Carta abierta al Gobierno de Chubut, al Gobierno Nacional y a la dirigencia política en general

Entendemos que el cambio climático, las pandemias, la escasez de agua, las migraciones, entre otras, son algunas consecuencias del modelo productivo imperante a escala planetaria. La megaminería (minería metalífera a cielo abierto) forma parte de este modelo basado en lógicas patriarcales, economicistas, predatorias y cortoplacistas, que no contempla las autodeterminaciones de los pueblos en el diseño de un futuro donde la calidad socioambiental del territorio sea prioritaria. Por esta razón, consideramos que, como colectivo, debemos asumir el desafío de plantear un modelo socio-económico inclusivo y plural, basado en los principios de sostenibilidad y del buen vivir.

La expresión “minería sustentable” es falaz, ya que tal calificación no puede aplicarse a una actividad que utiliza explosivos para detonar millones de toneladas de tierra, emplea químicos contaminantes, demanda millones de litros de agua potable, contamina el aire, provoca cambios irreversibles en el ecosistema y en la sociedad, y se desarrolla hasta agotar los minerales que busca.

El pueblo chubutense es consciente de esta amenaza y por ello se manifiesta masivamente en las calles. En tal escenario y en un hecho sin precedentes, instituciones académicas, técnicas, educativas, políticas, sociales, gremiales, religiosas, de la salud, entre otras, han repudiado el accionar prepotente del Gobierno, al querer imponer la megaminería de manera clandestina, ilegal, ilegítima y fraudulenta.

Desde nuestro rol de trabajadorxs comprometidxs con la sociedad, nos dirigimos a Uds. para puntualizar tres aspectos fundamentales por los cuales rechazamos el proyecto de zonificación:

1) Carencia de licencia social

Es evidente que el proyecto no cuenta con licencia social. Pese a la propaganda a favor realizada por funcionarios del Gobierno, sectores empresariales y gran parte de la prensa, la sociedad continúa rechazando la megaminería.

Nuestra propia historia da cuenta de ello, desde hace 18 años, y de diferentes modos, el pueblo chubutense se manifestó en contra: el plebiscito de Esquel y la sanción de la Ley 5001 en 2003, la presentación del Primer Proyecto de Iniciativa Popular en 2014, la presentación del Segundo Proyecto de Iniciativa Popular en 2020 son ejemplos de las acciones organizadas por el pueblo que frenaron cada embestida minera.

Pero no fue solo el pueblo quien se manifestó en tal sentido. También lo hizo la dirigencia política, cuando compitió para tener el honor de representar a los chubutenses. Así, en 2019, Mariano Arcioni y Ricardo Sastre fueron electos gobernador y vice, respectivamente, por establecer como uno de sus pilares programáticos el rechazo a la megaminería. Algo similar ocurrió con lxs candidatxs a diputadxs provinciales de todos los partidos, ya que ningunx de ellxs prometió habilitarla en campaña. Si ahora ocupan tales cargos representativos es por la voluntad popular de avanzar hacia una vía de desarrollo sin megaminería. Hay ahí una responsabilidad político-electoral y un compromiso ético que no debe ser traicionado.

El pueblo de Chubut se manifestó y se sigue manifestando en las calles. El proyecto de zonificación fue explícitamente rechazado por todas las comunidades originarias de la Meseta, por todas las instituciones académicas y tecnológicas de la provincia del Chubut (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad del Chubut, CCT CONICET - CENPAT, las tres regionales provinciales del INTA, integrantes del CIEMEP e Institutos de Formación Superior), por la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica Metodista y por muchas organizaciones sociales y políticas de todo el territorio chubutense.

En este punto, debemos señalar un hecho gravísimo que plasma la invisibilización sistemática de las comunidades indígenas en el conflicto: en su apuro por imponer el proyecto, el Gobierno ha violado el Convenio 169 de la OIT, de consulta previa, y esto implica desconocer la propia Constitución y avasallar derechos humanos y sociales ganados históricamente. En términos académicos, ese desconocimiento y vulneración se denomina racismo.

El pueblo de Chubut reconoce que el debate sobre megaminería no debe ser sostenido por legisladores denunciados por cobro de coimas, ni llevarse adelante a puertas cerradas, ni justificarse con documentos científicos falseados y/o tergiversados, ni contando en secreto los votos para obtener una mayoría penosa y sin representatividad democrática. Es vergonzoso que algo tan importante para el futuro de la provincia sea tratado de esa manera.

Además, la presión para habilitar el negocio minero pretende pasar por alto el hecho de que también tiene estado parlamentario el Segundo Proyecto de Iniciativa Popular - una forma de la democracia semidirecta que está estipulada en nuestra Constitución y que un Gobierno respetuoso a su pueblo debe atender - avalado por más de treinta mil firmas que reclaman prohibir de forma definitiva la posibilidad de desarrollar megaminería en Chubut y, así, potenciar el desarrollo de actividades productivas coherentes con la realidad socioambiental y verdaderamente sostenibles.

Si no existe licencia social para la megaminería en Chubut, el Gobierno tiene la obligación de retirar el PL128/20 y la Legislatura Provincial debe tratar la Iniciativa Popular 2020 en tiempo y forma, atendiendo el reclamo de la comunidad chubutense.

2) Debates ficticios

Como apuntamos, el proyecto de Ley 128/20 propuesto por el Ejecutivo Provincial no fue elaborado de manera participativa y democrática. No se consultó a las instituciones científicas y universidades locales con una vasta experiencia en investigaciones en la meseta, a organizaciones socioambientales ni a comunidades de pueblos originarios.
Tal como sucedió en momentos previos a la primera Iniciativa Popular (2014), cuando se presentó como “debate” el Marco Regulatorio Minero, hoy el Gobierno provincial declara, en medios periodísticos, conclusiones favorables a la minería, basadas en debates que en realidad nunca existieron.

