Argentina: Bosques nativos. Partes 1 y 2
"El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables."
Argentina. Bosques nativos (I):
El PEA y la profundización del modelo de deforestación Destacado
Por Luis Gauna
19 de Febrero de 2013
Desde la falta de voluntad política, al modelo agropecuario intensivo que se manifiesta en el Plan Estratégico Agroalimentario, los desmontes en Argentina se acrecientan y alarman sobre la escasa preservación que se le da a los bosques nativos a costa de la profundización del monocultivo agroindustrial, sin remediar en la salud y padecimientos de las poblaciones afectadas.
A lo largo de los últimos días, el oficialismo se rasga las vestiduras ante el atentado que comete el gobierno de Mauricio Macri sobre los escasos espacios verdes que aún permanecen en pie ante las moles de hormigón y acero, para dar pie a las cuestionadas obras que acarrea el Metrobus. Aproximadamente 1400 árboles (217 serán removidos o "transplantados" a otros sectores) son los que se ven afectados por ésta obra del PRO; de ésta situación rebosa el repudio militante, periodístico y de activistas del "Modelo Nacional y Popular" contra el accionar del macrismo, acostumbrado a ir contra el espacio público porteño.
Pero así bien, la protesta se concentra en un margen poco habitual del kirchnerismo, el cual poco ha hecho en los últimos años para proteger los bosques nativos del territorio nacional , pese a la sanción de la Ley 26.331 y las herramientas que aportaba la misma para su protección. Tal y como hemos informado anteriormente * , la deforestación en el período comprendido desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos, los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de cada provincia, y el año 2011, exponen una pérdida de más de un millón de hectáreas de bosque nativo. Organizaciones no Gubernamentales como Guyra Paraguay, plantean más preocupaciones al informar que sólo en 2012, 153 mil hectáreas de Bosque Chaqueño fueron arrasadas sólo en el noroeste de la provincia de Córdoba, con un número de 23,3 hectáreas desmontadas por día.
"Lo más preocupante no es que el nivel de deforestación sea alto si no que se haya deforestado en las zonas que protege la ley. Lo más preocupante es que provincias como Salta o Santiago del Estero, por nombrar a las dos que serían más graves, se hayan autorizado desmontes en las zonas que ellos se habían comprometido en proteger" sostuvo Hernán Giardini, coordinador de Biodiversidad de la Organización Greenpeace, en diálogo con Red Eco . Es que, pese a lo que dicta la legislación pertinente, los desmontes se han realizado mayoritariamente en zonas de Categoría I "Roja", de máxima protección por la cantidad de formaciones vegetales nativas y su función ecosistémica, y en zonas de categoría II "amarilla", las cuales son susceptibles de un aprovechamiento sostenible y sustentable y son las que más se han desmontado. Todo bajo la autorización de los gobiernos provinciales (oficialistas), que bajo su legislación provincial, aprobó éstos desmontes violatorios para la normativa nacional.
"En Santiago del Estero no están haciendo audiencias públicas de los desmontes, por lo cual eso también es violatorio de la ley, y en el caso de Salta hay una cantidad importante de desmontes que fueron autorizados a la carrera antes de la sanción de la Ley por el gobernador Romero en el año 2007 que Urtubey no los revisó, no hizo ningún tipo de ajustes a esta cuestión (más de 400 mil hectáreas de las cuales la mayoría quedaron en zonas que la ley de Salta protegía) , con lo cual hay una contradicción: por un lado se determinó el servicio pero después el ordenamiento determinó que esas áreas se iban a proteger" remarca Giardini.
