Argentina: Cuando luchar por la semilla es luchar contra el capitalismo

Por Carla Poth / Espacio de Lucha Territorial Río Bravo

22 de julio, 2016

Hace unas semanas el Ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile comunicó que en breve se haría público el anteproyecto elaborado desde esta cartera para la modificación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, vigente desde 1973.

Este es uno de los muchos intentos de modificación que, desde 2012, buscan reconfigurar los mecanismos de producción, comercialización y propiedad de las semillas en nuestro país. Una vez más, y como en todos los intentos anteriores, la discusión de este proyecto ha sido generada a espaldas de quienes seremos directamente afectados.

Se podría pensar que la reforma de esta ley de semillas es un cambio más entre las múltiples leyes y programas lanzados para el agro, primero por el kirchnerismo y ahora por las políticas macristas. Sin embargo, observaremos que en este debate hay cosas más grandes en juego. Porque la semilla es uno de los bastiones de un modelo de agronegocio que ha reconfigurado las formas de acumulación del capital en el agro en los últimos 40 años, desplegando nuevas estrategias de explotación y dominación hacia las clases trabajadoras.

¿De qué hablamos cuando hablamos de agronegocio?

El agronegocio es un modelo de producción a escala global que supone la implementación de renovados mecanismos de apropiación de la naturaleza, las semillas y las vidas humanas.

Con una estructura concentrada en pocas empresas que realizan la siembra, recolección, almacenamiento y comercialización, el modelo del agronegocio se constituye en una cadena agroalimentaria que se encuentra controlada por grandes empresas transnacionales productoras de los insumos centrales del modelo agrario: las semillas genéticamente modificadas asociadas a los agroquímicos.

Hoy Monsanto, Dupont, Bayer, Syngenta, Basf y Dow Agrosciences controlan el 60 % del mercado global de semillas y el 76 % del mercado mundial de agroquímicos, definiendo las dinámicas de producción de las regiones agrarias en todo el globo.

En Argentina este modelo se consolidó en 1996 cuando, luego de la generación de una serie de regulaciones para la liberación de semillas transgénicas, Felipe Solá aprobó la soja Roundup Ready, resistente al herbicida glifosato de la empresa Monsanto que se esparció entre los productores.

A partir de allí, en un abrir y cerrar de ojos, este cultivo pasó de sólo 4 millones de hectáreas sembradas, a cerca de 9 millones en la campaña 1997/98, superando las 20 millones de hectáreas en 2015, transformando a la Argentina en el tercer productor mundial de transgénicos, luego de Estados Unidos y Brasil, con más de 30 nuevas semillas genéticamente modificadas para el uso agrario (de soja, algodón, maíz y papa). Todas ellas tolerantes a agroquímicos.

El resultado de esta expansión ha sido la eliminación de más de dos millones de hectáreas de bosques nativos, la sustitución de cultivos centrales para nuestra alimentación como el girasol, y el desplazamiento de la ganadería, y el consecuente encarecimiento de los alimentos. Ha consolidado un proceso migratorio de los pequeños productores agrarios expulsados de sus tierras hacia los cordones más pobres de las grandes urbes y ha eliminado sistemáticamente el empleo rural (requiere de dos trabajadores por cada 500 has de producción) contribuyendo a su precarización.

Finalmente ha construido un genocidio silencioso que afecta a un tercio de la población argentina (13 millones de habitantes de áreas rurales) con enfermedades como alergias, cáncer, abortos espontáneos y deformaciones.

El agronegocio como política de Estado

Este modelo se ha expandido, consolidado y profundizado a través de una serie de políticas de Estado que, desde la década del 90, muestran la connivencia sistemática de los diversos gobiernos con el agronegocio.

Ayer fueron Néstor Kirchner y Cristina Fernandez los presidentes que, con el Programa Estratégico Agroalimentario 2010-2020 buscaban incrementar las hectáreas y toneladas producidas. Fueron quienes perpetraron la represión constante a las comunidades indígenas Qom que reclamaban sus territorios expropiados para la producción sojera.

Ellos promovieron la constitución de un sistema científico (con Lino Barañao como Ministro de Ciencia y Tecnología) que promovió la producción de semillas transgénicas según las necesidades de las grandes empresas biotecnológicas, consolidó la privatización del conocimiento a través de convenios y patentes y persiguió a los investigadores que denunciaron las enfermedades provocadas por este modelo. Fueron la cabeza de un gobierno que permitió los sicarios que asesinaron a Cristian Ferreyra, luchador campesino.

