Ecuador: Demandamos una moratoria a nuevas concesiones mineras
Carta abierta al Presidente de la República, al pueblo ecuatoriano y a los jóvenes del país que son el presente y el futuro.
Quito, 16 de junio 2016
El gobierno ecuatoriano hace pocos días anunció la apertura del catastro minero, a pesar del rechazo que hay en las comunidades a los proyectos mineros en sus territorios, de la crítica nacional e internacional al extractivismo por ser insustentable a mediano plazo, por los efectos que provoca a la naturaleza, y por la violación a los derechos humanos que estas actividades conllevan.
La apertura del Catastro Minero, por parte del Ministerio de Minería y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), da carta abierta para intervenir en todo el país: áreas protegidas, fuentes de agua, nacimientos de agua, bosques protectores, páramos, territorios indígenas o áreas de producción campesina. La amenaza de destrucción de la naturaleza, desplazamientos y violaciones a los derechos, como ya ha ocurrido con la empresa china ECSA en el proyecto Mirador, ubicado en la Cordillera del Cóndor, se cierne sobre todo el país.
Las concesiones son dadas en un proceso en el que interviene sólo el Estado y la empresa minera, desconociéndose el derecho que tiene la población de ser consultada, especialmente las comunidades que serán afectadas. A veces se hacen simulacros de compartir información y por regla general la opinión de los participantes es ignorada.
La Organización Mundial de la Salud, reconoce que la explotación minera es una de las actividades más contaminantes que existen: es nociva para el medio ambiente, destruye bosques y biodiversidad, altera los ecosistemas, contamina el agua, aire y tierra, afectando a las poblaciones locales, sus formas de vida y sustento. Según la FAO, la minería es una de las principales detonadoras del acaparamiento de tierras. La declaración de utilidad pública, permite expropiar zonas agrícolas, lo que atenta contra nuestra soberanía alimentaria.
Todos estos impactos sólo favorecen a empresas chinas, canadienses y otras corporaciones transnacionales a quienes se les entrega nuestra soberanía patrimonial; mientras que en el Ecuador quedarán territorios destruidos, pueblos empobrecimiento, dependencia y endeudamiento externo. Ya nadie se cree que la minería traerá desarrollo.
Para el Ecuador la minería no es una alternativa: somos el país de los derechos de la Naturaleza, poseemos los más altos índices de biodiversidad e importantes reservas de agua dulce, tenemos la capacidad alcanzar la soberanía alimentaria, y podemos construir nuestro futuro basándonos Sumak Kawsay o Buen Vivir; en la producción campesina de alimentos, en la agroecología y en el desarrollo de energías limpias, descentralizadas y sustentables.
Por eso demandamos una moratoria a la expansión minera en el Ecuador.
Por eso decimos NO al festín minero.
MORATORIA A LA MINERÍA
La moratoria es una institución jurídica de uso común en el marco del derecho nacional e internacional con el propósito de establecer un tiempo para establecer una ruta para tomar decisiones trascendentales para un país.
Decretar una Moratoria Minera en el Ecuador, es una condición esencial en este momento, para superar los conflictos, evitar nuevos y enfrentar medidas legislativas inconstitucionales.
Recordemos que la Asamblea Constituyente promulgó el Mandato Constituyente Minero, con el que extinguieron “las concesiones mineras otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la autoridad ambiental, y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua (Art. 3)”. Sin embargo, el Mandato Minero aún no ha sido cumplido, como lo verificó la Contraloría General del Estado.
La Ley de Minería aprobada en el 2009, violó derechos constitucionales, pues no se realizó una consulta pre-legislativa a las nacionalidades indígenas y otros actores potencialmente afectados. Las reformas realizadas a la Ley Minería del 2013, también fueron inconstitucionales, pues permitieron que se den actividades mineras en cualquier lugar del territorio nacional, afectando derechos territoriales e incluso desconocieron la función de los gobiernos autónomos descentralizados.
La Constitución del 2008 tiene muchos artículos que respaldan una moratoria a la minería: los derechos de la naturaleza (Art. 72), el buen vivir (Art. 275), la soberanía alimentaria (Art. 281), el derecho al agua (Art. 12), la prelación del agua a favor de la soberanía alimentaria (Art. 318) y prohibición de actividades extractivas en áreas protegidas (Art. 407). Por su parte, el principio pro homine (art. 427) establece que “en caso de duda, las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos”. Y el principio in dubio pro natura (art. 395, lit. 4) dice que “en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”.
Con estos antecedentes, las comunidades y Pueblos del Ecuador demandamos:
Una moratoria inmediata a las concesiones mineras, detener la apertura del catastro minero y por el contrario la aplicación inmediata del Mandato Minero.
La implementación de una consulta ciudadana para que la población ecuatoriana tenga el derecho a decidir si quiere la explotación minera de gran escala, o no.
