A casi dos años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

Comunicado de Prensa| La Vía Campesina

(24 noviembre 2018) Como es de conocimiento, el gobierno de Juan Manuel Santos, en nombre del Estado Colombiano, por una parte, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC (hoy convertidas en partido político legal) firmaron  el 24 de Noviembre de 2016, un Acuerdo de Paz para poner fin a un conflicto armado que por más de 50 años había desangrado al pueblo colombiano, dejando profundas secuelas económicas, sociales y políticas, y creando una dolorosa ruptura en el tejido social, en la convivencia y unidad de las familias y la sociedad colombiana.

La Vía Campesina, organización que agrupa a unos 200 millones de campesinas y campesinos del mundo entero, y que participa como una de las organizaciones garantes del proceso de paz a solicitud de las partes involucradas, ve con profunda preocupación como a dos años de la firma del  Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, sus puntos fundamentales han sido modificados en sus partes esenciales por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado colombiano.

Así por ejemplo el Punto 1 denominado Reforma Rural Integral (RRI): Hacía un nuevo campo colombiano, que contempla la realización de un catastro rural durante los próximos diez años para esclarecer el origen de la propiedad de las tierras…Crear un fondo de tierras de tres millones de hectáreas para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente…Formalización masiva de la propiedad rural sobre 7 millones de hectáreas mediante la clarificación de títulos y escrituras, para un total de 10 millones de hectáreas se encuentra prácticamente en total incumplimiento.

En el caso del Punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, otro punto vital para el campo colombiano y para las comunidades rurales, y que contempla compromisos como los planes integrales, la erradicación voluntaria, la participación de gobiernos locales y departamentales, así como la financiación por parte del estado de los proyecto y programas de sustitución, todo esto con la participación y concertación con las comunidades. Acuerdo este que ha sido incumplido y reemplazado por la criminalización, la judicialización, y penalización que ya venía imponiendo el gobierno anterior del señor Juan Manuel Santos, agravado ahora por las medidas del nuevo presidente Iván Duque, quien ha tomado la determinación de imponer prioritariamente la erradicación forzada, y la fumigación por vía aérea con glifosato trayendo graves consecuencias para la salud humana, la flora y la fauna, dándole además, tratamiento militar, penal y judicial a un problema que es eminentemente de carácter social y económico.

Aspectos fundamentales como la Justicia Especial para la Paz (JEP) fueron modificados por las distintas ramas del poder en aspectos esenciales, como haber eliminado la obligación de los terceros para declarar en indagatoria, lo que no solamente priva a la sociedad de conocer la participación real de multinacionales, pero también de nacionales vinculados a la banca, el latifundio ganadero, la Agro-industria, el Comercio, funcionarios y personal civil pertenecientes al estado colombiano en la organización, financiación y apoyo a grupos paramilitares, y otras estructuras y organizaciones que participaron en el largo conflicto armado. Como si esto fuera poco la JEP ha sufrido una nueva mutilación en sus órganos vitales al quitarle prácticamente la facultad de indagatoriar y juzgar a los militares, con la creación de 14 nuevos magistrados que asumirán esta función lo que indudablemente creará un nuevo manto de impunidad y de inmunidad para los militares, y  vulnerando, aún más, el derecho de las victimas a la verdad, la justicia, reparación y no repetición; a conocer la suerte que corrieron sus familiares torturados, asesinados o desaparecidos, el nombre y la responsabilidad de sus ejecutores intelectuales y materiales, lo que dificulta seriamente el trabajo de la JEP, de la Comisión de la Verdad, y de la Comisión de Búsqueda de los Desaparecidos, esto es mucho más grave si se considera que las víctimas fueron el foco y centro de atención en el acuerdo de Paz.

Pero las victimas no solamente vieron burlados sus derechos en este punto, también les fueron burlados sus derechos a 16 curules en el congreso como estaba estipulado en el acuerdo y que fueron negadas por el congreso colombiano.

La reforma política contemplada en la firma del acuerdo hace parte igualmente de los puntos incumplidos por el gobierno y el estado colombiano.

Con relación a la Reincorporación de los Excombatientes de las FARC, el acuerdo de paz contempla el compromiso de financiar por cada excombatiente un monto de 12 millones de pesos para proyectos productivos, lo mismo la garantía de construcción y reparación de vías de transporte, y otros servicios básicos como vivienda, salud, formación y educación, obligación que tampoco está cumpliendo el estado colombiano.

Lo más grave e indignante es que una vez firmado el acuerdo se ha desatado una imparable  ola criminal de exterminio contra los excombatientes de las FARC y sus familiares, así como de dirigentes y activistas de izquierda, defensores de derechos humanos, ambientalistas, campesinos, estudiantes, indígenas y afrodescendientes, que nos recuerda la época tenebrosa del exterminio de la Unión Patriótica, sin que el estado asuma el compromiso adquirido de combatir, desmontar y someter judicialmente al paramilitarismo. Una escala más en el exterminio ha sido denunciada recientemente por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común al anunciar la elaboración de  un nuevo plan criminal contra sus dirigentes, activistas y afiliados, según voceros de la policía colombiana.

En reiteradas ocasiones el Centro Democrático y el Presidente Colombiano Iván Duque han expresado públicamente, en algunos casos,  su deseo de hacer trizas el acuerdo de Paz, en otros casos de hacerle profundas revisiones y reformas.

Hemos visto de primera mano – tanto en nuestra Primera (2016) como Segunda (2017) Mision Internacional de Solidaridad con Colombia – los desafíos para la paz en ese país, la visión de los y las campesinos en sus territorios y la necesidad de justicia ambiental como condición de la justicia social. Comprometidas con la paz y nuestro rol de garante, estaremos organizarando nuestra Tercera Mision Internacional de Solidaridad en 2019 con ansias de encontrar un pueblo y gobierno avanzando hacia ese paz estable y duradera.

Por todo lo anterior La Via Campesina llama al pueblo colombiano,  a todas sus organizaciones en el mundo, así como a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, la FAO, la OIT, a la Unión Europea, a los Países  no Alineados, a Gobiernos, Organizaciones y personalidades a levantar su voz y exigir el cumplimiento irrestricto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera sin más reformas y dilaciones.

Para entrevistas y más información:

Nury Martinez |Fensuagro Colombia| +57 310 772 0098 |  moc.liamg@452yrun
Federico Pacheco | ECVC Europa – Misión de Solidaridad LVC |+34 690 651 046 |  se.oohay@ociredefocehcap
Veronique Leon|ECVC Europa – Misión de Solidaridad LVC | +33 622 161 399 |  moc.liamg@euqiborev

Fuente: Vía Campesina