Argentina: Cristian Ferreyra, las comunidades campesinas y el agronegocio

Miércoles, 05 Noviembre 2014

Por Marcelo Otero. El 4 de noviembre comenzó, en la ciudad santiagueña de Monte Quemado, el juicio oral y público por el asesinato del joven campesino, Cristian Ferreyra. A lo largo de un mes se definirá la situación procesal de los seis detenidos e imputados en el caso, Javier Juárez por homicidio simple, amenazas, abuso de armas, lesiones graves y leves; Jorge Ciccioli, por homicidio simple en grado de partícipe secundario, lesiones graves y leves y amenazas; Demetrio "Fabucho" Palomo, acusado por las mismas figuras penales que Ciccioli; por lesiones graves y leves; amenazas y abuso de armas, Carlos Abregú; Mario René Abregú; Víctor Hugo Juárez y Walter Juárez. En los primeros días de diciembre de este año, se dará el veredicto que determinará la posición de la justicia frente a estos hechos.

Para llegar a las implicancias de este juicio, resulta necesario hacer un repaso de la lucha campesina. El asesinato de Ferreyra no fue un hecho aislado y forma parte del avance de los desmontes ilegales que produce el agronegocio sobre los territorios de las comunidades campesinas. A su muerte, le siguió el asesinato de Miguel Galván en 2012 en el paraje El Simbol y numerosos desalojos ilegítimos de familias que viven y trabajan ancestralmente sus tierras.

La experiencia de la expansión de las fronteras agrícolas para dar paso a la explotación de la soja transgénica, entre otras plantaciones, no sólo se circunscribe al territorio santiagueño. Según datos del MOCASE VC, al menos 63 mil familias campesinas e indígenas se encuentran amenazadas en Argentina.

La lucha contra el agronegocio

Las cosas fueron así: Campo de Mayo, San Antonio y Santa Lucía son tres parajes del departamento Copo. En ellos vive una comunidad indígena del pueblo Lule Vilela, conocida como Ashka Kaicu o también como San Antonio, a la que pertenecía Ferreyra. En 2007, un empresario tucumano llamado Emilio Luque apareció por la zona de Campo de Mayo, exhibiendo un supuesto título de propiedad. Dialogó con las familias de la zona para alambrar 1872 hectáreas de campo. Las medidas del territorio en disputa implicaban alambrar un cementerio, una parte de la ruta provincial 4 y 3 caminos vecinales de la zona. Posteriormente, Luque inició un juicio de prescripción y algunas familias, asesoradas por la ONG INCUPO acuerdan con él acerca de la cesión de sus tierras y de la instalación de un alambrado.

Emilio Luque empleó a un contratista y a peones locales para alambrar y hachar madera del monte nativo. Pero hay dos problemas: no todas las familias del paraje acordaron con Luque y por otro lado, el empresario incumplió los acuerdos establecidos con los que sí aceptaron. Ante esta situación, algunos campesinos comenzaron a organizarse en el MoCaSE Vía Campesina y a rechazar la tala y los alambrados. Frente a esto, el trabajo de los peones de Luque se suspendió y los empleados dejaron la zona. Sin embargo, con el tiempo volvieron.

En febrero de 2011, Luque pareció entender que el trabajo en ese campo lleno de gente le daría más problemas que rentas, por lo que decide venderle el "supuesto" título de propiedad a Jorge Ciccioli, un empresario sojero y ganadero de Santa Fe. Es Ciccioli quien intentará lo que Luque no pudo hacer: alambrar el campo pese a los pobladores disconformes y empezar a toparlo.

Para mayo de ese año, un grupo de familias se nuclearon en el MoCaSE Vía Campesina como comunidad de base San Antonio de la central COPAL. Decidieron cortar los alambrados instalados por el empresario, que impedían la circulación del ganado así como el acceso a caminos vecinales. Para julio, el empresario Ciccioli ingresó una topadora al campo. Fue el preludio para el desmonte total, el paso del monte a un campo pelado preparado para ganadería o soja. La comunidad de base dialogó con su conductor para detener la topadora, que finalmente se retiró del campo.

Tenemos un plan para el desmonte y el "progreso" de la provincia

Luque había gestionado un plan de desmonte con la Dirección de Bosques de la provincia de Santiago del Estero, al mando de Publio Araujo. Es importante aclarar que la ley Provincial de Bosques le pone un límite a la tala y que no la autoriza en zonas ocupadas por comunidades indígenas. Sin embargo, la Dirección de Bosques desconsideró el caso de la comunidad Ashka Kaicu y otorgó el permiso a Emilio Luque que luego fue renovado con el nombre de Jorge Ciccioli. Es este último quien contrató a varias personas de la zona para el trabajo: como hacheros a los hermanos Abregú y como encargado a Fabucho Palomo. Además, para enfrentar el problema con los molestos pobladores contrató a personal "de seguridad" y puso al mando a Javier Juárez, un tipo con fama de pendenciero. Ciccioli estuvo decidido desde un comienzo a no fracasar como Luque en su cruzada por el avance del progreso. Por eso, su dispositivo de seguridad fue provisto de armas de fuego.