La realización de una Auditoría Social y Ambiental a los proyectos mineros que están en marcha.
| Quito, 16 de junio 2016- El gobierno ecuatoriano hace pocos días anunció la apertura del catastro minero,a pesar del rechazo que hay en las comunidades a los proyectos mineros en sus territorios, de la crítica nacional e internacional al extractivismo por ser insustentable a mediano plazo, por los efectos que provoca a la naturaleza, y por la violación a los derechos humanos que estas actividades conllevan. La apertura del Catastro Minero, por parte del Ministerio de Minería y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), da carta abierta para intervenir en todo el país: áreas protegidas, fuentes de agua, nacimientos de agua, bosques protectores, páramos, territorios indígenas o áreas de producción campesina. La amenaza de destrucción de la naturaleza, desplazamientos y violaciones a los derechos, como ya ha ocurrido con la empresa china ECSA en el proyecto Mirador, ubicado en la Cordillera del Cóndor, se cierne sobre todo el país. Las concesiones son dadas en un proceso en el que interviene sólo el Estado y la empresa minera, desconociéndose el derecho que tiene la población de ser consultada, especialmente las comunidades que serán afectadas. A veces se hacen simulacros de compartir información y por regla general la opinión de los participantes es ignorada. La Organización Mundial de la Salud, reconoce que la explotación minera es una de las actividades más contaminantes que existen: es nociva para el medio ambiente, destruye bosques y biodiversidad, altera los ecosistemas, contamina el agua, aire y tierra, afectando a las poblaciones locales, sus formas de vida y sustento. Según la FAO, la minería es una de las principales detonadoras del acaparamiento de tierras. La declaración de utilidad pública, permite expropiar zonas agrícolas, lo que atenta contra nuestra soberanía alimentaria. Todos estos impactos sólo favorecen a empresas chinas, canadienses y otras corporaciones transnacionales a quienes se les entrega nuestra soberanía patrimonial; mientras que en el Ecuador quedarán territorios destruidos, pueblos empobrecimiento, dependencia y endeudamiento externo. Ya nadie se cree que la minería traerá desarrollo. Para el Ecuador la minería no es una alternativa: somos el país de los derechos de la Naturaleza, poseemos los más altos índices de biodiversidad e importantes reservas de agua dulce, tenemos la capacidad alcanzar la soberanía alimentaria, y podemos construir nuestro futuro basándonos Sumak Kawsay o Buen Vivir; en la producción campesina de alimentos, en la agroecología y en el desarrollo de energías limpias, descentralizadas y sustentables. Por eso demandamos una moratoria a la expansión minera en el Ecuador. Por eso decimos NO al festín minero. MORATORIA A LA MINERÍA La moratoria es una institución jurídica de uso común en el marco del derecho nacional e internacional con el propósito de establecer un tiempo para establecer una ruta para tomar decisiones trascendentales para un país. Decretar una Moratoria Minera en el Ecuador, es una condición esencial en este momento, para superar los conflictos, evitar nuevos y enfrentar medidas legislativas inconstitucionales. Recordemos que la Asamblea Constituyente promulgó el Mandato Constituyente Minero, con el que extinguieron “las concesiones mineras otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la autoridad ambiental, y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua (Art. 3)”. Sin embargo, el Mandato Minero aún no ha sido cumplido, como lo verificó la Contraloría General del Estado. La Ley de Minería aprobada en el 2009, violó derechos constitucionales, pues no se realizó una consulta pre-legislativa a las nacionalidades indígenas y otros actores potencialmente afectados. Las reformas realizadas a la Ley Minería del 2013, también fueron inconstitucionales, pues permitieron que se den actividades mineras en cualquier lugar del territorio nacional, afectando derechos territoriales e incluso desconocieron la función de los gobiernos autónomos descentralizados. La Constitución del 2008 tiene muchos artículos que respaldan una moratoria a la minería: los derechos de la naturaleza (Art. 72), el buen vivir (Art. 275), la soberanía alimentaria (Art. 281), el derecho al agua (Art. 12), la prelación del agua a favor de la soberanía alimentaria (Art. 318) y prohibición de actividades extractivas en áreas protegidas (Art. 407). Por su parte, el principio pro homine (art. 427) establece que “en caso de duda, las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos”. Y el principio in dubio pro natura (art. 395, lit. 4) dice que “en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”. Con estos antecedentes, las comunidades y Pueblos del Ecuador demandamos: Una moratoria inmediata a las concesiones mineras, detener la apertura del catastro minero y por el contrario la aplicación inmediata del Mandato Minero. La implementación de una consulta ciudadana para que la población ecuatoriana tenga el derecho a decidir si quiere la explotación minera de gran escala, o no. La realización de una Auditoría Social y Ambiental a los proyectos mineros que están en marcha. http://www.accionecologica.org/component/content/article/1946-2016-06-14-02-11-15 |