La criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y de megaproyectos se ha convertido en un fenómeno muy preocupante en América Latina, denuncia el Observatorio en México en su último informe. El documento da también cuenta del rol de las empresas, funcionarios públicos, fiscales, jueces, poderes del Estado entre otros, en este fenómeno.