización (que la sociedad de semillas pidió ser de 50 mil euros) y, de facto, a la cesación de su actividad comercializadora por daños y prejuicios a la empresa Baumaux, dado que las semillas comercializadas por Kokopelli no figuraban ni en el catalogo francés ni en el catalogo común de semillas certificadas.

Frente a esa decisión, la asociación apeló y el tribunal francés decidió plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial, en relación a las legislaciones europeas y a los principios de libre circulación de las mercancías.

La respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 12 de julio de 2012, fue la de condenar la asociación Kokopelli, asegurando que la normativa de certificación de las semillas no impide el libre comercio y la defensa de la biodiversidad de los recursos filogenéticos.¹

Lo mas curioso, es que esta sentencia definitiva fue posterior a la posición contraria, expresada por la abogado general del Tribunal Europeo, Julianne Kokott, en enero de 2012, que anulaba la sentencia de condena del Tribunal francés por ser una medida desproporcionada.² ¿Que sucedió entonces entre la primera decisión del Tribunal en enero y la sentencia definitiva de julio 2012?

Quizás, esa ultima decisión quiere dejar en las conciencias de los europeos un mensaje bien claro: el mercado de las semillas, aunque tenga como protagonista un bien vital, es un mercado; y como tal, tiene que dejar amplio espacio a quien es mas competitivo: las empresas.

En la Comunidad Europea la obligatoriedad de certificar las semillas (en un registro nacional o común) se presenta en el momento en el que estas semillas vienen comercializadas en el mercado.

Con esta disposición, contenida en la directiva europea 98/95/CE³, no se prohibe el intercambio de semillas con el fin de su conservación, que desde hace miles de años se viene efectuado por todos los campesinos y las campesinas alrededor de Europa como una costumbre de reproducción de la biodiversidad. Pero intenta disuadir este intercambio, porque busca reservar el derecho de comercializar (y entonces de lucrar) a las empresas que pueden permitirse los costos (en términos de tiempo y dinero) de la certificación de las semillas y que pueden con sus semillas de laboratorio responder a las características de distinción, estabilidad y homogeneidad que la misma certificación requiere. Tres condiciones que sirven para que la semilla responda a una lógica de alta productividad, tal cual es la de las empresas agroalimentarias.

Como sabemos, las semillas tradicionales son menos uniformes en comparación con las semillas de laboratorio, evolucionan según el ambiente, sus condiciones climáticas y el mismo cruzamiento y, claro, no son tan estables.

Esa falta de homogeneidad y de estabilidad, que según la Política Agraria Común (PAC) representa un obstáculo a la maximización de la productividad agrícola, se apega al pensamiento que caracteriza los sistemas de cultivos tradicionales —y se asienta en la adaptación y en la resiliencia a sus entorno naturales por sus dinamismo intrínseco.

La PAC, se esconde tras el demagógico concepto de “Seguridad Alimentaria”, y declara inseguras (o insuficientemente productivas) las semillas no inscritas en los registros europeos, facilitando la ganancia de las grandes empresas sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación, puesto que a menudo detentan el monopolio del mercado de semillas y de los productos agrícolas.

Como es bien sabido, las semillas hibridas, producidas por las empresas, están desconectadas del ecosistema entero donde después serán trabajadas, necesitan muchos insumos (mayormente químicos) que las semillas tradicionales y locales no requieren por adaptabilidad a las condiciones ambientales en que se desarrollan año tras año. Además, las semillas hibridas están pensadas para dar frutos económicos mas que alimenticios mientras que las semillas tradicionales, que los campesinos siembran, consumen, intercambian y venden, tienen como fin último propiciar una alimentación buena, saludable y sustentable.

La receta única de desarrollo agrícola de la PAC a todos los países que componen el mosaico diferenciado de la Unión Europea no tiene en consideración las peculiaridades locales y al mismo tiempo sus potencialidades.

Una respuesta importante a las políticas agrícolas europeas la dio la “Coordinación Europea sobre las Semillas de los Campesinos” (European Coordination on Farmer’s Seeds)⁴ con la declaración de Szeged⁵, en Hungría, del 24 de febrero de 2011, firmada por asociaciones civiles y campesinas de 17 países europeos.

Ese foro Europeo, llamado «¡Liberemos la Diversidad!»⁶, quiere subrayar la importancia del campesinado en la producción y salvaguardia de la biodiversidad y de los territorios, en el marco de una continua explotación de los recursos y erosión genética promovida por las empresas agroalimentarias.

El foro intenta llamar la atención de la Unión Europea, como firmante del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura⁷ (2004), a que respete los compromisos contraídos con la firma del tratado en materia de derechos de los campesinos, desarrollo de sistemas de producción diversificados y apoyo a la conservación in situ de los recursos genéticos vegetales, correspondientes a los artículos 5, 6 y 9 del tratado.