Para contextualizar este análisis, resulta importante establecer la coyuntura en la que se asienta el empresariado de la provincia. Durante décadas Santiago del Estero fue una de las provincias más pobres del país. Luego de una efímera prosperidad empresarial a principios del siglo XX, cuando empresas forestales se dedicaron a extraer quebrachos y algarrobos para sostener la ampliación ferroviaria, la provincia se quedó casi sin bosques y sin fuentes de riqueza. Muchos de sus pobladores se dedicaron masivamente a la migración, estacional o permanente, hacia zonas con trabajo. Pero la década del 90 trajo una novedad a los campos argentinos: el desembarco del modelo de los agronegocios. Tecnología para el desmonte y las semillas, así como fertilizantes y pesticidas, capital financiero y trabajo precario, fueron y son una combinación altamente rentable que modificará los patrones de producción de los empresarios del agro. La eterna búsqueda de divisas de Argentina encontró allí una nueva gallina de los huevos de oro.

Los efectos colaterales fueron evaluados como menores: desalojo de campesinos con la consecuente migración a la ciudad y engrosamiento de los cinturones de miseria; poblaciones fumigadas, indirectamente, por el consumo de alimentos fumigados o directamente sobre casas y escuelas, causando la propagación de enfermedades como consecuencia de los agrotóxicos; pérdida de la diversidad natural y ruptura consecuente del equilibrio ecológico de la zona, generando alteraciones en las formas de vida y en los efectos causados por los agentes climáticos. A nivel económico, el crecimiento de los precios de los alimentos que disputa terreno con los productos destinados al mercado externo se sumó a las fuertes pérdidas en el mercado laboral, ya que la industria del agronegocio genera pocos empleos. A nivel político, se fortalecieron las empresas acopiadoras de granos y los grandes productores, así como la posición de entidades como la Sociedad Rural y la CRA.

A la primera pertenece Jorge Ciccioli y es principalmente esta entidad entre otras quienes conforman un espacio de empresarios y funcionarios interesados en el avance del "progreso". Este espacio, que podríamos llamar de lobby activo, es comandado por Luis "Parano" Gelid, el ministro de la Producción de la provincia, en línea con la posición del ex-gobernador (por estos días ocupa el puesto, nominalmente, su esposa), Gerardo Zamora. El objetivo de dicho espacio político-empresarial, es traer "el desarrollo" a la provincia a través de la creación de infraestructuras que favorezcan la producción, como la ampliación de la red de caminos, así como la creación de facilidades empresarias que promocionen las virtudes de la zona para la llegada de inversiones externas, que permitan, como en este caso, disponer terrenos para la instalación de feed-lots.

La zona de Monte Quemado es una de las pocas áreas de la provincia que escaparon a la tala masiva. En 85 mil hectáreas de bosque, viven cuatro mil familias campesinas indígenas, que producen alimentos de manera tradicional, sin dañar el ambiente y manteniendo las pautas culturales heredadas de sus ancestros. La lógica del desarrollo, tal vez una de las ideologías más arraigadas en Argentina, a izquierda y derecha del espectro político, más allá de sus efectos de insostenibilidad a largo plazo, tiene nombre propio en Santiago del Estero y se ha empeñado en dar una batalla por la apropiación de esos territorios.

La muerte al servicio del progreso

La difusión del progreso es una actividad empresarial que necesita también de intelectuales orgánicos propios. En la zona lo encontró en la figura del maestro, Hugo del Valle, establecido allí hace más de una década. El maestro recibió al empresario Jorge Ciccioli y le brindó herramientas importantes.

En primer lugar, una "propaganda activa" entre los jóvenes que asisten a la escuela N° 330 "San Bernardo", en la que dicta clases del Valle, respecto de la legitimidad de los derechos posesorios del empresario, facilitada por donaciones y regalos al establecimiento educativo en cuestión. La misma, estipulaba que el campesinado es retraso y los chicos y chicas deberían vivir en la ciudad, no así en el campo. Hugo del Valle es un hombre del desarrollo. Por eso el maestro permitió que se guarden las armas "de seguridad" en una casilla junto a la escuela y aceptó, pese a las denuncias de los padres,, que los sicarios se apropiaran del lugar con amenazas cotidianas a los estudiantes.

El 10 de agosto de 2011 el MoCaSE Vía Campesina presentó una denuncia en la Dirección de Bosques. Se realizó una inspección que concluyó con un informe presentado el 20 de octubre. Allí se negó lo que los pobladores denunciaban: la tala de una superficie mayor a la autorizada y que los territorios afectados pertenecen a la comunidad indígena. Por su parte, las denuncias por amenazas son desestimadas por la policía provincial, que no sólo no las recibe sino que además, amenaza a los portadores con encarcelarlos si siguen presentándose en la comisaría.

