Argentina: Si envenena, ninguna práctica es buena

Por Damián Verzeñassi * – Especial para El Ciudadano

Este año los ministros de Agroindustria y de Medioambiente y Desarrollo Sustentable firmaron una resolución, la primera del 2018, y acompañados de los de titulares de la cartera de Ciencia y Tecnología y Salud presentaron un documento para buenas prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios. Sin citas científicas, el texto definió que “establecer distancias y superficies no es esencial en una zona de amortiguamiento”. Negaron las publicaciones científicas que demostraron la presencia de agrotóxicos en ríos, lagos, agua de lluvia, alimentos, así como las que evidencian los daños en la salud de las personas y comunidades expuestas a estos químicos, reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida por la sigla FAO. El anexo del documento tiene material técnico escrito por personas con conflictos de interés con la agroindustria. Algunos datos incluso son anteriores a la reclasificación que del glifosato y el 2.4-D que hizo la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer de la OMS en 2015.

El Ministerio de Salud, que en el año 2015 reconoció el daño en la salud de los agrotóxicos e incluso difundió trabajos científicos que así lo acreditaban, hoy con nuevo ministro legitimó el documento. Sin embargo, no incluyó los dosajes de agrotóxicos en orina y sangre que figuran en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNYS) por cuestiones de “prioridad, parsimonia y eficiencia”. El documento también pasó por alto que en Rosario, Gualeguaychú, San Antonio de Areco, entre otras localidades, han aprobado ordenanzas prohibiendo el uso de esos venenos y que fue trabajado por las legislaturas de Santa Fe y Entre Ríos. Estando en discusión proyectos para resguardar la salud de las comunidades al poner distancias de protección, el documento interministerial de la Nación parece tener dos objetivos. El primero es frenar la aprobación de normativas que restrinjan el uso de agrotóxicos, desprotegiendo aún más a las comunidades ya afectadas. El segundo es cargar la responsabilidad de los daños que generan los venenos sobre los hombros de los productores y aplicadores. En síntesis, consolida un modelo extractivista venenodependiente que beneficia a las corporaciones del agronegocio y pretende “marcarle la cancha” a los legisladores locales y provinciales para evitar la protección de la salud del pueblo.

En Santa Fe el proyecto de Ley para regular el uso de agrotóxicos espera en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su tratamiento, así como el de fomento a la agroecología. Diógenes Chapelet falleció en enero de este año. El campo de al lado de su casa fue fumigado mientras él estaba en su patio, respirando. ¿Qué esperan los legisladores para tratar la ley?

La propuesta de Nación

Para completar el documento, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, dijo: “Si se aplican determinadas buenas prácticas agrícolas la actividad es inocua para la salud de la población y el medio ambiente”. El funcionario contradijo, entre otros pronunciamientos, al documento científico elaborado en 2010 por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) sobre la toxicidad del glifosato, que en su página 144 señala: “No existen agroquímicos inocuos”. También fue en contra lo que dijo la subdirectora general de la FAO, María Helena Semedo: “El vertido de residuos en forma de pesticidas, fertilizantes, antibióticos y metales pesados en el agua y los terrenos que se utilizan para la agricultura supone una importante fuente de contaminación”. ¿Sabrá el ministro que el presidente de la Nación, su jefe, hizo instalar en la Casa Rosada una huerta agroecológica para producir verduras sanas para él y su familia? ¿Será que el presidente no cree en las “buenas prácticas” que pregona su ministro?

Investigadores de Conicet como Andrés Carrasco (de la Universidad de Buenos Aires), Damián Marino (de la Universidad de La Plata), Delia Aiassa (de la Universidad de Río Cuarto), Rafael Lajmanovich (de la Universidad Nacional del Litoral), Silvana Rosso (de la Universidad Nacional de Rosario), y María del Pilar Díaz (de la Universidad Nacional de Córdoba) son ejemplos de quienes trabajan en “ciencia digna”. Es la que entendemos desde nuestras universidades públicas como la que ha generado una importante cantidad de trabajos científicos sobre los daños en la salud y el ambiente de este modelo agroindustrial dependiente de los organismos modificados genéticamente y los venenos. La pregunta es: ¿De qué ciencia hablan los funcionarios nacionales cuando dicen “buscamos que las regulaciones tengan una base científica”? Más cuando en el documento definieron de “innecesario” establecer distancias de protección para los pueblos porque con “buenas prácticas” no habría riesgos a la salud y al ambiente.

Lujo y vulgaridad

El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao dijo que debe haber “una agricultura industrial para las personas que simplemente quieren comer”, y otra para quienes quieran alimentarse saludablemente. “Es un fenómeno que podemos denominar como «lujo responsable» o «consumo sustentable»” reconociendo que genera “un conflicto por la presencia de residuos de fitosanitarios que en los alimentos ecológicos no se permiten. Por eso, hay una iniciativa que tiene factibilidad que es crear valles protegidos o separados del resto”. El ministro fue claro: producir alimentos sanos es factible y puede garantizarse en áreas aisladas, que no puedan contaminarse ni con transgénicos, ni con agrotóxicos. El problema parece ser que solo accederán quienes puedan pagarlos.

En un mundo donde por cada dólar que se paga por una comida industrializada se deben pagar otros dos dólares en daños ambientales y a la salud, decir que alimentarse de forma saludable es un “lujo responsable”, suena a cinismo. Comer no es lo mismo que alimentarse. Alimentarse no puede ser un lujo ni un “privilegio de presidentes”. Alimentarse es un derecho humano y el Estado tiene la obligación de garantizarlo y también el de vivir en un ambiente saludable. Suponer que la cadena agroindustrial, que funciona por el interés comercial, alimentará al mundo no tiene fundamentos. Si la agroindustria depende de 400 millones de litros de venenos por año, contamina y enferma, no es sustentable. Si la comida tiene veneno, no es alimento. Si envenena, ninguna práctica es buena.

*Director del Instituto de Salud Socio Ambiental de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Desde 2010 desembarca con un grupo de profesionales y alumnos en sus últimos años de carrera en 29 localidades de las cuatro provincias del núcleo agropecuario argentino. En más de 80 mil entrevistas médicas relevó que en las personas que viven rodeadas por la vida industrial del agro las patologías glandulares, respiratorias y los casos de cáncer aumentaron desde hace más de dos décadas, cuando los agrotóxicos hicieron su entrada en la vida del campo.

25 de julio de 2018

Fuente: El Ciudadano