Soberanía alimentaria y organización, ejes de la Conferencia Internacional de La Vía Campesina

La Vía Campesina (LVC) es un movimiento campesino global que reúne a 182 organizaciones de productores de alimentos en 81 países de África, Asia, Europa, Medio Oriente y las Américas. La soberanía alimentaria, los derechos campesinos, el acceso a la tierra y el agua; la agroecológica y los sistemas de semillas campesinas, la lucha contra el cambio climático, el feminismo y las diversidades son algunas de las banderas levantadas en sus 30 años de historia desde la primera Conferencia Internacional realizada en Mons (Bélgica). Las tres décadas se cumplirán celebrando la Octava Conferencia Internacional en Bogotá (Colombia), desde el 1 al 8 de diciembre. “Vamos pueblo, a volver al campo”, convocan. 

“Tenemos una conferencia histórica por los 30 años que estamos cumpliendo de lucha, de resistencia. Creemos que vamos a tener desafíos más grandes que nos permitan también avanzar en aliados de diferentes sectores del movimiento social para la construcción de la soberanía alimentaria, para mirar cómo detenemos este cambio climático, que tiene entre sus causas el actual sistema agroalimentario y el desarrollismo industrial. Podemos, entre todos, construir un mundo mejor”, confía Nury Martínez, referenta de Fensuagro, la organización campesina más antigua de Colombia con 52 sindicatos miembros y 23 asociaciones, representan a más de 80.000 familias.

Las conferencias internacionales de LVC se celebran cada cuatro años —en medio existen encuentros regionales y conferencia intermedias—, pero pasaron seis desde la última conferencia internacional celebrada en el País Vasco, en 2017. En medio, claro, se vivió la pandemia de Covid-19, que agravó la crisis alimentaria a nivel global y demostró la importancia de la producción local de alimentos y el rol de los pequeños y pequeñas productoras alrededor del mundo. Estos años también marcaron victorias para el movimiento campesino internacional: la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (Undrop, por sus siglas en inglés) en diciembre de 2018 y, recientemente, el Consejo de Derechos Humanos avanzó en la creación del Grupo de Trabajo que pondrá en marcha su seguimiento.

Los movimientos campesinos enfrentan dos desafíos, exacerbados por las crisis económicas y la pandemia de Covid-19, el acaparamiento de las multinacionales —nucleadas por el Foro Económico Mundial— de los organismos internacionales como la FAO —organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura— y el surgimiento de gobiernos fascistas y de ultraderecha, como ocurrió recientemente en la Argentina con la victoria de Javier Milei.  

En estos tiempos del capitalismo financiero, la respuesta campesina es más organización. Serán más de 500 delegados campesinos que se darán cita en Bogotá —en la vuelta de la conferencia a América Latina como ocurrió en México (1996) y Brasil (2004)— para definir, actualizar y perfeccionar las líneas estratégicas de acción para el movimiento campesino global en los próximos cuatro años. En la previa de la apertura de la conferencia internacional se realizarán, además, las asambleas de mujeres y jóvenes, será la “Asamblea de Diversidades” y la asamblea “Hombres contra el Patriarcado”.

“Los 30 años representan un momento celebratorio y reflexivo, una nueva etapa de recambio generacional. La pandemia dejó en claro que las luchas de La Vía Campesina son parte de la solución a los dilemas que el capitalismo no resuelve sino que profundiza, mientras que la gobernanza global de los sistemas agroalimentarios, lejos de la realidad, mantiene como único criterio la discusión de las políticas en base a los precios y las ganancias de las corporaciones sin tener en cuenta las otras dimensiones sociales y ambientales”, reflexiona Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino-Indígena Somos Tierra (MNCI-ST), que será uno de los delegados en representación de Argentina.

Por eso, fortalecer la presencia de las diversidades y la juventud en los puestos de dirección será uno de los objetivos de la conferencia internacional a desarrollarse en Bogotá y también ratificar el camino iniciado con el Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALAs), los espacios de formación político y técnica que el movimiento campesino puso en marcha y cuenta con doce solo en América Latina, además de las escuelas de agroecología que existen a nivel global.

Ejes de la Conferencia Internacional de La Vía Campesina 

“La pandemia, lejos de resultar ser un hecho que iba a fortalecer la solidaridad y el acceso a la información, potenció el individualismo y profundizó la concentración de la tierra y los sistemas agroalimentarios en manos de las corporaciones. El impacto en la calidad de los alimentos, en el ambiente, la crisis alimentaria y climática, las migraciones están a la vista que son consecuencia directa de ese proceso”, analiza Montón sobre los ejes centrales que se pondrán en debate durante la Octava Conferencia Internacional de La Vía Campesina. 