Hoy Mauricio Macri es el presidente que ha incentivado la expansión del modelo a través de la reducción de las retenciones agrarias que han garantizado la multiplicación de las ganancias concentradas. Es el presidente que apuesta, a través de la ratificación del ministro kirchnerista, a la continuidad de una ciencia que siga callando una verdad a voces: la ganancia se las llevan unos pocos, la enfermedad, el hambre y la muerte nos las quedamos nosotros. Es el presidente que se ufana de insertarnos al mundo, obligando a profundizar los mecanismos de expropiación de nuestros recursos, consolidando más derechos de propiedad intelectual. Es el presidente que busca acabar la tarea iniciada hace cuatro años: reformar definitivamente la ley de semillas al dedillo de las grandes corporaciones.

Por qué es una necesidad decirle NO a la nueva ley de semillas

Si el proyecto presentado por el Ministerio de Agricultura se aprobara, este modelo de producción encontraría las bases para continuar expandiéndose. Y con ello, la posibilidad de generar alimentos de una manera económica, política y ecológicamente sustentable habría desaparecido.

Esta ley erosionaría el derecho de los productores de guardar sus propias semillas, volviendo ilegales prácticas campesinas milenarias, ejerciendo el poder de policía sobre la diversidad alimentaria. Así, esta red que ha sido la fuente de más del 70% de la comida que consume la humanidad, el sustento básico de las clases trabajadoras y los más pobres de este mundo, sería desarticulada.

Y con esto, nuestra soberanía alimentaria, entendida como el derecho a una alimentación sana, equilibrada, suficiente y culturalmente apropiada, sería una reivindicación sin futuro. La posibilidad de pensar en un mundo de igualdad y sin cadenas, se vería en el tacho. Porque mientras las clases explotadoras tienen dinero para comprarse alimentos sumamente costosos sin agrotóxicos; nosotros, que a duras penas llegamos a fin de mes, tenemos que comer los alimentos fumigados con más de 300 millones de litros de agrotóxicos al año. Mientras ellos pueden elegir vivir sanamente, las clases trabajadoras enfermaremos y moriremos con glifosato en sangre (entre otros agrotóxicos como glufosinato, 2-4D, etc) y seguiremos comiendo esos millones de litros de venenos, que encontramos en las verdulerías, en los kioscos, en los comedores de escuelas.

La lucha contra la privatización de las semillas es mucho más que la lucha contra el agronegocio. Es mucho más que la lucha por un ambiente sano, o por el resguardo de la semilla. Es la lucha contra un sistema capitalista que busca oprimirnos, controlarnos y dominarnos, imponiendonos formas de enfermar, y de morir, haciendonos descartables. Es la lucha por nuestra propia vida, la de nuestros compañeros y nuestros hijos.

Por esto, decirle no a la reforma de la ley de semillas requiere del trabajo y el esfuerzo mancomunado de todas nuestras fuerzas políticas. Las luchas de las Madres del Barrio de Ituzaingó Anexo, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, de la Asamblea Malvinas lucha por la vida, las organizaciones campesinas y los cientos de asambleas y organizaciones, en nuestro país y en todo el continente, nos vienen marcando el camino para avanzar en la construcción de formas productivas y políticas emancipatorias. Las experiencias de Colombia, Chile y Perú, que ya rechazaron las reformas a sus leyes de semillas, nos muestran que la unidad de la fuerza lleva a buenos puertos.

Es nuestro desafío y responsabilidad trabajar en las escuelas, en las universidades, en los barrios, en las fábricas, en las calles en pos de comprender que alimentarse debe ser un sinónimo de alimentarse sanamente, que decidir qué comer es también un acto político en el que se ponen en juego formas de explotación... o formas de emancipación. La lucha de clases debe contener, problematizar y enriquecer estas cuestiones que se vuelven centrales para la subsistencia de las clases trabajadoras. Porque de este principio depende, incluso, nuestra propia capacidad de seguir luchando por un mundo sin cadenas.

* El Espacio de Lucha Territorial Río Bravo forma parte de la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas ( moc.liamg@sallimesedotnasnomyelaveunalaon)

Fuente: La Izquierda Diario