Como hemos visto, desde los Ministerios de Hidrocarburos y Ambiente provinciales se intentó disimular tal falta de consulta recurriendo al armado forzado, apurado e improvisado de una serie de exposiciones, vía teleconferencia cerrada, reunidas en una maratónica jornada de 5 días. Un gesto extemporáneo y antidemocrático, en tanto no invitaba a una discusión amplia y plural sino a la expresión de breves opiniones sobre un proyecto ya presentado, a las cuales ni siquiera la prensa adicta tuvo acceso. El Gobierno afirma que invitó a todos los sectores a una discusión franca, pero eso no es cierto. Un debate medianamente razonable se hace con más tiempo, con otra metodología, e incorporando a todos los actores, incluso aquellos con una posición diferente a la oficial.

El proyecto de zonificación, además, no tiene en cuenta la fuerte tradición de estudios científicos realizados en la meseta que podrían haber aportado a una verdadera discusión sobre la matriz productiva para la provincia. Tampoco fue planteado a la sociedad y sometido a discusión con tiempo. Su tratamiento legislativo dio inicio pocos días después de que circulara a través de la prensa, rodeado de rumores y trascendidos de pasillo. Igualmente, pese a esta artimaña, se intentó su aprobación en sesiones virtuales exprés a fin de año.
Consideramos que contribuir a un fortalecimiento de la matriz productiva implica discutir sobre la situación general de la provincia (en sus dimensiones sociales, económicas, geográficas, políticas), plantear diferentes posibilidades de desarrollo y, finalmente, tomar decisiones que se concreten en proyectos elevados a la legislatura provincial.

Hoy somos una provincia desahuciada, cuya población ha realizado esfuerzos enormes para atravesar una pandemia, mientras el sector público sufrió demoras de hasta tres meses para el cobro de sus haberes, o las cuotas en las que se fragmentaron los aguinaldos de julio y diciembre. Todavía no se ha explicado con claridad por qué el Estado provincial está quebrado, adónde fue el dinero que generó la descomunal deuda externa que pesa sobre Chubut, por qué el Estado no utilizó sus recursos para promover el desarrollo en las zonas que, sistemáticamente, mantuvo en la marginación.

3) La megaminería impacta negativamente en la economía, la salud, la sociedad y la naturaleza

La megaminería no va a modificar la crisis socio-económica de la provincia (falta de trabajo y falta de divisas). Desde hace años, Chubut es la cuarta provincia más exportadora del país (según INDEC, a partir de la explotación de petróleo, pesca, lana ovina y aluminio). Está detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, pero, a diferencia de estas, posee una ínfima parte de la población (1,2% del total nacional). Esto deja en claro que el problema no es la generación de más divisas, sino el sistema económico excluyente y destructivo.

La zonificación pone en riesgo cuencas de muy bajo caudal. El río Chubut cuenta con un promedio anual de 47 metros cúbicos por segundo, frente a los 1000 metros cúbicos por segundo del río Colorado, y casi 800 metros cúbicos por segundo del río Santa Cruz (Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales de la UNPSJB). Pero, además, en la cuenca del Chubut, se esperan mermas del 30 al 40% en la producción de agua media anual en los próximos 50-80 años debido al cambio climático (IPEEC CCT CONICET-CENPAT). De esta cuenca depende el 50% de la población de Chubut. Algunas localidades de la provincia están sufriendo la falta de agua potable desde hace años, lo cual debiera ser un tema prioritario para el Estado provincial. El agua debe ser entendida como un bien común y un derecho humano, no como una mercancía.

Hay estudios sociológicos en América Latina y en Argentina que han demostrado que la actividad minera tiene múltiples efectos negativos en la sociedad. Es un negocio transnacional que requiere de la deslocalización de la mano de obra, promueve la pérdida de las identidades culturales, ejerce una influencia antidemocrática en la prensa y en el Estado, e inhibe el desarrollo de actividades económicas y culturales que no estén asociadas directa o indirectamente con esa industria.

La explotación minera afecta la superficie terrestre, contamina el aire, los suelos, el agua superficial y los acuíferos, produce alteraciones en el microclima, afecta flora y fauna local y regional y genera impacto escénico durante y post explotación.

La Sociedad Argentina de Pediatría advierte sobre cómo la explotación minera puede afectar gravemente la salud de las personas a corto, mediano y largo plazo. Dependiendo del tipo de explotación y de los compuestos presentes en las voladuras, en el caso del plomo (en alta concentración en el Proyecto Navidad), lxs niñxs que absorben este metal 6 veces más que lxs adultxs, pueden presentar pérdida de coeficiente intelectual, trastornos psiquiátricos, déficit de atención, diarreas, desnutrición, convulsiones e incluso la muerte en los casos más graves.

Todo esto, sin mencionar los daños generados por los drenajes ácidos y los químicos utilizados en el proceso como xantatos y ácido sulfúrico, entre otros.

Por todo lo expuesto, sumamos nuestra voz a los demás sectores de la sociedad chubutense pidiendo al Gobierno que retire el proyecto de zonificación minera y que en cambio, garantice un marco de respeto para el tratamiento de la Segunda Iniciativa Popular. Solo la aprobación de un Proyecto de Ley que prohíba la megaminería, en todo el territorio y en todas sus etapas, pondrá fin a un conflicto social que, de otro modo, sólo profundizará y alejará el eje principal de la discusión de fondo que tiene que ver con la generación de oportunidades sociales y económicas adecuadas al contexto local que viene siendo reclamada por las comunidades, desde hace décadas.

En definitiva, pedimos que se respete al pueblo y la democracia.

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Fuente:  Trabajadorxs de Ciencia, Educación y Salud de Chubut