La Cumbre de los Sistemas Agroalimentarios organizada por la ONU en 2021, en medio de la pandemia, fue prueba de las denuncias de cooptación corporativa hechas por el movimiento campesino mundial. Situación que continúa exponiéndose en el Comité de Seguridad Alimentaria y en otros avances de las corporaciones sobre el sistema de gobernanza de la FAO. “Existió un retroceso y apertura a las corporaciones, que será otro tema de análisis para evaluar las líneas de acción, al menos, sobre los métodos con los que La Vía Campesina interactúa con la FAO”, señala el dirigente del MNCI-ST. 

La integrante de Fensuagro precisa que los debates son profundos y LVC los está llevando adelante en la FAO y en el Comité Internacional de Planificación de la Soberanía Alimentaria (CID) para frenar las posiciones alineadas a la Organización Mundial del Comercio (OMC), que plantean un sistema corporativo y una agricultura 4.0. “El movimiento campesino, junto con los aliados, esperamos movilizar mucho más el mundo frente a lo que tiene que ver la defensa de la agricultura campesina y el peligro que corre la humanidad si se sigue dando la apertura al sistema del agronegocio, al sistema agroalimentario industrial, que no está acabando solamente con la naturaleza sino con la salud de las personas y el futuro del campesinado”, advierte Martínez. 

“La tecnología nos atraviesa en todos los ámbitos y ecosistemas, pero el tema es cómo pensarla para que sea complementaria y funcional a las necesidades de los pueblos y no herramientas para la exclusión. Ahí está el desafío de la participación, de la construcción de la política y la unidad de bloques globales y locales, que disputen la hegemonía de estas políticas y el flujo del capital financiero, que cuando se libera tiene una capacidad de transformación voraz en los territorios”, completa Montón. 

Una de las herramientas construidas por LVC para ratificar las líneas de acción históricas del campesinado como sujeto de derechos es la Undrop, que en sus 28 artículos sostiene las líneas estratégicas que ha construido el movimiento. “Una reforma agraria integral y popular cobra más fuerza. Los debates que se están dando en Naciones Unidas deben colocarse en la agenda, recuperar la función social de la tierra para no plantearse solamente en la privatización para el sistema corporativo”, destaca la dirigenta colombiana. 

En octubre pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó el Grupo de Trabajo —con la oposición de solo dos países: Estados Unidos y Gran Bretaña— que designará en febrero a cinco expertos para realizar el seguimiento de la declaración a nivel internacional. “Esto significa una etapa nueva que, seguramente, el plan de acción de LVC va a tener que ver cómo universalizar, llevar a acciones concretas en los países y regiones y dar la discusión con los Estados”, confía el referente del MNCI-ST.  

—¿Qué cambios y potencialidades puede traer la aplicación de la Declaración de Derechos Campesinos? 

Montón:—El grupo de trabajo va a tener la potestad de dialogar con los Estados y de realizar informes, tanto para denunciar las violaciones a los derechos campesinos como para resaltar buenas prácticas, que permiten tener al sector una mayor visibilidad y sistematización las políticas públicas exitosas. El grupo va a nutrir de esta información al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y será una herramienta más, que quizá en algunos países sirva para generar mesas de diálogo entre organismos y Estados, en otros para frenar la represión o malas prácticas y en otros dar visibilidad a buenas prácticas. Va a demandar de las organizaciones para acompañar y seguir en permanente movilización.

La puesta en marcha de ese mecanismo ocurre en paralelo al surgimiento de gobierno de derecha o ultraderecha en diversos países. En la región, Brasil pasó por la experiencia de Jair Bolsonaro, El Salvador vive la gestión de Nayib Bukele y en la Argentina iniciará su gobierno Javier Milei. “El capitalismo financiero venía dejando claro que lejos de resolver los problemas de la humanidad, los estaba agravando. La pandemia le sumó una cuota de carga, de sensación de que no hay salida, y ha provocado y generado el ascenso de distintos grupos e ideas fascistas en todo el mundo. Seguro ese será otro punto central a tratar en la conferencia de Bogotá y el rol que tendrán los lazos entre las organizaciones para retomar el espíritu de la solidaridad internacional”, agrega el dirigente del MNCI-ST. 

Martínez suma un caso emblemático respecto de las políticas de ultraderecha contra los derechos a la alimentación y acceso al agua, que LVC está denunciando a nivel internacional: el genocidio del Pueblo Palestina en la Franja de Gaza. “El tema de la paz, el tema de instrumentalizar el hambre como un arma de guerra es algo que está sucediendo en ese momento, por ejemplo, con Palestina. Allí, el derecho a la alimentación, como un derecho humano, y todo lo que tiene que ver con alimentar los pueblos del mundo se revela como algo importante, que tienen que ver con los desafíos que queremos plantear.”

