Argentina: Extractivismo y campaña antiindígena

Observamos con mucha preocupación la instalación de una verdadera campaña anti-indígena, orquestada y programada para demonizarlos. Y esta campaña antiindígena llega a niveles de colonialismo y racismo realmente intolerables. Pretenden generar un "consenso" en la sociedad, una especie de enemigo interno, para poder avanzar y justificar la represión sin resistencias mediáticas ni políticas sobre sus territorios.

Desconocen las relaciones basadas en lo colectivo y multicultural

Porque lo que está detrás de esta campaña es la embestida del extractivismo sobre territorios indígenas. La soja, el petroleo (Vaca Muerta), la minería y los latifundios necesitan avanzar sobre las tierras ocupadas o reclamadas por comunidades indígenas. Lo cierto es que los Mapuches ya habían sido corridos a los márgenes de la Patagonia. Ahora la voracidad extractivista necesita también esos márgenes.

El primer paso fue en junio de 2016 cuando se modificó -inconstitucionalmente por Decreto (820/16)- la ley 26.737, de Tierras Rurales y se flexibilizaron así las restricciones para la venta de campos a extranjeros que se impuso en dicha norma en diciembre de 2011. Los favorecidos son, entre otros, el amigo del Presidente, el magnate inglés Joe Lewis y el italiano Benetton, el mayor terrateniente de Argentina.

Y esta campaña, además, choca de frente con legislación internacional, nacional y provincial. Alguien debería recordar y leer en voz alta el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional que reconoce "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas" y garantiza "el respeto a su identidad … y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan." Pero la campaña anti-indígena no sabe distinguir entre propiedad comunitaria y propiedad privada. Desconoce el concepto de "pluralismo jurídico" y la diferencia entre Estado y Nación. No sólo Bolivia y Ecuador, España es un Estado plurinacional.

Esta campaña vino acompañada de un fuerte ataque por los principales medios de comunicación que demostraron niveles básicos de discriminación: no hay "otros", ni "otras" culturas, ni "otras" formas de organizarse. Niegan a los Mapuches. Los quieren someter a sus creencias, exterminar subjetividades y disolver identidades. Ignoran que existen relaciones sociales basadas en lo comunitario y colectivo donde conviven diversas culturas. En su lógica no entra que lo comunita rio permite la reproducción del trabajo en condiciones en que el capital no toma posesión. Boaventura de Sousa describe -como nadie- el dispositivo "moderno" que "invisibiliza" otras maneras de vivir. El rasgo "monocultural" europeizante es el pilar del colonialismo. Y así pareciera que discriminar a las comunidades Mapuches estuviese permitido...

En medio de esto surge otro dato esencial para comprender este estado de cosas. El próximo 23 de noviembre vence el plazo establecido en la ley nacional 26.160 que suspende los desalojos de tierras indígenas. Tanto el Gobierno Nacional como gran parte de los gobernadores –de distintos signos políticos- no quieren su prórroga. No quieren "obstáculos" para el avance de las grandes transnacionales del extractivismo. Así se avizora un recrudecimiento de la conflictividad social y territorial. A la actualidad se sólo hay 1532 comunidades indígenas registradas (de un universo mucho mayor). De esas, sólo 459 tienen concluido el relevamiento de su territorio que ordena la ley.

El desafío ante esta campaña de odio racial es no tener miedo de emprender una verdadera batalla cultural para romper con los "consensos" racistas y demonizantes que quieren construir. Y hay que hacerlo tendiendo puentes, desarmando mitos y falsedades, descolonizando nuestras mentes y palabras, para -de esa manera- comenzar a saldar la deuda histórica que tenemos con los pueblos originarios.

Por Enrique Viale

@EnriqueViale

Fuente: Diario Bae