Argentina: ¡Chau glifosato! ¿Y ahora qué?

Agencia TSS – Cada vez son más los municipios que, a partir de la evidencia científica disponible, buscan prohibir el uso de glifosato, uno de los herbicidas más usados en el territorio argentino, que anualmente es regado con 240 millones de kilos de esta sustancia en las más de 30 millones de hectáreas cultivadas. El año pasado, los municipios de Paraná, en Entre Ríos, y Rosario, en Santa Fe, dieron el puntapié inicial. Recientemente, vecinos agrupados en la Multisectorial Paren de Fumigarnos presentaron un proyecto similar, para prohibir el uso de este herbicida en la ciudad de Santa Fe. A casi 20 kilómetros de allí, en el municipio de San José del Rincón, la Legislatura aprobó por unanimidad una ordenanza que impedirá el uso y aplicación del glifosato en el éjido urbano. Debates similares se están dando en otras ciudades, como las santafesinas Esperanza, Pueblo Esther y Recreo, y las entrerrianas Concordia y Gualeguaychú.

“Nos dimos cuenta que los proyectos referidos al uso del glifosato llevan al debate de la sociedad sobre los plaguicidas”, le dijo a TSS Carlos Manessi, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos. Para Gabriel Arisnabarreta, de la organización ECOS del Saladillo y organizador del 9º Encuentro de Pueblos Fumigados de Buenos Aires, que se desarrolló a mediados de marzo en esa ciudad bonaerense, “la prohibición del glifosato siempre es un avance porque pone en discusión al caballito de batalla del agronegocio, ya que todo el paquete tecnológico se basó y fundamentó en la utilización de transgénicos resistentes al glifosato”.

Sin embargo, Arisnabarreta considera que la prohibición del glifosato no es suficiente para solucionar los riesgos para la salud y el deterioro de la biodiversidad asociados al modelo de explotación actual: “El problema son los casi 400 millones de litros de veneno que se usan, de los cuales el glifosato es uno de ellos. Hay otros herbicidas que son igualmente peligrosos y se siguen usando, como el 2,4-D –ácido 2,4-diclorofenoxiacético–, un herbicida usado en el control de malezas de hoja ancha, el dicamba –ácido 3,6-dicloro-2-methoxybenzoico–, que es un herbicida de amplio espectro, y la atracina”, ejemplifica este ingeniero agrónomo.

El año pasado, la Multisectorial Paren de Fumigarnos presentó un paquete de tres proyectos de ley ante la Legislatura santafesina. Uno de ellos busca modificar la Ley Provincial de Productos Fitosanitarios 11.273, del año 1995, para establecer zonas de resguardo de 1.500 metros libres de fumigaciones alrededor de pueblos, humedales, lagunas y ríos, junto con la prohibición de fumigaciones aéreas en toda la provincia. Otro proyecto busca fomentar la producción agroecológica, al menos en esos 1.500 metros de resguardo. Y, un tercero, postula alejar los silos de acopio de lasciudades y ubicarlos más allá de las áreas de resguardo.

“Ese paquete de leyes está en la Comisión de Salud y es la primera vez que se trata un proyecto de agroquímicos en una comisión de la Legislatura provincial”, destacó Manessi y lamentó que las empresas impulsen a quienes producen a defender el uso de los agroquímicos, lo que ha generado una división entre los propios productores.

Cuestión de etiqueta

“Si sacáramos el glifosato habría que usar una batería de productos que son mas tóxicos para poder reemplazarlo, y esa combinación sería mucho más peligrosa que la situación actual, porque habría que incorporar por lo menos tres productos en una aplicación, con toxicidades que van de banda amarilla a banda azul, muchísimo más altas o tóxicas que usar solo glifosato” (que está rotulado con banda verde), advirtió a TSS Federico Lorca, asesor técnico de CASAFE, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. La categorización de los fitosanitarios en bandas de distintos colores corresponde al modo en que su toxicidad es evaluada en función de lo que técnicamente se denomina Dosis Letal 50 (DL 50). Esta dosis mide la toxicidad aguda, es decir, la cantidad de la sustancia que se necesita para afectar al 50% de una población de ratas en el laboratorio en las primeras 24 horas.

Cuanto mayor sea la cantidad de sustancia por kilo necesaria para tener un efecto negativo en la salud, menos tóxico es considerado un producto. “La toxicidad aguda del glifosato es muy elevada, lo que quiere decir que no es muy tóxico. Una persona debe estar expuesta a 5.600 miligramos por kilo de peso vivo para tener un efecto en su salud. Eso genera que el producto sea banda verde”, explicó Lorca, que además es asesor agropecuario.