Colombia como caso testigo de la luchas del campesinado 

En el ingreso a su cuarta década de actividad global, LVC vuelve a celebrar su conferencia intencional en América Latina y resulta un símbolo del aporte de las luchas campesinas a los procesos de paz. Algo tan claro como el Tratado de Paz de Colombia, firmado en 2016, que cuenta con el aporte indispensable de las organizaciones de base como Fensuagro, la Coordinación Nacional de Pueblos y organizaciones y Líderes Indígenas, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina o el Coordinador Nacional Agrario, entre otras. Fuerzas campesinas que sufren los desplazamientos forzados por los proyectos extractivos y el control narco de los territorios y que han sido claves en la resistencia al gobierno de Iván Duque, en la previa de la victoria presidencial del presidente Gustavo Petro. 

La llegada al gobierno del progresista Petro abrió los procesos de diálogo con los sectores campesinos y la esperanza de cumplir con los tratados de paz en las zonas rurales y avanzar en una reforma agraria, en un país que cuenta con altos índices de violencia contra los defensores socioambientales. “Es una oportunidad única para presenciar una amplia gama de iniciativas en el campo de la agroecología campesina y diversos modelos de producción de alimentos”, se esperanzan desde LVC.  

—América Latina continúa luchando contra el lugar asignado como región exportadora de materias primas y recursos naturales. Gustavo Petro comenzó a cuestionar este modelo a hablar de descarbonizar, de proteger la naturaleza y hasta de un modelo de "decrecimiento". ¿Cuál es el diálogo con las organizaciones campesinas y las expectativas de un cambio de modelo?  

Martínez:—En Colombia, efectivamente, el presidente Gustavo Petro tiene un discurso y plantea un programa de gobierno que permita descarbonizar el mundo. Que se vean otras opciones, otras alternativas, para producir energía y que se dé cuenta de la aceleración que propone el desarrollismo, para proponer otras alternativas de producción en el campo.  Consideramos que el diálogo que tiene el Presidente con las organizaciones sociales es importante, pero una cosa piensa el Presidente y otra la institucionalidad y el modelo que hay en ese momento que no permite avanzar, realmente, para hablar de transformaciones y de cambios que realmente permitan un modelo diferente. Petro ha estado intentando desarrollar su programa de gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo, pues no es tan fácil, porque el modelo de Estado está hecho en contra del campesinado y en contra de lo que plantea él. Hay que mirar muchas cosas, hay que mirar el tema de los tratados de libre comercio, de renegociarlos para detener la explotación de los bienes de la naturaleza. Petro ha frenado concesiones mineras y ese tipo de acuerdo, pero eso ha generado, por parte de la derecha, mucho inconformismo, lo que se profundiza el golpe suave que se está tramando en Colombia desde el inicio de su mandato. 

—¿Se puede esperar una reforma agraria integral en Colombia? ¿Qué características tendría? 

—El Presidente habla de soberanía alimentaria y reforma agraria, pero, como hemos dicho, el Congreso de la República Colombiana no está lo suficientemente fuerte a favor de este gobierno para pasar una ley de reforma agraria integral como la que nosotros planteamos. En este momento se está implementando el Sistema Nacional de Reforma Agraria, que tiene que ver con la Ley 160 —aprobada en 1994— y con el Acuerdo de Paz, firmado en 2016. Eso es lo que se está haciendo. Los gobiernos anteriores no han tenido en cuenta al campesinado para implementar esta ley, solamente han tenido en cuenta las leyes para apoyar el agronegocio, la agroindustria, los terratenientes, los monocultivos y todo lo que significa el modelo del agronegocio. 

—¿Esos primeros pasos generan esperanza de avanzar hacia la reforma?

—Se está abriendo el camino para que podamos acceder a tierra, para que haya proyectos productivos que permitan equiparnos, que permitan mejorar la comercialización, que permitan la compra pública de alimentos campesinos y el reconocimiento del sector como sujeto político y social. Se logró el reconocimiento en la Constitución, donde después de tantos años, por fin, se habla del campesinado como un sujeto de especial protección constitucional y que se mira en todas sus dimensiones: político-organizativo, cultural, territorial, ambiental y, por supuesto, productivo. Las organizaciones estamos haciendo propuestas y tenemos iniciativas para defender el territorio y avanzar con la agroecología, producir alimentos sanos y participar en los mercados campesinos de comercialización justa. Son oportunidades que se están dando, pero que tiene que cambiar muchas cosas de la normatividad para que, realmente, el campesinado pueda llevar a cabo todas las reformas. Las transnacionales siguen presentes en el país, sobre todo por los tratados de libre comercio; también se mantiene el narcotráfico, también siguen grupos paramilitares en los territorios, otros grupos armados, disidencias y, aunque los diálogos de paz se están dando, no ha permitido cesar los asesinatos de dirigentes campesinos, de pueblos indígenas y de comunidades negras. No es fácil, pero nosotros seguimos resistiendo, sabemos que si los megaproyectos extractivos se siguen manteniendo, pues va a ser muy difícil construir paz.

Fuente: Agencia Tierra Viva