Así también, los fondos que el Gobierno Nacional dispone para que se lleven a cabo los monitoreos y controles contra los desmontes ilegales, aporta otro impedimento a la aplicación correcta de aquellas herramientas: el valor asignado corresponde al 0,3% del Presupuesto Nacional, sumado el 2% del total de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y forestales; de acuerdo a ello, en 2013, se deberían destinar fondos por 2300 millones de pesos, pero la información que aporta el Presupuesto aprobado en el Congreso Nacional, confiere que sólo el 10% de dicho monto será destinado al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos. Algo cercano a 230 millones de pesos, los cuales también, no pueden constatarse de manera eficaz si están siendo rendidos y aplicados a la finalidad correspondiente. .
Así, la escala de responsabilidades en la defectuosa aplicación de la Ley de Bosques Nativos, incurre tanto en los niveles provinciales de Gobierno, como así también, en el Gobierno Nacional. "Una cosa es la voluntad política, que en algunas provincias falta aplicar la ley con todo el rigor, y otros casos correspondientes a Nación, en enviar los fondos " enfatiza el coordinador de Greenpeace.
La dependencia del Modelo
"El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables" enunciaba el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata en oposición al horizonte extractivista y agroindustrial que el Gobierno de Cristina Kirchner propone con el PEA 2020.
El modelo agroexportador que se erige es una contradicción en sí misma con aquella Ley de Bosques que se votara en 2007, puesto que sin percatarse del total de hectáreas que cada provincia propiciaba para el desmonte y el cultivo, propone una expansión de la frontera agropecuaria a casi 10 millones de hectáreas, aumentando la superficie de 32 millones de hectáreas a 41 millones (un 60% más de hectáreas para la agricultura; un 45% más para la ganadería).
"El PEA no se hizo en ningún momento pensando en cuanto a las restricciones que imponía la ley de bosques y el resultado está claro: la expansión de 10 millones más de hectáreas de la frontera agropecuaria es indirectamente decir que va a haber más desmontes y seguramente algunos en zonas que la ley de bosques protege. En el mejor de los casos si se desmonta toda la Zona verde (zona propicia para la deforestación, de acuerdo a lo que expone la ley), después va a haber presión sobre las otras regiones en función de cumplir con ese PEA" manifiesta Giardini, a la vez que remarca que dicho Plan no es una meta a la que el país se tenga que sujetar obligatoriamente, pero que "va a depender mucho del contexto nacional , si el precio de los granos se mantiene en estos niveles, si el precio de la carne sigue en aumento a nivel global o no".
Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata remarcaba en aquella ocasión que "el PEA no es una síntesis debatida con universidades ni con organizaciones de la agricultura familiar, sino que es una decisión de funcionarios del Gobierno".
Con esto, queda enmarcado que de las exigencias del mercado mundial, se desprenderá el nivel de cuidado que recaiga sobre los bosques nativos, y por consecuente, del cumplimiento de la ley, más allá de la letra muerta.
Córdoba: del bosque a la Soja y la pelea contra las multinacionales.
La provincia de Córdoba, es uno de los pilares de la avanzada agropecuaria que propone el modelo oficialista y no son mera coincidencia las batallas y resistencias de localidades como Malvinas Argentinas y el Barrio Ituzaingó, contra el monopolio agrotóxico y transgénico que se manifiesta en empresas como Monsanto.
En cuanto al cumplimiento de la Ley de Bosques, Giardini señala que el problema radica en la inconstitucionalidad del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que legisló la provincia: "Córdoba hizo un ordenamiento en el que permite los desmontes en la zona roja, permite desmontes en la zona amarilla, si llegan a encontrar minería se puede desmontar , hay una cantidad de cuestiones que son claramente violatorias del espíritu de la norma"
Ante ésta situación, la Corte Suprema será la encargada de decidir si el Ordenamiento votado por la legislatura cordobesa, pierde vigencia y vuelve a regir la moratoria que impide los desmontes en dicho territorio . Con este asunto, el Gobierno Nacional no asigna los fondos destinados a realizar los controles y precaución ante los desmontes en Córdoba, la misma situación en la que infiere la provincia de Corrientes. Tanto éstas dos provincias, como Formosa fueron cuestionados por organizaciones sociales e instituciones académicas por el incumplimiento de varios artículos y ejes de la Ley de Bosques, en desmedro de la preservación de la flora nativa.