Sin embargo, existen otro tipo de mediciones a mediano y largo plazo que consideran la toxicidad crónica y subcrónica que puede provocar un producto –por su exposición sostenida en el tiempo–, aunque la clasificación que hace el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) sobre los agroquímicos es siempre en base a la toxicidad aguda.

“Nosotros cuestionamos esa forma de clasificar, porque no tiene en cuenta los daños crónicos que pueden provocar estas sustancias, que es lo que los médicos están empezando a registrar: la aparición de muchas enfermedades a mediano y largo plazo, como cáncer, alergias y abortos espontáneos”, sostuvo Arisnabarreta. Es el caso, por ejemplo, del estudio exploratorio de diseño observacional sobre la alta presencia de glifosato en el ambiente y su posible relación con abortos espontáneos y malformaciones congénitas en la población Monte Maíz, en Córdoba. Según este trabajo de investigadores argentinos publicado el 23 de marzo en la revista científica internacional Journal of Environmental Protection, se detectó un ambiente urbano “severamente contaminado por glifosato y otros plaguicidas” y sugiere un posible vínculo entre la exposición ambiental a ese herbicida y problemas reproductivos –las tasas de aborto espontáneo y anormalidades congénitas son tres y dos veces más altas que el promedio nacional– que sufren los pobladores de esa localidad.

“Trabajamos mucho en la promoción del uso responsable de las tecnologías agrarias, del glifosato en particular y de todos en general”, dice Lorca, de CAFASE.

En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en base a datos provistos por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), había clasificado al glifosato como sustancia “posiblemente cancerígena”. Según Lorca, “esa clasificación se va a modificar y por eso se aprobó su uso en Europa por cinco años más. Entiendo las dudas que tiene una persona que todo el tiempo está escuchando que el glifosato es esto o lo otro, no hay nada concreto que demuestre si este producto genera cáncer o no”. El representante de CASAFE también disiente con respecto a las investigaciones que demuestran que este herbicida se acumula en el ambiente. “De hecho, hay estudios en gente a la que le encontraron glifosato en sangre y eso es imposible porque este producto se metaboliza de modo muy rápido en hígado y riñón, y se libera por orina en menos de 24 horas”, afirmó el ingeniero agrónomo.

Manessi, que también participa en el Centro de Protección a la Naturaleza (CE-PRO-NAT), considera que el hecho de que el SENASA no haya cambiado la banda verde del glifosato por banda roja, a tres años de haberse conocido la recategorización de la OMS, “es un escándalo internacional”, ya que modificando solo esa indicación que debe figurar en los envases sería suficiente para controlar el modo de uso de estos productos sin necesidad de generar otras regulaciones. “Nuestra ley provincial autoriza a usar la banda roja a 3.000 metros de los pueblos y prohíbe su venta en los supermercados, que es otro de nuestros reclamos”, dijo el activista.

Lorca aclaró que en CAFASE piden que se haga un uso responsable de los agroquímicos: “Trabajamos mucho en la promoción del uso responsable de las tecnologías agrarias, del glifosato en particular y de todos en general”.

Las organizaciones ambientalistas en general coinciden en buscar un modelo que tienda a eliminar el uso de agroquímicos, ya que “el día que no este más el glifosato aparecerá otro producto que seguramente traerá los mismos o mayores problemas, por eso creemos que hay que ir hacia una forma de producción que sea más amigable con el ambiente y la salud, y que produzca alimentos sanos y diversos”, dijo Arisnabarreta, que desde hace alrededor de 20 años lleva adelante un emprendimiento agroecológico familiar en Saladillo, y aseguró que las dudas sobre la rentabilidad de la agroecología también es algo impuesto por el agronegocio.

Por el contrario, Arisnabarreta considera que el costo en producciones agroecológicas puede ser inclusive menor, ya que no es necesario comprar el paquete tecnológico. “Hay experiencias que van desde una huerta hasta campos de 200 hectáreas, que hacen diferentes tipos de productos con agroecología, y el margen de ganancia es bueno”, aseguró el productor. Pero para que ese modelo se expanda considera “fundamental” el rol del Estado, ya que “es necesario contar con políticas públicas que apoyen el cambio de modelo, así como las hubo para que se vuelque al agronegocio. Hay un montón de zonas adonde no se pueden usar químicos y allí debería estar el Estado apoyando la agroecología, pero no lo hace”.

5 de abril, 2018

Por Vanina Lombardi

Fuente: UNSAM