Haití: Campesinxs luchan por su Soberanía Alimentaria en medio de nuevas tramas de injerencia internacional
"Aqui tenemos el derecho de tener riego para producir nuestra comida buena. Ese se llama un pueblo soberano."
El presidente dominicano, Luis Abinader, ha tomado la controvertida decisión de cerrar las fronteras entre República Dominicana y Haití. Esta medida se produce después de acusaciones de que intereses privados haitianos están desviando el curso del río Masacre, alegando que esto podría reducir el flujo del río y dañar los ecosistemas aguas abajo. Sin embargo, según el derecho internacional y los tratados bilaterales existentes, Haití tiene el derecho de utilizar esta fuente de agua compartida, siempre que lo haga de manera equitativa y no dañina.
Una reciente investigación revela una reunión llevada a cabo el 27 de mayo de 2021, en la cual ambos países adoptaron una Declaración Conjunta en la que reconocían que “sobre la base de la información proporcionada hoy por los representantes de la República de Haití y en un espíritu de entendimiento e intercambio de información de conformidad con lo estipulado en el tratado de febrero de 1929, las obras que se están llevando a cabo en el Rivière Massacre o Dajabon para la captación de agua no consisten en una desviación del curso de agua”.
La medida del gobierno dominicano, sin fundamentos y contraria al justo derecho del pueblo haitiano al uso equitativo de recursos hídricos compartidos en la frontera, plantea preguntas sobre las verdaderas razones de esta medida, que ha afectado gravemente a los campesinos y agricultores haitianos que viven en la frontera noreste. La llanura de Maribaroux, una región con un gran potencial agrícola, depende en gran medida del río Masacre para el riego de sus tierras. El estrés hídrico que experimenta la zona actualmente llevó a los campesinos a retomar la construcción de un canal de riego, cuya construcción se acordó hace diez años y que se detuvo tras el asesinato del ex presidente Jovenel Moise en 2021. El cierre de las fronteras por parte del gobierno dominicano responde a esta iniciativa urgente, lo que pone en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos haitianos del noreste, además de afectar el comercio binacional entre las ciudades de Ouanaminthe (Haití) y Dajabon (República Dominicana). El pasado viernes 22 de septiembre, delegaciones de LVC Haití se desplazaron al lugar con el fin de mostrar su solidaridad hacia lxs campesinxs de la región.
La medida que tiene al río Masacre como la manzana de la discordia recuerda la trágica historia de la región. En 1937, el dictador dominicano Rafael Trujillo orquestó un crimen racista y de lesa humanidad conocido como “el Corte” o “Masacre de Parsley”, ordenando a las fuerzas armadas dominicanas expulsar por la fuerza a haitianos y dominicanos de origen haitiano de su país, lo que resultó en una masacre en la que murieron más de 20,000 personas. No fue hasta décadas después, durante el gobierno dominicano de Salvador Jorge Blanco en la década de 1980, que se reabrió la frontera dominico-haitiana.
Hoy, la República Dominicana ha endurecido su política de inmigración, ya bastante violenta, realizando redadas y construyendo un muro en la frontera. Además, la suspensión de visas y el cierre de puntos de paso fronterizo han aumentado las preocupaciones sobre la violación de los derechos fundamentales del pueblo haitiano.
La Propuesta de Kenia y la Injerencia Internacional en Haití
El presidente Abinader se reunió con su homólogo de Kenia, William Ruto, el pasado 19 de septiembre para discutir la propuesta de crear una fuerza multinacional en Haití, alegando que «a la misma comunidad de Haití se le hace imposible solucionar sus problemas». Durante dicha reunión, que tuvo lugar en el marco de la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el mandatario dominicano precisó que la República Dominicana no participaría en una acción fuerza, “por razones obvias”, y explicó que la reunión con Ruto tuvo como objetivo conocer los planes de Kenia para que su administración pueda llevar cabo acciones de seguridad, coincidiendo con el infundado cierre de fronteras con Haití decidido días antes. En este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció un apoyo de USD 65 millones para el entrenamiento de la policía haitiana y respaldó la iniciativa del gobierno de Kenia, comprometiendo otros 100 millones en apoyo logístico y financiero, que incluiría la protección de instalaciones clave y la asistencia en comunicaciones e inteligencia, con el objetivo de respaldar la implementación de una fuerza multinacional liderada por Kenia.
Esta propuesta inaceptable, que busca promover la intervención internacional en Haití, deberá ser examinada y aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los próximos días y semanas. Por otro lado, las organizaciones campesinas y la sociedad civil haitiana han reiterado su llamado a una “solución haitiana para Haití” a través de una declaración pública emitida por la Oficina de Seguimiento del Acuerdo del 30 de agosto de 2021, también conocido como Acuerdo de Montana. Este acuerdo propone una serie de medidas que enfatizan la soberanía del pueblo como la clave para resolver la crisis provocada por los intereses capitalistas ajenos al territorio.
Fuente: La Vía Campesina