" El problema en Córdoba es que el ordenamiento fue propuesto por la Sociedad Rural de Córdoba , quién fue la que frenó el cambio a último momento en la legislatura con la presión que hicieron del ordenamiento que se había elaborado de forma participativa de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques de la que participaban un montón de organizaciones sociales, movimientos campesinos y las universidades " afirma el coordinador de Greenpeace.
Ha de tenerse en cuenta que sólo 600 mil hectáreas de bosques nativos originales se mantienen en pie. Un 5% de lo que se tenía a principios de siglo pasado. El avance de la soja y la ganadería, y los incendios que azotan los bosques serranos, son las principales causas de ésta debacle.
El silencio oficial ante las muertes y enfermedades que produce el monocultivo, cada tanto se rompe, últimamente en manifestaciones masivas, como también en estudios que avalan la contaminación que apareja el 'progresismo' de éste sistema".
Hace dos semanas, un equipo de docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba presentó un análisis de la situación sanitaria de Malvinas Argentinas, uno de los focos de resistencia contra la Multinacional Monsanto. En dicho documento, se califica de muy grave el escenario socio-ambiental de dicha ciudad, recomendando no someter a la población a efectos de contaminantes que intensifiquen el cuadro de vulnerabilidad. La exposición a los tóxicos que emana el polvo de cereal transgénico de los silos y otros tóxicos de la actividad de Monsanto, propiciarían a agravar la situación.
"La vulnerabilidad social y económica de la población es las más alta en la Provincia de Córdoba y la capacidad del Estado Municipal de responder a la demanda de enfermedad es mínima. Someter a esta población a un nuevo golpe en su salud ambiental, como el que generará una enorme planta de semillas transgénicas de Monsanto en su jurisdicción no es recomendable desde el punto de vista médico, y es intolerable desde el punto de vista social" denunciaron en el análisis interdisciplinario.
Los nuevos caminos del modelo en el horizonte
"Yo le comentaba -y la gente de Monsanto no lo sabía- que tenemos una Patagonia, en la cual algún productor argentino tiene producción, por ejemplo, forrajera y que uno lo puede observar en medio de la estepa patagónica los círculos que solamente con riego producen forraje de primerísima calidad. Y tenemos también agua en la Patagonia, porque cuando me tocó inaugurar, el otro día, una ampliación de un emprendimiento minero: Cerro Vanguardia, en mi provincia, lo habíamos inaugurado cuando Néstor era Gobernador y cuando otros eran los propietarios, ahora hay nuevos propietarios. Y han pasado de la minería a cielo abierto a minería en excavación y es justamente donde han encontrado en plena Patagonia ríos subterráneos. A ellos les causa problemas, pero a nosotros nos ha llenado de alegría, porque esto nos da la idea de que el elemento vital: agua, nos va a permitir extender la frontera agropecuaria" manifestaba con alegría y efusividad la presidenta Cristina Fernández en la reunión que tuvo con los directivos de Monsanto, allá por Junio, en Nueva York. Monsanto, la empresa que monopoliza los transgénicos en nuestro territorio, recibía la oferta de tierra y sus recursos hídricos en la Patagonia argentina, la promesa de producir y expandir el negociado de la multinacional denunciada en Córdoba y otras provincias por los daños a la salud de sus habitantes.
