A clases sin veneno

En estos primeros días de clases, atravesados por la lucha docente donde la dignidad del trabajo aparece mencionada por distintos actores, el hecho de que los docentes rurales tengan que convivir con venenos en el aula es uno de los grandes ausentes. Por ejemplo, recientemente una docente embarazada de Santa Fe hizo un llamado telefónico dando aviso de una fumigación cercana a su escuela; la Comisaría de la localidad inició actuaciones de oficio; la causa quedó caratulada prima facie como Infracción Ley de Residuos Peligrosos (24051).

En el año 2016 por impulso de Ana Zabaloy, docente rural fumigada de San Antonio de Areco-Buenos Aires, se dan los primeros pasos de lo que hoy es la Red Federal de Docentes por la Vida. Desde este espacio hemos desarrollado innumerables actividades, entre ellas una presentación ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, donde expresamos: “Tenemos experiencias directas con esta problemática, muchas veces hemos visto afectada nuestra salud en el ámbito laboral y hemos sido testigos del efecto del uso de agrotóxicos sobre la salud de nuestros alumnos y de sus familias: problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo, abortos espontáneos y cáncer, pasan a ser moneda corriente en nuestras comunidades rurales y pueblos fumigados”.

También hemos exhortado a los gremios docentes de alcance nacional a tomar esta lucha en sus manos. De ellos seguimos esperando que la problemática sea incluida como un riesgo de trabajo y por lo tanto que la ART y las obras sociales reconozcan las intoxicaciones por agrotóxicos (agudas y crónicas) como los “accidentes” de trabajo que son. Las enfermedades que desencadenan estas sustancias biocidas acarrean altos costos que suman a la angustia e impotencia, el empobrecimiento de su microeconomía.

 Son tóxicos

En la Argentina se liberan por año alrededor de  500 millones de kilos de agrotóxicos por año, cifra que va en aumento. Indefectiblemente, esta mayor carga ambiental de venenos impacta en la salud de las poblaciones y de los ecosistemas.

Durante el mes de enero de 2018 se realizaron análisis de genotoxicidad en alumnos de la Escuela Bernardo de Monteagudo, incluida en la Zona de Resguardo Ambiental que estableció por Resolución la comuna de Dique Chico, en Córdoba. “En la escuela rural de Dique Chico la docente tiene cáncer de mama y su hijo, que iba a la misma escuela, murió de leucemia. Los vecinos preocupados pidieron un estudio al grupo que dirige Delia Aiassa, investigadora del CONICET sobre genotoxicicidad. El estudio a 6 niños de esa escuela fumigada encontró que todos los niños (el 100%) tenían en las células de la mucosa de la boca valores de genotoxicidad que duplicaban y triplicaban los valores de referencia habituales, demostrando que sufrían el impacto de algún genotóxico como el glifosato. Estudios científicos en ratas han probado que generan esas lesiones, la manifestación de que esos niños están sufriendo un daño en la estructura genética. Si ellos no logran reparar esas células o eliminarlas, ese daño se transforma en una mutación genética y surgen células cancerígenas. Esa es la base biológica del desarrollo del cáncer”. Eso explica el doctor Medardo Ávila Vazquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

A estos datos contundentes debemos sumar el  estudio publicado en 2019 en el British Medical Journal. Este estudio californiano de casos/controles demostró que en madres expuestas al glifosato y clorpirifós, el riesgo de trastornos en el desarrollo intelectual de sus hijos, problemas de aprendizaje y autismo es tres veces mayor al del grupo control conformado por 23.000 niños de iguales características.

Es grave que aún se pongan en tela de juicio estudios que demuestran los daños graves, el “costo humano”, de los agrotóxicos. Y más grave aún, el cinismo de las corporaciones del agronegocio que pretende inmiscuirse en planes de estudio: “Entre los contenidos comercializados se encuentran mensajes de los productores de agrotóxicos que, en nombre del «avance» y el «progreso», disminuyen o naturalizan el impacto de las fumigaciones en el entorno de las escuelas”, como expresa Adriana Puiggrós en La escuela, plataforma de la patria.

