Argentina: cambio climático por deforestación golpea a la provincia de Salta

Salta es una provincia en el noroeste argentino, que abarca parte de la llanura del Chaco, la selva de las Yungas y los Andes. Desde hace largo tiempo se encuentra dominado por la agroindustria.

Desde 1996, la deforestación se ha acelerado aún más con la introducción de la soja RoundupReady de Monsanto, que según la Cámara de Diputados provincial ya ocupa más del 50% de las tierras cultivadas en la provincia. Una nueva ola de destrucción está siendo orquestada por la agroindustria en sintonía con los políticos locales. Los últimos días, una terrible inundación ha golpeado a la población.

En esta región, hogar de una buena parte de las comunidades indígenas supervivientes de la Argentina que aún dependen de los ecosistemas nativos. La deforestación ha causado hasta la fecha un aumento de la malnutrición, las muertes por hambre, el hacinamiento en las “villas miseria” y la proliferación de enfermedades relacionadas con la pobreza. Este cambio de uso de la tierra también ha dado lugar a graves sequías y a inundaciones como la que se vive en este preciso momento ( Diario Página 12, del 10-2-2009), que son las consecuencias cada vez más palpables del cambio climático que aquí ya es una realidad.

En Salta, la nueva Ley Nacional de Bosques argentina fue recibida con indignación por parte de los sojeros y los dueños del negocio de la caña de azúcar, unas pocas familias terratenientes, que son al mismo tiempo dueños del poder político y los medios de comunicación. Durante los últimos 3 meses de 2007, justo antes de la promulgación de dicha Ley, se presentaron y aprobaron precipitadamente un gran número de permisos de deforestación. Estos permisos de deforestación que se otorgaron en 2007 suponían una superficie casi medio millón de hectáreas.

Oscar Delgado, de la organización de derechos humanos CAPOMA, señala que “el gobierno de la provincia ha menospreciado todos los estudios ambientales y las recomendaciones técnicas de los organismos competentes, que no fueron tomadas en cuenta en absoluto al aprobar precipitadamente la Ley de Ordenamiento Territorial en diciembre de 2008”, y agrega “con las declaraciones que el gobernador está dando por la TV acerca de las inundaciones, está aceptando que a los pobladores nos libran al azar o lo que nos depare el destino con los extremos clímáticos”.

El proceso de desarrollo de Ley de Ordenamiento Territorial en Salta que, entre otros requisitos, exige la realización de consultas locales, fue una completa farsa. En muchas ocasiones se realizó muy lejos de las comunidades, y sin tener en cuenta que muchas personas no saben leer. Estuvo completamente manipulada por el poder empresarial, por medio de enmiendas como la que permite por primera vez la deforestación en tierras con pendientes elevadas. Además, se extienden los permisos de deforestación por tres años adicionales, y se reducen considerablemente las áreas conservación forestal en las cuencas hidrográficas y las riberas de los ríos. Esto promueve una mayor expansión de la frontera agrícola, poniendo en peligro la biodiversidad de la provincia y la supervivencia de las pequeñas comunidades de indígenas y criollos que viven de los bosques. La nueva Ley de Ordenamiento Territorial facilitará que sea talada una extensión de bosques de entre 1,5 a 5 millones de hectáreas. Lo poco que aun queda de los bosques secos de las llanuras del Chaco de Salta, será sustituido por más soja transgénica y jatrofa (de la que todos hablan pero cuyo cultivo en el país aún no está autorizado por los organismos competentes).

Las comunidades afectadas dicen que “la complicidad del poder político y empresarial podrán seguir haciendo negocios con nuestros recursos naturales. Pero que les quede claro que vamos a seguir nuestra lucha en defensa de nuestras familias de nuestra tierra y nuestro monte y que nunca nos van a ver de rodillas y menos vencidos”.

Para poner fin inmediato a las deforestaciones, 18 comunidades indígenas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Argentina los últimos días del pasado año. El anterior gobernador Juan Carlos Romero había entregado en 2007 permisos de desmonte por no menos de 807.000 hectáreas en 4 distritos de Salta: San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. El Tribunal Supremo reconoció por unanimidad la demanda de las comunidades, y el 29 de diciembre prohibió las deforestaciones y planificó una reunión de consulta pública el 18 de febrero de 2009.

Por favor, escriba urgentemente a los jueces de la Corte Suprema, y pídales que a la hora de tomar sus resoluciones, tomen en cuenta la gravedad de la situación, a la vista de las consecuencias del cambio climático, las amenazas a la supervencia de las poblaciones y la biodiversidad, la expansión de la frontera agrícola, y los daños colaterales asociados a la expansión de los monocultivos transgénicos como el de la soja en la región. Hay tiempo hasta el 18 de Febrero.

Más información:

Artículo del Diario Página 12, día 11-2-2009

Artículo del Diario La Nación, día 15-2-2009

FIRME LA CARTA EN APOYO A LA DEMANDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS AQUÍ