Pero como así también se vanagloriaba esa posibilidad, hay otros sectores naturales que ya han visto su transformación, en pos del monocultivo y la frontera agropecuaria. Uno de estos, es el caso de los humedales, a pocos días de celebrar su día internacional. La región del delta del Paraná representa el final del mosaico de humedales más grande del mundo, que se inicia en el Mato Grosso brasilero y culmina en el estuario del Río de la Plata. El mismo es una gigantesca llanura de inundación de 17 mil kilómetros cuadrados pero, a pesar de ser tan vastos e importantes, el Estado nacional sólo protege el 0,3 por ciento de los mismos. Consecuentemente, la legislación entrerriana busca el incremento del agro negocio, con leyes como la 10.902, que perseguía la finalidad de privatizar las islas fiscales, públicas, para que se monocultive por cien años arroz, bajo el control de una sociedad anónima. Si bien la ley no prosperó por la resistencia ciudadana, son preocupantes los casi 900 kilómetros de terraplenes ilegales que se apostan sobre la región.
La organización ambientalista "El Paraná No Se Toca" advirtió que hubo intentos de terraplenar para plantar soja y otros cultivos, con responsabilidad de productores ganaderos con tierras vecinas a Santa Fe, que pretenden afirmar sus campos mediante el cierre de las lagunas interiores, y la consolidación de esos espacios como tierras de pastoreo, "sacrificando de esta manera el humedal, la fauna, la pesca y toda la diversidad de especies que viven en él".
* Luis Gauna - Red Eco. Argentina
Fuentes:
Críticas al modelo extractivo
La instalacion de Monsanto es inviable socio-sanitariamente
Argentina. Bosques Nativos (II):
El papel de los pueblos originarios y campesinos en el modelo agroexportador
Por Luis Gauna
(RED ECO)
22 de febrero de 2013
Por sobre los derechos originarios y campesinos, se erigen metas "agropecuarias" en pos de un modelo que profundiza la soja, el desmonte y la violencia en los desmontes y conflictos por las tierras.
"¡No vamos a tirar ni un solo árbol, los árboles son sagrados! ¡Los árboles no se tocan! Por lo menos acá, en El Calafate, ¡Sobre mi cadáver, únicamente!" Cristina Fernández de Kirchner, 15 de Febrero de 2013.
Aquel discurso de la Presidenta de la Nación, vitoreado por la multitud que se congregó a la inauguración de la 136° Fiesta del Lago, cargaba la chicana, contra la gestión del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires y los problemas que acarrean sus intromisiones contra el espacio público y con el cuestionado Metrobus. Pero el silencio ante las responsabilidades propias, carga de cinismo aquella frase, más allá del discurso confrontativo frente al macrismo. En la lógica del modelo agropecuario que impone el Gobierno, los grupos armados/patotas , serviles a intereses empresariales del agronegocio, han sometido a la violencia, despojo y muerte a comunidades y habitantes originarios de los bosques nativos, con el resguardo y silencio de funcionarios públicos e integrantes del poder judicial. En estas provincias, los desmontes y el avance de la frontera de monocultivos se producen a costa de los asesinatos a quienes resisten.
Concordantes con la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la OIT, la Ley de Bosques Nativos posee artículos en donde se enfoca la problemática de tierra que acarrea el campesinado y los pueblos originarios teniendo en cuenta la categorización de conservación de bosques (Categoría I y II) prohibidos para su desmonte. Esta considera el aprovechamiento de los bosques nativos sin influir ni perjudicar a las comunidades originarias y las tierras que ocupan, promoviendo asistencia técnica y financiera a los pequeños productores y comunidades campesinas para una realización sustentable de sus actividades,. Para ello caracteriza el valor social, económico y cultural que las comunidades otorgan a las tierras que ocupan. Pero la legislación se perpetúa en letra muerta, con el modelo agropecuario en el que se ha embarcado el Gobierno Nacional y los correspondientes provinciales, y que se ha profundizado con el lanzamiento del Plan Estratégico Agroalimentario 2020 hace 2 años.