La deriva contamina

Hace más de un año, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quiso imponer una resolución que permitía que las fumigaciones contiguas a escuelas se efectuaran fuera de horario escolar. La Sociedad Argentina de Pediatría y organizaciones socio-ambientales se expresaron en contra, logrando que la resolución se suspendiera. El mes pasado el gobernador Kicillof volvió a suspenderla; pero muchas organizaciones consideramos que es insuficiente, debe derogarse. “Suspender no es derogar. Y no derogar para dilatar o conversar es, a esta altura, inmoral”, expresaron desde la organización autoconvocada de vecinos  Exaltación Salud.

Volviendo a la pretensión que tenía la resolución, y que también es letra de muchas ordenanzas, de permitir fumigar hasta un minuto antes del toque de la campana, es irrisorio. Como si con aquella restricción alcanzara para que los niños y niñas que juegan en las hamacas rociadas de agrotóxicos estén a salvo.  Médicos de Pueblos Fumigados  han declarado que: “Sin duda que ser víctima de la deriva primaria (la nube de plaguicidas que se disemina apenas es liberada por el fumigador) es muy grave y desagradable, pero fumigar con la escuela cerrada no impide que el ambiente escolar quede contaminado con esos agrotóxicos que sostendrán la exposición de alumnos y maestros cuando regresen. Las escuelas deben ser lugares seguros para contener a los niños”. Teniendo en cuenta la deriva secundaria, aquella que se genera en las horas siguientes a la aplicación; y la terciaria aquella que puede producirse semanas, meses o años después de la aplicación, sabemos que los venenos no respetan el horario escolar.

Es necesario que los  Protocolos de actuación y denuncia ante un caso de fumigación con agrotóxicos en las adyacencias de una escuela rural se difundan, y se capacite a los docentes para actuar inmediatamente en estas situaciones peligrosas y estresantes. La provincia de La Pampa ya lo ha incorporado a su Plan de Prevención de Riesgo Institucional; también gremios y organizaciones han elaborado los propios para las provincias de Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Esta guía de pasos es esencial para poder prevenir, saber cómo actuar en pos de concientizar y/o elevar una denuncia.

Inmediatamente se debe reaccionar en pos del cuidado de los niños, niñas y adolescentes a cargo; pero como bien lo expresaron desde Médicos de Pueblos Fumigados, no es sólo el momento mismo de la pulverización, sino que esas sustancias son incontrolables, y quedan en los juegos, la tierra, el agua que beben en la escuela.

Regresión de 1000 a 100 metros de distancia

En octubre de 2018 el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos otorgó distancias de resguardo alrededor de las escuelas rurales de 1.000 y 3.000 metros sin fumigar de manera terrestre y aérea respectivamente. Inmediatamente la mesa de enlace provincial se movilizó para anular este fallo. Daniela Verzeñasi de la  Coordinadora Basta es Basta  relata ese derrotero: “ Nosotros ganamos el amparo; ahí el gobierno apela, volvemos a ganar en el Superior; sacan el primer decreto anulando el fallo; nosotros hacemos un pedido de inconstitucionalidad al decreto porque “derogaba” el fallo del juez Benedetto en primera instancia; lo ganamos; el gobierno apela; volvemos a ganar; saca el gobierno un segundo decreto, volvemos a pedir la inconstitucionalidad, ganamos en primer instancia, y en segunda instancia apela el gobierno, el Tribunal Superior (ahora con una nueva conformación)  falla en contra, ahí nos presentamos con un recurso extraordinario para ir a la Corte Suprema. El Superior Tribunal (ahora claramente sojero) nos rechaza el recurso.” Pero aun así, el 19 de febrero el Foro Ecologista de Paraná junto con el gremio docente AGMER presentaron el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para poder llevar el caso a esa instancia.