Tristemente, en Europa nos encontramos en una situación —no tan diferente de aquellas de otros países del mundo— donde el poder estatal está subyugado al poder económico, que lo utiliza para tener amplio respiro en sus medidas de monopolización del mercado de los recursos vitales (tierra, agua, semillas etcétera). Esta misma consideración la hace Ugo Mattei, jurista italiano de prestigio internacional, hablando de bienes comunes: “la expropiación de bienes comunes a favor del interés privado multinacional es, frecuentemente, la obra formal de gobiernos siempre menos independientes (y entonces mas débiles) respeto a sujetos económicos trasnacionales que determinan sus políticas de privatización de bienes y servicios, de consumo del territorio, de explotación de los más débiles”.⁸

Podríamos incluir las semillas tradicionales en el concepto de bienes colectivos. Éstas son el fruto de la interacción y la participación directa de los campesinos que, mediante la construcción comunitaria de saberes, transforma su ámbito beneficiando a sus comunidades.

Los campesinos, a través de sus trabajo, cubren en su entorno un rol de reproducción biológica, social y cultural desde milenios, contrariamente a las empresas agroalimentarias cuyo fin es solamente la ganancia, aun si ello significa perjudicar a los demás sujetos y a la naturaleza.

La diferencia está en que la sobrevivencia de los campesinos se relaciona con la salud de los ecosistemas de la que es dependiente y, al mismo tiempo, las buenas condiciones de la naturaleza están conectadas con cuidado que le brindan las comunidades campesinas y los pueblos tradicionales. Sustancialmente ésta es una situación de interdependencia de vidas, un circulo virtuoso que se retroalimenta.

Si dejáramos la reproducción de la biodiversidad agrícola y alimentaria en manos de los campesinos locales en cada rincón del mundo, probablemente, además de crear una verdadera soberanía alimentaria se podría hacer frente a muchos problemas complejos con soluciones simples como la creación de economías locales, la protección de la biodiversidad y la diversificación alimentaria junto a un uso mas sustentable de la tierra y de sus recursos.

No podemos ignorar el rol central que juegan las comunidades campesinas, como sociedad civil y como trinchera de lucha por la defensa del territorio, las tradiciones y forma de vida de los pueblos, en la soberanía alimentaria, un más fácil acceso a la comida para los pueblos del mundo y en un desarrollo sustentable.

Notas:

1 Aquí

2 Aquí

3 Aquí (PDF)

4 Aquí

5 Aquí (PDF)

6 Aquí

7 Aquí (PDF)

8 Mattei Ugo, “Beni Comuni – Un Manifesto” Editori Laterza, Roma, 2011

Argentina: Semillas en debate

Darío Aranda, Página 12. “La ley Monsanto” es una de las formas en la que movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales bautizaron al proyecto de ley de semillas que prepara el Ministerio de Agricultura. Según las organizaciones, la medida no ha dado participación a campesinos y pequeños productores, limita el “uso propio” (posibilidad de utilizar las semillas de la cosecha) y favorece a las corporaciones del agro. “El proyecto de ley pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales e implica la pérdida de los derechos de nuestro pueblo”, denuncia una declaración conjunta del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica (Maela) y de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal).

“El proyecto de modificación de la ley está formulado a la medida de Monsanto. En el 2003 Monsanto anunció que discontinuaba su programa de mejoramiento de soja en el país ‘debido a la baja rentabilidad del negocio, que imposibilita mantener los niveles adecuados de investigación en Argentina’. Su reclamo específico era una nueva ley de semillas que le permitiera tener ‘seguridad jurídica’ en sus operaciones”, explicó Carlos Vicente, de la organización GRAIN. El 21 de agosto, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja (RR2) junto a los directivos de Monsanto. “Hay que respetar la propiedad intelectual”, reclamó ese día el ministro y adelantó que el gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas, que contemple el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.”

Las organizaciones campesinas y pequeños productores denuncian que no fueron convocados a debatir el proyecto que podría modificar su forma de producir alimentos. Solicitaron el proyecto al Ministerio de Agricultura y a la Comisión de Agricultura del Congreso, pero no lo obtuvieron. Recién un mes después, el proyecto fue filtrado a las organizaciones.

“Manifestamos nuestro rechazo al proyecto de ley de semillas. Manifestamos la necesidad de analizar, discutir y presentar un proyecto que de manera participativa satisfaga las necesidades de los productores”, reclamaron los dirigentes argentinos de Maela y Rapal en una carta abierta dirigida a la Presidenta y al ministro de Agricultura. En las críticas sobresale la definición que se hace de productor (artículo 1). “Es reduccionista. Es grave porque de esa definición luego se deriva quiénes serán sujetos de derecho para conservar sus propias semillas”, explica. También apunta al artículo 4, de creación de una comisión nacional de semillas con “escasa o nula” participación de la agricultura familiar.