Con respecto a la protección del territorio de los pueblos originarios y las organizaciones y su vinculación con los desmontes y La Ley de Bosques, Hernan Giardini, Coordinador de Biodiversidad sostuvo: "Se avanzó mucho a nivel legislativo, si querés en la práctica lamentablemente bajó menos de lo que hubiera querido, o por lo menos de lo que uno esperaba, en cuanto a tener una ley que justamente no solamente defiende el bosque, si no también defiende a sus históricos habitantes tanto campesinos como índigenas y lo dice en varios artículos de la ley. (...) Nosotros tenemos contabilizados siete muertos en los últimos 5-6 años relacionados directamente con la deforestación desde Santiago del Estero, Formosa, Tucumán".
En Santiago del Estero, segunda provincia a la cabeza en desmontes, el MoCaSE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero)-Vía Campesina en sólo dos años ha sufrido la muerte de dos de sus integrantes: Cristian Ferreyra en 2011 y Miguel Galvan en 2012. El movimiento que nuclea a los campesinos santiagueños indígenas, no ha dejado de denunciar los avances de los empresarios del agro, que amparados por grupos parapoliciales, entretejen una trama de despojo y amedrentamiento en pos de ampliar la frontera de su negocio .
"El territorio de la triple frontera entre Chaco, Salta y Santiago del Estero, desde el 2006 viene siendo un foco de combate terrible y la firmeza de las comunidades organizadas ha evitado el avance de empresarios", sostenía el MoCaSE en Octubre del año pasado, poco después de conocerse el asesinato de Miguel Galván, de 40 años, en el Paraje Simbol a manos de un sicario al servicio de la empresa Agropecuaria La Paz S.A.
El MoCaSE no ha cesado de reclamar por la sanción e implementación de la Ley contra los Desalojos Rurales, que lleva el nombre del joven campesino de la etnia lule "Cristian Ferreyra", asesinado en 2011. Pese a las múltiples denuncias por acoso y hostilidades que venía recibiendo la comunidad a la que pertenecía por parte del empresario José Ciccioli, la justicia hizo silencio.
Dicha Ley viene cajoneada desde Noviembre de 2011 y ni la muerte de Miguel Galván, en octubre pasado, motivó a los legisladores a darle tratamiento.
*El 13 de Marzo de 2010, en el paraje campesino de San Nicolás, Sandra Juarez de 33 años falleció a causa de paro cardiorrespiratorio, luego de sufrir una crisis de nervios frente una topadora de la empresa agrícola cordobesa Namuncurá S.A, que había comenzado a desmontar sus tierras.
*En diciembre de 2011, en el paraje Villa Matoque al noroeste de Santiago del Estero, el campesino Nestor Palacios fue baleado en el pecho por una banda armada, cuando se resistió al avance de la empresa agropecuaria Servicios y Negocios de Yerba Buena Tucumán. La empresa en cuestión, desde el 2009, buscaba adueñarse de 15 mil hectáreas, situación que afectaba directamente a más de 50 parajes campesinos indígenas. Así también, tenía amparo del Secretario de la comisión municipal de Villa Matoque (Departamento Copo), Alonso "Chillín" Santillán.
*El 14 de Julio de 2012, el campesino Sixto Ruiz fue baleado en el pecho, en el Paraje Vinalito, en territorio salteño, límite con Santiago del Estero. Al servicio del empresario Gustavo Saa, grupos de sicarios habían amedrentado con armas de fuego durante dos semanas a los pobladores de los parajes Choya, Vinal Macho, Dos Naranjos y Vinalito, donde ocurrió el ataque.
*El 30 de enero de éste año, Juan Santillán, miembro de la comunidad vilela "Tres Leones" fue atacado por el empresario terrateniente Alejandro Porta y sus siete sicarios, quienes lo secuestraron y amenazaron de violarlo.
A estos hechos se le suman, ataques al ganado y viviendas de los pobladores, como así también a la radio comunitaria del Movimiento campesino.