El Decreto Reglamentario 2293/19 otorga sólo 100 y 500 metros de distancia alrededor de las escuelas rurales. Además de ser regresivo con relación al fallo original, excluye a las escuelas agrotécnicas de esa mínima distancia.

Vamos por la Agroecología

Mientras la Mesa de Enlace de Entre Ríos sostiene que los fallos del STJ provincial carecían de “criterio técnico alguno e imposibilitan la producción en más de 300.000 hectáreas”; el consultorio técnico popular (CoTePo) de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) presentó una propuesta técnica para la producción de cultivos extensivos de cereales, oleaginosas y granos alimenticios agroecológicos en las zonas lindantes a escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos. Resulta llamativo que quienes supuestamente se abocan a esa actividad aparentan desconocer que hay una amplia variedad de modos en los que no se depende del uso de agrotóxicos: 85.000 hectáreas de agroecología bajo el asesoramiento del RENAMA, 80.877 hectáreas de producción orgánica argentina durante el 2018; sólo por mencionar algunas.

De hecho, se puede y se quiere producir de otra manera, “el otro campo” lo ha manifestado. En las conclusiones del 1er Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, más de 80 organizaciones del país exigieron el fomento a la agroecología como política de Estado y el fortalecimiento de las escuelas rurales para el arraigo en el campo.

Debate de avanzada en La Pampa

Luego de  la prohibición de venta de agrotóxicos que fue noticia, la Cámara de Diputados provincial está debatiendo una nueva Ley que regule el uso de estas sustancias. Darío Muñoz, Secretario de salud y seguridad laboral UTELPa, es un docente que implementó el protocolo y realizó denuncias por fumigaciones alrededor de escuelas rurales de La Pampa: “El anteproyecto de Ley está proponiendo 500 y 3.000 metros (terrestres y aéreas) libres de aplicaciones desde el último límite del ejido urbano. Entre estas dos distancias sólo productos banda azul y banda verde, tiene que haber un ingeniero agrónomo controlando esto. Lo grave es que la ley no contempla a las escuelas”.

Desde UTELPa y CTA de los Trabajadores propusieron que toda escuela que no esté en el ejido urbano, se considere rural; y se le dé la misma distancia de protección. Como algo central y novedoso piden que las escuelas agrotécnicas sean modelo de producción agroecológica; que el Estado garantice, fomente, capacite, todo lo que está relacionado con este cambio de paradigma y sean modelo de transición a la agroecología. A su vez, existe un proyecto de agroecología en las escuelas, que incluye una huerta en cada una.

Por una patria sin venenos

Cómo decía Ana Zabaloy, fundadora de la Red Federal de Docentes por la Vida (y víctima de las fumigaciones escolares que le generó el cáncer que terminó con su vida): «Los docentes rurales somos testigos obligados del costo humano del actual sistema productivo basado en transgénicos y agrotóxicos. Y allí mismo donde nos riegan con venenos; aún estudiantes, docentes y personal no docente denuncian ese modelo y piden un cambio desde la escuela como motor central de concientización». Por eso es crucial que defendamos las escuelas rurales; como ámbito de socialización y posibilidad de reconstruir una trama productiva para la soberanía alimentaria desde la agroecología.

¿Cuántos docentes dan cuenta de esta realidad? El artículo 89 de la Ley Nacional de Educación expresa que se llevarán a cabo las políticas y estrategias para incluir la educación ambiental en los contenidos de todos los niveles y modalidades. Es una tarea irrenunciable abordar los conflictos ambientales en las aulas. Si queremos una sociedad consciente que se expida a favor de un modelo que no nos envene, los docentes tienen el desafío de abordar esta cuestión con compromiso de cara a no negar la trágica realidad de sus estudiantes y de muchos niños y niñas de nuestro país.

Suena el timbre, se iza la bandera, se canta el himno. ¿Cómo puede haber soberanía o patria sin gurises que crezcan sanos?

Fuente: El Cohete a la Luna