Las organizaciones reivindican el derecho a guardar parte de la cosecha como semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio” de la semilla. Según advierten, la decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza, es limitar el derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de respetar la “propiedad intelectual”. Con el proyecto de ley, el uso propio pasa de ser un “derecho” a transformarse en una “excepción”.

“El proyecto ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo”, denuncian el Movimiento Campesino Indígena (MNCI), GRAIN y Amigos de la Tierra en un documento llamado “Diez motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina”. Las organizaciones firmantes alertan que el proyecto de ley crea condiciones para “expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país” y reclaman que el debate sea abierto a todos los sectores de la sociedad.

La Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional del Comahue también cuestionó el proyecto de ley, propuso tomar como referencia la ley de Bolivia (considera la función social de la semilla) y solicitó “una indiscutible intervención del Estado que sostenga a las comunidades originarias y campesinas así como también a la ciudadanía toda en pos de proteger y alentar el libre intercambio de semillas. Es necesario imposibilitar la concentración, los derechos de la propiedad de las semillas y frenar el desarrollo del monocultivo en manos de multinacionales”.

La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (Compa), con presencia en 17 provincias, afirmó que el proyecto “atenta contra la diversidad y la producción de alimentos para el pueblo, ya que termina entregando su control a las corporaciones”. Lamenta que la “política agropecuaria priorice el agronegocios y la generación de retenciones por sobre la producción de alimentos santos para el pueblo”. Página 12

Por la tierra

El Movimiento Nacional insistió en el Congreso

con una ley que resguarde sus derechos frente

a los desalojos.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) realizó una nueva presentación en la Cámara de Diputados para reclamar que se avance con un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales. El texto fue elaborado por el conjunto de las organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri, pero cobró un nuevo impulso político tras el asesinato en octubre pasado de Miguel Galván, campesino de Santiago del Estero. Fueron recibidos por la diputada Diana Conti y colaboradores del diputado Remo Carlotto, y Depetri, todos del Frente para la Victoria. También hubo un encuentro con Liliana Parada, del FAP. En paralelo, otra delegación del MNCI mantuvo una reunión con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, donde expresaron su preocupación en relación con un posible cambio en la ley de semillas.

La iniciativa de los campesinos propone suspender por cinco años los desalojos en todo el país. En ese tiempo, el Estado nacional debería realizar un relevamiento de tierras para conocer la situación jurídica de todos los campos del país, como así también la cantidad de familias afectadas. Como experiencia previa, el Gobierno ya realizó un relevamiento sobre la titularidad de las tierras en manos extranjeras. En realidad, el proyecto podría servir como una herramienta legal para que las distintas jurisdicciones puedan administrar los conflictos que tienen.

“Se propicia esta ley de emergencia como remedio a los innumerables conflictos por la tenencia de las tierras rurales, que son causa de una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas familias campesinas en tanto son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, puede leerse en los fundamentos del proyecto. Más allá de la insistencia de la distintas organizaciones, la iniciativa quedará para el próximo año, ya que el periodo de sesiones ordinarias finalizó el 30 de noviembre.

En Salta existe una experiencia similar a lo que plantea este proyecto de ley. En diciembre de 2010, la Cámara de Senadores de esa provincia convirtió por unanimidad una ley que obliga al Estado provincial a frenar los desalojos de familias rurales y pequeños productores agropecuarios por 18 meses. La iniciativa pretende regularizar la situación dominial de aproximadamente ocho mil familias salteñas que enfrentan juicios por desalojo, a pesar de tener el derecho de posesión por habitar y trabajar las tierras por varias generaciones.

En relación con la ley de semillas, el MNCI, junto al Foro de Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Darío Santillán y la Mesa de Agricultores Familiares de la provincia de Buenos Aires le presentaron a Pérsico un documento con diez puntos. “Hacemos un llamado a rechazar cualquier proyecto que atente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”, sostiene el documento.