"En una nueva ofensiva del capital sobre nuestro continente, se profundizan los intentos de subordinar la agricultura, la tierra y los bienes naturales al capital financiero transnacional, siendo las Comunidades Campesinas Indígenas verdaderos obstáculos para el capital, que en nombre del progreso promueve la violencia para acaparar los territorios", sostuvo el MoCaSE en enero de éste año.
"El Estado se mete cuando ya el conflicto tomó un nivel importante y lamentablemente uno conoce la mayoría de los conflictos de las comunidades que están medianamente organizadas. Muchos desalojos, muchos conflictos de gente que está en el medio del monte, no vinculada al MoCaSE o a organizaciones campesinas, no conoce las Mesas de tierras ni esos lugares a donde podrían denunciar los atropellos que viven y esa gente está sola, esa gente es la que lamentablemente si no está agrupada sufre las consecuencias de manera directa y no posee las armas para defenderse", remarca Giardini.
La situación en Formosa -donde oficialmente se reconocieron 129 mil hectáreas desmontadas, tercer provincia en el podio de desmontes- es igual de grave, y la relevancia que han tomado los conflictos por la tierra desde el 2010 delimita una resistencia día a día del Pueblo Qom y Wichi contra los empresarios sojeros y el gobierno de Gildo Insfrán.
De la represión policial en noviembre de 2010, que se cobrara la vida del anciano qom Roberto López, de los constantes ataques al Carashe Félix Díaz y a su familia, del atropello de un Gendarme a Ricardo Coyipé y asesinato de su esposa Lila y su nieta de 3 meses, hasta la reciente muerte de Daniel Asijak, sobrino de Félix Díaz, la comunidad "La Primavera" ha enfocado todos estos ataques en un punto en común: el conflicto por la tierra.
Es así, que también el dirigente Pilagá de Colonia Alberdi, Mario López, y delegado del Movimiento Campesino de Formosa, perdió la vida cuando viajaba hacia la comunidad para solidarizarse por la represión en la que muriera Roberto López, atropellado por un policía en un hecho que su familia catalogó de atentado.
Entre la disposición de crear la Universidad de Formosa sobre territorio comunitario qom y el corrimiento de los emprendimientos sojeros sobre esas tierras, amparados por los horizontes del Plan Agropecuario Formosa 2015, la comunidad ha conseguido que su resistencia tomara relevancia nacional, como así también los ataques a referentes activos de su lucha no se han hecho esperar. Díaz y Coyipé, son un ejemplo de aquellas constantes vejaciones.
Por su parte, las comunidades wichís del oeste de la provincia, han denunciado recientemente las dificultades que acarreó el desmonte intensivo en las condiciones climáticas de la zona que dificultan la tarea de cultivar sus propios alimentos. A ello, se le suma la desidia de no recibir atención médica, agua, ni electricidad por parte del gobierno que no escucha sus reclamos y de los organismos , ausentes, que deberían velar por el cumplimiento de sus derechos.
Así bien, la provincia de Chaco, carga con la muerte Martirés López, referente qom de la Unión Campesina y de la Corriente Clasista y Combativa por los derechos campesinos e indígenas del Chaco, fallecido el 14 de Junio de 2011, luego de un "accidente" cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa del Indio. Su familia y compañeros de militancia iniciaron una causa en la que denuncian "homicidio". Fue reconocido como uno de los dirigentes originarios más duros contra el gobierno de Capitanich, ya que en 2009, encabezó una masiva marcha de 5 días con campesinos, aborígenes y criollos en reclamo de tierras, semillas y vivienda que tomó notoriedad nacional.
Esta sucesión de hechos, si bien puede ser incompleta por los que no salen a la luz o que no toman notoriedad pública, delimita un padecimiento, que en la lógica y profundización del modelo extractivo-agroexportador en el que se ha encaramado como meta el Gobierno Nacional, ha de profundizarse con horizontes agropecuarios que, como demuestran estos hechos, no velan ni respetan los Derechos y legislaciones que protegen la propiedad comunitaria del campesinado y pueblos originarios.