Mientras tanto, el plan de Ciccioli avanzó intacto y sus peones instalaron un alambrado. El 16 de noviembre de 2011, los pobladores organizaron una reunión en casa de Darío Godoy para discutir qué hacer.

Cristian, o "Cachito" como se lo conoce en la zona, tenía en ese entonces 23 años y un hijo. Y como otros jóvenes de la zona, era estudiante del grupo del maestro del Valle. Era un activo militante contra el despojo de los territorios y había sido fichado por Javier Juárez, tío de la esposa de Cristian.

Juárez se presentó cuando la reunión en lo de Godoy estaba empezando. Entró con una escopeta en la mano y unas claras intenciones. Alguien le pidió que se vaya y apeló a los niños y niñas presentes. Otro le sacó una foto con un celular. Lo que sucedió después, aunque fue cosa de segundos, fue un disparo a la pierna de Cristian y otro a Darío Godoy que estaba cerca. Sergio Herrera quien participaba en la reunión, se abalanzó sobre Juárez y trató de sacarle el arma. Pero Juarez lo golpeó y gatilló una vez más, sólo que en esa ocasión se trabó. Lo que quedó fue la huida. Cristian se desangró y sin ambulancias que acudieran a los llamados desesperados de sus compañeros, poco tiempo después murió.

A pesar del desgano de la policía provincial, las presiones del MoCaSE V.C. surtieron efecto y Juárez fue detenido poco tiempo después junto con el resto de la banda. Jorge Ciccioli, su empleador, es también detenido, en lo que representa una novedad para el historial de la lucha campesina.

Sin embargo, once meses después, Miguel Galván es asesinado defendiendo la tierra de su familia. El Movimiento Nacional Campesino Indígena ha realizado decenas de movilizaciones en todo el país, pidiendo un freno a los desalojos, así como el fin de las bandas parapoliciales que operan en los territorios. Pero las amenazas se repiten sin cesar, y ni el Estado nacional y provincial, ni el poder judicial, tomaron medidas para detenerlas.

El 12 de septiembre de 2014, el empresario Américo Argentino Argibay realizó amenazas de muerte hacia integrantes del Mocase vía Campesina, frente a inspectores de la Dirección de Bosques. Todas ellas registradas en una filmación. Como mensaje expreso, Argibay mostró un arma a la cámara y realizó un disparo, avisando que "las cosas así, no podían seguir más".

El juicio oral y público por el asesinato del joven Cristian Ferreyra, es un hecho importante ya que además de juzgar a los autores materiales, se dispone un proceso por primera vez sobre un empresario en condiciones de autor intelectual del hecho. En este sentido, quien fue a buscar a Cristian a su casa y le disparó, debe ser condenado y reconocido por la justicia como un asesino. El empresario que lo contrató y lo guio en sus pasos debe ser condenado como autor intelectual de los hechos. Asimismo, el juicio da la posibilidad de hacer pública la trama de complicidades y encubrimientos que culminaron con el asesinato y que representan una amenaza para las familias campesinas, aún hoy.

Tanto el asesinato de Cristian Ferreyra como las amenazas, los desalojos compulsivos y los desmontes son parte del caso, aunque pensemos que este juicio no resuelve toda la problemática.

En la economía argentina de las últimas décadas, se ha instalado un modelo de agronegocios y para que esto suceda, fue y es necesaria, la presencia de desalojos, despojos y violencias hacia las comunidades y familias rurales de todo el país.

En los últimos diez años, varios procesos judiciales tomaron gran relevancia a partir de las muertes de activistas sociales. El caso de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los piqueteros asesinados por el entramado policial y político de la provincia de Buenos Aires y del Estado nacional, en junio de 2002. El asesinato del docente Carlos Fuentealba por un policía neuquino en una marcha durante 2007. La muerte de Mariano Ferreyra en 2010 a manos de una patota de la Unión Ferroviaria con territorio liberado por la Policía Federal. Y el aún irresuelto y no menos relevante caso de la segunda desaparición forzada en democracia de Jorge Julio López en 2006, el hombre que denunció a un gobierno militar y testificó contra sus represores. Estos procesos muestran la necesidad de un sistema judicial que esté más compenetrado en perseguir y condenar asesinos, que en encarcelar activistas sociales. También muestran la complicidad o la falta del accionar de los Estados provinciales y nacional a la hora de defender derechos cuando se discuten los privilegios del capital o de espacios de poder incuestionable.

La resolución del asesinato de Cristian Ferreyra establece una referencia importante: el juicio tiene lugar porque ha existido una movilización que lo hace posible. Las bandas paramilitares, los Argibay y la Sociedad Rural, estarán pendientes de su resultado. El campo popular, también.

Fuente: Marcha