Si bien todavía no se conoció el proyecto oficial para las semillas en el que está trabajando el Ministerio de Agricultura, el FAP y la UCR, de la mano de sus legisladores vinculados con la Federación Agraria, también presentaron sus iniciativas parlamentarias. Página 12

Conflicto chileno-mapuche:

La muerte tiene ojos

de escarcha

Tito Tricot. Alai Amlatina, 8 de enero, 2013. La muerte tiene ojos de escarcha o de frío montuno. Nadie quiere mirarla, pero todos lo hacen tarde o temprano. Nadie la busca y todos la encuentran en una esquina de cerro. Nadie la desea y vive sola, más siempre está acompañada del dolor. De muchos o de pocos, de día o de noche, da lo mismo. Nadie quiere a la muerte, por eso la muerte de dos agricultores sureños, el matrimonio Luchsinger-Mackay, es lamentable. Nadie merece morir así. Sin embargo, hay que decir las cosas por su nombre: el mapuche ha estado muriendo de a poco por casi dos siglos, cuando el Estado chileno invadió su territorio.

El mapuche no sólo ha sentido a la muerte de cerca, sino que la ha vivido a balazos, torturas y violentos allanamientos en una sistemática política de exterminio. Es lo que aconsejaba sin vergüenza alguna el teniente coronel Tomás Walton cuando en 1870 propugnaba “una guerra activa y de exterminio, aunque en desacuerdo con los principios humanitarios de los pueblos cultos, es la que más se acuerda con la práctica y la experiencia de la generalidad de los militares y demás personas que conocen al araucano y sus tendencias, y el resultado, aunque más rápido y al parecer más cruel, ocasiona indudablemente menor número de víctimas y menos gastos.”

Una postura pragmática dirán algunos, una aberración y violación de los derechos del pueblo mapuche, dirán otros. Un periódico de la época denunciaba que “la guerra que hoy se hace a los salvajes [es] guerra de inhumanidad, guerra imprudente, guerra inmoral”. Actitud loable sin duda, pero igualmente racista al denominar a los mapuche como salvajes. En la actualidad se les llama terroristas y delincuentes, como ha enfatizado el presidente Sebastián Piñera quien, además, anunció la implementación de una zona especial de control y seguridad con la presencia permanente de 400 policías. ¡Pero si hace años existe esta zona, hace al menos 15 años están haciendo lo mismo! Y ahí encontraron la muerte de súbito y sin advertencia alguna tres comuneros mapuche.

Por la espalda los asesinaron, con un balazo en la frente los mataron. Matías Catrileo, Alex Lemun, Jaime Mendoza Collío sabían que la muerte tiene ojos de escarcha y no quisieron encontrarla, pero ésta se vistió de policía, se ocultó entre los cerros y disparó sin vacilación. Porque la muerte provoca otra muerte: la de la impunidad e injusticia. De lo contrario ¿Cómo se entiende que el asesino de Catrileo, el cabo Walter Ramírez, continué en la institución avalado por la Contraloría General de la República? O que los tribunales hayan dictaminado que “su conducta merece ser reconocida en los términos que dispone la norma en cuestión”.

Catrileo fue asesinado en las cercanías del Fundo de Luchsinger. Se conoce al ejecutor de Catrileo, como también que se legitimó su accionar. No se conoce a los autores de la muerte del matrimonio, no obstante, inmediatamente se culpa al pueblo mapuche. Se conoce el nombre del asesino de Alex Lemun, pero el mayor Marco Treurer fue absuelto por la corte marcial y sigue trabajando en la policía; más aún, ha sido ascendido a teniente coronel. La muerte le ha servido para consolidar su carrera luego de haberla incrustado alevosamente en la cabeza de un joven de 17 años.

Nuevamente la muerte se apareció de repente, a la espalda de Mendoza Collío se apareció, de uniforme se apareció. Empero, el cabo Patricio Jara fue sentenciado a cumplir su pena en libertad vigilada, lo cual es un eufemismo para ocultar el hecho de que está simplemente en libertad. Otra vez la muerte se escabulle por entre los dedos de la justicia y, si bien es cierto nadie quiere oliscar su aliento, la justicia sí debe confrontarla, escudriñarla, abrumarla y acorralarla para que nunca más se entronice en nuestro país. Como sucedió en dictadura.

Y lo que estamos observando hoy es demasiado parecido a aquello: deshumanización del supuesto enemigo, represión, montajes, falsos enfrentamientos, aplicación de la Ley anti-terrorista, cárcel, torturas. Tal vez sea mera coincidencia que el ministro del interior Andrés Chadwick fue partidario activo de la dictadura del general Pinochet. Quizás su reciente arrepentimiento de haber apoyado a la dictadura no era tal, después de todo está aplicando el mismo discurso y las mismas tácticas represivas de los militares.

Nadie quiere encontrar a la muerte, por ello la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay es lamentable, pero es lamentable también que al pueblo mapuche le maten de a poco cada día y que ahora le manden todo el poder de la muerte para que no olviden jamás sus ojos de escarcha.

Doctor Tito Tricot es Director del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe-CEALC

Fuente: Revista Biodiversidad, sustento y culturas N°75