Ecuador: Súmate a la campaña Mi Futuro Yasuní
Los efectos de los desastres ambientales provocados por operaciones petroleras son impredecibles, largos y costosos.
En la discusión actual de la ley de hidrocarburos, es inaceptable que los objetivos se concentren exclusivamente en los temas contractuales y de producción petrolera. La Constitución, el sentido común y la historia nos obligan a reflexionar sobre el largo plazo.
En la guerra del Golfo Pérsico 1991, se calcula que se derramaron 11 millones de barriles de petróleo. 20 años después del desastre el 90% de los humedales y manglares siguen profundamente dañados y ya no pueden albergar la vida que un tiempo atrás constituía la fuente de vida de poblaciones locales.
Los derrames rutinarios y accidentales de operaciones como las de Ecuador o Nigeria demuestran el desastre que acompaña a las operaciones petroleras afecta a varias generaciones, sobre todo porque los contaminantes siguen presentes. En Ecuador se estima que la empresa operadora de las operaciones petroleras durante más de 20 años, debería invertir 27.00 millones de dólares en gastos de reparación.
El derrame del Exxon Valdez en 1989 en Alaska, a pesar de una limpieza que costó más de 2.000 millones de dólares, no logró recuperar ni las pesquerías ni la salud de quienes fueron afectados.
El reciente derrame del Golfo tiene una magnitud tan grande que los científicos de Estados Unidos calculan que una cantidad de petróleo igual a la del Valdez puede estar entrando en las aguas costeras del Golfo cada cuatro día. Los costos de limpieza aun se desconocen, hay millares de demandas de poblaciones costeras, están además las sanciones por parte del gobierno, los gastos de fallidos intentos tecnológicos... BP ha comprometido ya 20.000 millones de dólares para la limpieza.
La limpieza es siempre muy costosa, y aun así, los resultados son deficientes.
La nueva ley de hidrocarburos, discutida con un telón de fondo que habla de un desastre ambiental incalculable justamente por operar en zonas sensibles, debe ser rigurosa en materia ambiental. La ley debe prohibir las operaciones en áreas sensibles, pues está probado que la oferta de buena tecnología es insuficiente... La ley debe establecer las condiciones para que se pueda garantizar que no haya contaminación conforme lo señala la Constitución, y lo mejor es iniciar un camino hacia un Ecuador Post petrolero, en donde se multipliquen los casos de dejar el crudo en el subsuelo.
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