| Para:
Galo Chiriboga, Fiscal General de la Nación
Rafael Correa, Presidente del Ecuador
En Mayo de 2003, se encontraron junto a una casa indígena en el Parque Nacional Yasuní, 12 cadáveres de niños y mujeres asesinados pertenecientes a un grupo oculto. Sin duda los muertos fueron muchos más. Ningún órgano estatal competente tomó algún tipo de medida para evitar matanzas a futuro.
Por ello, en 2006, la CIDH decretó medidas cautelares a favor de los tagaeri-taromenani. Un año después, el Gobierno ecuatoriano creó un plan de medidas cautelares cuyo único fin es proteger la vida de los pueblos no contactados en el Parque Nacional Yasuní y sus alrededores. Desde entonces, dicho plan ha perdido presupuesto, alcance y competencias, siendo hoy extremadamente limitado en su accionar. En Marzo de 2013, una nueva matanza se ha dado en el Parque Nacional Yasuní; hay indicios innegables y testimonios de los participantes que apuntan a más de 30 muertes del clan taromenani.
Ante el evidente genocidio y etnocidio, los ciudadanos abajo firmantes solicitamos al Gobierno Ecuatoriano y organismos del Estado como Fiscalía, Asamblea y Justicia, lo siguiente:
1- Que se fortalezca y reforme el Plan de Medidas Cautelares que ha perdido presupuesto y competencias desde 2007. Otorgarle las facultades que necesita para ejecutar acciones efectivas para la protección de los pueblos no contactados en el Parque Nacional Yasuní y sus alrededores.
2- Que el Plan de Medidas Cautelares cuente con vigilancia internacional como la Relatoría de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, además de antropólogos y técnicos capaces de vigilar la ejecución de dicho plan.
3- Que el Plan de Medidas Cautelares entregue y socialice los protocolos de actuación, en caso de avistamientos de pueblos indígenas no contactados, a las compañías petroleras, autoridades locales o moradores cercanos, sean éstos campesinos, waorani, kichwas, shuar, que estarían en riesgo con esas presencias.
4- Detener absolutamente la tala ilegal de madera en el Parque Nacional Yasuní y frenar la ampliación de la frontera agrícola y petrolera, respetando el territorio tagaeri-taromenani mediante moratorias temporales de actividades que hagan presión sobre su territorio.
5- Exigir a la Fiscalía una investigación competente para esclarecer los hechos de las muertes ocurridas en los últimos años (2003, 2008, 2009, 2010, 2013), pero comenzando y siendo eficaz con lo ocurrido en Marzo de 2013.
6- Hacer cumplir la linderación definitiva del territorio waorani y definir, de acuerdo a sus patrones de movilidad, el territorio tagaeri-taromenani.
7- Hacer cumplir el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador:
Art. 57.- “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres”
8- Impulsar caminos de diálogo en el pueblo waorani para, junto a él, definir, en el marco de los derechos de los pueblos indígenas, sanciones a cualquier incursión violenta al territorio tagaeri-taromenani, así como decidir también el futuro de las dos niñas taromenani secuestradas en Marzo de 2013.
Atentamente,
[Tu nombre]
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